La UE se juega su futuro en el paso del mercado único al mercado integrado

La arquitectura con la que se construyó la Unión Europea empezó la casa por el tejado. Tres décadas después, líderes políticos, instituciones e influencers del pensamiento siguen debatiendo sobre cómo derribar los compartimentos del bloque para adoptar el diseño de loft diáfano que necesita un mercado realmente integrado. 

Los informes de Mario Draghi y Enrico Letta pusieron en negro sobre blanco la comprometida situación de la UE en materia de competitividad y productividad frente a otras regiones similares del resto del mundo. Dos años después del diagnóstico y la receta, los líderes europeos parecen determinados a derribar las trabas interiores y dotar de sentido la palabra unión. 

La transformación de la competitividad

Durante el último año, España está empujando con fuerza la unión del mercado de capitales, rebautizada como unión de ahorros e inversiones, que se materializó la semana pasada con una columna en el Financial Times del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Argumenta el político español que la soberanía europea solo se podrá defender con dinero. 

"La necesidad de tomar tamaño frente a EE. UU., cuyo mercado drena de liquidez e inversiones al bloque europeo de forma creciente, puede ser el catalizador de esta reforma"

La demanda de unificar los mercados financieros europeos lleva durmiendo desde la creación del euro, postergada por Alemania, cuya banca era singularmente renuente a la integración. Como en tantas otras cosas, la necesidad de tomar tamaño frente a EE. UU., cuyo mercado drena de liquidez e inversiones al bloque europeo de forma creciente, puede ser el catalizador de esta reforma. El cambio de actitud en Berlín también ha sido clave.

La unión de ahorros no será un proyecto a veintisiete, solo un grupo de países lo adaptará, pero es suficiente. Cabe recordar que el euro es un proyecto de cooperación reforzada dentro de la UE. Es decir, solo un grupo de países del bloque dio un paso al frente para abandonar sus monedas y abrazar la divisa única. Sin embargo, en los últimos veinte años, la autoimposición de que el bloque fuera al unísono ha cercenado el ímpetu para adoptar nuevas medidas imprescindibles para profundizar en la integración.

Que la UE logre capitalizar su capacidad de inversión dentro del continente marcará un hito en la construcción europea. Pero hay muchas otras cuestiones que podrían mejorar el apalancamiento de la actividad económica intracontinente. Algunas tan sencillas como facilitar el comercio interior.

En términos económicos, las múltiples barreras a las que se enfrenta un bien a la hora de ser comercializado entre un país y otro de la UE suponen un arancel efectivo del 67%, según cálculos del Banco Central Europeo (BCE). El cálculo mide que ese es el incremento de vender el bien a otro país europeo frente a comercializarlo en el local. 

En el caso de los servicios, el coste del hipotético arancel sería del 97%. El FMI tiene un cálculo más positivo para el comercio de mercancías, que estiman que tienen un arancel del 45% al circular entre países de la UE; pero empeora aún más en el caso de los servicios, hasta el 110%. Estas cifras convierten en ridículo el arancel del 15% —a los bienes— que impuso Donald Trump a la Unión Europea. El principal enemigo económico está en casa.

"Si el resto de los veintiseis países lograra el grado de integración de Países Bajos, bajaría el imaginario arancel entre ocho y nueve puntos porcentuales"

El BCE reconoce en su informe que hay barreras internas de alguna forma insalvables desde el punto de vista político, como los gustos y los sesgos, y toma como caso de estudio Países Bajos, uno de los países con mayor integración con el resto del bloque. Si el resto de los veintiseis países lograra el grado de integración de Países Bajos, bajaría el imaginario arancel entre ocho y nueve puntos porcentuales. Esto redundaría en importantes ganancias tanto para el comercio como para los servicios.

Para lograr reducir la fricción entre países comunitarios, una de las posibilidades es bajar o eliminar la regulación. La UE es una máquina regulatoria, en muchos casos muy necesaria como en la protección del consumidor y el medio ambiente. Pero en otras ocasiones, la superposición de normativas locales, autonómicas en los países más federales, nacionales y europeas, ha supuesto una auténtica maraña de normas indescifrables para las empresas y los ciudadanos.

El Banco de España analizaba en 2023 (antes de la expectación de Draghi) el caso de la regulación española en la que contabilizaba 206.777 normas, acumuladas en el periodo 1995-2020. El estudio relacionaba esta jungla regulatoria con un impacto negativo en la tasa de empleo y en el valor añadido. Además, es disuasoria para la inversión y se ceba especialmente con las pequeñas empresas, las que más abundan en España.

Para muchos expertos, sacar el machete en los BOE de los diferentes países no es una solución realista. Por eso, en su manifiesto, Letta propone crear un régimen veintiocho, una jurisdicción virtual en la que se domicilien y operen las empresas europeas con un código simplificado. La inspiración es el estado de Delaware en EE. UU. (aunque en este caso se presupone que no habría opacidad fiscal).

La semana pasada, en el consejo informal de Alden Bielsen, el italiano volvió a hacer un alegato sobre las bondades de esta solución ante los diferentes líderes de la UE que se reunieron a trabajar en hacer realidad el mercado único para 2027. Algunos gobiernos lo han acogido con mucha reticencia por la cesión de soberanía. Otros, como España, han tomado el testigo y el Gobierno trabaja en un régimen veinte para unificar las regulaciones de las diecisiete comunidades autónomas más Ceuta y Melilla.

Letta, que es ahora decano en España del IE University, presentó a los líderes europeos un plan de acción basado en tres pilares: la integración financiera, la integración energética y la de las telecomunicaciones. Para lograr estos objetivos, propone trabajar en tres vectores transversales: la llamada quinta libertad, que es el derecho del conocimiento a circular libre por la UE; el ya mencionado régimen veintiocho y otro derecho que ha bautizado como "libertad para quedarse" y son un conjunto de políticas destinadas a evitar el vaciamiento de las zonas rurales en Europa. La meta, muy ambiciosa, es que esta hoja de ruta se despliegue en tres años y concluya para 2028.

Por primera vez desde la crisis de deuda de 2010, hay una sensación de movimiento y de urgencia en la acción entre los países que conforman el corazón de Europa. Es una buena noticia que Giorgia Meloni parezca comprometida en profundizar en la integración, pero la posibilidad de que los lepenistas lleguen al poder en Francia en 2027 obliga a acelerar el calendario en estos próximos meses, dejando atrás sin remordimientos a los países que no se quieran unir.