La entrada de decenas de miles de personas en Ceuta coincidió con incursiones de buques militares marroquíes en aguas españolas. La simultaneidad invita a pensar en
una operación híbrida: una combinación de presión migratoria y demostración militar que habría puesto a prueba la respuesta española sin llegar a provocar un enfrentamiento abierto.
Sin embargo, esa interpretación da por hecho que
el Estado marroquí actuó como una maquinaria coordinada, que todas sus instituciones respondieron a una misma voluntad y que los sucesos fueron parte de una estrategia diseñada desde la cúspide del poder. Quizá esa lectura diga más sobre nuestra forma de interpretar Marruecos que sobre el funcionamiento real de su régimen.
Una crisis cinco veces mayor que la de 2021
La comparación con
mayo de 2021 es inevitable. Entonces,
entre 8.000 y 10.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta en plena crisis diplomática por la acogida en España de Brahim Gali, líder del Frente Polisario. Había una disputa abierta entre ambos países y una secuencia de acontecimientos que permitía interpretar la presión migratoria como una forma de coerción.
Cinco años después, la magnitud habría sido muy distinta.
Las estimaciones iniciales de julio de 2026 situaron entre 50.000 y 60.000 el número de personas que entraron en Ceuta. Algunas informaciones posteriores han manejado cifras superiores, todavía pendientes de verificación y condicionadas por diferencias metodológicas. En cualquier caso,
se trataría de una crisis varias veces mayor que la de 2021.
También había cambiado el contexto bilateral. España había modificado en 2022 su posición sobre el
Sáhara Occidental y, desde entonces,
Marruecos y España habían reconstruido sus relaciones. Ambos países cooperan en materia migratoria y comparten la organización del Mundial de fútbol de 2030 con Portugal. Para Rabat,
el torneo es una apuesta de largo recorrido y una oportunidad para reforzar su proyección internacional.
¿Qué pretendía conseguir Marruecos con una crisis de una escala muy superior a la de 2021? Si el objetivo era presionar a España, habría que explicar por qué Rabat asumió un riesgo tan alto precisamente cuando tenía intereses importantes en mantener la cooperación con Madrid.
La paradoja de Infantino
Hay un detalle que merece atención:
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se encontraba en Marruecos para las celebraciones de la Fiesta del Trono cuando se produjo la crisis. La visita coincidía con un momento relevante para la diplomacia deportiva del país. El Mundial de 2030, organizado conjuntamente con España y Portugal, representa una de las grandes apuestas internacionales de Mohamed VI.
Marruecos aspira a albergar la final y ha convertido el fútbol en una herramienta de proyección y prestigio.
"Si el objetivo era presionar a España, habría que explicar por qué Rabat asumió un riesgo tan alto precisamente"
Mientras la monarquía trataba de ofrecer una imagen de estabilidad ante uno de sus invitados más destacados,
las imágenes de miles de ciudadanos intentando llegar a Ceuta transmitían lo contrario. ¿Qué podía ganar Marruecos al provocar una crisis que dañaba esa imagen y complicaba las relaciones con un socio necesario para organizar el Mundial?
Los Estados pueden aceptar costes reputacionales cuando esperan obtener a cambio un beneficio estratégico. Pero
esa explicación necesita identificar cuál era el beneficio y por qué justificaba asumir semejante riesgo. La hipótesis de una operación deliberada no queda descartada; simplemente, no es la única que permite interpretar lo sucedido.
Cuando las multitudes escapan al control
Los sistemas políticos con una fuerte concentración de autoridad suelen
invertir recursos en vigilar el espacio público y prevenir movilizaciones que puedan desbordar a las fuerzas de seguridad. Mantener el orden no es solo una cuestión policial: también demuestra que el Estado conserva la capacidad de ejercer su autoridad.
"La hipótesis de una operación deliberada no queda descartada; simplemente, no es la única que permite interpretar lo sucedido"
Desde esa perspectiva, la marcha de decenas de miles de personas hacia Ceuta plantea una contradicción. Una cosa es que
un Gobierno relaje temporalmente los controles fronterizos para ejercer presión sobre un vecino. Otra, distinta, es permitir que una multitud de dimensiones extraordinarias se movilice de manera aparentemente descontrolada, con consecuencias imprevisibles y ante la mirada de los medios internacionales.
En el primer caso,
el Estado emplea la movilidad de las personas como instrumento de presión. En el segundo, corre el riesgo de que esa movilidad exponga sus propios límites. La coincidencia con la Fiesta del Trono hizo más visible esa tensión. Mientras Mohamed VI recibía a Infantino y Marruecos trataba de proyectar estabilidad, miles de ciudadanos se dirigían a una frontera que el Estado debía controlar.
Las imágenes no transmitían únicamente la frustración de quienes querían abandonar el país. También podían
suscitar dudas sobre la capacidad de las instituciones marroquíes para anticipar y gestionar una movilización de esa magnitud. Para un sistema que basa buena parte de su autoridad en preservar el orden, la escena podía resultar especialmente perjudicial.
"Mientras Mohamed VI recibía a Infantino y Marruecos trataba de proyectar estabilidad, miles de ciudadanos se dirigían a una frontera que el Estado debía controlar"
Los regímenes autoritarios también pueden organizar movilizaciones masivas cuando consideran que sirven a sus intereses. Por eso conviene
distinguir entre una multitud dirigida y contenida por el Estado y otra cuya evolución termina escapando a su control. En el caso de Ceuta, seguimos sin saber quién permitió que tantas personas llegaran hasta la frontera ni qué capacidad había para detenerlas. Tampoco está claro si el desenlace respondió a lo previsto por quienes tomaron las decisiones.
La concentración de poder no garantiza el control absoluto. Un Estado puede parecer muy poderoso desde fuera y, al mismo tiempo, encontrar dificultades para gobernar las dinámicas sociales que se desarrollan dentro de sus propias fronteras.
El problema de quién manda realmente
Marruecos no es una democracia parlamentaria en la que las decisiones fundamentales sobre seguridad nacional dependan exclusivamente de un Gobierno sometido al control de una mayoría legislativa.
La monarquía conserva un papel central en la arquitectura del Estado, en especial en los ámbitos militar, diplomático y de inteligencia.
"Un Estado puede parecer muy poderoso desde fuera y, al mismo tiempo, encontrar dificultades para gobernar las dinámicas sociales que se desarrollan dentro de sus propias fronteras"
Sin embargo,
la concentración de autoridad no significa coordinación perfecta. Los aparatos de seguridad tienen estructuras jerárquicas, intereses institucionales y márgenes de actuación propios. En sistemas políticos fuertemente personalizados,
la competencia por la proximidad al centro del poder puede influir en las decisiones. Si además hay incertidumbre sobre la continuidad del liderazgo, esas dinámicas pueden ganar peso.
Por eso merece atención la cuestión sucesoria.
La estabilidad de un régimen depende también de las expectativas que sus élites tienen sobre el futuro. La sucesión de Mohamed VI no parece inminente, pero la preparación de una futura transición dinástica plantea preguntas sobre las relaciones entre el Palacio, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia.
En ese contexto, hay una cuestión que suele quedar fuera del debate español:
¿quién tomó cada decisión y hasta dónde llegaba su autoridad?
Las fragatas son otra historia
El episodio naval exige un análisis separado.
El presidente Pedro Sánchez confirmó la entrada de buques militares marroquíes en aguas españolas. Según las informaciones publicadas, al menos una fragata y varias patrulleras penetraron sin autorización en aguas de Ceuta, lo que provocó una respuesta de la Armada española.
Un buque de guerra opera dentro de una cadena de mando.
Sus movimientos pueden reconstruirse mediante registros, comunicaciones y órdenes operativas. La información pública disponible no permite saber qué instrucciones recibieron los comandantes ni quién autorizó las incursiones. Tampoco aclara si los movimientos navales guardaban relación con la llegada de migrantes o si respondían a otra lógica operativa.
La doctrina de la guerra híbrida ayuda a analizar cómo pueden combinarse instrumentos militares y no militares. Pero
no debería convertirse en una explicación automática de cualquier coincidencia. Para hablar de una operación híbrida hacen falta indicios de coordinación, una finalidad estratégica identificable y alguna forma de dirección común. Sin ellos,
existe el riesgo de construir retrospectivamente una estrategia a partir de hechos que pudieron tener orígenes distintos.
El dilema de Sánchez
Pedro Sánchez defendió la gestión de la crisis mediante la interlocución con Marruecos, mientras la Armada actuaba para proteger las aguas españolas.
La combinación de comunicación y disuasión busca transmitir determinación sin cerrar la posibilidad de una salida diplomática.
"Para hablar de una operación híbrida hacen falta indicios de coordinación, una finalidad estratégica identificable y alguna forma de dirección común"
La firmeza no exige hacer públicos todos los detalles de una confrontación. Si España acusara a Marruecos de haber organizado una agresión coordinada,
aumentaría la presión política para adoptar represalias. Si Rabat entendiera que su prestigio está en juego, podría responder de una manera que agravase el enfrentamiento.
Eso no significa que el Gobierno español deba ocultar indefinidamente lo sucedido.
La rendición de cuentas democrática exige explicar las vulneraciones de soberanía y las medidas adoptadas. También habría sido relevante convocar al principal partido de la oposición para informarle de la situación.
Hay, sin embargo, una diferencia entre explicar la respuesta militar y atribuir públicamente una intención estratégica.
La atribución pública de una intención estratégica exige pruebas mucho más sólidas.
Una doctrina para España
Durante demasiado tiempo, el debate español ha oscilado entre dos imágenes simplificadoras. Una presenta a
Marruecos como un socio imprescindible cuya cooperación debe preservarse casi a cualquier precio; la otra, como
un adversario que utiliza sistemáticamente todos sus instrumentos contra España.
Ninguna de las dos basta para comprender un sistema político complejo.
Marruecos mantiene intereses económicos compartidos con España, pero también disputas territoriales. La interdependencia migratoria convive con una estructura de poder cuya evolución afecta directamente a la seguridad española.
España necesita defender su soberanía y atribuir las responsabilidades con información contrastada. Para hacerlo bien, debe comprender mejor cómo se toman las decisiones en Marruecos. Eso supone
conocer las relaciones entre las instituciones y los incentivos de quienes las dirigen, sin presuponer que todas actúan bajo una única voluntad.
"España necesita defender su soberanía y atribuir las responsabilidades con información contrastada. Para hacerlo bien, debe comprender mejor cómo se toman las decisiones en Marruecos"
También hace falta
una coordinación más estrecha entre inteligencia, diplomacia y defensa. Una crisis migratoria no puede analizarse solo como un problema fronterizo; una incursión naval tampoco se entiende únicamente como un incidente militar.
La pregunta que todavía no hemos respondido
El problema de Ceuta es que
España todavía no ha expuesto públicamente una explicación convincente de lo ocurrido. La hipótesis de una operación coordinada contra el país sigue siendo posible, pero la diferencia de escala respecto a 2021, la visita de Infantino y el coste que la crisis podía tener para Marruecos
aconsejan contemplar otras opciones.
Quizá Rabat quiso presionar a España y calculó mal las consecuencias. También es posible que
algunos sectores del aparato estatal actuaran con una autonomía que desconocemos, o que la crisis migratoria coincidiera con decisiones navales que respondían a otra lógica.
No hay elementos suficientes para elegir entre esas explicaciones. España necesita averiguar
quién tomó las decisiones y si la movilización y los movimientos navales formaron parte de una misma estrategia. Atribuir a Marruecos un control que quizá no ejerció puede llevar a una respuesta equivocada; descartar una operación deliberada sin investigarla, también.
La pregunta que queda abierta es si
Ceuta fue una demostración del poder de Marruecos sobre España o si dejó al descubierto los límites del control marroquí sobre su propia sociedad. Esa distinción importa antes de dar por cerrada la interpretación de la crisis.