Manuel de la Rocha reivindica una política industrial activa para reforzar la competitividad y la soberanía económica

La idea de que la mejor política industrial es aquella que no existe ha quedado superada por una realidad internacional en la que las guerras, las disrupciones en las cadenas de suministro y la utilización de los aranceles como instrumento de presión geopolítica han situado la capacidad productiva en el centro de las prioridades estratégicas. Así lo defiende en el Simposio de Reindustrialización Manuel de la Rocha, quien explicó que, aunque la reindustrialización ha constituido una apuesta de país para el Gobierno de Pedro Sánchez desde sus inicios, la transformación del escenario global ha exigido adaptar sus instrumentos y avanzar hacia una política industrial más activa.

Con una amplia trayectoria internacional y vinculado al proyecto de Sánchez desde sus comienzos, De la Rocha situó esta evolución en la necesidad de reforzar la seguridad económica y la soberanía estratégica, especialmente ante los riesgos que supone depender de terceros países para acceder a suministros críticos. Una preocupación que, desde su perspectiva, debe acompañarse de una política capaz de transformar el tejido productivo español, extendiendo la actividad industrial hacia nuevos territorios y aprovechando las oportunidades abiertas por la transición energética y tecnológica para generar empleo de calidad.

Las cinco palancas de la estrategia industrial del Gobierno

Al repasar las principales actuaciones desarrolladas por el Ejecutivo, De la Rocha identificó cinco grandes palancas que han guiado su política industrial, comenzando por la transformación energética, a la que atribuyó buena parte de la mejora de la posición competitiva española. El despliegue de las renovables, cuya participación en la generación eléctrica situó cerca del 60%, ha contribuido a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y a mejorar los precios relativos de la energía respecto a economías como Alemania o Francia, una ventaja que consideró especialmente relevante para atraer nuevas inversiones industriales.

"El despliegue de las renovables, cuya participación en la generación eléctrica situó cerca del 60%, ha contribuido a reducir la dependencia de los combustibles fósiles"

La colaboración público-privada constituye otro de los pilares de esta estrategia, cuyo desarrollo ha estado estrechamente vinculado al aprovechamiento de los fondos europeos Next Generation. De la Rocha destacó particularmente los doce Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), mediante los cuales se ha canalizado inversión hacia actividades consideradas estratégicas, desde los semiconductores hasta la economía circular, con especial atención al vehículo eléctrico.

En paralelo, el Gobierno ha desarrollado nuevos instrumentos públicos de inversión, entre los que mencionó la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), el Fondo de Coinversión (FOCO) y el Fondo España Crece, concebidos para facilitar la financiación de proyectos estratégicos. En este mismo marco situó la toma de posiciones públicas en compañías como Telefónica e Indra, que justificó por la necesidad de proteger activos empresariales esenciales para la autonomía económica y tecnológica del país.

La tercera palanca, centrada en la innovación, se ha traducido en un incremento del esfuerzo inversor en investigación y desarrollo, que De la Rocha cifró en unos 26.000 millones de euros anuales y cuya capacidad para movilizar recursos privados consideró fundamental. Este impulso ha permitido poner en marcha nuevos programas de apoyo tecnológico, acompañados de reformas normativas como la Ley de la Ciencia, con las que el Ejecutivo pretende consolidar un entorno más favorable al desarrollo de capacidades innovadoras.

La formación y la retención de talento ocuparon igualmente un lugar destacado en su intervención, especialmente por la importancia que atribuyó a la reforma de la formación profesional para responder a las necesidades de la industria. En este ámbito, puso en valor la creación de 400.000 nuevas plazas, la extensión de la FP dual y la puesta en marcha de centros de excelencia, iniciativas con las que se busca acercar el sistema educativo a la realidad del tejido productivo y mejorar las oportunidades de inserción laboral.

Como quinta palanca, De la Rocha señaló la seguridad y la defensa, un ámbito en el que el Gobierno ha tratado de convertir sus compromisos internacionales en una oportunidad para fortalecer la industria nacional. El incremento del gasto en defensa hasta el 2% del PIB ha venido acompañado, según explicó, de un plan tecnológico e industrial diseñado conjuntamente desde las áreas de Defensa e Industria, que contempla el impulso de empresas tractoras capaces de movilizar al conjunto de sus cadenas de valor y favorecer la generación de empleo cualificado.

"El Gobierno ha tratado de convertir sus compromisos internacionales en una oportunidad para fortalecer la industria nacional"

A estas actuaciones añadió las reformas de carácter transversal que han acompañado la estrategia industrial, entre ellas la legislación laboral, la Ley de Startups y las modificaciones del marco concursal, cuyo objetivo es facilitar la actividad empresarial y mejorar las condiciones para la inversión. Como muestra de los resultados obtenidos, destacó el atractivo que España ha adquirido para los inversores internacionales, situándose, según las cifras que expuso, como el segundo país de la Unión Europea en proyectos greenfield, correspondientes a inversiones de nueva planta.
 

La respuesta europea a la pérdida de competitividad

El diagnóstico sobre la industria española dio paso a una reflexión sobre las dificultades que atraviesa la economía europea y los obstáculos que siguen condicionando la aplicación de las recomendaciones recogidas en los informes Draghi y Letta. De la Rocha reconoció que numerosas empresas se enfrentan a una situación especialmente compleja, agravada por el encarecimiento de la energía derivado de los conflictos internacionales y las alteraciones del suministro asociadas a la guerra en Irán y al cierre del estrecho de Ormuz.

Aunque consideró que España dispone de una posición relativamente más favorable gracias a su estructura energética, defendió la conveniencia de mantener medidas de apoyo que permitan amortiguar el impacto de los costes sobre la actividad industrial, incluyendo la extensión de las exenciones de peajes y determinadas reducciones de la fiscalidad energética.

Más allá de las dificultades inmediatas, situó el principal desafío europeo en la pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y China, cuya corrección exige profundizar en la integración económica de la Unión. En este sentido, defendió el refuerzo del mercado interior para que las empresas puedan aprovechar economías de escala, mediante una mayor armonización normativa y procedimientos administrativos más sencillos, distinguiendo expresamente este objetivo de una agenda de desregulación.

"Más allá de las dificultades inmediatas, situó el principal desafío europeo en la pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y China, cuya corrección exige profundizar en la integración económica de la Unión"

La integración de los mercados de capitales constituye, a su juicio, otra de las reformas imprescindibles, dado que la fragmentación financiera europea sigue dificultando que las empresas encuentren financiación suficiente dentro de la Unión y favorece que una parte de las inversiones termine desplazándose hacia otros mercados. De la Rocha apostó por avanzar hacia un entorno financiero más líquido y accesible, en el que iniciativas como Finance Europe y el desarrollo de instrumentos comunes de deuda contribuyan a canalizar el ahorro europeo hacia proyectos productivos.

La disponibilidad de financiación comunitaria será igualmente determinante para sostener la apuesta tecnológica e industrial, especialmente en un momento en el que las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual presentan importantes dificultades. En este contexto, reivindicó la creación del Fondo Europeo de Competitividad como un instrumento esencial para movilizar inversiones y reducir la brecha tecnológica con las principales economías internacionales.

La política comercial también deberá adquirir un papel más relevante en la protección de las capacidades productivas europeas, particularmente en sectores sometidos a una intensa competencia exterior, como el acero y la automoción. De la Rocha defendió una utilización más ágil de los instrumentos de salvaguardia y de las cuotas comerciales, junto con mecanismos como el CBAM, cuya aplicación considera necesaria para evitar que las diferencias en las exigencias climáticas se traduzcan en desventajas competitivas para los productores europeos.

En cuanto a las relaciones con China, abogó por una estrategia que permita corregir las asimetrías comerciales y reducir la dependencia de proveedores únicos, preservando al mismo tiempo los espacios de negociación y cooperación económica. Este planteamiento enlaza con la propuesta europea de la Industrial Accelerator Act, que identificó como una oportunidad para articular una política industrial común en la que los criterios Made in Europe y las condiciones asociadas a la inversión contribuyan a fortalecer la producción europea, manteniendo los objetivos de sostenibilidad del Pacto Verde como parte de la estrategia de competitividad.
 

El 29N y el futuro de la reindustrialización española

Ante la cita electoral del 29 de noviembre, el secretario de Estado defendió que la continuidad de la política industrial constituye una de las principales cuestiones en juego, en la medida en que las decisiones adoptadas durante los próximos años condicionarán la capacidad española para aprovechar las oportunidades de la transformación económica europea.

Desde su perspectiva, la estrategia del Gobierno, basada en el impulso de una industria limpia y competitiva que refuerce la soberanía económica, contrasta con otros planteamientos que conceden mayor protagonismo a la desregulación o a la reducción de los costes laborales, y que mantienen una mayor vinculación con las energías fósiles. Una diferencia que situó en el marco de un debate más amplio sobre el futuro del modelo económico europeo, cuya preservación depende, a su juicio, de la capacidad para proteger el tejido productivo en un escenario internacional cada vez más fragmentado.

"La estrategia del Gobierno contrasta con otros planteamientos que conceden mayor protagonismo a la desregulación"

De la Rocha se mostró convencido de que España parte de una posición favorable para desempeñar un papel relevante en esta nueva etapa de reindustrialización, gracias a la disponibilidad de energía renovable y a unas capacidades tecnológicas y humanas que, unidas al desarrollo de infraestructuras avanzadas, han reforzado su atractivo como destino inversor.

"Creo que España tiene activos esenciales que no todos los países tienen", afirmó, convencido de que aprovechar esas ventajas requiere mantener una apuesta industrial sostenida en el tiempo que permita al país asumir un papel protagonista en la transformación de la economía europea.