Jueves, 30 de julio de 2026
URGENCIA FRONTERIZA
A pesar de Ceuta, no podemos convertir la migración en emergencia nacional
La entrada de miles de personas desde Marruecos ha desbordado Ceuta, reactivado las devoluciones y llevado a su presidente a reclamar una emergencia nacional. La profesora de Ciencia Política de la Universidad Complutense Ruth Ferrero-Turrión advierte de que el episodio no puede explicarse solo como una repetición de 2021 y plantea la cuestión de fondo: "¿Hasta qué punto es sostenible una política migratoria cuya eficacia depende de la voluntad política de actores externos?".
Cientos de personas cruzan a nado a Ceuta desde Marruecos con una multitud esperando al otro lado de la frontera.Europa Press
Las imágenes de miles de personas alcanzando a nado las playas de Ceuta evocan inevitablemente la crisis de mayo de 2021. Sin embargo, las analogías pueden resultar engañosas. Por entonces existía un contexto diplomático que explicaba la crisis: la hospitalización en España de Brahim Ghali provocó una grave crisis bilateral con Marruecos, y Rabat respondió relajando el control de su frontera. Aquella fue una utilización política de los flujos migratorios ampliamente documentada y reconocida incluso por buena parte de la literatura especializada sobre coerción migratoria.
Pero lo que hemos visto el 30 de julio parece tener poco que ver. Aunque todavía es pronto para disponer de todos los elementos, hasta el momento no existen indicios sólidos que permitan afirmar que Marruecos haya decidido instrumentalizar nuevamente la migración como mecanismo de presión política sobre España. De hecho, tanto Madrid como Rabat han insistido en mantener la cooperación policial y acelerar los procedimientos de devolución, lo que es un posicionamiento muy diferente al de la crisis de 2021.
Entonces, ¿qué explica el incremento de llegadas?
No sería la primera vez que una interpretación distorsionada de una decisión judicial desencadena un efecto llamada de carácter puntual. Las redes informales de información entre potenciales migrantes funcionan con enorme rapidez y, en ocasiones, una percepción errónea puede producir un aumento significativo de los intentos de cruce durante unos pocos días.
A ello se añaden factores mucho más estructurales. La mayoría de quienes están llegando a Ceuta son jóvenes marroquíes procedentes del entorno de Castillejos y Tetuán. Ello refleja problemas internos del propio Marruecos, como el desempleo juvenil, las desigualdades territoriales, la falta de expectativas y una creciente frustración entre generaciones que perciben cada vez más difícil construir un proyecto vital. Es decir, elementos que no responden necesariamente a una estrategia diseñada desde Rabat.
Existe, sin embargo, un problema mucho más profundo que trasciende la coyuntura. Esta crisis de Ceuta vuelve a poner de manifiesto las contradicciones de la política migratoria europea. Desde hace casi dos décadas, la Unión Europea ha basado su estrategia en el principio de externalización de la gestión migratoria, a través del cual desplaza hacia terceros países la responsabilidad efectiva del control migratorio. El marroquí es, probablemente, el ejemplo más acabado de este planteamiento. La Unión Europea financia con sus propios recursos el equipamiento, formación, vigilancia y cooperación policial para que sea Rabat quien impida las salidas antes de que las personas alcancen territorio europeo. ¿Cuál es el resultado de esto? La paradoja de que, una vez más, una parte esencial de la política europea, en este caso la seguridad de la frontera exterior, depende de decisiones adoptadas fuera de la propia Unión.
Esta arquitectura legal produce una interdependencia profundamente asimétrica. Europa necesita que Marruecos controle sus costas, mientras que Marruecos necesita financiación europea, inversiones y respaldo político en cuestiones como, por ejemplo, el Sáhara Occidental. Entonces, la migración, que es una cuestión humanitaria de primer orden, comienza a ser usada como un elemento más de las negociaciones diplomáticas. La consecuencia es que cada vez que aumenta la presión migratoria, el debate político europeo vuelve a girar en torno a una pregunta equivocada: ¿qué está haciendo Marruecos? Quizá la cuestión más pertinente sería otra: ¿hasta qué punto es sostenible una política migratoria cuya eficacia depende de la voluntad política de actores externos?
Desde hace años, la derecha radical europea ha trabajado para sustituir el lenguaje de la gestión migratoria por el de la seguridad nacional. La inmigración se enmarca dentro de un discurso de amenaza existencial ante la cual es legítimo activar "respuestas excepcionales". Lo preocupante es que ese marco discursivo ha dejado de ser patrimonio exclusivo de las fuerzas ultraderechistas. Progresivamente, ha sido asumido por amplios sectores del centroderecha europeo y comienza a normalizarse incluso en debates institucionales en los que hace apenas una década habría resultado impensable.
En este caso, como en otros tantos, las palabras importan. Si una política pública se construye desde el paradigma de la excepcionalidad, las soluciones tienden también a ser excepcionales. Y si la migración deja de entenderse a partir de unas profundas desigualdades económicas y demográficas y pasa a interpretarse desde la óptica de la seguridad, el espacio para las políticas de integración, cooperación o movilidad regular se reduce progresivamente.
Quizá el verdadero riesgo no resida únicamente en el aumento puntual de llegadas a Ceuta. Reside, sobre todo, en la consolidación de un marco político que convierte la migración en un problema de seguridad antes que en un desafío de gobernanza. Porque cuando ese cambio cognitivo termina por imponerse, ya no solo cambian las políticas migratorias. Cambia también la forma en que las democracias europeas entienden sus fronteras, sus derechos y, en última instancia, su propia idea de seguridad.
Pero lo que hemos visto el 30 de julio parece tener poco que ver. Aunque todavía es pronto para disponer de todos los elementos, hasta el momento no existen indicios sólidos que permitan afirmar que Marruecos haya decidido instrumentalizar nuevamente la migración como mecanismo de presión política sobre España. De hecho, tanto Madrid como Rabat han insistido en mantener la cooperación policial y acelerar los procedimientos de devolución, lo que es un posicionamiento muy diferente al de la crisis de 2021.
Entonces, ¿qué explica el incremento de llegadas?
"No existen indicios sólidos que permitan afirmar que Marruecos haya decidido instrumentalizar nuevamente la migración como mecanismo de presión política sobre España"Entre las hipótesis que manejan tanto las autoridades como diversos especialistas destaca la circulación de informaciones falsas y rumores en redes sociales sobre una supuesta imposibilidad legal de devolver a quienes consiguieran entrar en Ceuta tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo relativa a determinadas devoluciones en frontera. Aunque la resolución judicial introduce matices importantes sobre las garantías procedimentales, de ella no puede deducirse que cualquier persona que alcance territorio español vaya a permanecer automáticamente en él.
No sería la primera vez que una interpretación distorsionada de una decisión judicial desencadena un efecto llamada de carácter puntual. Las redes informales de información entre potenciales migrantes funcionan con enorme rapidez y, en ocasiones, una percepción errónea puede producir un aumento significativo de los intentos de cruce durante unos pocos días.
A ello se añaden factores mucho más estructurales. La mayoría de quienes están llegando a Ceuta son jóvenes marroquíes procedentes del entorno de Castillejos y Tetuán. Ello refleja problemas internos del propio Marruecos, como el desempleo juvenil, las desigualdades territoriales, la falta de expectativas y una creciente frustración entre generaciones que perciben cada vez más difícil construir un proyecto vital. Es decir, elementos que no responden necesariamente a una estrategia diseñada desde Rabat.
"No sería la primera vez que una interpretación distorsionada de una decisión judicial desencadena un efecto llamada de carácter puntual"En este sentido, reducir automáticamente cualquier aumento de las llegadas a una operación política del Gobierno marroquí resulta tan simplificador como negar que Marruecos dispone de capacidad para modular la intensidad del control fronterizo cuando así lo considera conveniente. Ambas cosas pueden ser ciertas dependiendo del contexto y, precisamente por ello, es conveniente analizar cada episodio con cautela y no proyectar sobre todos ellos el precedente de 2021.
Existe, sin embargo, un problema mucho más profundo que trasciende la coyuntura. Esta crisis de Ceuta vuelve a poner de manifiesto las contradicciones de la política migratoria europea. Desde hace casi dos décadas, la Unión Europea ha basado su estrategia en el principio de externalización de la gestión migratoria, a través del cual desplaza hacia terceros países la responsabilidad efectiva del control migratorio. El marroquí es, probablemente, el ejemplo más acabado de este planteamiento. La Unión Europea financia con sus propios recursos el equipamiento, formación, vigilancia y cooperación policial para que sea Rabat quien impida las salidas antes de que las personas alcancen territorio europeo. ¿Cuál es el resultado de esto? La paradoja de que, una vez más, una parte esencial de la política europea, en este caso la seguridad de la frontera exterior, depende de decisiones adoptadas fuera de la propia Unión.
Esta arquitectura legal produce una interdependencia profundamente asimétrica. Europa necesita que Marruecos controle sus costas, mientras que Marruecos necesita financiación europea, inversiones y respaldo político en cuestiones como, por ejemplo, el Sáhara Occidental. Entonces, la migración, que es una cuestión humanitaria de primer orden, comienza a ser usada como un elemento más de las negociaciones diplomáticas. La consecuencia es que cada vez que aumenta la presión migratoria, el debate político europeo vuelve a girar en torno a una pregunta equivocada: ¿qué está haciendo Marruecos? Quizá la cuestión más pertinente sería otra: ¿hasta qué punto es sostenible una política migratoria cuya eficacia depende de la voluntad política de actores externos?
"Una parte esencial de la política europea, en este caso la seguridad de la frontera exterior, depende de decisiones adoptadas fuera de la propia Unión"Pero si las causas de la crisis merecen un análisis riguroso, la respuesta política también resulta reveladora. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha solicitado la declaración de una emergencia nacional que permita establecer un mando único semejante al utilizado en grandes incendios forestales o catástrofes naturales. La petición tiene un evidente contenido simbólico, pero también jurídico. La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil no menciona expresamente los flujos migratorios entre los supuestos de emergencia de interés nacional. La figura está concebida para situaciones que, por su gravedad o dimensiones, exigen una coordinación extraordinaria de los recursos públicos, como terremotos, inundaciones, accidentes industriales o grandes incendios. Ahora, la pretensión de incorporar las migraciones a esta categoría supone un paso más en un proceso mucho más amplio: la securitización de la movilidad humana.
Desde hace años, la derecha radical europea ha trabajado para sustituir el lenguaje de la gestión migratoria por el de la seguridad nacional. La inmigración se enmarca dentro de un discurso de amenaza existencial ante la cual es legítimo activar "respuestas excepcionales". Lo preocupante es que ese marco discursivo ha dejado de ser patrimonio exclusivo de las fuerzas ultraderechistas. Progresivamente, ha sido asumido por amplios sectores del centroderecha europeo y comienza a normalizarse incluso en debates institucionales en los que hace apenas una década habría resultado impensable.
"La inmigración se enmarca dentro de un discurso de amenaza existencial ante la cual es legítimo activar «respuestas excepcionales»"No es casual que la solicitud de emergencia nacional vaya acompañada de la demanda de un mando único. El propio vocabulario remite a escenarios de crisis extraordinarias, contribuyendo a construir una percepción social según la cual la migración constituye una amenaza comparable a un desastre natural o a una gran emergencia de protección civil. Sin embargo, los datos invitan a otra reflexión. España gestiona desde hace años decenas de miles de llegadas irregulares anuales mediante instrumentos administrativos, policiales, judiciales y humanitarios ya previstos en el ordenamiento jurídico. Puede discutirse si esos instrumentos necesitan más recursos, reformas o una mejor coordinación. Ahora bien, eso es muy distinto de intentar hacer valer la conveniencia de redefinir jurídicamente la migración como una emergencia nacional (permanente).
En este caso, como en otros tantos, las palabras importan. Si una política pública se construye desde el paradigma de la excepcionalidad, las soluciones tienden también a ser excepcionales. Y si la migración deja de entenderse a partir de unas profundas desigualdades económicas y demográficas y pasa a interpretarse desde la óptica de la seguridad, el espacio para las políticas de integración, cooperación o movilidad regular se reduce progresivamente.
"Mientras externaliza la gestión de sus fronteras hacia terceros países, depende cada vez más de ellos para controlar los flujos"Ceuta vuelve a recordarnos que Europa continúa sin resolver su principal dilema migratorio. Mientras externaliza la gestión de sus fronteras hacia terceros países, depende cada vez más de ellos para controlar los flujos. Mientras reclama cooperación, evita asumir plenamente las consecuencias políticas de esa dependencia. Y mientras la movilidad humana sigue respondiendo a factores económicos, sociales y demográficos profundamente estructurales, una parte creciente del debate público insiste en presentarla como una amenaza extraordinaria que justificaría respuestas igualmente extraordinarias.
Quizá el verdadero riesgo no resida únicamente en el aumento puntual de llegadas a Ceuta. Reside, sobre todo, en la consolidación de un marco político que convierte la migración en un problema de seguridad antes que en un desafío de gobernanza. Porque cuando ese cambio cognitivo termina por imponerse, ya no solo cambian las políticas migratorias. Cambia también la forma en que las democracias europeas entienden sus fronteras, sus derechos y, en última instancia, su propia idea de seguridad.
Ruth Ferrero-Turrión
Profesora Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Investigadora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (Icei).
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Democracia, Inmigración, Marruecos, España, Unión Europea, Partidos políticos, Derecha radical, PP, PSOE Ahora en portada
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