Guerras híbridas: objetivo Ceuta. 'Veritas vos liberabit'

Lo primero son las personas. Más de setenta personas han perdido la vida en el lado español de la frontera intentando alcanzar Ceuta, y las estimaciones disponibles elevan a más de un centenar el número total de fallecidos a ambos lados de la frontera. Cada una de ellas fue víctima de una tragedia humana, pero también de un engaño: la difusión de información falsa que presentó una ruta extremadamente peligrosa como una puerta abierta y una sentencia destinada a proteger los derechos y las garantías de las personas en frontera como si otorgara un derecho de permanencia en España.

Desinformación y crisis migratoria: qué ocurrió en Ceuta

El origen inmediato de la avalancha fue la tergiversación de una resolución del Tribunal Supremo. La sentencia establecía que el régimen especial de rechazo en frontera no podía aplicarse automáticamente a quienes llegaran a nado, porque toda actuación administrativa debe respetar las garantías legales y los derechos fundamentales. No decía que quienes alcanzaran Ceuta pudieran quedarse ni impedía su retorno mediante los procedimientos ordinarios.

Sin embargo, redes sociales, grupos de mensajería y organizaciones dedicadas al tráfico de personas difundieron otro mensaje: bastaba con cruzar por mar para quedar protegido frente a cualquier devolución. Los vídeos de quienes habían conseguido entrar reforzaron una falsa sensación de facilidad y seguridad. A ese bulo se sumó otro, igualmente falso, que vinculaba las llegadas con la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, pese a que esta se dirige exclusivamente a personas que ya vivían en España antes del 1 de enero de 2026 y pueden acreditar una permanencia previa continuada.

"Así funciona el engaño: toma una verdad parcial, elimina sus límites y la convierte en una promesa

Así funciona el engaño: toma una verdad parcial, elimina sus límites y la convierte en una promesa. Combatir las mafias exige también combatir la desinformación, mejorar la alerta temprana y coordinar una comunicación pública rápida y creíble entre España, la Unión Europea y sus socios.

La respuesta española ha demostrado que eficacia y derechos humanos no son conceptos incompatibles. Según los datos oficiales, unas 72.000 personas entraron en Ceuta y alrededor de 70.000 habían abandonado la ciudad en las primeras 48 horas; a día de hoy, lo ha hecho ya la práctica totalidad. No se produjo ningún movimiento hacia la Península ni hacia otros Estados miembros.

Y es importante recordarlo: entrar en Ceuta no garantiza en absoluto el acceso a la Península ni la libre circulación por el resto del espacio Schengen. Ceuta tiene un régimen específico y España mantiene controles de identidad y documentación en las conexiones marítimas y aéreas desde la ciudad hacia la Península y otros territorios Schengen.

Los ministros europeos de Interior reconocieron expresamente la rapidez y efectividad de la actuación española. Respaldaron además la cooperación internacional, la lucha contra las redes de tráfico, el refuerzo de los retornos y mejores mecanismos de alerta y seguimiento de la desinformación. La respuesta no fue improvisada ni permisiva: restableció el control fronterizo sin renunciar a la legalidad.

Este episodio tampoco invalida nuestra política migratoria. Al contrario, confirma la necesidad de mantener un modelo ordenado, seguro y regular, basado en la cooperación con los países de origen y tránsito, las vías legales, la migración circular, la integración y el respeto a la dignidad humana. Regularizar a personas que llevan meses o años viviendo y trabajando en España no es premiar una entrada irregular reciente. Es sacar a esas personas de la economía sumergida, garantizar derechos y obligaciones, favorecer la convivencia y reconocer una realidad social y laboral que ya existe.

De Meloni a Trump: la batalla internacional por el relato de Ceuta

Una parte de la derecha europea intentó imponer otro relato. Italia y Dinamarca promovieron una carta suscrita por 22 gobiernos que señalaba la regularización española como un posible "factor de atracción". Francia, Portugal y Luxemburgo no firmaron aquella carta.

"Italia y Dinamarca promovieron una carta suscrita por 22 gobiernos que señalaba la regularización española como un posible "factor de atracción"

La acusación resulta todavía más interesada cuando algunos de quienes censuran a España utilizan mecanismos similares en sus propios países. Italia está en camino de legalizar la situación de cerca de 1,1 millones de personas hasta 2028 mediante un sistema de permisos laborales utilizado también para regularizar a trabajadores que ya se encuentran irregularmente en el país. Alemania, otro de los países críticos, concedió residencia temporal a unas 90.800 personas mediante su régimen para personas con estatus tolerado. Regularizar una realidad migratoria preexistente no es, por tanto, una excepcionalidad española.

Otra cuestión distinta, y especialmente grave, ha sido la decisión posterior del Gobierno de Giorgia Meloni de introducir controles a pasajeros procedentes de España alegando la crisis de Ceuta. Primero estuvo la ofensiva política contra la regularización española; después, y utilizando Ceuta como argumento, llegaron unos controles extraordinarios a viajeros procedentes de nuestro país.

La contradicción es evidente. Italia es, según Frontex, el Estado miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las españolas. España nunca respondió introduciendo controles a Italia. Al contrario, mostró solidaridad cuando la presión se concentró en Lampedusa, acogió a parte de aquellas personas y ha abierto de forma recurrente sus puertos a migrantes rescatados en la ruta del Mediterráneo central. Resulta difícil justificar ahora unos controles basados en el supuesto riesgo de movimientos secundarios desde Ceuta cuando ninguno de esos movimientos se produjo.

La intoxicación tampoco se limitó a Europa. Elon Musk calificó las llegadas de "invasión", difundió imágenes comparándolas con una avalancha de zombis y llegó a afirmar que la inmigración ilegal destruiría todo el presupuesto español. Desde Israel, el embajador ante Naciones Unidas, Danny Danon, aprovechó la crisis para cuestionar la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, a las que calificó de "enclaves coloniales". La Embajada de Israel en España se desmarcó posteriormente de esas declaraciones y precisó que no representaban la posición del Estado de Israel.

Ese cuestionamiento de nuestra soberanía también ha encontrado eco en Estados Unidos. Meses antes de la crisis, un informe del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, impulsado por el republicano Mario Díaz-Balart, situó Ceuta y Melilla "en territorio marroquí", las describió como ciudades "bajo administración española" e instó al secretario de Estado, Marco Rubio, a promover conversaciones entre España y Marruecos sobre su "estatus futuro". No se trata de una posición oficialmente adoptada por Washington, pero constituye un precedente particularmente grave.

La propia Administración Trump utilizó después la crisis de Ceuta para atacar directamente al Gobierno español. Donald Trump atribuyó lo sucedido a las "leyes débiles" y la "mala gestión" de España, mientras el Departamento de Estado afirmó que las llegadas eran consecuencia directa de los esfuerzos deliberados del Gobierno español por facilitar la inmigración ilegal masiva hacia Europa. Una acusación sin fundamento que trasladaba la responsabilidad desde quienes difundieron la desinformación y explotaron las rutas migratorias hacia la propia política española.

"Son mensajes diferentes, pero comparten una lógica igualmente tóxica: utilizar una tragedia humana para alimentar el miedo, difundir falsedades, cuestionar nuestra soberanía o presentar a España como un país fuera de control"

Son mensajes diferentes, pero comparten una lógica igualmente tóxica: utilizar una tragedia humana para alimentar el miedo, difundir falsedades, cuestionar nuestra soberanía o presentar a España como un país fuera de control. No existen pruebas de que Estados Unidos o Israel provocaran la crisis de Ceuta. Sí existen ejemplos claros de actores políticos que trataron de explotarla para debilitar políticamente a España.

La realidad terminó imponiéndose. Ursula von der Leyen recordó que ninguna de las personas llegadas a Ceuta había alcanzado la España peninsular ni otro Estado miembro, y la reunión posterior de ministros de Interior expresó una solidaridad unánime con España y reconoció la efectividad de su respuesta. Incluso quienes inicialmente formularon acusaciones tuvieron que aceptar los hechos.

Porque esta no ha sido únicamente una crisis española. Ceuta es una frontera exterior de la Unión Europea y cualquier intento de tensionarla afecta a la frontera sur de toda la Unión. España estaba protegiendo su territorio, pero estaba protegiendo también una frontera comunitaria.

Precisamente para responder a situaciones como esta existe el Pacto de Migración y Asilo, en aplicación desde junio de 2026. Su lógica es combinar fronteras exteriores seguras y procedimientos eficaces con garantías para las personas y, sobre todo, con mecanismos de solidaridad que impidan que un Estado miembro sometido a una presión migratoria extraordinaria tenga que afrontarla solo. Ceuta demuestra por qué la migración no puede gestionarse mediante decisiones nacionales aisladas, reproches entre socios o controles internos improvisados, sino desde una verdadera política común europea.

También ahí España ha demostrado liderazgo. Pedro Sánchez ha construido durante años una posición internacional reconocible, basada en la defensa del multilateralismo, la autonomía europea y una agenda progresista singular en una Europa desplazada hacia posiciones más conservadoras. La prensa internacional lo refleja: 'The Guardian' lo ha descrito, a raíz de Ceuta, como una excepción progresista en Europa; 'Le Monde' ha destacado su fortaleza en la escena mundial; y, desde la prensa árabe, 'Al Jazeera' ha hablado de la "excepción española" al analizar su política migratoria, mientras 'Asharq Al-Awsat' ha contrapuesto su "brillo en el exterior" a sus dificultades internas. Esa visibilidad internacional ayuda también a explicar por qué sus decisiones generan adhesiones, pero también ataques especialmente intensos desde gobiernos y actores situados en el extremo contrario del debate político.

"España no trasladó el problema a sus vecinos ni puso en riesgo la libre circulación europea: gestionó una crisis en una de las fronteras más sensibles de la Unión y contribuyó a evitar que se convirtiera en una crisis mucho mayor para Europa"

Su Gobierno consiguió reconducir en cuestión de días una emergencia excepcional, evitar movimientos secundarios hacia la Península y el resto de Europa y llevar a sus socios desde las primeras acusaciones hasta una posición de solidaridad común. Frente a quienes anunciaron el descontrol, España no trasladó el problema a sus vecinos ni puso en riesgo la libre circulación europea: gestionó una crisis en una de las fronteras más sensibles de la Unión y contribuyó a evitar que se convirtiera en una crisis mucho mayor para Europa.

Qué debería aprender Europa de la crisis de Ceuta

Pero el análisis no puede terminar en lo sucedido. La principal lección de Ceuta debe proyectarse hacia el futuro. La Unión Europea necesita reforzar su capacidad para detectar campañas de desinformación vinculadas a las rutas migratorias antes de que se traduzcan en movimientos masivos y pérdidas de vidas. Eso exige seguimiento de tendencias en redes y canales públicos, sistemas de alerta temprana, equipos de verificación capaces de responder en horas y no en días, cooperación con las plataformas digitales y mensajes contrastados que lleguen en los idiomas y por los canales que utilizan las personas susceptibles de ser engañadas. La lucha contra las mafias del tráfico de personas se libra también en el terreno de la información.

Y existe una segunda batalla de fondo. Vivimos entre propuestas políticas cada vez más enfrentadas sobre cómo gestionar la migración. Una parte de la derecha y de la extrema derecha apuesta por la excepcionalidad, la externalización, la deportación masiva y la construcción permanente de una amenaza. Frente a ese modelo, gobiernos progresistas como el español defienden que seguridad, legalidad, integración y derechos humanos no son alternativas incompatibles. Ese enfoque empieza también a encontrar nuevos ecos al otro lado del Atlántico. En Estados Unidos, una nueva generación de dirigentes de la izquierda del Partido Demócrata, con figuras como Zohran Mamdani, está situando la protección de los derechos y la dignidad de las comunidades migrantes y el rechazo a la política de deportaciones masivas de Donald Trump en el centro de una alternativa política. No son políticas idénticas, pero sí comparten una idea esencial: la gestión ordenada de la migración no exige deshumanizar a quienes migran.

"No debemos aceptar el marco dialéctico que enfrenta seguridad y derechos humanos, como si proteger una frontera exigiera renunciar a la legalidad o como si defender la dignidad humana implicara fronteras abiertas"

No debemos aceptar, por tanto, el marco dialéctico que enfrenta seguridad y derechos humanos, como si proteger una frontera exigiera renunciar a la legalidad o como si defender la dignidad humana implicara fronteras abiertas. Ese es el terreno de la extrema derecha. Nuestro marco es otro: fronteras seguras, cooperación internacional, lucha contra las mafias, procedimientos ágiles, vías legales e integración.

Ceuta exige responsabilidades, aprendizaje y solidaridad europea. Pero, sobre todo, exige que volvamos a mirar a las víctimas. No murieron por una política basada en los derechos humanos. Murieron porque alguien convirtió la desinformación en negocio, la desesperación en oportunidad y el mar en una falsa promesa. Evitar que vuelva a ocurrir exige más verdad, mayor capacidad de anticipación, más cooperación y una política migratoria común capaz de proteger al mismo tiempo las fronteras y las vidas.