Extremadura, ensayo general del chovinismo ibérico en Europa

La política española ofrece, a menudo, adelantos de futuro. Lo que hoy ocurre en una comunidad autónoma puede convertirse mañana en el patrón de la gobernabilidad estatal. El reciente pacto entre PP y Vox en Extremadura no es un acuerdo más. Se trata de la formulación más nítida hasta ahora de un proyecto basado en la prioridad nacional. Aquí se inicia, de forma explícita, un chovinismo ibérico: la adaptación española de la "preferencia nacional" europea, donde el acceso a derechos pasa de ser universal a selectivo. Un anticipo verosímil de lo que podría suceder en España si las encuestas que proyectan una mayoría conjunta de ambas formaciones en 2027 se materializan.

Conviene tomar en serio este ejercicio de política ficción como un análisis basado en hechos, sin exageración. El documento programático firmado en Extremadura, que no se limita a asegurar una investidura, define un modelo de gobierno que introduce un salto cualitativo y cuantitativo respecto a experiencias previas.

¿Cómo convierte el pacto PP-Vox en Extremadura la "prioridad nacional" en política pública?

Cuantitativo, porque la derecha radical entra en el Ejecutivo con una vicepresidencia y con competencias clave como servicios sociales, familia o la llamada "desregulación administrativa". En otras palabras, la formación de Abascal no gestiona solo poder simbólico: administra el bienestar de los ciudadanos. Una etiqueta —la de la desregulación— que, más allá de su apariencia técnica, puede traducirse en menor control público. Sus efectos no son hipotéticos: en la ciudad de Alicante, la eliminación de filtros regulatorios en vivienda protegida tras los cambios normativos que siguieron a la salida del Gobierno de Ximo Puig y Compromís facilitó adjudicaciones a entornos familiares y redes de afinidad, evidenciando los riesgos de desburocratizar sin reforzar la supervisión. Es decir, que Vox accede a poder presupuestario real y a capacidad de incidir directamente en la vida cotidiana. Cualitativo, porque muchas de sus propuestas —hasta ahora marginales o retóricas— pasan a convertirse en política pública.

"El acceso a derechos no se basa ya en la necesidad o la condición de residente para pasar a depender del arraigo nacional"

El texto sitúa la inmigración como un marco transversal que condiciona vivienda, ayudas sociales, sanidad o educación. La introducción del principio de "prioridad nacional" en el acceso a recursos públicos rompe con uno de los pilares del Estado liberal: la igualdad ante la ley. Esta es una cuestión que va más allá de endurecer políticas migratorias porque redefine los criterios de ciudadanía social. Por tanto, el acceso a derechos no se basa ya en la necesidad o la condición de residente para pasar a depender del arraigo nacional. Es un cambio de paradigma que inaugura, en España, ese chovinismo ibérico ya visible en otras latitudes.

Qué anticipa para España el modelo de PP y Vox en Extremadura

Proyectado a escala estatal, el modelo dibuja un país donde el acceso a vivienda pública, ayudas o servicios se jerarquiza por origen y pertenencia. El Estado del bienestar pierde su carácter universal para transformarse en un dispositivo selectivo: un patriotismo excluyente que redefine quién merece protección pública y quién queda fuera.

Pero el giro no es solo en materia migratoria. También lo es en política económica y energética. El programa de gobierno conjunto extremeño plantea trabas a la expansión de energías renovables y una defensa explícita del sector primario frente a la Agenda 2030 o el Pacto Verde Europeo.

Este punto resulta especialmente significativo en el contexto español. España ha logrado en los últimos años posicionarse como uno de los países con la electricidad más competitiva de Europa, en buena medida gracias al impulso de las renovables. Introducir frenos regulatorios o políticos a ese desarrollo no solo tensiona los compromisos climáticos, sino que puede comprometer la autonomía energética y la competitividad económica, con costes estructurales.

"Lejos de moderar a la derecha radical, es esta la que marca el perímetro de lo posible a la derecha tradicional"

Lo importante no es el detalle de cada medida, sino la lógica detrás de ellas: gobernabilidad a cambio de radicalidad programática. Este esquema sugiere que, lejos de moderar a la derecha radical, es esta la que marca el perímetro de lo posible a la derecha tradicional.

Y ese perímetro no parte de cero. Se asienta sobre una trayectoria previa de debilitamiento de lo público en distintos territorios gobernados por el PP: listas de espera sanitarias que se miden en meses, procesos de privatización sin controles efectivos, universidades infrafinanciadas, servicios sociales con recursos insuficientes y una generación joven que ha conocido más precariedad que prosperidad. En ese contexto, la promesa de bajar impuestos mientras se mejoran los servicios públicos es, en muchos casos, la más antigua de las ficciones —y de las aporías— políticas.

La política, sin embargo, no siempre sigue la lógica de los datos. Importan, y mucho, los marcos narrativos. En ese terreno, Vox logra imponer su agenda, mientras el PP asume el coste de desplazarse hacia posiciones que tensan su tradición liberal, europeísta y pluralista.

"El elemento más relevante de lo ocurrido en Extremadura es la pérdida de centralidad del Partido Popular"

Este es, probablemente, el elemento más relevante de lo ocurrido en Extremadura: la pérdida de centralidad del PP. No estamos ante un pacto de moderación mutua, sino ante una asimetría donde la fuerza que condiciona el programa es la derecha radical. Frente a la estrategia de Giorgia Meloni en Italia —que ha buscado cierta adaptación pragmática a las instituciones europeas—, el modelo que emerge aquí es un híbrido entre el de Marine Le Pen en lo económico y el de Viktor Orbán en lo simbólico y cultural. En este último caso, ya se han constatado algunas consecuencias: según indicadores internacionales como V-Dem o Transparencia Internacional, Hungría ha experimentado en la última década un deterioro de la calidad democrática, mayores niveles de percepción de corrupción y un estancamiento económico relativo dentro de la UE, acompañado de pérdida de población por emigración.

Si este es el "mínimo común denominador" de gobernabilidad, como ha señalado el propio Santiago Abascal, la pregunta es inevitable: ¿qué ocurriría en España con una mayoría parlamentaria de PP y Vox cercana a los doscientos escaños?

La respuesta, aunque no es lineal, apunta a una reconfiguración profunda del sistema político. No necesariamente mediante rupturas abruptas, sino a través de un vaciamiento progresivo de sus normas y equilibrios. Un desplazamiento en el que la excepcionalidad pasa a ser rutina y lo que hoy se presenta como negociación coyuntural se consolida como estructura de poder.

Extremadura, en ese sentido, es un indicio de cambio de modelo. Anticipa una posible España en la que la gobernabilidad ya no se construye desde el centro, sino desde unos márgenes que han dejado de serlo. Pero es también un primer paso en la institucionalización de una doctrina —el chovinismo ibérico— que, tras años de ser vista como consigna, ha logrado instalarse como forma de gobierno.