El
jueves por la mañana, mientras decenas de miles de marroquíes se lanzaban al agua o avanzaban hacia
el Tarajal, el Gobierno español tenía una certeza y una duda. La
certeza era que se estaba produciendo una
violación de la integridad territorial de España. La
duda consistía en
cuánto podía afirmarse del papel desempeñado por Marruecos.
Pedro Sánchez habló de un ataque, señaló a las mafias y calificó al reino alauita de aliado. España había identificado el hecho, pero
dejaba en suspenso su atribución. En política internacional, el uso del sujeto omitido es más que una licencia estilística: es una
decisión estratégica que determina quién aparece como víctima, quién puede ser considerado responsable y qué clase de solidaridad cabe reclamar.
Cinco años antes ocurrió lo contrario. En
mayo de 2021,
más de 10.000 personas entraron en Ceuta en menos de 48 horas después de que España acogiera discretamente en un hospital de La Rioja a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Rabat retiró a su embajadora.
Margarita Robles acusó a Marruecos de "chantaje" y de "agresión". Se podía discutir la gestión española o la desproporción de la respuesta marroquí, pero nadie ignoraba qué crisis se desarrollaba. Había un desencadenante, una represalia y un actor. Europa entendió que la frontera de Ceuta también era europea.
"En 2026 la cifra ha sido cinco veces mayor y el diagnóstico, cinco veces menor"
En 2026 la cifra ha sido cinco veces mayor y el diagnóstico, cinco veces menor. Unas 50.000 personas entraron en apenas un día, aunque 48.300 habían regresado a Marruecos horas después.
Antes hubo señales, crecieron los intentos a nado, Ceuta pidió ayuda y la Guardia Civil informó del repunte. Aun así, el Ejecutivo estaba concentrado en los incendios.
"Ceuta no estaba en el radar", reconocieron fuentes gubernamentales. La frontera llevaba días hablando en voz baja, pero
Madrid solo la escuchó cuando gritó.
La sentencia del Tribunal Supremo que limitó las devoluciones inmediatas de quienes llegaban por mar pudo actuar como detonanteLa sentencia del Tribunal Supremo que limitó las devoluciones inmediatas de quienes llegaban por mar pudo actuar como detonante. También se han aventurado
otras explicaciones: el
viaje de Sánchez a Argel, la proposición para conceder la
nacionalidad a determinados saharauis, las
revelaciones sobre Pegasus o incluso un
aviso preventivo a Alberto Núñez Feijóo. Son hipótesis; ninguna acredita por sí sola los hechos. Atribuir una
operación híbrida exige más que intuiciones, antecedentes y coincidencias.
Pero la prudencia probatoria no obliga a la
ceguera estratégica. Entre afirmar que
Mohamed VI organizó personalmente la marcha y sostener que Marruecos fue un espectador desbordado existe un amplio margen. Lo esencial no es averiguar quién escribió el primer mensaje en una red social, sino explicar
cómo decenas de miles de personas alcanzaron una de las fronteras más vigiladas del Magreb sin que un Estado con potentes servicios policiales y de inteligencia pudiera impedirlo. Las imágenes muestran
pasividad marroquí y la secuencia recuerda, al menos en su mecánica, a 2021. En el propio Marruecos muchos se preguntaban qué habría hecho España
"para que la estemos castigando así" (frase que el periodista
Ignacio Cembrero atribuye a interacciones en redes sociales de usuarios marroquíes).
La atribución también forma parte de la defensa
"En una amenaza híbrida, la atribución rara vez permite señalar una cadena de mando única y completa"
En una amenaza híbrida, la atribución rara vez permite señalar una cadena de mando única y completa. Lo relevante es
reconstruir los distintos niveles de responsabilidad: qué hecho actuó como detonante, quién amplificó la movilización, qué redes aprovecharon la oportunidad, qué autoridades redujeron deliberadamente —o dejaron de ejercer— su capacidad de contención y qué actores obtuvieron después una ventaja política o estratégica.
Esa fragmentación no es accidental, sino parte del método. La operación sustituye la orden identificable por una combinación de
rumores, intermediarios, omisiones y decisiones plausiblemente negables. Su eficacia reside precisamente ahí: en dispersar tanto la responsabilidad que la víctima pueda describir los efectos, pero tenga dificultades para atribuirlos y
responder de manera proporcionada.
El
Gobierno español ha escogido la fórmula más cómoda para conservar la cooperación con Rabat y la menos útil para obtener solidaridad exterior.
Denuncia una violación territorial, pero responsabiliza a unas mafias sin nombre. Presenta a Marruecos como aliado mientras pide a ese aliado que readmita a quienes atravesaron desde su territorio una frontera que sus fuerzas dejaron de custodiar eficazmente.
La consigna interna fue evitar cualquier ataque a Rabat. Quizá esa cautela facilitó el rápido retorno de la mayoría. También trasladó al exterior que, si Marruecos nos ayuda y las mafias atacan, España no es víctima de coerción estatal, sino gestora de una crisis migratoria.
Defenderse no consiste solo en desplegar soldados o reforzar patrullas;
la defensa empieza antes, en el acto de nombrar. Siempre se defiende algo frente a alguien. Incluso cuando la atribución no puede ser definitiva, debe ser gradual:
quién generó el movimiento, quién lo facilitó, quién incumplió sus obligaciones y con qué nivel de certeza se afirma cada cosa. Defenderse es, en ese sentido, acusar con método. Sin atribución hay gestión; sin sujeto hay incidente; sin adversario reconocible, los aliados no saben contra quién deben colocarse.
Ahí reside la diferencia entre 2021 y 2026. Hace cinco años España señaló a Marruecos y Europa vio una presión contra España. Ahora España señala a las mafias y
buena parte de Europa ve un problema causado por España. La
ambigüedad, pensada para proteger la relación bilateral, ha terminado debilitando la posición multilateral.
Cuando Europa deja de ver una amenaza común
La
reacción europea fue rápida, pero no precisamente solidaria.
Ursula von der Leyen calificó de "inaceptables" las imágenes, exigió devoluciones veloces y pidió desmantelar las redes de tráfico.
Friedrich Merz reclamó retornos "sin demora". Italia, Dinamarca, Finlandia y la República Checa
plantearon suspender a España del espacio Schengen. Francia reforzó los controles. Solo después llegaron apoyos claros, como el de
António Costa. La
Comisión tuvo que recordar, además, que no se había detectado ningún desplazamiento desde Ceuta hacia la península ni hacia otros Estados miembros y que
la ciudad mantiene controles en sus conexiones con el continente.
La
comparación con 2015 es tentadora y engañosa. Entonces, centenares de miles de refugiados huían de la
guerra de Siria y avanzaban por varias rutas hacia el centro de Europa. El desacuerdo giraba alrededor del reparto, la acogida y la responsabilidad.
En Ceuta no hay una ruta continental consolidada. Hay una concentración súbita, en un enclave singular, procedente de un país estable que controla con rigor su territorio cuando decide hacerlo. En 2015 Europa discutía cómo repartir una carga.
En 2026 algunos gobiernos han preferido discutir cómo aislar al país que la soportaba.
También resulta inevitable recordar la
frontera entre Polonia y Bielorrusia. Varsovia describió aquel movimiento como
instrumentalización de migrantes por parte de Minsk, levantó barreras y desplegó fuerzas. La discusión europea se centró en cómo ayudar a Polonia a proteger la frontera oriental. Ahora
Donald Tusk recomienda a España que siga ese ejemplo y militarice su límite con Marruecos. La diferencia no reside solo en la mayor sensibilidad europea hacia Rusia y sus aliados. Polonia ofreció desde el principio un agresor reconocible; en cambio,
España ofrece una agresión sin autor.
"Los hechos nunca llegan solos; siempre llegan acompañados de una interpretación que los ordena, les asigna responsables y determina la respuesta posible"
Así, los hechos nunca llegan solos; siempre llegan acompañados de una interpretación que los ordena, les asigna responsables y determina la respuesta posible. Si un
movimiento de población se define como
instrumento de presión de un tercer Estado, el país fronterizo aparece como víctima y la solidaridad consiste en reforzarlo. Si se interpreta como
inmigración irregular deficientemente gestionada, ese mismo país se convierte en un riesgo para los demás y la solidaridad adopta la forma de vigilancia, exigencia o cierre. Las personas son las mismas; también las playas, las vallas y los uniformes.
Lo que cambia es la categoría política en la que se inscriben. España describió públicamente el episodio desde el segundo marco mientras esperaba que sus socios reaccionaran conforme al primero.
El coste estratégico de la ambigüedad
Hay una
contradicción europea más profunda. La Unión ha delegado parte del control migratorio en países vecinos y concede centralidad política a quienes frenan las salidas. Esa
externalización reduce las llegadas, pero
entrega al guardián una palanca. Marruecos no necesita abrir formalmente la frontera; le basta con
graduar su vigilancia, recordar su
indispensabilidad o permitir durante unas horas que la geografía hable. Cuanto más
depende España de la cooperación marroquí, más costoso le resulta
atribuir a Rabat cualquier responsabilidad y, cuanto menos lo atribuye, menos puede pedir a Europa que interprete lo sucedido como una amenaza común.
Se suele afirmar que la
fortaleza de una alianza depende de la unidad de sus miembros, aunque esa fórmula confunde unidad con
coincidencia. Los aliados no necesitan temer exactamente lo mismo; necesitan, al menos,
acordar qué amenazas son prioritarias, cuándo una presión ejercida contra uno afecta al conjunto y
qué respuesta corresponde a cada nivel de riesgo. Europa ha alcanzado esa convergencia
frente a Rusia porque años de guerra han reducido el espacio para las interpretaciones divergentes. Sin embargo,
en la frontera sur nos falta mucha proyección de pedagogía de amenazas. Sin el marco interpretativo correcto de qué considera España como un ataque híbrido en clave migratoria, los Estados europeos traducen las imágenes al lenguaje de su propia política interna. No debemos olvidar que los marcos interpretativos de lo que pasa dentro de las fronteras también conciernen a la soberanía del propio Estado. Así, el
Gobierno español ha pedido solidaridad, sorprendido de que sus socios tomaran al pie de la letra el relato que él mismo había construido.
"Ceuta ha dejado al descubierto una gran vulnerabilidad de la unidad europea"
Ceuta ha dejado al descubierto una gran vulnerabilidad de la unidad europea. Las
amenazas híbridas no buscan siempre conquistar territorio ni provocar una respuesta militar; les basta con explotar las zonas grises entre la seguridad, la diplomacia, la inmigración y la defensa, obligar al Estado atacado a discutir primero qué ha ocurrido y conseguir que sus aliados contemplen el mismo episodio desde categorías distintas. Mientras unos ven
coerción, otros ven
descontrol. Mientras unos piden
solidaridad, otros exigen
contención. Ahí reside su eficacia: en convertir la ambigüedad del método en divergencia política entre quienes deberían responder juntos.
Nos queda todavía un largo camino. España y Europa han avanzado en
medios, vigilancia y coordinación, pero continúan reaccionando a muchas amenazas híbridas con
instituciones monolíticas diseñadas para conflictos tradicionales y con un lenguaje que llega siempre después de los hechos. Habrá que aprender a
detectar antes, atribuir con prudencia, pero sin evasivas, y distinguir cuándo un flujo, una infraestructura o una campaña digital han dejado de ser simples vulnerabilidades para convertirse en
instrumentos de presión. También habrá que acordar
qué amenazas ocupan los primeros lugares de la jerarquía común, porque ninguna alianza puede defender eficazmente aquello que cada uno interpreta de manera distinta. La próxima crisis quizá vuelva a empezar en una playa, una red social o una frontera aparentemente secundaria. La diferencia estará en si, cuando llegue, seguimos discutiendo cómo llamarla o
hemos aprendido ya a reconocerla.