Montoro & Asociados y la captura del Estado

La corrupción no siempre adopta la forma grosera del maletín y el soborno. Cristóbal Montoro y el Gobierno de Mariano Rajoy, entre 2011 y 2018, estuvieron aplicando políticas de austeridad devastadoras para las clases medias y trabajadoras. Subieron impuestos (el IVA pasó del 18 al 21%), crearon el impuesto al sol que encareció la factura eléctrica y frenó el desarrollo de energías limpias, congelaron las pensiones, bajaron los sueldos a los funcionarios, redujeron puestos de trabajo en las administraciones y sus sectores públicos, afectando a la sanidad pública, la educación, la dependencia y otros muchos servicios esenciales, redujeron a la insignificancia la inversión pública y España superó los cinco millones de desempleados, muchos no pudieron pagar las hipotecas y perdieron sus casas. La tasa de suicidios se multiplicó. 

Sin embargo, al mismo tiempo, el Gobierno aprobaba el real decreto-ley 12/2012, por el que estableció una "regularización fiscal" que permitió a personas físicas y jurídicas aflorar capitales ocultos con un gravamen del 10%, que en la práctica fue mucho menor, el 3%. De este modo se blanquearon fortunas sucias creadas sobre el fraude y el delito a las que se les perdonaba la mayor parte de la deuda tributaria exigible. La Lista Falciani rebelaba con todo lujo de detalles los datos de los defraudadores, pero en vez de iniciar los procedimientos recaudatorios que establecen las normas tributarias como hizo Alemania, Francia y otros países de la UE el ministerio se aplicó a redactar la amnistía fiscal que años después, en 2017, sería declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. Esa sentencia no tuvo ninguna consecuencia sobre los defraudadores beneficiarios de aquella tropelía jurídica y fiscal. De los 40.000 millones de euros aflorados se recaudaron 1.200 millones. Se hubiesen podido recaudar 14.000 entre IRPF e Impuesto de Sociedades. 

"Ahora sabemos que Montoro y la tecnoestructura que colonizaba el Ministerio de Hacienda se habían dedicado a vaciar las arcas públicas agravando el déficit financiero del Estado para favorecer a empresas y amigos"

Ahora sabemos por la paciente actuación de un juzgado de instrucción de Tarragona que Montoro y la tecnoestructura que colonizaba el Ministerio de Hacienda se habían dedicado a vaciar las arcas públicas agravando el déficit financiero del Estado para favorecer a empresas y amigos a la vez que aplicaban las peores políticas de austeridad de Europa justificadas perversamente en la necesidad, precisamente, de reducir aquel déficit. La maquinaria del Estado al servicio de intereses turbios de un entramado empresarial que al reducir su carga fiscal multiplicaba sus beneficios a la vez que agravaba la deuda pública. A cambio, las empresas pagaban religiosamente millonarias facturas al despacho tapadera que a través de empresas pantalla las desviaba a paraísos fiscales. En ese despacho, fundado por Montoro en 2006, confluyeron ex altos cargos del PP, funcionarios y expertos en fiscalidad, que poco después aprovecharían su conocimiento interno y su influencia política y dominio de la tecnoestructura funcionarial para ofrecer a quien los pudieran comprar servicios de "ingeniería fiscal a medida", según han denunciado antiguos funcionarios. El antiguo despacho de Cristóbal Montoro operaba como el ministerio en la sombra.

No es la primera vez que se descubre en España una trama sistémica de corrupción donde se combinan operadores jurídicos, funcionarios de hacienda y despachos privados, aunque sin el alcance institucional y económico que ahora estamos conociendo con el caso Montoro. A mediados de los años 90, el triángulo formado por el magistrado y antiguo miembro del Consejo General del Poder Judicial, Luís Pascual Estivill, el titular de un importante despacho de abogados, Juan Piqué Vidal, y varios inspectores de la Agencia Tributaria se habían concertado para extorsionar a empresarios catalanes: los funcionarios abrían expedientes fiscales liquidando deudas tributarias que constituían delito fiscal, se denunciaban en el juzgado del juez Estivill y a través del despacho de abogados recomendado por el propio juez  se ofrecían "soluciones" a cambio de dinero. En este caso, todos fueron condenados y el juez expulsado de la carrera judicial. Aquel caso mostró ya entonces cómo el aparato del Estado puede ser instrumentalizado por una red mafiosa incrustada en sus propias estructuras. 

"No se trata de un simple escándalo aislado, sino una manifestación de la degradación institucional y de la incapacidad —o negativa— del Estado para proteger el interés público frente a sus propias élites corruptas sean cargos políticos, altos funcionarios o empresas cotizadas o no"

El caso Montoro recupera, con ropaje institucional y legitimidad política, aquella lógica: la conversión del Estado en un negocio privado a través de una red de favores y puertas giratorias que socavan la legalidad desde dentro. Por la magnitud del caso, casi una treintena de investigados de momento, no se trata de un simple escándalo aislado, sino una manifestación de la degradación institucional y de la incapacidad —o negativa— del Estado para proteger el interés público frente a sus propias élites corruptas sean cargos políticos, altos funcionarios o empresas cotizadas o no. 

Hay bastantes preguntas sin respuesta. Hubo denuncias en los juzgados de Madrid y se archivaron, ¿por qué? La fiscal anticorrupción encargada del caso, Carmen García Cerdá, solicitó a sus superiores permiso para pedir al juez la investigación de una cuenta de correo electrónico con indicios consistentes de que desde esa cuenta se maquinaban las operaciones fraudulentas, dicha cuenta aparentemente pertenecía a Montoro. La fiscal no fue autorizada y cuando deslizó a los policías investigadores que fueran ellos quienes lo solicitaran al juez instructor quien accedió, fue sancionada por sus superiores con una multa de 1.000 euros, ¿por qué?

También estamos conociendo que se influyó sobre informes periciales que eran solicitados a la Agencia Tributaria por los juzgados que instruían causas de corrupción por pagos en dinero negro de sobornos que afectaban al PP. El caso paradigmático es el cambio de doctrina de la inspección de Hacienda que hasta entonces (Caso Palau de la Música Catalana) consideraba que las cantidades procedentes de actos de corrupción debían tributar por el impuesto de sociedades y que, al no hacerlo, cuando superaban los 125.000 euros de deuda tributaria, se consumaba un delito fiscal.

Pues bien, en el caso de la reforma de la sede del PP en la calle Génova, el informe según se desprende de las informaciones conocidas, sostenía que no había delito, que las cantidades procedentes del delito no están sujetas a obligaciones tributarias lo que desde mi punto de vista es una aberración. ¿Cómo es posible que todo esto ocurriera en un Ministerio como el de Hacienda, que unos informes fraudulentos vayan a los juzgados y no pase nada? Que entre los investigados se encuentren responsables de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) nos da bastante idea de hasta dónde hemos llegado. La gravedad del caso Montoro radica en su sofisticación: no se trata de un acto aislado, sino de un modelo de negocio institucionalizado. Un exministro monta un despacho, sus socios conservan acceso privilegiado al poder, los clientes pagan por beneficios fiscales y el Estado aprueba normas favorables. Todo ello, blindado por un sistema de lealtades que inhabilita cualquier control efectivo.

"Un exministro monta un despacho, sus socios conservan acceso privilegiado al poder, los clientes pagan por beneficios fiscales y el Estado aprueba normas favorables"

El caso Montoro muestra una corrupción estructural e institucionalizada, más dañina aún que la corrupción puntual. Es la corrupción que se disfraza de normalidad, que opera desde los despachos ministeriales, que impone el silencio a los controles, y que castiga a la fiscal que investiga en lugar de al corrupto. Este modelo vulnera el artículo 103 de la Constitución española (principios de objetividad, legalidad, eficacia, imparcialidad y jerarquía), así como el principio de integridad pública definido por organismos como la OCDE y GRECO (Consejo de Europa). Además, rompe la separación entre función pública y actividad privada, núcleo del concepto de ética institucional.

Por una respuesta de Estado

Tenemos un Estado de controles fallidos cuando no cómplices. Uno de los aspectos más alarmantes es la falta de respuesta institucional ante las evidencias que se acumularon mientras se producía esta toma del Ministerio de Hacienda. Ninguno de los controles internos o externos de los que se espera impidan irregularidades y corrupción como las que instruye el juzgado de Tarragona encendieron sus alarmas. Las denuncias fueron archivadas. El caso recuerda lo que la doctrina internacional llama state capture' o captura del Estado: cuando los poderes públicos son colonizados por intereses privados hasta tal punto que ya no sirven al interés general, sino a quienes los controlan desde dentro.

"El caso recuerda lo que la doctrina internacional llama 'state capture' o captura del Estado: cuando los poderes públicos son colonizados por intereses privados hasta tal punto que ya no sirven al interés general"

Frente a esto urge un pacto nacional contra la corrupción como se ha realizado en otros ámbitos. Se impone aprobar de una vez una Estrategia Estatal de Prevención y Lucha contra la Corrupción que concrete y desarrolle el plan aprobado por el Gobierno recientemente cuando se ha visto acorralado por el caso Ábalos–Koldo–Cerdán. Se impone una respuesta de Estado, ética y jurídica dirigida a:

• Reformar del sistema de controles institucionales garantizando su profesionalidad e independencia real. Reformar las administraciones públicas y los sistemas de accesos a una función pública profesionalizada para que se aplique debidamente los principios constitucionales de igualdad mérito y capacidad frente a los accesos por afinidad ideológica, corporativista o fraudulentos. Reforzar la buena gestión pública con una Agencia Estatal de Prevención y Lucha contra la Corrupción que verifique declaraciones de actividades, patrimonio y rentas de políticos y funcionarios. Intervenga frente a conflictos de interés, canalice las denuncias e investigue irregularidades y colabore con el ministerio fiscal y los juzgados de instrucción como tienen buena parte de los países europeos. 


• Asegurar la protección efectiva del denunciante para impedir represalias, castigos o degradación de la carrera profesional. 


• Reformar las leyes penales sustantivas y procesales ampliando la prescripción, revisando el sistema de atenuantes, dotando de medios a la justicia para que los procedimientos no se eternicen y las sentencias no se dicten de forma tardía y sin efectos reales. 


• Promover una cultura de ética pública, donde el cargo público se entienda como un servidor al bien común y no una pasarela al enriquecimiento personal.

Porque sin controles eficaces, sin independencia institucional, sin integridad, el Estado deja de ser garante de derechos y justicia, y pasa a ser una fachada detrás de la cual operan con absoluta impunidad redes mafiosas como la ahora descubierta.