La adaptación al cambio climático debe ser una prioridad de seguridad nacional y europea

En España y Francia, los incendios forestales han arrasado decenas de miles de hectáreas este verano, obligando a realizar evacuaciones masivas y generando graves episodios de contaminación atmosférica. Europa ha sufrido varias olas de calor consecutivas desde junio, con importantes consecuencias para los servicios sanitarios, la agricultura, el transporte y el turismo.

El coste humano es estremecedor. La agencia francesa de salud pública estima que se produjeron 5.764 muertes adicionales durante la primera ola de calor. En España, el Gobierno ha contabilizado más de 3.800 fallecimientos atribuibles al calor desde comienzos de 2026.

Todo incendio tiene un desencadenante inmediato, bien sea una negligencia, un accidente, una gestión inadecuada del territorio o, incluso, un acto intencionado. Sin embargo, las temperaturas extremas, la sequedad de los suelos y el abandono de las zonas rurales hacen que una simple chispa se transforme con facilidad en una catástrofe. No estamos ante fenómenos excepcionales y aislados, sino ante una nueva realidad climática europea. Porque en este escenario ya no hablamos de emergencias nacionales. El humo atraviesa fronteras, mientras que el calor altera el funcionamiento de las redes eléctricas interconectadas, las líneas ferroviarias y las cadenas de suministro. Y la sequía, por su parte, afecta a la producción alimentaria y a la disponibilidad de agua en todo el mercado único. Cuando varios países necesitan simultáneamente aviones, bomberos o asistencia médica, un sistema basado principalmente en recursos nacionales y en la solidaridad voluntaria puede alcanzar rápidamente sus límites.

"No estamos ante fenómenos excepcionales y aislados, sino ante una nueva realidad climática europea"

Europa no está preparada para un mundo que supere los 2 °C de calentamiento global. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha identificado 36 grandes riesgos climáticos para la salud, la alimentación, el agua, los ecosistemas, las infraestructuras y la estabilidad financiera. Varios de ellos han alcanzado ya niveles críticos. La política climática de la Unión Europea se ha centrado acertadamente en reducir las emisiones, pero la adaptación sigue sin recibir un peso político, un liderazgo institucional y una financiación previsible comparables.

El próximo Marco Europeo de Resiliencia Climática y Gestión de Riesgos, que la Comisión Europea prevé presentar durante el segundo semestre de 2026, ofrece la oportunidad de cambiar de rumbo. Sin embargo, no bastará con aprobar otro documento estratégico. Europa necesita un Pacto Europeo de Emergencia Climática que considere la adaptación una responsabilidad esencial en materia de seguridad y conecte la prevención, la preparación, la respuesta ante emergencias, la recuperación y la solidaridad social.

En cuanto a los enfoques nacionales, estos muestran avances útiles, pero también limitaciones persistentes. El tercer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Francia establece una hoja de ruta basada en la ciencia para preparar al país para un calentamiento de aproximadamente 2,7 °C en 2050 y de 4 °C a finales de siglo. Sin embargo, continúa siendo principalmente un plan gubernamental, en lugar de un contrato social vinculante respaldado por una financiación estable a largo plazo.

España intenta adoptar un enfoque más participativo mediante la propuesta de un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, elaborado con la participación de 1.300 actores y articulado en torno a 15 prioridades y 80 medidas. Sin embargo, la negativa de los partidos de la oposición a sumarse al pacto demuestra que la adaptación queda atrapada en la polarización política. El reto europeo está en tratar de combinar la planificación científica francesa, el diálogo territorial español y la capacidad de coordinación de la Unión Europea.

En primer lugar, la adaptación debe abordarse con la misma seriedad que la defensa, la seguridad interior y la salud pública. Esto no significa enfrentar unas prioridades con otras, sino aplicar el mismo rigor: evaluaciones periódicas de las amenazas, responsabilidades claramente definidas, presupuestos plurianuales, reservas estratégicas, ejercicios conjuntos y protección de las infraestructuras críticas. Un hospital paralizado por el calor, una línea ferroviaria cerrada por un incendio o un municipio sin acceso a agua potable constituyen fallos de seguridad, no simples problemas medioambientales.

"La adaptación debe abordarse con la misma seriedad que la defensa, la seguridad interior y la salud pública"

La Comisión Europea estima que la Unión, sus Estados miembros y el sector privado deberán invertir alrededor de 70.000 millones de euros anuales en adaptación climática hasta 2050. Sin embargo, la financiación de la adaptación sigue fragmentada entre la política de cohesión, los fondos agrícolas, la protección civil, los presupuestos nacionales y los seguros privados.

El próximo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea debe incluir una partida claramente identificable para la resiliencia, respaldada por una proporción estable de los ingresos del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión y por el acceso a financiación del Banco Europeo de Inversiones. Además, las infraestructuras financiadas con fondos europeos deben diseñarse para seguir funcionando en escenarios climáticos futuros creíbles, aplicando el principio de 'resiliencia desde el diseño'.

En segundo lugar, Europa necesita mejorar su capacidad de protección civil para intervenir cuando varios sistemas nacionales se encuentren simultáneamente bajo presión. El despliegue transfronterizo de medios aéreos y bomberos en Francia y España demuestra cómo funciona en la práctica la solidaridad europea. Sin embargo, mecanismos como rescEU deben dejar de ser reservas estratégicas temporales para convertirse en capacidades europeas permanentes, dotadas de personal suficiente, equipamiento común, centros regionales, formación conjunta y una estructura de mando fiable.

"Mecanismos como rescEU deben dejar de ser reservas estratégicas temporales para convertirse en capacidades europeas permanentes"

Las capacidades militares también deberían poder movilizarse en apoyo de los servicios de protección civil y siempre bajo su autoridad. La Unidad Militar de Emergencias española y las formaciones militares francesas de protección civil demuestran cómo las fuerzas armadas pueden aportar capacidades especializadas en transporte aéreo, ingeniería, comunicaciones, cartografía, hospitales de campaña y logística.

Cuando una crisis supere las capacidades de la Unión Europea, los mecanismos de coordinación de emergencias y los medios logísticos de la OTAN podrían ofrecer apoyo adicional. Su intervención deberá mantenerse bajo dirección civil y reforzar —no sustituir— a los bomberos, los servicios sanitarios y los equipos locales de emergencia.

En tercer lugar, Europa necesita un sistema justo para compartir los riesgos climáticos. Las empresas y los operadores de infraestructuras deben evaluar su exposición a un mundo que supere los 2 °C de calentamiento, publicar planes de adaptación creíbles, proteger a sus trabajadores y evitar inversiones que generen costes y responsabilidades futuras previsibles. Los ciudadanos también tienen responsabilidades, desde cumplir las normas de prevención de incendios hasta participar en la preparación de sus comunidades. Pero apelar a la responsabilidad individual no puede convertirse en una excusa para trasladar los costes a quienes tienen menor capacidad para asumirlos.

"Apelar a la responsabilidad individual no puede convertirse en una excusa para trasladar los costes a quienes tienen menor capacidad para asumirlos"

Los hogares con bajos ingresos, los agricultores, las pequeñas empresas y los municipios rurales no pueden financiar por sí solos las transformaciones estructurales que exige la adaptación. Un mecanismo europeo de protección climática debería combinar los seguros privados, los sistemas nacionales de colaboración público-privada y un respaldo europeo de reaseguro para las catástrofes extremas. El acceso a los fondos de solidaridad debería recompensar las medidas preventivas, mientras que las subvenciones y la asistencia técnica deberían dirigirse prioritariamente a las comunidades más vulnerables.

Por último, la adaptación debe diseñarse con los actores, los sectores y los territorios que necesitan transformarse. Puede que el mejor ejemplo sea el turismo. Los destinos europeos dependen de costas, bosques, montañas, recursos hídricos y sistemas de transporte especialmente vulnerables. La resiliencia no puede limitarse a instalar más aparatos de aire acondicionado en los hoteles. Los alojamientos, los restaurantes, los operadores de transporte, los trabajadores temporales, los residentes y los municipios deben repensar conjuntamente los destinos: diversificando las temporadas y las actividades, protegiendo a los trabajadores frente al calor, gestionando la demanda de agua, transformando la movilidad y deteniendo las inversiones incompatibles con las limitaciones de recursos.

"La resiliencia no puede limitarse a instalar más aparatos de aire acondicionado en los hoteles"

Esta transformación debe constituir una transición inclusiva y justa. Proteger únicamente las grandes infraestructuras, los destinos más ricos o las grandes empresas traslada los riesgos hacia los trabajadores precarios, las pequeñas empresas y las zonas rurales más desfavorecidas. El conocimiento local debe incorporarse a las decisiones desde el principio.

Los beneficios también deben compartirse. La adaptación puede crear empleo, mejorar la salud y hacer que nuestros territorios sean más habitables. Cuando la inversión pública incremente el valor del suelo o los ingresos turísticos, una parte de ese valor debería revertir en la comunidad y contribuir a financiar la protección de quienes se encuentran más expuestos.

La adaptación no es una alternativa a la mitigación. Cada fracción de grado de calentamiento que logremos evitar reducirá las pérdidas futuras y preservará un mayor número de opciones. Pero Europa ya no puede seguir aplazando la protección de la población frente a un calentamiento que ya está aquí.

La preparación climática debe convertirse en una prioridad europea permanente, construida junto con las comunidades y los sectores afectados y guiada por un principio de solidaridad y responsabilidad compartida.