La política industrial de Vox: simplificación administrativa, nueva política fiscal y reciprocidad comercial

¿Puede Europa seguir siendo Europa sin industria? Para José María Figaredo, secretario general del Grupo Parlamentario Vox, no. Lo defendió en una sesión especial en movimiento del Simposio de Reindustrialización, impulsado por beBartlet con Agenda Pública como media partner. En un contexto marcado por la brecha de inversión europea respecto a Estados Unidos y China, diagnosticada en el informe Draghi, Figaredo defendió la necesidad de recuperar una política industrial que, a su juicio, ha quedado relegada durante las últimas cuatro décadas. 

El dirigente de Vox vinculó la pérdida progresiva de capacidad productiva con unas decisiones políticas que han priorizado otros objetivos sobre la competitividad y reivindicó el papel de la industria como fundamento del bienestar europeo. "Si la industria desaparece, Europa desaparece", advirtió.

Recuperar la industria exige revisar la regulación

Para Figaredo, "toda la industria es fundamental y necesaria", una consideración que debería trasladarse tanto a las decisiones regulatorias como al discurso público. A modo de ejemplo, recurrió al uso generalizado del plástico en los hospitales para ilustrar las contradicciones que surgen cuando se cuestionan determinados materiales industriales sin tener en cuenta su importancia para el funcionamiento de otros sectores. De ahí que identificara dos ámbitos de actuación complementarios, el normativo y el del relato, en los que considera necesario recuperar una visión favorable a la actividad industrial.

"El dirigente de Vox vinculó la pérdida progresiva de capacidad productiva con unas decisiones políticas que han priorizado otros objetivos sobre la competitividad"

La simplificación administrativa ocupó buena parte de su intervención. Figaredo planteó avanzar hacia una mayor homogeneidad regulatoria entre comunidades autónomas, tomando como referencia las disposiciones que hayan demostrado mejores resultados en cada territorio y extendiendo experiencias de armonización ya aplicadas en sectores como el fotovoltaico.

Asimismo, distinguió entre simplificación y desregulación, dos conceptos que, aunque relacionados, no considera equivalentes y que forman parte de las prioridades de Vox. Su planteamiento pasa por revisar las exigencias administrativas que condicionan la actividad empresarial y favorecer regulaciones de carácter horizontal, evitando la proliferación de disposiciones específicas para cada tecnología o sector.
 

Las redes eléctricas, prioridad de la política energética

La energía constituye, en opinión de Figaredo, uno de los principales condicionantes de la reindustrialización española. Situó el desarrollo de las redes eléctricas entre las prioridades energéticas de Vox, al considerar que las limitaciones de acceso y conexión están impidiendo aprovechar tanto la capacidad de generación disponible como nuevas oportunidades de inversión industrial.

Durante el intercambio con los representantes empresariales, cuestionó la falta de coordinación entre las necesidades de consumo y el desarrollo de las infraestructuras, que provoca retrasos en la puesta en marcha de proyectos y dificulta el aprovechamiento de la electricidad generada. En particular, defendió facilitar las redes cerradas de distribución y los esquemas de suministro vinculados a polígonos industriales, de manera que puedan conectarse más directamente las instalaciones de generación con los consumidores.

"La energía constituye, en opinión de Figaredo, uno de los principales condicionantes de la reindustrialización española"

La lentitud administrativa fue otra de sus principales críticas. Figaredo consideró anacrónico que determinadas autorizaciones puedan demorarse hasta cinco años y reclamó una revisión del sistema de planificación y concesión de permisos, con procedimientos más adaptados a las necesidades de cada proyecto. "Los planes quinquenales ya no funcionan", afirmó al cuestionar la capacidad de respuesta del actual modelo.

Esta visión se extiende a la composición del sistema energético. Aunque reconoció las oportunidades de tecnologías como el hidrógeno, el biometano o los biocombustibles, sostuvo que su desarrollo debe responder a criterios de viabilidad industrial y contribuir a reforzar las cadenas de valor nacionales. En el caso del hidrógeno, defendió que su impulso tendría sentido si España consigue desarrollar una parte sustancial de la cadena de valor, evitando generar nuevas dependencias exteriores.

La descarbonización, explicó, no constituye para Vox un objetivo en sí mismo, sino que debe estar subordinada a sus beneficios industriales y económicos. Bajo esta premisa, defendió aprovechar las capacidades energéticas existentes, mantener la energía nuclear y recuperar el debate sobre la planificación hidrológica, así como explorar las posibilidades de explotación de recursos energéticos nacionales actualmente restringidas por la legislación climática.

"La descarbonización, explicó, no constituye para Vox un objetivo en sí mismo, sino que debe estar subordinada a sus beneficios industriales y económicos"

En materia de almacenamiento, apostó por aprovechar el potencial hidráulico, sin excluir otras tecnologías, y mostró preferencia por mecanismos basados en el arbitraje de precios frente a sistemas de retribución que garanticen pagos por capacidad. También advirtió de la necesidad de preservar el desarrollo de una cadena de valor europea en este ámbito ante el avance de la tecnología china.

Competitividad europea y reciprocidad comercial

La competencia internacional, especialmente en el sector de la automoción, permitió profundizar en las consecuencias industriales de la regulación europea. Figaredo cuestionó el rumbo seguido en materia de electrificación del automóvil, que, según su diagnóstico, ha situado a los fabricantes europeos en una posición de creciente vulnerabilidad frente a los competidores chinos.

Aunque reconoció las dificultades de revertir decisiones que ya han movilizado inversiones millonarias, defendió revisar el marco regulatorio que ha impulsado esta transformación y mantener las capacidades productivas vinculadas a los motores de combustión mientras exista demanda. También reclamó mayores condiciones de reciprocidad comercial con China, al considerar que las empresas europeas afrontan barreras de acceso a aquel mercado que no encuentran una correspondencia equivalente en Europa.

La respuesta, desde su perspectiva, debería orientarse hacia la reducción de los costes regulatorios y fiscales, el fortalecimiento de las capacidades industriales existentes y una mayor libertad para que las empresas determinen sus decisiones tecnológicas.

"Figaredo mostró preferencia por mecanismos basados en el arbitraje de precios frente a sistemas de retribución que garanticen pagos por capacidad"

En esta misma línea, se mostró crítico con el régimen europeo de comercio de derechos de emisión de CO₂ y los mecanismos de ajuste de emisiones en frontera, que considera fuentes adicionales de distorsión del mercado. Aunque aseguró que cualquier modificación se abordaría respetando los procedimientos legales, defendió reorientar progresivamente una legislación que, a su juicio, no está respondiendo a las necesidades reales de la industria.
 

Incentivos fiscales y soberanía tecnológica

El impulso de la innovación y las nuevas actividades industriales completó las propuestas expuestas durante la sesión. Figaredo defendió una reforma ambiciosa de los incentivos fiscales que permita atraer inversión y favorecer el desarrollo tecnológico en España, apostando por mecanismos generales que ofrezcan estabilidad a las empresas.

Entre las medidas planteadas destacó la creación de un vehículo societario con amplias exenciones fiscales, concebido para canalizar iniciativas de I+D+i, empresas familiares y proyectos sin ánimo de lucro. Según explicó, este modelo permitiría aplicar beneficios fiscales a los rendimientos derivados de patentes y determinadas actividades productivas, además de facilitar la transmisión de créditos fiscales y reducir las cargas administrativas.

El dirigente identificó la industria tecnológica como uno de los ámbitos con mayor potencial de crecimiento y señaló específicamente las oportunidades asociadas a los centros de datos, especialmente cuando su implantación esté vinculada a actividades de investigación. Para favorecer su desarrollo, insistió en la importancia de contar con una regulación estable que facilite la inversión y permita el crecimiento de nuevas capacidades industriales. Finalmente, vinculó estas propuestas con el principio de prioridad nacional que defiende Vox, planteando utilizar instrumentos como la contratación pública para favorecer el mantenimiento y desarrollo de capacidad productiva en España.