Hay
un desajuste que conviene nombrar. Mientras PP y Vox extienden
la "prioridad nacional" y la inmigración estructura la precampaña andaluza,
los datos cuentan otra historia. En todas las fuentes disponibles —CIS, Eurotrack, Eurobarómetro, Ipsos—, la inmigración no es la primera preocupación de los españoles: lo es la vivienda, y por amplio margen. En la serie reciente, además, la inmigración ha perdido peso. Lo que crece es la presión discursiva y la batalla cultural. La jerarquía ciudadana, en cambio, resiste.
Un mapa político volcado en la inmigración
Desde el pacto extremeño a
Aragón y
Castilla y León,
la "prioridad nacional" ha ido tomando espacio en distintas comunidades. València endureció en marzo el empadronamiento exigido para acceder a ayudas. Vox forzó en el Congreso una moción para restringir la sanidad a inmigrantes irregulares: el PP intentó introducir la matización del
"arraigo verificable" mediante enmienda, Vox la rechazó, y el PP terminó tumbando la moción. Y en Andalucía,
la inmigración estructura la precampaña junto a la sanidad y al posible pacto PP-Vox, con las elecciones del 17 de mayo a tres semanas vista.
"Cabría esperar, en este contexto, que la inmigración fuese la primera preocupación de los españoles, pero no lo es"
A todo esto se añade
la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno el 14 de abril, que la oposición ha convertido en eje reactivo de su discurso. Los datos sobre esta medida son adversos para el Ejecutivo. Según SocioMétrica para
El Español, el 66,7% rechaza la regularización, hasta el 80,5% entre jóvenes de 17 a 25 años, y un 72% teme un efecto llamada. GESOP confirma esa segunda cifra (70%) y dibuja una división del 52/48 sobre la medida en sí. Cabría esperar, en este contexto, que la inmigración fuese la primera preocupación de los españoles, pero no lo es. Y este es el dato que define el momento:
una sociedad puede rechazar una medida concreta sin que ese rechazo invierta su jerarquía de preocupaciones. Dicho de otra manera, el malestar específico no se traslada automáticamente a la agenda general.
La vivienda aplasta al resto
El cuadro más nítido lo ofrece
el YouGov Eurotrack de marzo de 2026, ya
analizado en Agenda Pública. Cuando se pregunta a los españoles por los dos principales problemas del país,
la vivienda se lleva un 49% —ningún otro país europeo del panel se acerca—. La inmigración baja del 32% al 27% en un solo mes. La situación económica y la sanidad empatan en el 25%.
El Eurobarómetro (otoño 2025) respalda esta lectura con otra metodología:
vivienda 36%, inflación 23%, e inmigración y situación económica empatadas en 17% como tercera preocupación. La inmigración bajó un punto respecto a la oleada de primavera; no subió.
Más problema del país que problema personal
El dato más revelador del Barómetro del CIS de abril no es el de los problemas del país, sino
el contraste con los problemas personales. La inmigración aparece como cuarto problema del país (15,5%), pero cae al sexto puesto cuando se pregunta por lo que afecta personalmente a los encuestados (7,7%). La jerarquía privada de los españoles es otra: crisis económica (38,8%), vivienda (25,6%), sanidad (19,5%), calidad del empleo (16,7%), inseguridad ciudadana (10,1%). Por tanto,
la inmigración, entendida como problema personal, queda por detrás incluso de la inseguridad.
"Estamos ante un marco mental —generado por la cobertura mediática, los pactos PP-Vox y la regularización— en lugar de frente a un daño percibido en primera persona"
Los encuestados citan la inmigración cuando se les pregunta por los problemas del país, pero
no la sufren en el barrio, en la escuela o en el centro de salud. Dicho de otra manera, estamos ante un marco mental —generado por la cobertura mediática, los pactos PP-Vox y la regularización— en lugar de frente a un daño percibido en primera persona.
Esa distancia explica por qué el tema puede inflarse y desinflarse en el ranking sin que cambie nada material. Y explica también
el techo electoral de Vox: cuando se construye campaña sobre un problema que la gente cita pero no padece, el voto que recoge ese discurso está más acotado de lo que el ruido sugiere.
Una sociedad ambivalente, no un país xenófobo
Conviene no caer en la lectura inversa.
La sociedad española no es una balsa multicultural sin tensiones. SocioMétrica encontró que el 66,6% pide endurecer la lucha contra la inmigración irregular, incluido el 40% del electorado del PSOE. Hay una corriente de fondo transversal que el PP intenta capturar con la fórmula del "arraigo verificable", precisamente para
diferenciarse del marco más identitario de Vox.
Pero el cuadro es más complejo. El informe
Jóvenes Españoles 2026 de la Fundación SM muestra que la idea de que los inmigrantes "quitan el trabajo" lleva años bajando —está en el 43%— y
la mitad de los jóvenes reconoce su contribución económica. Apertura cotidiana en la convivencia y recelo abstracto cuando llega la encuesta:
esa dualidad es la marca distintiva del caso español.
Tres conclusiones
Primera:
hay un desacople real entre la agenda política y la agenda ciudadana. La inmigración ocupa cada vez más espacio en el plano institucional —pactos autonómicos, mociones parlamentarias, ejes de campaña— mientras pierde peso en la jerarquía de preocupaciones de los españoles, según fuentes tan diversas como el CIS, el Eurotrack, el Eurobarómetro e Ipsos. La conversación política y la opinión pública avanzan en direcciones distintas.
Cualquier estrategia electoral que asuma lo contrario corre el riesgo de quedar desconectada del orden de prioridades del electorado.
"Ese rechazo coexiste con una jerarquía ciudadana donde la vivienda multiplica por más de dos a la inmigración como problema percibido"
Segunda: rechazar una medida no equivale a invertir el orden de preocupaciones. El 66,7% que rechaza la regularización extraordinaria es
un dato robusto y transversal. Pero ese rechazo coexiste con una jerarquía ciudadana donde
la vivienda multiplica por más de dos a la inmigración como problema percibido. Confundir las dos cosas —interpretar el rechazo a la medida como un giro xenófobo de la sociedad, como hace la derecha— es
un error analítico que distorsiona la lectura del momento. La sociedad española no se ha pasado al marco identitario.
Tercera:
el matiz tiene mayoría, el maximalismo no. Vox lo deja fuera de su marco al apostar por el rechazo total; el PP lo bordea con la fórmula del "arraigo verificable"; el PSOE necesita potenciar un relato propio que combine orden, derechos y reconocimiento de la aportación migratoria.
Quien primero lo haga tendrá una ventaja política considerable.
La pregunta para los próximos meses, con Andalucía a tres semanas y un ciclo electoral abierto hasta 2027, no es si la inmigración seguirá subiendo en los discursos. Lo hará. La pregunta es
si esa subida discursiva conseguirá arrastrar a la opinión pública hacia un giro de actitudes o si España seguirá siendo, también en esto, una excepción ambivalente del sur de Europa. Por ahora, los datos dicen lo segundo.