El juez conservador que quiere parar los pies a Donald Trump

John C. Coughenour es un juez federal semiretirado que fue nombrado por Ronald Reagan en 1981. Durante sus cuatro décadas como Magistrado, ha sido, como era de esperar dado quien lo nombró, conservador. Por lo tanto, era quizá la mejor piedra de toque posible para tener una primera impresión de cómo iba a recibir la judicatura federal estadounidense, una de las primeras y quizá la más polémica orden ejecutiva dictada por Donald Trump, nada más llegar a la Casa Blanca este lunes 20.

La Orden Ejecutiva Protegiendo el Significado y el Valor de la Ciudadanía Americana, ordena que, a partir del 20 de febrero, ninguna agencia federal reconozca la ciudadanía estadounidense de ninguna persona nacida en el país cuando su madre sea una inmigrante ilegal en el momento del nacimiento o tenga una residencia temporal en el país, y su padre no sea ciudadano estadounidense o residente permanente en esa misma fecha. El principal problema de una orden semejante es que choca de lleno con el texto literal de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, cuyo primer párrafo dice textualmente que: "Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida".

"Hay una elevada posibilidad de que los demandantes tengan éxito sobre el fondo de sus reclamaciones de que la Orden Ejecutiva viola la Decimocuarta Enmienda y la Ley de Inmigración y Nacionalidad"

Aunque el equipo legal de Trump que redactó la Orden Ejecutiva afirma en la misma que "nunca se ha interpretado que la Decimocuarta Enmienda extiende la ciudadanía universalmente a todos los nacidos en los Estados Unidos", lo cierto es que, como indica el juez Coughenour en su orden temporal bloqueando la validez de la dictada por el presidente Trump, "hay una elevada posibilidad de que los demandantes (los Estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregon) tenga éxito sobre el fondo de sus reclamaciones de que la Orden Ejecutiva viola la Decimocuarta Enmienda y la Ley de Inmigración y Nacionalidad". Y a continuación cita diversos precedentes, entre los que destaca "Estados Unidos contra Wong Kim Ark", un caso de 1898.

Wong Kim Ark había nacido en San Francisco en 1873, pero se le había negado la reentrada en Estados Unidos después de un viaje al extranjero, en virtud de la Ley de Exclusión China, una ley que prohibía prácticamente toda la inmigración china y a los inmigrantes chinos convertirse en ciudadanos estadounidenses naturalizados. El Tribunal Supremo falló en su favor, indicando que "un niño nacido en los Estados Unidos, de padres de ascendencia china, quienes, en el momento de su nacimiento, eran súbditos del Emperador de China, pero tenían domicilio y residencia permanentes en los Estados Unidos, realizaban allí negocios y no estaban empleados en ninguna capacidad diplomática u oficial bajo el Emperador de China", automáticamente se había convertido en ciudadano estadounidense al nacer.

Los adversarios de esa decisión llevan argumentando, particularmente desde los años noventa del siglo pasado, que Wong Kim Ark no protege a los hijos de inmigrantes ilegales, pero eso exige hacer caso omiso del contenido de la propia Sentencia, que defendió el concepto de ius soli (esto es, de ciudadanía basada en el lugar de nacimiento), que según el Tribunal incluía como sujetos prácticamente a todos los nacidos en el país (excluyendo únicamente a los nacidos de gobernantes o diplomáticos extranjeros, en barcos públicos extranjeros o nacidos en fuerzas enemigas involucradas en la ocupación hostil del territorio del país). Esta interpretación, mantenida por seis de los ocho miembros del Tribunal en 1898, no ha sido significativamente cuestionada en más de 125 años.

Lo cual, por supuesto, no quiere decir que no pueda serlo en el futuro, y más con un Tribunal Supremo cuya actual mayoría ha demostrado una preocupante deferencia hacia las decisiones y posiciones del recién inaugurado presidente. Pero uno quiere creer que si un juez nombrado por Reagan dice (como dijo el pasado día 23 en la vista preliminar): "He sido juez durante más de cuatro décadas. No recuerdo otro caso en el que la cuestión presentada sea tan clara como esta. Se trata de una orden descaradamente inconstitucional", al menos una mayoría del Tribunal Supremo —incluso de este Tribunal Supremo— compartirá su criterio.

"El comportamiento de los Tribunales federales, y en particular el de los magistrados conservadores nombrados por anteriores presidentes republicanos como Reagan o los Bush, el que marcará la pauta del triunfo o el fracaso de la nueva Administración Trump"

Y, realmente, es el comportamiento de los Tribunales federales, y en particular el de los magistrados conservadores nombrados por anteriores presidentes republicanos como Reagan o los Bush, el que marcará la pauta del triunfo o el fracaso de la nueva Administración Trump. En el ámbito legislativo, y mientras en el Senado los demócratas dispongan de minorías de bloqueo, la capacidad republicana de alterar el statu quo es más limitada. Pero Trump, como se ha visto estos días, no está especialmente interesado en el proceso legislativo, sino en extender al máximo la denominada presidencia imperial, y en ese sentido, las órdenes ejecutivas le permiten pasar por encima del Congreso y el Senado, pero no de los Tribunales, al menos si estos cumplen con sus funciones constitucionales.