Hace tres semanas, cuando entró en vigor el alto el fuego en Gaza el 10 de octubre de 2025, me pregunté si nos encontrábamos ante un
"nuevo paradigma o papel mojado". El plan de Trump de veinte puntos prometía poner fin a dos años de guerra mediante una arquitectura compleja: intercambio de rehenes, retirada escalonada israelí, desmilitarización de Hamás y, eventualmente, un horizonte político para Gaza. Señalé entonces que
el acuerdo "exige a Hamás una rendición de facto" y "otorga a Tel Aviv un poder de veto implícito", advirtiendo que su viabilidad dependía de que "actores con intereses opuestos cooperen sin fisuras".
Treinta días después, los datos sobre el terreno permiten un primer análisis riguroso: el alto el fuego técnicamente se mantiene, pero su implementación revela fracturas significativas que cuestionan su sostenibilidad. Los ataques israelíes del 29 de octubre constituyen el episodio más grave desde la entrada en vigor de la tregua y obligan a examinar si estamos ante violaciones puntuales o ante un patrón de erosión sistemática del acuerdo.
Qué ha pasado en Gaza desde que se firmó la paz
El intercambio de rehenes y prisioneros se ejecutó sustancialmente: el 13 de octubre, Hamás entregó veinte rehenes vivos y cuatro cuerpos de rehenes fallecidos; Israel liberó 1.809 detenidos palestinos, incluyendo 250 condenados a cadena perpetua. Las imágenes de familias israelíes reunidas con sus seres queridos y prisioneros palestinos recibidos en Gaza y Cisjordania representaron el momento de mayor alivio colectivo desde el inicio de la tregua.
"Hamás no ha devuelto los restos de veinticuatro rehenes fallecidos e Israel considera este incumplimiento una violación sustancial del acuerdo"
Sin embargo, Hamás no ha devuelto los restos de veinticuatro rehenes fallecidos adicionales, alegando que la destrucción masiva en Gaza imposibilita su localización sin contar con un equipo especializado. Israel considera este incumplimiento una violación sustancial del acuerdo y mantiene cerrado el cruce de Rafah —cuya apertura sin restricciones era condición de la Fase I— hasta que se complete la entrega. Esta decisión mantiene a Gaza en condiciones humanitarias precarias: según datos de UNRWA actualizados al 26 de octubre, la entrada diaria de camiones de ayuda está un 60% por debajo de lo acordado en el plan.
La retirada militar israelí también exhibe cumplimiento parcial. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se replegaron a la línea amarilla que les otorga control del 53% del territorio gazatí, tal como contempla la primera de tres etapas de retirada previstas. Pero el calendario y las condiciones para las siguientes etapas permanecen indefinidos. El Gobierno israelí condiciona nuevas retiradas a la verificación del desarme de Hamás y la ausencia de amenazas, fórmulas lo suficientemente ambiguas como para justificar una presencia militar prolongada.
Esta línea amarilla funciona ya como frontera de facto entre la Gaza controlada por fuerzas israelíes y aquella que no. La visita de Jared Kushner y Steve Witkoff —arquitectos del plan de Trump— a esas mismas posiciones militares israelíes la semana anterior añade otra capa de significado. Kushner, que en el pasado mencionó el "potencial inmobiliario de la costa de Gaza", declaró tras observar la destrucción que "casi parecía que hubiera explotado una bomba nuclear en la zona".
Los últimos incidentes ponen en duda la estabilidad del acuerdo
La noche del 28 al 29 de octubre marca un punto de inflexión en la trayectoria del alto el fuego. Tras las consultas de seguridad convocadas por Netanyahu, la oficina del primer ministro ordenó al ejército llevar a cabo ataques contundentes sobre Gaza. La orden se emitió como respuesta a dos eventos: un ataque de miembros de Hamás contra tropas israelíes cerca de Rafah, en el sur del enclave, y la entrega por parte de Hamás de restos humanos que no correspondían a ninguno de los rehenes pendientes de localización. Los datos de las morgues hospitalarias y la Defensa Civil Palestina documentan 91 víctimas mortales en aproximadamente veinticuatro horas.
Los bombardeos del 28-29 de octubre no son episodio aislado sino el punto culminante de un patrón. Al Jazeera contabilizaba hasta el 24 de octubre ochenta violaciones israelíes con un saldo de casi cien palestinos muertos. Los ataques del 29 de octubre prácticamente duplican ese número en una sola jornada.
"Israel sostiene que ejerce «legítima defensa» y Trump valida la versión israelí afirmando que el alto el fuego «no está en riesgo» pese a las cifras de víctimas"
La ausencia de mecanismos de verificación independientes robustos facilita esta dinámica. Aunque Estados Unidos estableció un Centro de Coordinación en Kiryat Gat con vigilancia mediante drones, la interpretación de qué constituye violación legítima del alto el fuego permanece en disputa. Hamás acusa a Israel de usar "pretextos de seguridad" para mantener ocupación y atacar población civil; Israel sostiene que ejerce "legítima defensa" contra amenazas persistentes. Trump valida la versión israelí afirmando que el alto el fuego "no está en riesgo" pese a las cifras de víctimas.
Factores decisivos: Cisjordania y la Knéset
El futuro del acuerdo de Gaza depende tanto de su arquitectura diplomática como de la dinámica política interna israelí, que condiciona su aplicación y alcance real. Benjamín Netanyahu se encuentra atrapado entre presiones contradictorias que explican su ambivalencia entre el cumplimiento formal y la erosión práctica de la tregua.
Por un lado, su dependencia del apoyo estadounidense —militar, financiero y diplomático— le obliga a mantener el alto el fuego para no quebrar con la Administración Trump. La presencia de equipos estadounidenses monitorizando el cumplimiento en territorio israelí constituye un nivel de supervisión sin precedentes desde los Acuerdos de Oslo. Además, el propio Trump ha advertido que una reanudación de la guerra a gran escala pondría en riesgo el respaldo de Washington. Por otro lado, los socios de coalición de Netanyahu situados en la derecha radical —Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir— rechazan cualquier concesión hacia Hamás o la Autoridad Palestina, y amenazan con hacer caer el Gobierno si perciben una "rendición".
Netanyahu responde a este dilema con una estrategia dual: cumplimiento mínimo del acuerdo para satisfacer a Washington, combinado con operaciones militares limitadas que proyectan firmeza ante su base. Los ataques del 29 de octubre encajan en esa lógica: lo bastante contenidos para no romper formalmente la tregua, pero suficientes para reafirmar su liderazgo ante la coalición.
"Netanyahu responde con una estrategia dual: cumplimiento mínimo para satisfacer a Washington y operaciones militares limitadas para proyectar firmeza con sus aliados"
Sin embargo, el déficit estructural del plan es su restricción geográfica. El acuerdo se centra exclusivamente en Gaza, omitiendo deliberadamente Cisjordania, Jerusalén Este y el estatuto final de los territorios palestinos. Esta exclusión permite mantener el consenso interno israelí, pero convierte el plan en un instrumento de gestión del conflicto más que de resolución. La reciente aprobación en la Knéset de proyectos de ley para anexionar asentamientos en Cisjordania, pese a la abstención táctica del Likud, revela la contradicción fundamental del proceso: mientras se busca estabilizar Gaza, se profundiza la ocupación en Cisjordania. La reacción inmediata de Washington, con advertencias de Trump y de su gabinete, subraya la fragilidad del equilibrio. Los datos de UNRWA —47 incidentes violentos y once palestinos muertos desde la tregua— confirman que la "paz" en Gaza se sostiene sobre un conflicto latente que sigue desbordando sus límites geográficos.
La inquietud por el monopolio de la fuerza
Uno de los pilares conceptuales del plan, la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), permanece como promesa incumplida. Tres semanas después del alto el fuego, no se ha desplegado ningún contingente multinacional sobre el terreno en Gaza. La arquitectura actual se limita a aproximadamente doscientos efectivos estadounidenses en la base de Kiryat Gat, oficiales de enlace británicos y alemanes, y equipos egipcios y turcos de búsqueda de restos de rehenes.
La ISF enfrenta obstáculos políticos y operativos insalvables a corto plazo. Ningún país árabe ha comprometido tropas para despliegue en Gaza. Jordania descartó explícitamente cualquier papel más allá del entrenamiento policial. Egipto mantiene una postura similar, apoyando la cooperación logística pero rechazando un despliegue de fuerzas que puedan verse como "gendarmes" contra palestinos.
La propuesta de incluir a Turquía generó una crisis diplomática. Israel vetó la participación turca argumentando que Ankara está "demasiado cerca de Hamás". Este veto revela un problema estructural: Israel ejerce control de facto sobre qué países pueden integrar la ISF, limitando las opciones a actores que Tel Aviv considere "neutrales" o favorables a sus intereses. Pero
precisamente esos países, occidentales o árabes moderados, son los menos dispuestos a asumir riesgos de bajas en Gaza.
Sin ISF operativa, se genera un dilema: o Israel prolonga indefinidamente su presencia militar en el 53% de Gaza alegando un "vacío de seguridad", o ese vacío es ocupado por actores armados no estatales. Ninguna opción es consistente con el plan. La ausencia de ISF también imposibilita verificar el desarme de Hamás, que es la condición israelí para avanzar hacia la Fase II.
"El desarme de Hamás es el principal punto muerto: mientras el plan exige la desmilitarización total de Gaza, Hamás evita aceptarlo explícitamente y propone un gobierno tecnocrático"
Sumado a esto, el desarme de Hamás constituye el principal punto muerto del acuerdo. Mientras el plan exige la desmilitarización total de Gaza, Hamás evita aceptarlo explícitamente y propone un gobierno tecnocrático que preserve su influencia indirecta. Tel Aviv y Washington consideran el desarme "no negociable", pero sin una fuerza internacional que lo verifique, su cumplimiento es inviable. Netanyahu rechaza además que la Autoridad Palestina asuma el control, contradiciendo el propio acuerdo. Así, Israel puede alegar falta de seguridad y Hamás ausencia de horizonte político, bloqueando el avance. Gaza queda atrapada en un limbo sin reconstrucción, gobierno estable ni perspectivas reales de paz.
Anatomía de una tregua frágil
Tras este periodo de prueba de la paz podemos identificar la naturaleza precisa de lo acordado: es una tregua operativa, no un proceso de paz. Las partes han aceptado cesar hostilidades de alta intensidad y ejecutar ciertos intercambios concretos, pero no han resuelto —ni siquiera abordado seriamente— ninguna de las cuestiones de fondo que causaron el conflicto.
La tregua se mantiene porque ningún actor tiene incentivos suficientes para romperla abiertamente en este momento. Israel ha logrado degradar significativamente las capacidades militares de Hamás, ha recuperado rehenes vivos y mantiene el control territorial sobre más de la mitad de Gaza sin costes políticos mayores. Hamás ha conseguido la liberación de prisioneros, el alivio humanitario para la población gazatí y la supervivencia organizativa tras dos años de guerra. Estados Unidos puede exhibir un éxito diplomático de Trump.
No obstante, esta alineación coyuntural de incentivos no constituye una base sólida para la paz duradera. Los ataques del 29 de octubre muestran cómo eventos puntuales pueden desencadenar espirales de violencia que erosionen rápidamente lo acordado. Si el patrón se repite, la tregua técnica puede desintegrarse mediante acumulación de "excepciones" y "respuestas legítimas" hasta que nadie la reconozca como vigente.
"Una Gaza en calma, pero ocupada, sin reconstrucción, sin gobierno efectivo y con una expansión colonial en Cisjordania no es un escenario estable"
El déficit fundamental es la ausencia de horizonte político. Una Gaza en calma, pero ocupada, sin reconstrucción, sin gobierno efectivo y con una expansión colonial en Cisjordania no es un escenario estable. Como advertíamos hace tres semanas, un acuerdo que "exige a Hamás rendición de facto" sin ofrecerle salida política y que "otorga a Israel poder de veto implícito" sobre cada fase, depende de cooperación entre actores con intereses opuestos. Esa cooperación, a la luz de los datos, es limitada y condicionada.
¿Papel mojado o pausa táctica?
El diplomático israelí Abba Eban pronunció en 1973, tras la guerra de Yom Kipur, una frase que se ha convertido en axioma del conflicto: "Los palestinos nunca pierden la oportunidad de perder una oportunidad". La frase se ha usado durante décadas para culpar a la parte palestina de fracasos de paz. Pero el análisis técnico de estas tres semanas sugiere que el axioma admite inversión:
Israel tampoco parece dispuesto a capitalizar oportunidades cuando estas requieren concesiones sustantivas.
La pregunta planteada hace tres semanas —¿nuevo paradigma o papel mojado?— admite hoy una respuesta más matizada: ni lo uno ni lo otro completamente. El plan de Trump no es "papel mojado" en sentido estricto: se ha implementado parcialmente, ha cesado la guerra de alta intensidad, así como ha facilitado dinámicas diplomáticas significativas. Pero tampoco constituye un nuevo paradigma: reproduce limitaciones de acuerdos anteriores (Oslo, Camp David) al eludir cuestiones de fondo y depender de equilibrios políticos domésticos frágiles.
Lo que tenemos es una pausa táctica que podría evolucionar en dos direcciones. Si las partes capitalizan esta pausa para construir confianza, desplegar mecanismos de verificación, iniciar reconstrucción y abrir diálogo sobre el estatuto final, podría transitar hacia paz sostenible. Si, por el contrario, las violaciones se acumulan, la ISF no se despliega, la ayuda humanitaria es insuficiente, Cisjordania sigue deteriorándose y la línea amarilla se consolida como nueva frontera efectiva,
la pausa se agotará y reaparecerán incentivos para la confrontación.
Cabe recordar las palabras del historiador israelí Benny Morris sobre los acuerdos de Oslo: "El problema no fue que el acuerdo fuera malo; fue que nunca se implementó realmente". El alto el fuego de Gaza enfrenta riesgo inverso: se está implementando, pero quizá lo que se implementa no sea la paz sino una nueva forma de gestionar el conflicto. Los 91 muertos del 29 de octubre sugieren que esa distinción no es meramente semántica.