El periodista Víctor Guillot reflexiona sobre las consecuencias políticas y judiciales de la Ley de Amnistía, un año después de su aprobación. En su análisis, advierte sobre la fractura institucional entre gobierno y justicia, y el papel determinante de figuras como Manuel Marchena en la actual polarización democrática en España.

El profesor Jordi Ferrer Beltrán, director del máster de razonamiento probatorio de la Universitat de Girona, analiza en este artículo la controversia generada por la sentencia de apelación del caso Dani Alves. Su conocimiento jurídico aporta una perspectiva crucial sobre la correcta valoración de la prueba en procesos judiciales de esta naturaleza.

Donald Trump ha estrenado su mandato con una orden ejecutiva que niega la ciudadanía estadounidense a ciertos hijos de inmigrantes, desafiando el principio constitucional del 'ius soli'. Pedro Soriano, experto en política estadounidense, explica que su primera gran prueba judicial no ha tardado en llegar: un juez federal conservador ya la ha bloqueado por considerarla "descaradamente inconstitucional".

El día de la toma de posesión de Donald Trump, Pedro Soriano, experto en política americana, repasa los hitos judiciales en el 'interregnum' y lamenta que la erosión del Estado de derecho, que ya comenzó en su primer mandato, continuará con consecuencias imprevisibles para la democracia de EE. UU.

El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional, entre cuyas funciones está la de nombrar a las y los presidentes y miembros de las salas del Tribunal Supremo. El jurista Joaquín Urías destaca esta función del CGPJ como uno de los motivos esenciales para garantizar que vocales judiciales y no judiciales sean elegidos por el Parlamento y garantizar así el pluralismo jurídico y social.

"Ahora toca hacer efectivo el principio de presencia equilibrada expresamente establecido por la ley de paridad en los nombramientos pendientes ante el CGPJ, algunos de tanta relevancia como cuatro de las cinco presidencias de Sala del Tribunal Supremo". Con esta claridad se expresa Argelia Queralt Jiménez, vocal del CGPJ, en su análisis del impacto de la nueva Ley Orgánica de paridad.

Todo parece indicar que Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos: la Casa Blanca, el Congreso y el Senado estarán en manos de los republicanos. Pedro Soriano, uno de los españoles con más conocimiento de la política norteamericana, analiza de urgencia en Agenda Pública qué ha pasado y qué pasará a partir de ahora en EE. UU. y el mundo de confirmarse este escenario.

El magistrado Miguel Pasquau Liaño cambia el foco del proceso abierto al fiscal general del Estado: la novedad es la actuación del Tribunal Supremo. Para él, el problema no ha sido la actuación específica de García Ortiz, sino las posibles consecuencias de que continúe en el cargo una vez comience el proceso: "[su dimisión] fortalecería a la institución que ahora mismo representa, y muchos ciudadanos, incluso aquellos que aprecian un exceso en la imputación, que habría sido perfectamente evitable, se lo agradecerían".

El Tribunal Supremo ha iniciado una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por la presunta filtración de correos confidenciales. La investigación, que cuenta con importantes implicaciones legales y procesales, buscará esclarecer los hechos con las debidas garantías. Juan José Yáñez Pena, letrado de la Administración de Justicia, explica que supone el procedimiento y recuerda que "la condición de investigado no afecta a la presunción de inocencia, ni debe de presuponer la culpabilidad de nadie".

Según la autora del artículo, y vocal del CGPJ, la elección de la magistrada Perelló como presidenta del CGPJ muestra que la estrategia del grupo progresista de apostar por tres candidatas, ha sido exitosa. Han sido dos magistradas con este perfil, Perelló y Ferrer, las que han llegado a la recta final. Además, el perfil propuesto ha convencido al sector conservador que, seguro que también persuadido por otros elementos, ha entregado sus 10 votos a la nueva presidenta.

El debate en España sobre gobierno judicial se basa en intuiciones con una fuerte carga ideológica. Por suerte, la experiencia comparada, así como el conocimiento académico acumulado sobre política judicial, nos puede ayudar a matizar estas intuiciones. De este modo, podríamos reconducir nuestro debate público hacia formas más sosegadas y argumentos más matizados.