Los recientes episodios de disfunción en servicios esenciales —desde el accidente de Adamuz hasta los problemas recurrentes de Rodalies en Catalunya— han sido rápidamente utilizados para construir un relato de crisis nacional. Sin embargo, esa lectura contribuye más a la desorientación política que a la comprensión del momento que atraviesa una España que, este año, cumple cuarenta años de su incorporación a la Unión Europea. Es nuestra responsabilidad como sociedad acertar en los diagnósticos y el mensaje que queremos emitir a la política europea en la que estamos plenamente inmersos.
España atraviesa una de esas paradojas que la política rara vez sabe gestionar bien. La economía crece por encima de la media europea, crea empleo, atrae inmigración y capital, y se ha convertido en uno de los motores inesperados de la UE en un contexto de estancamiento continental. Sin embargo, ese éxito está generando tensiones sociales y políticas que amenazan con desbordar el sistema. El verdadero riesgo no es económico. Es político. Y tiene nombre propio: la incapacidad de PSOE y PP para alcanzar acuerdos estructurales en un momento en el que el país los necesita más que nunca.
"Si PSOE y PP no pactan ahora las reglas básicas de gestión del éxito, el próximo gobierno no heredará un problema difícil, sino uno probablemente ingobernable"
La tesis es incómoda para ambos grandes partidos, pero conviene formularla con claridad: si PSOE y PP no pactan ahora las reglas básicas de gestión del éxito —financiación autonómica, vivienda, inmigración, productividad, sostenibilidad del Estado de bienestar—, el próximo gobierno heredará un problema difícil por no decir ingobernable. Y en ese escenario, Vox, como ya está sucediendo en la actualidad, puede ser el principal beneficiario.
España no está en crisis. Está tensionada. Crece al 2-3% cuando Alemania se encuentra estancada. El empleo aumenta, incluso descontando efectos estadísticos. La inmigración sostiene el mercado laboral y el sistema de pensiones. El turismo bate récords y España es el segundo país europeo en creación de empleos vinculados a la inversión extranjera.
Pero el éxito agregado convive con un malestar microeconómico persistente: salarios que avanzan más despacio que el coste de la vida, una vivienda inaccesible en las áreas dinámicas, servicios públicos locales al límite y una percepción extendida de que "el país va bien, pero yo no".
Este desajuste entre indicadores macro y experiencia cotidiana es políticamente tóxico. Alimenta relatos de decadencia en un país que objetivamente no decae, sino que se transforma demasiado rápido para unas instituciones diseñadas para otro ciclo económico. España no fracasa por falta de crecimiento, lo hace por exceso de fricción institucional.
Este patrón no es exclusivamente español. En Abundancia, Ezra Klein describe
una paradoja común a muchas democracias avanzadas: sociedades que han alcanzado niveles históricos de riqueza, conocimiento y capacidad productiva, pero que han perdido la habilidad política de construir, coordinar y ejecutar. No falta dinero, ni consenso técnico. Lo que falta es un sistema institucional capaz de transformar la abundancia potencial en resultados visibles. El bloqueo no es económico; es político y procedimental.
"Lo que falta es un sistema institucional capaz de transformar la abundancia potencial en resultados visibles"
España es un caso particularmente ilustrativo de lo que podríamos llamar abundancia bloqueada. El país crece, recauda más, atrae población y capital, pero no construye vivienda suficiente, no expande infraestructuras al ritmo necesario, no adapta sus servicios públicos a la nueva escala demográfica y económica. Cada decisión se atasca en vetos cruzados, incentivos perversos y una cultura política que penaliza el acuerdo. Como advierte Klein, cuando las democracias dejan de producir soluciones materiales, la política se desplaza del "qué hacemos" al "a quién culpamos".
El resultado es corrosivo para poder recuperar la centralidad política, la que mejor representa los intereses mayoritarios de la sociedad. Cuando el sistema no entrega bienes básicos —vivienda accesible, servicios funcionales, previsibilidad regulatoria—, incluso en contextos de crecimiento, la ciudadanía deja de creer en la competencia de quienes gobiernan o aspiran a hacerlo. Y ese es el terreno donde prosperan los relatos simplificadores y los que prometen romper con un sistema percibido como incapaz de actuar.
La experiencia alemana de la era Merkel ofrece una advertencia especialmente relevante. Durante años, Alemania combinó crecimiento, superávits fiscales y estabilidad política con una fuerte resistencia a invertir en infraestructuras, vivienda, digitalización y capacidad administrativa. El resultado fue un país formalmente próspero, pero materialmente desgastado: trenes que no llegan, puentes en mal estado, servicios públicos tensionados y territorios que perciben abandono. Ese deterioro silencioso —fruto de la contención excesiva— creó el caldo de cultivo para el ascenso de AfD. No fue la escasez lo que alimentó a la derecha radical, sino la sensación de que un Estado rico había dejado de funcionar para amplias capas de la población.
España corre un riesgo distinto, pero emparentado. No el de la austeridad prolongada, más bien el del crecimiento sin acuerdos que permitan invertir, planificar y ejecutar a medio y largo plazo. Alemania demuestra que incluso las democracias más sólidas pueden erosionarse cuando la política renuncia a construir. Y que los costes de esa renuncia, lejos de pagarse en términos macroeconómicos, afectan directamente a las urnas.
Aquí es donde el bloqueo entre PSOE y PP se vuelve estructuralmente irresponsable. Ambos partidos siguen comportándose como si el problema fuera sólo la alternancia, cuando en realidad es la gobernabilidad a medio plazo. El PSOE gestiona el presente con una lógica de resistencia y coalición fragmentada; el PP se prepara para el relevo con un discurso de normalización que asume —erróneamente— que bastará con llegar al poder para, aunque sea con el apoyo de Vox, reconducir la situación. Ninguno de los dos parece dispuesto a asumir que ciertas decisiones solo pueden tomarse de forma compartida, precisamente para que no se conviertan en munición política.
La financiación autonómica es el ejemplo más evidente. El sistema está agotado, desalineado con el peso real de los servicios públicos y atrapado en una lógica de bilateralidad y excepciones. Reformarlo exige una mayoría política y territorial amplia, algo imposible sin un acuerdo entre los dos grandes partidos.
La vivienda es otro campo minado. Falta oferta donde hay demanda. Resolverlo implica cambios regulatorios, inversión pública sostenida, colaboración con el sector privado y, sobre todo, tiempo. Mucho tiempo. Ningún gobierno puede asumir en solitario el coste político de medidas cuyos beneficios llegarán tarde. Sin un consenso básico, la política de vivienda seguirá siendo una sucesión de parches, mientras la frustración social crece. Y la frustración, como enseña la experiencia europea, rara vez se traduce en moderación.
"La historia reciente de Europa muestra que la derecha radical crece menos cuando gobierna que cuando observa desde la barrera, señalando contradicciones y prometiendo coherencia ideológica"
La inmigración, paradójicamente, es uno de los ámbitos donde el consenso técnico ya existe. Patronal y sindicatos coinciden en que es estructural. Los datos lo confirman. Pero el consenso político se resquebraja por miedo del PP al coste electoral. España es hoy un país que crece e incluye. En los últimos cinco años ha registrado saldos migratorios netos muy elevados y, en la última década, la población nacida en el extranjero se ha convertido en un componente central de su demografía y de su mercado de trabajo. Esta inmigración ha sido decisiva para sostener el empleo, la recaudación y el sistema de pensiones. Pero crecer e incluir no es automático: exige capacidad de adaptación. Para que ese dinamismo se traduzca en bienestar compartido, España necesita actualizar vivienda, infraestructuras, servicios públicos y marcos de gobernanza, y hacerlo con estabilidad política y capacidad de ejecución. Sin esa actualización, la integración deja de percibirse como éxito y empieza a vivirse como fricción.
Todo esto configura un escenario especialmente delicado. Si el PP llegara al gobierno sin acuerdos previos, se enfrentará a una disyuntiva imposible: o modera su acción para evitar conflictos estructurales —lo que frustrará a parte de su electorado—, o intenta imponer reformas sin consensos amplios —lo que lo abocará al bloqueo institucional y social. En ambos casos, el desgaste será rápido. Si el PSOE se mantuviera en el gobierno, podemos descontar la actitud del PP.
Y aquí aparece Vox. No como socio imprescindible de gobierno, sino como opositor estratégico. Un Vox fuera del Ejecutivo, liberado de responsabilidades de gestión, puede capitalizar cada fricción, cada renuncia, cada compromiso del PP como una traición. La historia reciente de Europa muestra que la derecha radical crece menos cuando gobierna que cuando observa desde la barrera, señalando contradicciones y prometiendo coherencia ideológica. Gobernar desgasta; denunciar moviliza.
Además, los relatos de decadencia, nostalgia y desconfianza institucional —cada vez más presentes en el debate público español— encajan mejor con una fuerza que aspira a simplificar las complejidades. Cuando el éxito económico no se traduce en bienestar percibido, la política se convierte en un ejercicio de memoria selectiva: un pasado idealizado frente a un presente confuso. Ese marco no favorece a los partidos de gobierno ni a quienes negocian; favorece a quienes prometen restaurar un orden perdido, real o imaginario.
La gran ironía es que Vox no necesita que España vaya mal para crecer. Le basta con que vaya mejor de lo que sus instituciones pueden absorber y de lo que su política sabe explicar. El "morir de éxito" es un escenario perfecto para el populismo: prosperidad desigual, expectativas frustradas y una élite política que parece discutir más entre sí que con la realidad.
"El éxito económico español es real. Convertirlo en estabilidad política requiere algo mucho menos abundante: responsabilidad compartida"
Por eso el momento de los acuerdos no es mañana, ni tras las próximas elecciones. Es ahora. No por altruismo, sino por interés propio. El PSOE y España necesitan evitar que las reformas estructurales queden asociadas a un solo bloque y sean revertidas en cuanto cambie el gobierno. El PP necesita llegar al poder con un terreno mínimamente despejado para que España pueda seguir en la misma senda. Ambos necesitan preservar el centro político antes de que se vacíe.
España no está condenada al bloqueo ni al extremismo. Pero la inercia actual empuja en esa dirección y cuando los partidos que pueden pactar deciden no hacerlo, otros —que no pueden o no quieren— ocupan el espacio.
El éxito económico español es real. Convertirlo en estabilidad política requiere algo mucho menos abundante: responsabilidad compartida. Pero también algo más concreto y medible: capacidad de construir. Construir vivienda, infraestructuras, consensos fiscales, políticas migratorias estables y marcos regulatorios previsibles.
Como sugiere Ezra Klein, la frontera política de las democracias avanzadas ya no es cuánto crecen, sino qué son capaces de hacer con lo que tienen. Si España no recupera esa capacidad —institucional, política y administrativa—, el próximo ciclo no será una corrección ordenada y tendremos que hablar de una oportunidad perdida. Y las oportunidades perdidas, en política, rara vez se recuperan sin coste.