Cómo "el que pueda hacer, que haga" y el 'lawfare' explican la tensión política en España

Existe una escena cada vez más habitual en las democracias occidentales. Un dirigente político es investigado judicialmente y, antes incluso de que avance el procedimiento, el país ya está dividido en dos certezas incompatibles. Para una parte de la sociedad, la mera investigación demuestra culpabilidad. Para la otra, cualquier actuación judicial constituye automáticamente una operación política. La sentencia, cuando llega, apenas modifica las posiciones previas.

Eso es exactamente lo que ocurre en España alrededor de la figura de José Luis Rodríguez Zapatero. Y aunque el debate español tiende a interpretarlo como un episodio excepcionalmente grave o como una señal inequívoca de degradación democrática, quizá convenga observar el fenómeno desde otra perspectiva no tan dramática y más útil.

No estamos asistiendo al colapso de la democracia liberal. En cambio, presenciamos la consolidación de una nueva fase política que probablemente no guste tanto y que se caracteriza por niveles mucho más altos de desconfianza, polarización y conflicto permanente.

"El resultado no es necesariamente menos democracia. ¿Puede ser simplemente otra forma de democracia?"

La política europea del final del siglo XX acostumbró a las sociedades occidentales a una idea muy concreta de estabilidad democrática: grandes partidos relativamente previsibles, medios de comunicación con una enorme capacidad de intermediación, jueces percibidos como autoridades ampliamente neutrales y un espacio público donde todavía existía cierto consenso básico sobre los hechos. Sin embargo, ese mundo empieza a desaparecer. Las redes sociales, la fragmentación del sistema mediático, la personalización extrema del liderazgo político y la erosión de la confianza en las instituciones han transformado por completo la manera en que funcionan las democracias occidentales. El resultado no es necesariamente menos democracia. ¿Puede ser simplemente otra forma de democracia? Algo más emocional, pero también desconfiada, inmediata y más conflictiva.

El problema del caso Zapatero va más allá del ámbito jurídico y político. En realidad, refleja hasta qué punto las sociedades contemporáneas han dejado de compartir un mismo marco de legitimidad institucional. Para una parte de la derecha española, el expresidente representa, desde hace años, mucho más que un antiguo líder socialista. Encierra una interpretación global del deterioro político español: el hombre que les quitó "injustamente" el poder tras el 11M, la negociación territorial, el cuestionamiento del consenso de 1978, la relación con gobiernos latinoamericanos o el debilitamiento institucional asociado posteriormente al sanchismo. En ese marco mental, la investigación judicial es la confirmación tardía de una sospecha previa.

Pero en amplios sectores de la izquierda ocurre el fenómeno inverso. Cualquier actuación judicial relacionada con figuras simbólicas del espacio progresista es interpretada automáticamente bajo la lógica del lawfare: utilización política de jueces, filtraciones interesadas, campañas mediáticas o intentos de corregir en tribunales aquello que no puede resolverse electoralmente.

La sentencia deja de ser el centro del proceso, algo que podría leerse como una consecuencia más de la ya conocida polarización afectiva. Los ciudadanos ya no se organizan únicamente alrededor de diferencias ideológicas racionales porque la política se ha convertido progresivamente en una identidad emocional y cultural. El adversario deja de ser simplemente alguien equivocado para convertirse en alguien moralmente sospechoso o incluso ilegítimo.

"La desconfianza no sería una disfunción del sistema democrático, sino más bien una parte estructural de su funcionamiento contemporáneo"

Eso explica por qué las pruebas, las investigaciones o las resoluciones judiciales tienen cada vez menos capacidad para modificar opiniones políticas consolidadas. Y quizá nos equivocamos si interpretamos este fenómeno como algo que puede resolverse restaurando un viejo consenso institucional. El historiador y filósofo político Pierre Rosanvallon, en La contrademocracia, sostiene que las democracias contemporáneas funcionan cada vez menos mediante adhesión positiva y cada vez más mediante vigilancia, control y sospecha. Bajo esta premisa, la desconfianza no sería una disfunción del sistema democrático, sino más bien una parte estructural de su funcionamiento contemporáneo.

España añadió además otro elemento singular: el enorme consenso político y social construido durante la Transición. Aquel equilibrio generó durante años la percepción de que las instituciones democráticas poseían una legitimidad compartida relativamente sólida. Sin embargo, probablemente ese periodo fue más excepcional de lo que parecía.

El politólogo Ran Hirschl explica cómo las democracias contemporáneas desplazan cada vez más conflictos políticos hacia los tribunales. En este sentido, cuestiones que antes se resolvían en el Parlamento, en negociaciones partidistas o en debates ideológicos pasan a reinterpretarse en clave judicial.

España ofrece numerosos ejemplos de esta dinámica: el procés catalán, la batalla alrededor del Consejo General del Poder Judicial, las discusiones sobre amnistía o las investigaciones relacionadas con dirigentes políticos de primer nivel. Los tribunales ya no aparecen únicamente como instituciones jurídicas. Se han convertido también en escenarios centrales de la lucha política. De hecho, el poder judicial ha perdido apoyo ciudadano y se percibe cada vez como más sesgado.

Eso no significa necesariamente que los jueces actúen de forma partidista. Significa que las sociedades contemporáneas interpretan cada vez más las instituciones a través de lentes identitarias y emocionales. La neutralidad absoluta empieza a percibirse como una ficción. Y probablemente siempre lo fue parcialmente.

Lo que ocurría antes es que existían estructuras intermediarias suficientemente fuertes para contener esas contradicciones y producir una percepción general de estabilidad. Pero en el presente, el sistema de mediación está muy debilitado. Los medios tradicionales han perdido capacidad para monopolizar el relato público, mientras que las redes sociales aceleran la circulación emocional de cualquier escándalo político. Asimismo, esa conversación digital exige reacción inmediata, castiga la complejidad y hace parecer que todo debe resolverse rápidamente: culpable o inocente, víctima o conspirador, héroe o corrupto.

"La lentitud del Estado de Derecho entra así en tensión constante con la velocidad del ecosistema mediático contemporáneo"

La lentitud del Estado de Derecho entra así en tensión constante con la velocidad del ecosistema mediático contemporáneo. Habermas advirtió hace décadas sobre la importancia de un espacio público compartido para la supervivencia de la democracia liberal. Su preocupación era que la fragmentación comunicativa terminara destruyendo la posibilidad de deliberación racional común.

Algo de eso está ocurriendo. Pero incluso aquí conviene evitar el exceso de dramatismo. La esfera pública nunca fue completamente racional ni neutral, puesto que también estuvo atravesada por ideología, poder económico y emociones políticas. La diferencia es que ahora esas tensiones resultan mucho más visibles y mucho más inmediatas.

La pregunta relevante, por tanto, quizá no sea cómo restaurar un consenso perdido, sino cómo gestionar democráticamente sociedades mucho más tensionadas políticamente y desconfiadas que las de finales del siglo XX.

Porque, pese a todo, las democracias occidentales siguen funcionando. Las elecciones continúan celebrándose. Los gobiernos cambian. Los tribunales siguen operando. Los medios continúan investigando. La alternancia política permanece abierta. Incluso en contextos de enorme polarización, las instituciones conservan una capacidad considerable de adaptación. Tal vez la democracia del siglo XXI vaya a parecerse menos a la democracia tranquila de las décadas posteriores a 1989 y más a una democracia de conflicto permanente, sospecha continua y legitimidad disputada.

Volviendo a la conflictividad, esta no es necesariamente incompatible con la democracia. De hecho, el conflicto constituye un elemento inevitable de cualquier sociedad pluralista. El problema, por tanto, no está en la existencia de antagonismo, sino en el hecho de que deje de reconocerse al rival como actor legítimo dentro del sistema democrático.

Ahí reside probablemente el verdadero desafío europeo. Reconstruir artificialmente una cultura de consenso no nos llevará a ningún sitio, porque difícilmente volverá en las condiciones tecnológicas y sociales actuales. Lo que sí es apremiante es mantener unas reglas compartidas mínimas dentro de un entorno político mucho más emocional y fragmentado.

Aceptar, en definitiva, que las democracias contemporáneas quizá funcionen así: con ciudadanos profundamente desconfiados, con jueces sometidos a interpretación política constante y con medios integrados en dinámicas de polarización continua. Y entender que eso no implica necesariamente el final de la democracia liberal. Puede significar simplemente el final de una de sus etapas históricas más estables.