Miércoles, 5 de agosto de 2026
INMIGRACIÓN, DERECHOS Y ESTADO
Regularizar lo que ya existe: la política migratoria en España
El Gobierno continúa los trámites hacia la aprobación de la regularización extraordinaria de migrantes en España y con ello ha reabierto una discusión política, económica y social. 'Agenda Pública' hace un repaso de la valoración de sus analistas que, durante los últimos meses y desde distintos enfoques, han abordado el estudio de una de las políticas públicas más importantes de los países europeos.
Carteles de la campaña 'La inmigración masiva tiene consecuencias', frente al Congreso de los Diputados.Eduardo Parra / Europa Press
El debate sobre la regularización extraordinaria de migrantes en España ha entrado por fin en su fase decisiva. Tras iniciar en enero la tramitación urgente del real decreto, el Gobierno aprobó el 14 de abril la norma que activa el proceso. La medida se dirige a personas en situación administrativa irregular y a solicitantes de protección internacional que ya estuvieran en España antes del 1 de enero de 2026, y prevé autorizaciones de residencia y trabajo con vigencia inicial de un año. El Ejecutivo habla de unas 500.000 personas potencialmente beneficiarias, aunque otras estimaciones sitúan la cifra más cerca del millón.
Por lo tanto, se entra en la fase final de la puesta en marcha de una política pública que ha causado mucha división. También es una medida que arrastra ideas preconcebidas que conviene matizar. El pasado mes de enero, la Comunidad Jesuita de Níjar escribió en Agenda Pública que "la regularización no crea estas vidas ni las incorpora por primera vez a la sociedad; se limita a reconocer jurídicamente una presencia que ya era social, económica y relacional". Contra el sobresalto político, se desplaza el foco hacia un aspecto nuclear de la medida: se trata de personas que ya trabajan, cuidan, alquilan, estudian, consumen y sostienen barrios enteros, pero lo hacen desde un limbo legal que las hace más vulnerables a la explotación y al abuso.
Por eso, la directora de políticas migratorias en Instrategies, Gemma Pinyol-Jiménez, acierta al presentar la regularización como algo más que un ajuste administrativo. En su análisis, la define como un indicador de la calidad democrática de una sociedad y como una corrección de un sistema migratorio disfuncional.
A ello se suma otro dato recién actualizado por el Ministerio de Inclusión: la Seguridad Social supera ya los 3,21 millones de afiliados extranjeros y el 42,9% del empleo creado desde la reforma laboral corresponde a trabajadores de otros países. Bajo esta interpretación, la inmigración es una de las piezas centrales de la expansión económica del país.
La periodista económica Belén Carreño lo resumía bien en otra lectura: la regularización "no supone incorporar de golpe a medio millón de irregulares a nuestro mercado laboral, sino formalizar su situación laboral". Esa distinción importa mucho porque esa formalización tiene efectos concretos: más cotizaciones, más IRPF, más capacidad negociadora para el trabajador, menos margen para salarios por debajo de convenio y jornadas abusivas. Pinyol también hace énfasis en ese punto y señala que "la persistencia de relaciones laborales irregulares empobrece el mercado de trabajo".
No obstante, si bien se constata que la inmigración tiene un papel esencial en el crecimiento español, no son pocas las voces autorizadas que presentan dudas sobre la sostenibilidad de este modelo de crecimiento. Bajo este criterio, lo que se pone en tela de juicio es la repercusión de la inmigración en áreas como las infraestructuras, los servicios o el mercado de la vivienda.
El director de Opina 360, Juan Francisco Caro, explica, a raíz del informe La España de los cincuenta millones de habitantes, que la inmigración necesita "planificación, no polarización". Y esa planificación va mucho más allá del permiso inicial. Tiene que ver con vivienda, homologación de títulos, inserción laboral de calidad, servicios públicos, integración territorial y prevención de bolsas de exclusión. Caro recuerda que el precio de la vivienda en las grandes ciudades ya actúa como barrera de entrada y de permanencia, mientras que Carreño advertía de la necesidad de vigilar fricciones sociales, cuellos de botella administrativos y procesos de mala integración. Si bien un modelo económico puede funcionar sobre la base de la inmigración, este deberá encontrar la manera de crecer sosteniblemente y llevar a cabo las inversiones apropiadas en los sectores donde la presión aumenta.
Ahora bien, que ese argumento sea débil no significa que la discusión social sea irrelevante. La directora de la Fundación porCausa, Lucila Rodríguez-Alarcón, habla de una "narrativa antimigratoria" construida sobre el eje de "ellos" frente a "nosotros". El CES, en la lectura que hace McLaughlan, llega a una conclusión semejante: la visión negativa de la inmigración se alimenta menos de la convivencia directa que de contextos de desinformación y de instrumentalización política. O dicho de otra manera, la discusión sobre la regularización deja de ser solo migratoria y pasa a ser también democrática.
La regularización obliga a elegir entre dos lenguajes. Uno reduce el problema a amenaza, desborde y sospecha permanente. El otro parte de una evidencia sólida: se está poniendo nombre legal a una parte ya existente del país. Si la política española quiere estar a la altura del momento, debería empezar por asumir precisamente eso.
Por lo tanto, se entra en la fase final de la puesta en marcha de una política pública que ha causado mucha división. También es una medida que arrastra ideas preconcebidas que conviene matizar. El pasado mes de enero, la Comunidad Jesuita de Níjar escribió en Agenda Pública que "la regularización no crea estas vidas ni las incorpora por primera vez a la sociedad; se limita a reconocer jurídicamente una presencia que ya era social, económica y relacional". Contra el sobresalto político, se desplaza el foco hacia un aspecto nuclear de la medida: se trata de personas que ya trabajan, cuidan, alquilan, estudian, consumen y sostienen barrios enteros, pero lo hacen desde un limbo legal que las hace más vulnerables a la explotación y al abuso.
Por eso, la directora de políticas migratorias en Instrategies, Gemma Pinyol-Jiménez, acierta al presentar la regularización como algo más que un ajuste administrativo. En su análisis, la define como un indicador de la calidad democrática de una sociedad y como una corrección de un sistema migratorio disfuncional.
"Mantener durante años a centenares de miles de personas en la periferia del derecho no fortalece el Estado, sino todo lo contrario"Una democracia se mide también por la distancia entre la vida real y el reconocimiento institucional que concede a quienes ya forman parte de ella. Mantener durante años a centenares de miles de personas en la periferia del derecho no fortalece el Estado, sino todo lo contrario. Ni se ordena el mercado laboral ni se mejora la convivencia.
La razón económica de la regularización de migrantes
La dimensión económica del debate es una de las más analizadas, y quizá un pilar de defensa y de crítica según se apoye o no la medida. El investigador de CIDOB Matthew McLaughlan, apoyado en el informe del Consejo Económico y Social (CES), recuerda que el Banco de España atribuye a la inmigración un 80% del crecimiento del PIB entre 2019 y 2024 y que España afronta unas necesidades de empleo de 2,4 millones de puestos entre 2025 y 2035.A ello se suma otro dato recién actualizado por el Ministerio de Inclusión: la Seguridad Social supera ya los 3,21 millones de afiliados extranjeros y el 42,9% del empleo creado desde la reforma laboral corresponde a trabajadores de otros países. Bajo esta interpretación, la inmigración es una de las piezas centrales de la expansión económica del país.
La periodista económica Belén Carreño lo resumía bien en otra lectura: la regularización "no supone incorporar de golpe a medio millón de irregulares a nuestro mercado laboral, sino formalizar su situación laboral". Esa distinción importa mucho porque esa formalización tiene efectos concretos: más cotizaciones, más IRPF, más capacidad negociadora para el trabajador, menos margen para salarios por debajo de convenio y jornadas abusivas. Pinyol también hace énfasis en ese punto y señala que "la persistencia de relaciones laborales irregulares empobrece el mercado de trabajo".
No obstante, si bien se constata que la inmigración tiene un papel esencial en el crecimiento español, no son pocas las voces autorizadas que presentan dudas sobre la sostenibilidad de este modelo de crecimiento. Bajo este criterio, lo que se pone en tela de juicio es la repercusión de la inmigración en áreas como las infraestructuras, los servicios o el mercado de la vivienda.
El director de Opina 360, Juan Francisco Caro, explica, a raíz del informe La España de los cincuenta millones de habitantes, que la inmigración necesita "planificación, no polarización". Y esa planificación va mucho más allá del permiso inicial. Tiene que ver con vivienda, homologación de títulos, inserción laboral de calidad, servicios públicos, integración territorial y prevención de bolsas de exclusión. Caro recuerda que el precio de la vivienda en las grandes ciudades ya actúa como barrera de entrada y de permanencia, mientras que Carreño advertía de la necesidad de vigilar fricciones sociales, cuellos de botella administrativos y procesos de mala integración. Si bien un modelo económico puede funcionar sobre la base de la inmigración, este deberá encontrar la manera de crecer sosteniblemente y llevar a cabo las inversiones apropiadas en los sectores donde la presión aumenta.
La lectura social y el efecto llamada
Otro punto en común de las regularizaciones de inmigrantes —tanto en las previas como en la presente— es el del "efecto llamada". El investigador del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones Yoan Molinero Gerbeau centra su atención en las evidencias. Su repaso de la literatura académica sobre la regularización de 2005 y sobre experiencias comparadas concluye que la ciencia no avala la idea de un aumento automático de nuevas llegadas por el mero hecho de regularizar."Lo que aparece es la reducción de la irregularidad, menor vulnerabilidad, más formalización laboral y mayor recaudación"No aparece España como un caso anómalo tras 2005, ni los estudios internacionales muestran un "imán" generalizable. Lo que sí aparece, escribe Molinero, es otra cosa: reducción de la irregularidad, menor vulnerabilidad, más formalización laboral y mayor recaudación. Es decir, el debate más repetido es probablemente el peor demostrado.
Ahora bien, que ese argumento sea débil no significa que la discusión social sea irrelevante. La directora de la Fundación porCausa, Lucila Rodríguez-Alarcón, habla de una "narrativa antimigratoria" construida sobre el eje de "ellos" frente a "nosotros". El CES, en la lectura que hace McLaughlan, llega a una conclusión semejante: la visión negativa de la inmigración se alimenta menos de la convivencia directa que de contextos de desinformación y de instrumentalización política. O dicho de otra manera, la discusión sobre la regularización deja de ser solo migratoria y pasa a ser también democrática.
"¿Qué orden existe cuando se mantiene a más de medio millón de personas fuera del sistema, sin registro pleno, sin obligaciones efectivas y sin protección suficiente?"Frente a la caricatura según la cual regularizar equivale a renunciar al control, la tesis de Rodríguez-Alarcón es justamente la contraria. ¿Qué orden existe cuando se mantiene a más de medio millón de personas fuera del sistema, sin registro pleno, sin obligaciones efectivas y sin protección suficiente? El papel de los poderes públicos no puede consistir en multiplicar la sombra, sino, precisamente, en reducirla. Que una persona pueda ser identificada, trabajar legalmente, cotizar, escolarizar a sus hijos con estabilidad y acudir a la administración sin miedo es una forma más racional de organizar la vida en común. Por eso también los jesuitas de Níjar insisten en que la irregularidad prolongada "no favorecía la convivencia, sino que normalizaba la precariedad y el abuso".
La regularización obliga a elegir entre dos lenguajes. Uno reduce el problema a amenaza, desborde y sospecha permanente. El otro parte de una evidencia sólida: se está poniendo nombre legal a una parte ya existente del país. Si la política española quiere estar a la altura del momento, debería empezar por asumir precisamente eso.
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