Guillermo Mariscal sitúa la gestión de la red eléctrica y la simplificación administrativa entre las prioridades industriales del PP

La recuperación de una política industrial capaz de responder a las necesidades de las empresas exige, para Guillermo Mariscal, reconstruir primero la credibilidad de la acción política. Durante su participación en el Simposio de Reindustrialización, impulsado por beBartlet con Agenda Pública como media partner, el diputado del Partido Popular defendió la importancia de recuperar programas electorales sustentados en diagnósticos rigurosos y propuestas concretas, capaces de ofrecer a ciudadanos y empresas una perspectiva reconocible sobre el futuro económico del país.

Con la mirada puesta en las elecciones del 29 de noviembre, Mariscal abordó las prioridades que deberían orientar la política industrial del PP, desde la gestión de las infraestructuras energéticas hasta la revisión de los mecanismos de apoyo a la movilidad y la eficiencia energética. Su planteamiento parte de la convicción de que España dispone de recursos y capacidades suficientes para ocupar una posición industrial destacada en Europa, aunque considera que su aprovechamiento está condicionado por las dificultades regulatorias, la lentitud administrativa y la falta de decisiones políticas sostenidas en el tiempo.

Recuperar la credibilidad política y el diálogo con las empresas

"Nos hace falta recuperar la adultez en el discurso político". Mariscal recurrió a esta idea para describir el deterioro que, a su juicio, ha experimentado el debate público, marcado por una creciente confrontación que dificulta la discusión sobre las necesidades estructurales del país. En particular, lamentó la pérdida de relevancia de los programas electorales y del sustrato intelectual que debería sostener los proyectos políticos, una situación que considera especialmente perjudicial cuando se abordan transformaciones industriales cuyos efectos se prolongan durante varias legislaturas.

El diputado también fue crítico con el funcionamiento del debate parlamentario, cuyo nivel situó por detrás de la conversación que se desarrolla en otros ámbitos de la sociedad. Frente a esta dinámica, reivindicó la necesidad de construir propuestas verificables, apoyadas en datos y explicaciones transparentes, que permitan recuperar la confianza en las instituciones y asumir los desacuerdos como parte del proceso de decisión.

"Mariscal reivindicó la necesidad de construir propuestas verificables, apoyadas en datos y explicaciones transparentes, que permitan recuperar la confianza en las instituciones"

Esta exigencia de madurez política debería extenderse, según explicó, a las relaciones entre las administraciones y el tejido empresarial. Mariscal animó a las compañías a intervenir con mayor determinación en la conversación pública, trasladando sus necesidades, cuestionando las decisiones que consideren equivocadas y planteando alternativas cuando las políticas adoptadas puedan perjudicar su actividad.

En su opinión, el diálogo entre el sector público y el privado debe construirse sobre una relación de confianza y responsabilidad compartida, en la que las empresas reconozcan también su contribución al bienestar social. La posibilidad de alcanzar acuerdos duraderos requiere que ambas partes puedan debatir con franqueza, incluso cuando existan posiciones enfrentadas, y que los responsables políticos sean capaces de escuchar las demandas empresariales sin renunciar a sus obligaciones con el conjunto de la ciudadanía.
 

Una gestión más eficiente de la red para desbloquear la inversión

La gestión del sistema eléctrico ocupó un lugar central entre las prioridades industriales expuestas por Mariscal, quien consideró que el principal desafío energético español reside actualmente en aprovechar mejor la capacidad de generación disponible y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos consumidores de electricidad.

Mariscal vinculó lo que considera las deficiencias de la red con el desequilibrio existente entre el crecimiento de la producción eléctrica y la evolución del consumo. En su opinión, España ha desarrollado una capacidad de generación considerable sin que la demanda haya aumentado al mismo ritmo, lo que está generando dificultades para rentabilizar determinadas instalaciones y aprovechar plenamente las oportunidades de atracción industrial.

Por ello, consideró prioritario favorecer la implantación de nuevos consumidores y proyectos estratégicos, en lugar de concentrar todos los esfuerzos en seguir incrementando la capacidad de generación. Esta reorientación, según señaló, debe acompañarse de una revisión de los procedimientos administrativos y de la gestión de los derechos de acceso a la red.

"El diputado vinculó lo que considera las deficiencias de la red con el desequilibrio existente entre el crecimiento de la producción eléctrica y la evolución del consumo"

Entre las medidas planteadas destacó el establecimiento de una vía de tramitación prioritaria para los proyectos considerados estratégicos, con el objetivo de garantizar su planificación eléctrica en un plazo de seis meses. Mariscal defendió asimismo la revisión de las reservas de capacidad de acceso a la red, con el fin de comprobar qué proyectos son realmente viables y evitar que las asignaciones existentes dificulten la conexión de nuevas iniciativas industriales.

Estas propuestas responden a una preocupación más amplia por la lentitud con la que se adoptan decisiones fundamentales para la competitividad española. El diputado insistió en que el marco regulatorio y los procedimientos de gestión deben adecuarse a las necesidades reales de inversión, especialmente en un contexto internacional en el que otros países avanzan con mayor rapidez en el desarrollo de sus capacidades industriales.

La seguridad del suministro constituyó otro de los asuntos abordados durante su intervención. Tras recordar el apagón de ámbito nacional, Mariscal advirtió de la necesidad de reforzar la responsabilidad institucional para prevenir nuevos incidentes que afecten a localidades y regiones españolas. A su juicio, la gestión de las infraestructuras estratégicas exige mecanismos claros de rendición de cuentas, puesto que la ausencia de responsables ante eventuales fallos debilita la confianza de las empresas y los ciudadanos.

Movilidad y eficiencia energética con mayor protagonismo empresarial

La transición hacia nuevos modelos de movilidad fue otro de los ámbitos en los que Mariscal defendió la revisión de las políticas públicas. El diputado cuestionó que las administraciones impulsen transformaciones tecnológicas sin garantizar previamente las condiciones necesarias para que ciudadanos y empresas puedan asumirlas, recurriendo al vehículo eléctrico como ejemplo de las dificultades que surgen cuando los objetivos políticos avanzan más rápidamente que las infraestructuras disponibles.

En relación con las ayudas públicas, planteó la necesidad de auditar las cuentas y evaluar los mecanismos de apoyo existentes, con el propósito de garantizar un uso más eficiente de los recursos. Su propuesta pasa por orientar los incentivos hacia la igualdad de oportunidades en el acceso a la movilidad, en lugar de centrar las actuaciones en las subvenciones directas a la compra de vehículos.

Mariscal defendió que una revisión del gasto público puede resultar compatible con el impulso de sectores estratégicos, siempre que las medidas contribuyan a dinamizar la economía, facilitar la renovación del parque móvil y favorecer una transición accesible para el conjunto de la sociedad.

En materia de eficiencia energética, valoró positivamente el funcionamiento de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), que identificó como un instrumento útil para avanzar en la descarbonización mediante la participación del sector privado. Según explicó, este tipo de mecanismos permite aprovechar la capacidad de inversión y actuación de las empresas, favoreciendo mejoras en el consumo energético sin trasladar toda la responsabilidad de la transformación a las administraciones.

"Mariscal planteó la necesidad de auditar las cuentas y evaluar los mecanismos de apoyo existentes, con el propósito de garantizar un uso más eficiente de los recursos"

Esta valoración enlaza con su concepción del papel que debe desempeñar el Estado en los sectores estratégicos. Mariscal defendió una intervención pública orientada a facilitar, acompañar y proporcionar seguridad a la actividad empresarial, evitando una supervisión excesiva que limite la autonomía de las compañías o subordine sus decisiones a intereses políticos.
 

Responsabilidad y estabilidad para una política industrial de largo plazo

La necesidad de reforzar la confianza entre instituciones y empresas atravesó el conjunto de las propuestas expuestas por el diputado popular, para quien el desarrollo industrial exige una cultura política capaz de afrontar decisiones complejas y asumir sus consecuencias.

Mariscal insistió en que la política industrial debe formularse a partir de las necesidades del país y no de los intereses coyunturales de cada Gobierno, especialmente cuando se trata de inversiones energéticas, infraestructuras o transformaciones tecnológicas que requieren horizontes de planificación superiores a los de una legislatura.

En este contexto, distinguió entre la responsabilidad política y la atribución de culpa, al considerar que los responsables públicos deben responder por sus decisiones y por el funcionamiento de los servicios estratégicos bajo su ámbito de actuación, evitando trasladar sistemáticamente las consecuencias de los problemas a otros actores.

"La política industrial debe formularse a partir de las necesidades del país y no de los intereses coyunturales de cada Gobierno"

Su intervención dejó planteada una orientación para la política industrial que el PP aspira a desarrollar, basada en una administración más ágil, una gestión de las infraestructuras adaptada a las necesidades productivas y una relación de mayor confianza con el sector privado. Para Mariscal, la capacidad de España para aprovechar sus ventajas industriales dependerá de que estas prioridades se traduzcan en decisiones concretas, sostenidas en el tiempo y respaldadas por una responsabilidad política reconocible.