Las nacionalidades históricas reivindica la cohesión territorial y debate la financiación

El debate sobre la articulación económica del Estado reunió en el Foro La Toja a los máximos representantes de las tres nacionalidades históricas: el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el lehendakari del Gobierno Vasco, Imanol Pradales; y el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. Bajo la moderación del presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antón Costas, la mesa sobre competitividad y cohesión territorial buscó trascender la discusión financiera para abordar la prosperidad territorial como un pilar irrenunciable de la estabilidad democrática.

En la apertura del coloquio, Costas encuadró el debate recordando que el futuro de la sociedad liberal y el Estado de bienestar se decide en el territorio. Citando los análisis del economista David Autor sobre los desencadenantes del auge populista en Estados Unidos y el Reino Unido, argumentó que los retrocesos en productividad y empleos de calidad en las regiones constituyen el caldo de cultivo de la desafección política. Apoyándose en las célebres palabras de Franklin D. Roosevelt —"los hombres necesitados no son hombres libres"— y en la tesis de Mario Draghi sobre el carácter no negociable de la protección social en Europa, el moderador apeló a conectar el desarrollo industrial con la equidad territorial.

"El futuro de la sociedad liberal y el Estado de bienestar se decide en el territorio"

La imagen conjunta de Galicia, Euskadi y Catalunya proyectó un mensaje explícito de cooperación institucional frente a la dinámica de polarización. Como destacaron los ponentes, las tres comunidades representan motores indiscutibles del conjunto del país: Euskadi y Catalunya concentran una cuarta parte del producto interior bruto nacional, mientras que Galicia y Catalunya suman un tercio de las exportaciones españolas.
 

Estabilidad, autogobierno y política industrial como vectores de crecimiento

En el turno de diagnósticos regionales, Alfonso Rueda reivindicó la estabilidad política y jurídica como la premisa indispensable para sostener el crecimiento económico. Galicia ha mantenido una trayectoria de convergencia respaldada por la aprobación ininterrumpida de sus presupuestos autonómicos desde 2009. Para el presidente gallego, las mayores oportunidades de futuro se concentran en la transición hacia energías verdes y en el aprovechamiento sostenible de minerales estratégicos. Asimismo, situó el reto del absentismo laboral, la formación profesional dual y la atracción ordenada de inmigración de retorno —que ha aportado cerca de 50.000 personas a la comunidad en los últimos años— como ejes prioritarios para cubrir la demanda de vacantes en el tejido productivo.

Por su parte, Imanol Pradales enfatizó que la estabilidad política en Euskadi ha permitido encadenar veintidós trimestres consecutivos de crecimiento por encima del 2% y situar el desempleo en mínimos históricos del 6%. El lehendakari sostuvo que "si no generamos riqueza, no podemos redistribuir bienestar", situando la capacidad de autogobierno y la continuidad de las políticas industriales a lo largo de cuatro décadas como la clave del éxito vasco. Esta estrategia ha facilitado la transformación de sectores clave como la energía y la tecnología, manteniendo altos niveles de cohesión social medidos por indicadores de baja desigualdad.

Salvador Illa detalló la hoja de ruta del Gobierno catalán para articular lo que definió como una "prosperidad compartida", destinada a generar riqueza y distribuirla social y territorialmente. Illa estructuró su modelo sobre cinco palancas estratégicas: la aceleración de las energías renovables; la autonomía hídrica mediante inversiones de 2.700 millones de euros en agua regenerada y desalación; el impulso a las infraestructuras de conectividad —incluyendo la ampliación sostenible del aeropuerto de El Prat, el corredor mediterráneo y la interconexión ferroviaria directa con Euskadi—; la integración en los circuitos internacionales de talento investigador y empresarial; y la simplificación administrativa combinada con la profesionalización de la dirección pública.
 

La vivienda como nudo gordiano de la cohesión social

El acceso a la vivienda emergió como el principal punto de convergencia y preocupación de la mesa, reconociéndose como un obstáculo directo para el aumento de la renta disponible de las familias, la movilidad laboral y la retención del talento joven. Los tres mandatarios coincidieron en que la respuesta habitacional exige la movilización intensiva de suelo público, financiación adecuada y la implicación del sector privado.

"Los tres mandatarios coincidieron en que la respuesta habitacional exige la movilización intensiva de suelo público, financiación adecuada y la implicación del sector privado"

Illa manifestó su profunda decepción ante los bloqueos parlamentarios a las iniciativas residenciales, defendiendo que cuando el mercado falla en garantizar un bien esencial, las administraciones públicas tienen la obligación de intervenir. Entre las medidas impulsadas en Catalunya, destacó la destinación prioritaria de suelo a uso residencial mediante la reconversión de pisos turísticos y la aplicación de mecanismos como la "compra compartida" contemplada en el Código Civil catalán.

Desde la experiencia vasca, Pradales expuso que Euskadi cuenta con el mayor parque relativo de vivienda pública protegida del Estado (cercano al 8%, con la meta de alcanzar el 12% en 2032). Asimismo, anunció la puesta en marcha de un fondo social residencial de colaboración público-privada dotado con suelo público a 75 años para promover 10.000 viviendas de alquiler asequible dirigidas a clases medias.

En contraste con las intervenciones del mercado, Rueda defendió centrar los esfuerzos en la construcción directa de vivienda pública (con 4.000 inmuebles en marcha en Galicia) y en la cesión de suelo promoviendo un entorno de seguridad jurídica para los pequeños propietarios, advirtiendo de que las normativas restrictivas o impositivas corren el riesgo de reducir la oferta de alquiler disponible.
 

El debate de fondo: la centralización madrileña y el modelo financiero

El tramo final del coloquio visibilizó las discrepancias en torno a la arquitectura del Estado. Pradales expresó su preocupación por la tendencia hacia la centralización del poder político, económico y tecnológico en torno a Madrid, recordando que prácticamente la mitad de la inversión extranjera que llega a España se concentra en la capital. El lehendakari argumentó que este modelo centralizador resulta perjudicial para la cohesión territorial y abogó por inspirarse en esquemas policéntricos como los de Alemania o Italia.

"El lehendakari argumentó que este modelo centralizador resulta perjudicial para la cohesión territorial y abogó por inspirarse en esquemas policéntricos como los de Alemania o Italia"

En el debate sobre la financiación autonómica, Illa defendió la propuesta de un nuevo modelo para Catalunya, argumentando que el sistema actual se encuentra caducado. Según el mandatario catalán, la reforma planteada supone la transferencia de 21.000 millones de euros desde la Administración General del Estado a las comunidades de régimen común para sostener los servicios de sanidad y educación y reducir las brechas de financiación por habitante ajustado sin generar privilegios ni perjudicar a ningún territorio.
 
Frente a este enfoque bilateral, Rueda rechazó los repartos singulares y reclamó un acuerdo multilateral en el que participen todas las comunidades autónomas. El presidente gallego advirtió de que los criterios de reparto propuestos sitúan a Galicia entre las regiones peor financiadas en la distribución de los nuevos recursos, e insistió en que cualquier reforma debe garantizar la igualdad en la prestación de los servicios públicos independientemente del lugar de residencia.

El encuentro concluyó con la constatación de que, más allá de los legítimos matices partidistas y modelos regionales, el diálogo constante entre los gobiernos autonómicos constituye la mejor garantía para combinar la competitividad económica con la cohesión social del país.