Europa puede perder fábricas y la Unión: las regiones ante la batalla industrial

La próxima fractura europea puede empezar con una decisión empresarial tan simple como dónde instalar una fábrica. El territorio elegido gozará de la inversión, que genera más expectativas económicas y le dota de nuevos empleos. Pero para los territorios descartados quizá es otra prueba de que Europa promete prosperidad mientras las oportunidades llegan a otros. La Industrial Accelerator Act, la propuesta de la Comisión Europea para reavivar la industria europea, se juega en esa distancia entre el beneficio colectivo y su distribución territorial. Acelerar la industria importa. Determinar quién participa en esa aceleración será igualmente decisivo para el futuro político de la Unión.

La propuesta presentada por el Ejecutivo europeo en marzo pretende estimular la demanda de productos industriales europeos y bajos en carbono, agilizar autorizaciones y favorecer áreas de aceleración industrial. También plantea condiciones para determinadas inversiones extranjeras. Su ambición responde a la vulnerabilidad de una Europa que necesita conservar capacidades productivas en un entorno de competencia estratégica. Pero una legislación concebida para fortalecer al bloque puede generar conflictos internos si sus beneficios dependen excesivamente del presupuesto y la influencia de cada Estado.

Ahí es donde se incorpora España a la ecuación. Como expuse hace unos meses en otra "Brújula Europea", las renovables ofrecen una oportunidad para modificar la geografía industrial europea, pero las diferencias de capacidad fiscal amenazan con condicionar ese desplazamiento. La energía puede favorecer una localización, mientras que las subvenciones impulsan otra. Y Europa enfrenta un gran riesgo cuando la competencia por atraer inversiones deja de premiar las ventajas productivas para dedicarse a ser una suerte de subasta entre tesoros nacionales. En este caso, estaríamos ante una respuesta europea a la desindustrialización que acabaría financiando una disputa entre europeos.

Una legislación concebida para fortalecer al bloque puede generar conflictos internos si sus beneficios dependen excesivamente del presupuesto y la influencia de cada Estado"

Sin embargo, sería un error pensar que cualquier inversión realizada en el sur es una derrota del norte. La Unión necesita que sus capacidades se complementen. Una nueva instalación puede ampliar la demanda de maquinaria, servicios o componentes producidos en otros países. La pregunta relevante es cuánto valor añade al conjunto y cómo se conectan sus beneficios. Si cada Gobierno mide el éxito exclusivamente por las fábricas situadas dentro de sus fronteras, la autonomía estratégica terminará pareciéndose demasiado al nacionalismo económico.

La semana pasada, en la Jackson School of Global Affairs de Yale, en un seminario al que me invitó el Instituto de Empresa, pude escuchar al profesor de Economía Lorenzo Caliendo. Sus explicaciones me ayudaron a comprender por qué esa amenaza merece atención en el contexto actual de las relaciones transatlánticas. Caliendo sostiene que los aranceles estadounidenses y el acuerdo de comercio transatlántico generan efectos desiguales entre economías y sectores europeos. Sus estimaciones ponen a Alemania entre los países más perjudicados y anticipan retrocesos manufactureros en buena parte de Europa.

¿Y a nivel político? Las consecuencias van mucho más allá de la reducción del volumen en los flujos comerciales. En definitiva, una misma decisión negociada por la Unión puede imponer costes muy diferentes a sus miembros: a unos el acuerdo les puede dar previsibilidad y a otros les agrava sus dificultades industriales. Y dentro de cada país habrá territorios mucho más expuestos que otros. Esa desigualdad no significa que negociar en conjunto sea un error, sino que la política comercial común necesita de nuevos instrumentos, capaces de gestionar estas consecuencias distributivas.

"La desigualdad no significa que negociar en conjunto sea un error, sino que la política comercial común necesita de nuevos instrumentos, capaces de gestionar estas consecuencias distributivas"

De lo contrario, Europa corre el riesgo de recibir dos impactos. Primero, una perturbación exterior que perjudica especialmente a actividades específicas. Después, una respuesta interna que beneficia a quienes disponen de más recursos para protegerse. Y se puede crear un círculo vicioso porque el segundo puede amplificar el primero. Una región industrial golpeada por los aranceles y situada en un Estado con poco margen presupuestario competiría en desventaja tanto frente a Estados Unidos como frente a otras regiones europeas. Aquí el mercado único perdería credibilidad precisamente cuando más necesita demostrar su utilidad.

Caliendo aporta una advertencia que sirve para Estados Unidos y para la Unión Europea: recuperar producción no garantiza reparar las comunidades que perdieron empleos. Por ejemplo, una fábrica nueva puede instalarse lejos de ese territorio que se ha quedado atrás, utilizar otras cualificaciones y contratar muchos menos trabajadores. La política industrial debe ser capaz de distinguir entre aumentar capacidad productiva y ofrecer oportunidades a personas concretas. Ambas metas pueden reforzarse, pero no van a llegar a coincidir si no se trabaja en ello. Confundirlas llevará a que, mientras se anuncian victorias macroeconómicas, haya regiones que siguen acumulando frustración con un aumento de desconfianza hacia quienes les prometieron su recuperación económica.

Es por eso que quisimos explorar la dimensión regional en el encuentro organizado por Agenda Pública en Bruselas. En nuestro microespacio, el consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, insistió en pasar del diagnóstico a la ejecución; el secretario de Empresa y Competitividad del mismo departamento, Jaume Baró, conectó la estrategia industrial catalana con su despliegue territorial. En nuestro intercambio coincidimos al apuntar una carencia: las regiones, que son las que conocen capacidades y obstáculos, pueden quedar fuera de una negociación articulada exclusivamente entre capitales.



Ese conocimiento debe tener consecuencias presupuestarias. Cada uno de los proyectos estratégicos que se pongan sobre la mesa debería explicar tanto quiénes serán sus proveedores como la forma en que las pequeñas empresas accederán a sus oportunidades. Evaluarlo solo por la inversión anunciada podría favorecer operaciones vistosas cuyo arraigo puede resultar limitado. En cambio, si se añade un examen de las capacidades que deja, se podrá distinguir entre atraer una instalación y construir una base productiva duradera. Europa debería financiar especialmente aquello que hace posible la siguiente inversión, además de celebrar la primera.

Para ello es necesaria más que nunca una financiación común con criterios transparentes. Si la resiliencia industrial se considera un bien europeo, su sostenimiento no puede descansar únicamente en las posibilidades de cada hacienda nacional. La contribución comunitaria debería valorar las conexiones transfronterizas, las dependencias que se reducen y los costes de adaptación territoriales. También debería exigir resultados verificables. Compartir recursos no significa garantizar indefinidamente cualquier actividad: significa evitar que la selección de proyectos dependa principalmente de qué Gobierno puede ofrecer el cheque mayor.

"Compartir recursos no significa garantizar indefinidamente cualquier actividad: significa evitar que la selección de proyectos dependa principalmente de qué Gobierno puede ofrecer el cheque mayor"

Además, la participación regional requiere responsabilidades claras. Incorporar administraciones no debería multiplicar ventanillas ni conceder nuevos vetos. Debería permitir acordar desde el comienzo quién resuelve cada obstáculo, con qué recursos y dentro de qué plazo. Una zona de aceleración tendrá poco valor si la autorización avanza mientras siguen pendientes cuestiones esenciales para operar. El compromiso institucional debe cubrir el recorrido completo del proyecto y hacer visible dónde se atasca, para que acelerar tenga un significado comprobable.

También conviene evitar que cada territorio reclame su propia versión de todos los sectores estratégicos. La especialización exige elegir y cooperar, incluso cuando resulta electoralmente menos atractivo que anunciar otra gran fábrica. Los incentivos europeos deberían recompensar proyectos compartidos entre regiones y penalizar duplicaciones injustificadas. Si dos territorios pueden desarrollar conjuntamente una capacidad, subvencionar su competencia por reproducirla sería un uso pobre del dinero público. La cohesión no consiste en prometer idénticas actividades, sino oportunidades viables y conexiones útiles.

Para España, esta perspectiva exige una estrategia basada en que las nuevas ventajas productivas amplíen la capacidad europea y que las reglas impidan neutralizarlas mediante ayudas nacionales desproporcionadas. También le interesa una transición viable para los socios perjudicados. Una Unión atrapada en disputas distributivas tendría más dificultades para sostener políticas comunes. Ganar posiciones industriales mientras se debilita el marco que permite comerciar e invertir juntos sería una victoria incompleta.

"Ganar posiciones industriales mientras se debilita el marco que permite comerciar e invertir juntos sería una victoria incompleta"

Por todo ello, el éxito de la Industrial Accelerator Act no debería medirse únicamente por fábricas inauguradas. Hay que mirar a su capacidad para evitar que cada reconversión se convierta en un conflicto entre socios. Los aranceles pueden dañar la industria europea; una respuesta mal diseñada puede dañar la propia integración. Dar a las regiones medios, responsabilidades y participación sería una manera concreta de proteger ambas.