La ley trans vulnera la Constitución al ignorar la discriminación por sexo

En la imagen que acompaña el artículo de Nuria Labari publicado en El País el pasado 26 de abril —titulado Qué es ser tránsfoba o por qué hay mujeres que odian a mujeres—, aparece una manifestante sosteniendo un cartel en el que puede leerse: Feminism is the refusal to define a Woman. La letra "o" de la palabra "Woman" tiene forma de corazón y está decorada con las dos coletas del símbolo clásico de la transexualidad, sugiriendo que las feministas son "mujeres que odian a mujeres". Es decir, feminismo es rechazar la definición de mujer. ¿Cómo luchar contra la violencia y las desigualdades estructurales que nos afectan a las mujeres si no sabemos quiénes son? Pues precisamente esta es la idea central que consagra la Ley 4/2023 o ley trans, porque definir, según las ideas queer que la inspiran, equivale a violentar y excluir, y que lo que cuenta son las percepciones y sentimientos subjetivos. Mujer sería, pues, un sentimiento que puede tener cualquier persona sobre sí misma, independientemente de su sexo.

Así, las mujeres supuestamente odiadoras somos las feministas críticas con la ley, las que esperamos que el Tribunal Constitucional la declare inconstitucional, como paso previo a su total derogación, y se nos tacha de malas personas que negamos el "derecho a ser". Las mujeres supuestamente odiadas, a las que se presenta como nuestras víctimas, son los hombres que dicen que son mujeres y pretenden que todo el ordenamiento jurídico se acomode a esa falsedad, dándoles la razón y censurando a quien no esté de acuerdo.

Un deseo mágico convertido en ley, con consecuencias nefastas suficientemente documentadas, especialmente para los menores (véase, por ejemplo, el Informe sobre el servei Trànsit en Catalunya o el Informe Cass, del Reino Unido). Nótese que de los llamados "hombres trans", mayoritariamente chicas que se hormonan y se amputan los senos huyendo de la hostilidad múltiple que supone hacerse mujeres hoy, solo hablamos las feministas con muchísima preocupación y ni se mencionan en artículos que defienden las leyes trans.

El caso es que las evidencias ya han hecho retroceder a países como Suecia y Finlandia, y más recientemente, por motivos diversos y con gobiernos de signo contrario, Reino Unido y EE. UU. Pero en estas condiciones, ¿qué debate puede haber si los periódicos estatales de mayor tirada nos sitúan como potenciales delincuentes si criticamos la ley, según lo que establece la propia ley trans en su Título III?

"¿Cómo luchar contra la violencia y las desigualdades estructurales que nos afectan a las mujeres si no sabemos quiénes son?"

Recordemos una vez más que la ley trans actualmente vigente consagra tres falacias inauditas en una sociedad democrática basada en la razón y no en la fe. La primera es la "autodeterminación" del propio sexo, esto es, la elección del sexo legal registrado y su reconocimiento a todos los efectos. Es decir, se elimina la categoría objetiva sexo y se sustituye por la noción subjetiva "identidad de género"; la segunda es la llamada despatologización de la disforia de género, por lo que el malestar y el rechazo a los atributos sexuales del propio cuerpo y el deseo de ser del otro sexo no se consideran una percepción alterada de la realidad (que puede tener múltiples causas, como abuso sexual infantil, homosexualidad reprimida o fetichismo autoginéfilo); la tercera es la persecución de la discrepancia, considerada un delito de odio, o "transfobia", objeto de multas y penas de inhabilitación por los profesionales de la psicología, de la medicina y de la educación que no adopten el "modelo afirmativo". Lo que equivale a dar la razón sobre el sexo declarado y facilitar el acceso a hormonas y cirugías para modificar el aspecto del cuerpo.

Haber convertido estas falacias autoritarias en ley y que se presenten como un avance en derechos humanos es bastante incomprensible, pero también es claramente inconstitucional.

El martes 29 de abril, el Tribunal Constitucional debía debatir el recurso contra la ley trans interpuesto por el Partido Popular, solo los partidos pueden hacerlo. Las organizaciones feministas emitimos un comunicado exponiendo las razones de su inconstitucionalidad y reiterando los argumentos inapelables que ya habíamos incluido en nuestros escritos, manifiestos, artículos, informes y alegaciones al anteproyecto y al proyecto de ley trans en 2021 y 2022. Sin éxito, porque la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI se aprobó por amplia mayoría, igual que se han ido aprobando desde 2014 hasta cuarenta y cuatro leyes y protocolos autonómicos y estatales en los ámbitos de la salud, la educación, el deporte, etc. Todo ello ha tenido lugar por las puertas traseras de los parlamentos autonómicos, sin ningún debate público en los medios de comunicación y con gobiernos de todo signo político. Además, la ministra de Igualdad Irene Montero apeló a necesidad de aprobar la ley por la vía de urgencia y así se hizo, sin convocar a la Comisión de Igualdad para escuchar y valorar las evidencias aportadas por personas expertas y posibles afectadas si se aprobaba la ley, después de habernos invitado a comparecer.

"La ley trans es inconstitucional porque sustituye la definición objetiva de sexo por la autoidentificación subjetiva, causando una inseguridad jurídica de primer orden"

Lo saben muy bien todas las magistradas y magistrados del Tribunal: la ley trans es inconstitucional porque entra en flagrante contradicción con el artículo 14 de la Constitución española, que consagra la protección contra la discriminación por razón de sexo, una realidad material, biológica e inmutable de la especie humana presente en cada célula de nuestro cuerpo y que nos hace mujeres u hombres. La ley trans vulnera el principio de jerarquía normativa, supeditando la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres a esta ley, que es de rango inferior. Y la ley trans es inconstitucional porque sustituye la definición objetiva de sexo por la autoidentificación subjetiva, causando una inseguridad jurídica de primer orden. De esta forma, las políticas de igualdad destinadas a corregir las desigualdades estructurales que sufrimos las mujeres en la sociedad, a pesar de la igualdad y la paridad entre mujeres y hombres que establecen las leyes en nuestro país, se convierten en papel mojado.

Los defensores de la ley trans dicen que las "mujeres odiadoras" queremos imponer "privilegios basados en la biología", exactamente lo mismo que defienden las teorías de la machosfera y la extrema derecha, que intentan convencer a los chicos de que las mujeres tenemos más derechos que ellos. Dicen que pretendemos ser mujeres solo nosotras, las "nacidas mujeres", mientras "se lo negamos" a otros. A otros que, lógicamente, son hombres. ¿Desde cuándo la realidad es un privilegio? Y, además, ¿qué privilegios, con más de cien mujeres asesinadas cada año y una violencia sexual en aumento contra niñas y mujeres, con una brecha salarial que no mejora y otras muchas desigualdades materiales y simbólicas que afectan solo a las mujeres? Por el contrario, la ley trans ofrece ventajas a los hombres: asesinos y maltratadores que se declaran mujeres no son contados como perpetradores de violencia machista y pueden cumplir condenas a las cárceles de mujeres, poniéndolas en peligro; se vulneran todos los espacios separados por sexo que protegían a niñas y mujeres: se fulmina el juego limpio en las categorías deportivas femeninas cuando entran a competir hombres que se declaran mujeres. Y así podríamos seguir en todos los ámbitos de la sociedad. 

La ley trans 4/2023, todas las leyes trans, además de ser antifeministas son un peligro para la infancia, induciendo a niñas y niños perfectamente sanos que no encajan en los estereotipos sexistas a creer que han nacido en un cuerpo equivocado y que es necesario modificarlo con tratamientos hormonales irreversibles. Son homófobas, especialmente lesbófobas, porque tachan de transfobia no aceptar a supuestas "lesbianas con pene". Desprotegen a las personas con disforia, porque impide que se las pueda atender adecuadamente. Y es antidemocrática, porque es una auténtica "ley mordaza".

La realidad es que las feministas pedimos respeto por las mujeres y por las criaturas. No podemos seguir diciendo que vivíamos en un Estado de derecho si el Tribunal que debe velar por la norma que lo regula de forma clara e inequívoca conculca nuestros derechos. Sí, las feministas de todo el mundo, que no odiamos a nadie, sino que defendemos la igualdad tanto como la realidad, hemos celebrado la reciente sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido, que ha determinado que el concepto de mujer se basa en el sexo y nada puede alterar su definición, por lo que una "mujer trans" es obviamente un hombre. Es decir, la ficción medicolegal que ya teníamos antes de la ley trans… Pero aquí empezaríamos un nuevo artículo.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha paralizado el debate y la decisión sobre la constitucionalidad de la ley trans, que parece que se aplaza hasta el próximo mes de septiembre. La discrepancia se sitúa dentro del mismo bloque llamado progresista, encabezada por las magistradas feministas, no favorables a la ponencia del magistrado Campo, que defendía la plena constitucionalidad de la ley. Pero no es una cuestión parcial o de algunos artículos: ninguno de sus tres puntos clave —autodeterminación, despatologización y libre acceso a hormonas y cirugías, criminalización de la discrepancia— es aceptable.

"El silencio de los medios de comunicación sobre nuestros argumentos es manifiesto"

No es secundario plantear que el Tribunal Constitucional analice las continuas cancelaciones y boicots que sufrimos quienes investigamos el impacto de las leyes trans y nos oponemos a ellas. El silencio de los medios de comunicación sobre nuestros argumentos es manifiesto. Se cuentan ya por decenas los casos de acoso e intimidación que sufren las entidades públicas y privadas que pretenden organizar debates sobre la ley trans, algunos muy graves. 

Cierro este artículo poco después de recibir la noticia de la enésima cancelación de una charla-debate, esta vez organizada por la Fundación Jara-Barceló en el Centro de Lectura de Reus, que llevaba por título "¿Es necesario que protejamos a nuestros hijos de la ley trans?", que contaba con José Errasti y una madre de la asociación Amanda como ponentes.  La entidad que prestaba la sala ha cedido a las presiones de los grupos transactivistas locales que tachan la charla de transfóbica, amparándose con lo que dice la propia ley ante la discrepancia. 

El secuestro del debate sobre la ley trans está instalado en todas partes, vulnerando nuestros derechos democráticos más elementales. El Tribunal Constitucional debe declarar inconstitucional la ley trans. Hay que acabar con esta pesadilla que nos ha hecho retroceder por primera vez desde el franquismo.