España se está convirtiendo en uno de los principales destinos de inversiones extranjeras directas (FDI, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea. Con datos de Eurostat, la agencia de estadística europea, las inversiones directas de países terceros han crecido un 77% desde 2015, frente al 58% de Alemania y el 66% en el caso de Francia. Gran parte de ese repunte, prácticamente la mitad, se ha producido en los últimos años, entre 2020 y 2024, coincidiendo con los fondos europeos Next Generation EU y con el encarecimiento de la energía para la industria tradicional europea.
"Esta propuesta plantea establecer una prioridad europea para el gasto de fondos públicos en una serie de sectores críticos"
Entre los grandes Estados miembros, solamente Polonia, con un crecimiento del 166% en el mismo periodo, e Italia, con un incremento del 80%, superan a España, que en 2025 se ha beneficiado también de un importante incremento de las inversiones extranjeras directas provenientes de China. Y precisamente sobre ese tipo de FDI está poniendo el foco la Comisión Europea con la presentación de su Ley de Aceleración Industrial (IAA). Esta propuesta plantea establecer una prioridad europea para el gasto de fondos públicos en una serie de sectores críticos, así como controles reforzados a las inversiones directas de países terceros, adicionales a los que ya se están negociando en el marco de la revisión de la regulación de escaneo de inversiones extranjeras.
El Ejecutivo comunitario pone el foco específicamente en las inversiones chinas en el sector del automóvil, porque teme que puedan perderse unos 600.000 empleos en la próxima década. A los aranceles ya anunciados, ahora se aplica esta nueva capa, que exige que el 50% del personal a todos los niveles sea europeo, que haya transferencia de tecnología, inversión en I+D y refuerzo de las cadenas de suministro a nivel intraeuropeo, entre otros requisitos.
Y es precisamente en ese sector donde se concentra gran parte de las inversiones chinas en España en los últimos tiempos, como los proyectos de CATL-Stellantis, los de Envision de baterías o el de Chery-Ebro. En el caso de la fábrica de CATL, la compañía anunció que enviaría a 2.000 trabajadores desde China para la puesta en marcha de la fábrica, comprometiéndose con el empleo local una vez estuviera en funcionamiento, algo que, en todo caso, ya se ha visto en el pasado en una fábrica construida en Alemania. China ha aumentado su inversión directa en países europeos, especialmente en Hungría y España, precisamente, como explicaba en su informe de julio el Banco de España, porque estaba anticipando un cierre del mercado europeo.
Europa está tratando de salir de su ingenuidad histórica tras décadas de optimismo. Parte de ese ejercicio es el abandono de la inocencia geoeconómica. El ejercicio es complejo y amplio: abarca las cadenas de suministro de materias primas críticas, las inversiones directas en sectores críticos o la exposición de infraestructuras sensibles a proveedores de riesgo. Y en la Comisión Europea sorprende particularmente la ingenuidad española en materia de seguridad económica. Se comprobó durante los años en los que Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea a cargo de Competencia entre 2019 y 2024, intentó que el Gobierno tomara medidas ante los proveedores de riesgo chinos de 5G, y se ha vuelto a comprobar en los últimos tiempos con las inversiones chinas en el sector del automóvil, siendo especialmente irritante a ojos del Ejecutivo comunitario el que se hayan utilizado fondos de Next Generation como parte del cortejo a la inversión directa china.
"La dependencia de la que hoy la Comisión quiere protegerse no cayó del cielo: fue el resultado de una apuesta estratégica de la que las principales economías europeas se beneficiaron mientras les resultó rentable"
Desde la perspectiva española, el giro tiene un punto de ironía. Alemania y Francia impulsaron durante décadas la apertura comercial hacia China: sus fabricantes de automóviles, su industria química y sus firmas de lujo se expandieron en el mercado chino, y a cambio facilitaron el acceso de productos y capital chino a Europa. La dependencia de la que hoy la Comisión quiere protegerse no cayó del cielo: fue el resultado de una apuesta estratégica de la que las principales economías europeas se beneficiaron mientras les resultó rentable. Ahora que la relación con China ha dejado de ser un juego de suma positiva para la industria europea, se endurecen las condiciones. Cuando España entra en la fiesta, Bruselas dice que se ha acabado la barra libre.
Sin embargo, esa visión sería miope. Las propuestas de la Comisión no tienen por qué cerrar las inversiones chinas, sino hacerlas más sostenibles e integradas en el tejido productivo europeo. Lo que se busca es que la relación comercial sea más equilibrada. Al fin y al cabo, como ha defendido Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de la Comisión a cargo de este dosier, Bruselas no está planteando nada que no se imponga desde el lado chino.
Seguridad económica
En enero de 2024 la Comisión Europea lanzó cinco propuestas legislativas enfocadas en una nueva agenda de seguridad económica, y es de ese esfuerzo del que bebe la IAA. Lo que España debería hacer de manera urgente es desarrollar una estrategia de seguridad económica propia y sólida. Y mirar mucho más allá de China. Aunque con un valor moderado, las inversiones de Oriente Medio también plantean un reto, como demostró la operación de adquisición de una participación en Telefónica por el gigante saudí de las telecomunicaciones STC. Como se señaló en un artículo de Agenda Pública realizado por Faÿçal Hafied en 2023,
"entre 2012 y 2023, el 46% de las inversiones procedentes de Oriente Medio se dirigieron a proveedores de servicios de telecomunicaciones, y el 21% a empresas del sector energético".
Está en marcha el trabajo para la elaboración de una nueva Estrategia de Seguridad Nacional, en la que, según el acuerdo alcanzado en 2025 por el Consejo de Seguridad Nacional, se espera que haya una dimensión dedicada a la seguridad económica. "Se observa una transición de un modelo basado en el libre mercado y la interdependencia hacia otro esquema económico en el que priman la resiliencia de las cadenas de suministro, la protección de ciertas industrias y sectores considerados estratégicos", señala el acuerdo. "Además, en el contexto actual, la tecnología es la base de la competición estratégica y el fundamento de la seguridad económica. Por eso se hace necesario identificar vulnerabilidades sistémicas en el ámbito tecnológico e identificar su impacto sobre la seguridad económica", añade. Es una muy buena noticia, pero tiene que traducirse en una estrategia y un plan de acción concreto.
"El Estado debería ir a la ofensiva para garantizar su seguridad económica y garantizar sus fortalezas, aumentando su capacidad para obtener y refinar en territorio nacional materias primas críticas"
La agenda debería ir más allá de una actitud pasiva de protección. El Estado debería ir a la ofensiva para garantizar su seguridad económica y garantizar sus fortalezas, aumentando su capacidad para obtener y refinar en territorio nacional materias primas críticas (MPC) para la transición ecológica,
así como liderando los trabajos para obtener suministros seguros de MPC de regiones con grandes reservas y con las que España tiene un vínculo privilegiado, como es América Latina. Debería proteger de manera especial el sector eólico, donde China está entrando con fuerza y donde el país cuenta con una industria todavía significativa, y aprovechar todo el liderazgo que ofrece nuestro despliegue de renovables en el mercado de tecnologías limpias, condicionándolo a que genere retorno industrial para el país, incluso si eso ralentiza inicialmente el aumento de las energías limpias en el mix.
No se trata de cerrar la economía, sino de garantizar que, manteniéndose abierta, la industria local se beneficie también de este cambio y que ningún país tercero pueda hacer uso de las vulnerabilidades o dependencias económicas del país.