Fabricar soberanía: Europa, España y la política industrial del siglo XXI

Europa no ha despertado de un sueño ingenuo, sino de una larga comodidad estratégica. Y, como ocurre con todo despertar tardío, la realidad la ha encontrado desarmada. Durante décadas, su prosperidad descansó sobre una ecuación que parecía inmutable: mercados abiertos, energía barata y seguridad garantizada por Estados Unidos.

Esa combinación funcionó mientras el mundo siguió un guion previsible. Pero el guion cambió: primero la pandemia, luego la guerra en Ucrania, después la inflación y la fragmentación tecnológica. Lo que antes eran certezas se convirtió en dependencia, y los cimientos de la globalización (energía, comercio, defensa) comenzaron a resquebrajarse. Las fábricas cerradas, los chips que no llegan y los barcos desviados en el mar Rojo son solo los síntomas visibles de una fragilidad mucho más profunda. Producir —decidir qué, cómo y con quién producir— ha vuelto a ser una forma de poder.

"Europa busca una tercera vía: una autonomía estratégica abierta que preserve la competencia y las normas, pero asegure la capacidad de producir lo esencial"

Hoy la política industrial ha regresado no por nostalgia del Estado, sino por necesidad de soberanía. Dani Rodrik lo resumió con claridad: la política industrial moderna no elige ganadores, crea las condiciones para descubrirlos mediante cooperación público-privada. Mariana Mazzucato añadió la idea que cambió el debate: el Estado no corrige al mercado, lo configura. La intervención ya no es excepción, sino principio de supervivencia. Estados Unidos la utiliza como arma de presión y atracción; China, como sistema de integración y control. Europa busca una tercera vía: una autonomía estratégica abierta que preserve la competencia y las normas, pero asegure la capacidad de producir lo esencial. Ese cambio marca el tránsito de un capitalismo de mercado a un capitalismo de poder: producir no es solo generar riqueza, es mantener la capacidad de decidir.

Europa: del árbitro al arquitecto

En menos de una década, la Comisión Europea ha pasado de guardiana del mercado único a arquitecta —todavía insegura— de la autonomía estratégica. Ha flexibilizado las ayudas de Estado, creado subsidios comunes y situado la energía, la tecnología y la defensa en el corazón de la soberanía.

No es la primera vez que Europa recurre a la política industrial: en los años setenta y noventa impulsó programas ambiciosos de reconversión y cooperación tecnológica. Pero aquella apuesta se diluyó con la hegemonía del mercado único y la fe en la globalización. Lo que hoy renace no es una novedad, sino una relectura estratégica de su propia historia. Sin embargo, la historia no se repite sola: hay que tener poder para reescribirla. Y ahí Europa aún duda.

Estados Unidos ha convertido la economía en su principal herramienta de poder. Su política industrial ya no busca proteger, sino dominar. Los subsidios, los aranceles y los controles de inversión del Inflation Reduction Act y de la nueva ola proteccionista reordenan las cadenas de valor a su favor. Washington no compite: redirige la interdependencia global hacia sí mismo.

"China planifica a largo plazo, subvenciona sin pudor y controla los insumos, tecnologías y créditos que sostienen la transición mundial. Su poder no se exhibe, se infiltra"

.China persigue la misma ambición, pero con una lógica más envolvente. No necesita imponer: condiciona desde la dependencia. Planifica a largo plazo, subvenciona sin pudor y controla los insumos, tecnologías y créditos que sostienen la transición mundial. Su poder no se exhibe, se infiltra.

Entre ambas potencias, Europa intenta sostener un equilibrio cada vez más precario. Estados Unidos la ha dejado sola en el frente de la seguridad y ahora la presiona en el económico; Pekín, mientras tanto, la envuelve con su escala y su constancia. La apertura sin dirección ya no es virtud: es vulnerabilidad estructural. Europa habla de autonomía, pero sufre de dependencia aprendida. Le cuesta imaginar un mundo donde decidir por sí misma no sea un acto de rebeldía.

El Green Deal Industrial Plan, el Net Zero Industry Act y el European Chips Act son pasos en esa dirección: buscan reindustrializar la descarbonización, garantizar el suministro de semiconductores y blindar tecnologías críticas. La nueva Defence Industrial Strategy incorpora por fin la base industrial de defensa como motor de innovación. Pero, como advirtió Mario Draghi, Europa "planifica mucho y ejecuta poco". Su problema no es de diseño, sino de voluntad.

El desafío no es crecer más, sino crecer de manera que refuerce la autonomía. Europa necesita atraer inversión sin perder control, especialmente en sectores donde la competencia con China y otros actores estratégicos tensiona las cadenas de valor. No toda inversión extranjera es problemática, pero cuando implica transferencia tecnológica forzada o control sobre activos críticos, la apertura deja de ser ventaja. Por eso Draghi y Letta insisten en un marco financiero común —un Fondo de Competitividad y una Unión del Ahorro e Inversión— que canalice el ahorro europeo hacia proyectos que fortalezcan su base productiva. El FMI coincide: el continente no carece de recursos, pero sufre una paradoja de abundancia mal movilizada. Europa no pierde por falta de capital, sino por su incapacidad para ponerlo al servicio de su propia autonomía.

En última instancia, el reto es político: Europa debe decidir si quiere ejercer poder en nombre propio. Sabe legislar, pero aún no sabe mandar. La política industrial necesita no menos normas, sino más dirección: pasar de la regulación a la ejecución, de los principios a los proyectos. Si no consolida este giro, la autonomía quedará reducida a retórica y el continente volverá a depender de otros para sostener su propio modelo. En esa deriva, Europa no solo perdería competitividad, sino también autoridad.

España: reindustrializar sin repetir dependencias

España condensa las virtudes y fragilidades del nuevo industrialismo europeo. En pocos años ha pasado de ejecutar fondos ajenos a ensayar una política propia. El Plan España Puede, la Ley de Industria y Autonomía Estratégica (2023) y los doce PERTE movilizan más de 40.000 millones de euros de inversión pública.

Sin embargo, a mediados de 2025 la ejecución del Plan de Recuperación apenas alcanza un tercio. Según CaixaBank Research, se han completado el 70 % de las reformas, pero solo el 15 % de las inversiones, una señal de que el impulso normativo ha llegado antes que la capacidad de ejecución. Y no es un problema exclusivo de España: varios países europeos muestran la misma brecha entre diseño institucional y despliegue efectivo de proyectos.

Judith Arnal lo expresó con precisión: no basta con gastar, hay que transformar. España no parte de cero: ha construido instrumentos sólidos y una nueva cultura industrial, pero debe seguir profundizando en ellos para transformarlos en una verdadera estrategia de país, sostenida en el tiempo y blindada frente al vaivén político.

Hay resultados tangibles: el consorcio del vehículo eléctrico en Sagunto (Volkswagen-PowerCo) ha activado proveedores y programas de formación; la alianza Navantia-Acciona Energía en Cádiz vincula transición verde e industria; el PERTE Chip busca insertar a España en la cadena europea desde el diseño y el encapsulado. Son avances reales, aunque todavía fragmentarios.

El dilema español coincide con el europeo: reindustrializar sin crear nuevas vulnerabilidades. El país debe atraer inversión y tecnología, pero también preservar control sobre los activos críticos y el conocimiento que genera. La reindustrialización sin cláusulas de autonomía sería simple sustitución de dependencias.

"La reindustrialización no consiste en sustituir al mercado, sino en alinear incentivos públicos y privados hacia un mismo propósito"

España dispone de herramientas útiles —SEPI, Cofides, ICO Next Tech—, pero su éxito dependerá del compromiso empresarial. Sin iniciativa privada, riesgo e inversión sostenida, no habrá transformación industrial. El Estado puede orientar y condicionar, pero solo las empresas pueden generar escala, innovación y empleo duradero. La reindustrialización no consiste en sustituir al mercado, sino en alinear incentivos públicos y privados hacia un mismo propósito. Sin capital privado paciente, el impulso público se agota antes de consolidar tejido productivo. Como recuerda Andrés Ortega, España debe pasar de "Estado accionista" a "Estado accionante": no basta con invertir, hay que dirigir y exigir desempeño. Solo así la política industrial se convierte en política de país.

En ese sentido, la propuesta del Pacto de Estado por la Competitividad, presentada en 2025 por el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), señala el camino: una agenda productiva común basada en estabilidad regulatoria, colaboración institucional y continuidad inversora. Adoptarla, y convertirla en compromisos verificables, sería un paso decisivo para pasar de la política coyuntural a la política de Estado.

Ese horizonte exige consolidar lo que ya se ha hecho bien. El esfuerzo desplegado por la Administración en estos años ha sido notable: movilizar fondos, coordinar actores y sostener el impulso inversor en medio de una coyuntura inestable no es menor. Pero transformar exige continuidad política, consenso social y una dirección compartida que trascienda los ciclos de gobierno.

El tiempo se agota

Europa y España han avanzado más en cuatro años que en las dos décadas anteriores, pero la historia no se mide por el esfuerzo, sino por el resultado. La ventana industrial se estrecha. La autonomía estratégica no se conquistará con discursos, sino con ejecución sostenida.

La política industrial europea necesita escala, coherencia y propósito. Ningún país puede competir solo en inteligencia artificial, energía o defensa; los fondos sin gobernanza se disipan; la autonomía no se protege con aislamiento, sino con estrategia. Y, como subrayan los economistas más prudentes, ganar soberanía tiene un precio: asumir que una parte de la eficiencia se sacrifica en favor de resiliencia y control. Es un equilibrio costoso, pero imprescindible.

"Ningún país puede competir solo en inteligencia artificial, energía o defensa; los fondos sin gobernanza se disipan; la autonomía no se protege con aislamiento, sino con estrategia"

Para España, el reto es convertir la reacción en dirección. No basta con responder a la crisis: hay que anticipar la siguiente. La política industrial no debe medirse por la velocidad del gasto, sino por su capacidad para crear tejido, atraer inversión y consolidar cadenas de valor propias en sectores estratégicos como el hidrógeno, los semiconductores o la defensa tecnológica.

Como recuerda Mariana Mazzucato, la innovación no surge del azar, sino del propósito. Pero el propósito, sin ejecución, se desvanece. Europa planifica mucho y aún actúa poco: el tiempo se agota. Si no convierte su lucidez en decisión, otros fijarán las reglas de la interdependencia.

Porque fabricar soberanía no es un eslogan: es decidir quién decidirá mañana. Europa y España han recorrido parte del camino, pero la cuenta atrás continúa. En la economía global, quien no fabrica capacidades acaba importando vulnerabilidades. Decidir qué política industrial queremos es decidir si aún queremos tener un lugar en el mundo. Las advertencias ya no bastan: es tiempo de decisiones.

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