Récord de llegadas irregulares en 2024: ¿qué explica sobre la política migratoria española?

El año 2024 marcó un hito en la historia migratoria española: 64.019 personas llegaron por vía marítima, un 12,6% más que en 2023 y la cifra más alta registrada desde que existen datos oficiales, según revela el último Informe anual de seguridad nacional. Estas cifras, que superan incluso el anterior récord de 2018, han reavivado un debate que trasciende las estadísticas y se adentra en el núcleo mismo de cómo Europa entiende la migración en el siglo XXI.
 
Para Carmen González, investigadora principal del Real Instituto Elcano, los números confirman una realidad ineludible: "Históricamente, desde que existe una migración numéricamente importante e irregular, esto se ha considerado un problema de seguridad nacional por una razón obvia: los componentes básicos de un Estado son su soberanía sobre un territorio, y eso implica su capacidad de controlar fronteras". Durante el año pasado, el epicentro de la frontera sur de la Unión Europea se situó en las islas Canarias. En esa frontera común se registraron 46.843 llegadas en 2024, un 17,4% más que en 2023, desbordando en gran medida las capacidades locales.

Sin embargo, Gemma Pinyol-Jiménez, directora de Políticas Migratorias en Instrategies, quien acaba de publicar La securitización de la política de inmigración y asilo de la Unión Europea (1999-2024), cuestiona este marco interpretativo. "La inmigración irregular en sí no es un problema de seguridad", sostiene, argumentando que los verdaderos riesgos emergen de "la generación de redes poco transparentes que se aprovechan de la movilidad de estas personas en situación irregular". Para Pinyol-Jiménez, el problema no radica en el fenómeno migratorio en sí mismo, sino en cómo las políticas de securitización crean las condiciones para la explotación y la criminalidad organizada.

"La presión migratoria desde África va a seguir aumentando de forma segura porque su población se va a duplicar de aquí al 2050, y no hay ninguna expectativa de que su crecimiento económico per cápita acompañe a ese crecimiento demográfico"

Esta divergencia conceptual se hace más palpable al analizar el cambio de perfil de los migrantes que llegan a España. El informe de seguridad nacional documenta una transformación radical: mientras tradicionalmente el inmigrante tipo por vía marítima era magrebí —principalmente marroquí—, en 2024 el 72% procedía del África subsahariana, reflejando la creciente inestabilidad en el Sahel. Este dato indica una realidad geopolítica compleja donde factores como "la precariedad socioeconómica, la inseguridad alimentaria y el estrés hídrico" se combinan con "la inestabilidad política acentuada desde hace aproximadamente dos años", según constata el mismo informe de seguridad nacional.

González adopta una perspectiva estructural y demográfica: "La presión migratoria desde África va a seguir aumentando de forma segura porque su población se va a duplicar de aquí al 2050, y no hay ninguna expectativa de que su crecimiento económico per cápita acompañe a ese crecimiento demográfico". Esta visión lleva a González a ser escéptica sobre las soluciones tradicionales de cooperación al desarrollo: "Ni España ni la Unión Europea en su conjunto tienen capacidad económica ni política para atajar las causas de la inmigración desde el África subsahariana".

Pinyol-Jiménez, por su parte, denuncia lo que considera una miopía estratégica: "En la foto de lo que está pasando en el Sahel, la única preocupación que parece tener los países de la Unión son los flujos migratorios irregulares". Para ella, esta obsesión migratoria impide abordar las causas reales de la desestabilización, desde el retroceso democrático hasta la proliferación de grupos yihadistas que documenta el informe oficial. "El miedo es un negocio", sentencia, argumentando que la securitización genera tanto una reacción emocional en la ciudadanía —que acepta medidas extraordinarias como normales— como toda una industria del control fronterizo que requiere recursos públicos crecientes.
 
El colapso del sistema de asilo español ilustra paradójicamente ambas visiones. Con 167.366 solicitudes de protección internacional en 2024 —convirtiendo a España en el segundo país europeo tras Alemania—, el sistema opera al 99% de su capacidad, según datos oficiales citados en el informe. González argumenta que "el sistema de acogida está muy sobrepasado. Probablemente, mientras más aumente el sistema de acogida, más aumentará el número de llegadas". Su hipótesis sugiere un efecto llamada que conecta directamente la capacidad de respuesta con incentivos migratorios.

"En la foto de lo que está pasando en el Sahel, la única preocupación que parece tener los países de la Unión son los flujos migratorios irregulares"

Pinyol-Jiménez ofrece un diagnóstico diferente del mismo fenómeno: "El sistema español nace de la idea que tenía sentido en los ochenta o noventa —pero ya no es real— de que en España las personas no venían a buscar protección internacional". Para ella, el problema no es el volumen, sino la obsolescencia estructural de un modelo que no ha integrado a las comunidades autónomas ni a los municipios, y que sigue funcionando con "estructuras envejecidas, poco planteadas".

La aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya implementación se extenderá hasta 2026, representa la próxima gran prueba de fuego para la gestión de flujos de inmigración irregular. González muestra un optimismo cauteloso: "Supuestamente, España sale ganando en términos de mayor distribución de esa carga", aunque reconoce las incertidumbres de un proceso que apenas comienza. El nuevo sistema de solidaridad obligatoria podría aliviar la presión sobre España, que según el informe oficial "soporta las mayores presiones migratorias" como país de primera entrada.

Pinyol-Jiménez, sin embargo, ve en el Pacto una profundización peligrosa de la lógica securitaria. El nuevo sistema de screening o cribado fronterizo le genera especial inquietud: "¿Cómo se puede entrar en territorio de la Unión y no se puede pedir asilo inmediatamente?". Su crítica apunta a lo que considera una contradicción jurídica fundamental, puesto que el derecho internacional ampara las peticiones de asilo a aquellas personas que estén bajo la amenaza de persecución en sus propios países. Para la experta catalana, este mecanismo abre la puerta a "vulneraciones sistemáticas" del derecho de asilo y plantea interrogantes prácticos sin respuesta: dónde ubicar a las personas en procedimiento, cómo gestionar las devoluciones, qué ocurre cuando los países de origen rechazan la readmisión.

"El debate trasciende las fronteras españolas y se inserta en una cuestión más amplia sobre el futuro de las democracias liberales europeas"

Las propuestas de ambas expertas reflejan, en última instancia, concepciones diferentes sobre el papel del Estado y la naturaleza de la ciudadanía en el siglo XXI. González apuesta por una gestión eficaz que combine "formación en origen de los jóvenes africanos" con "acuerdos bilaterales" que vinculen cooperación económica y control migratorio. Su enfoque reconoce las limitaciones de la acción unilateral europea, pero busca optimizar los instrumentos disponibles dentro del marco soberanista tradicional.

Pinyol-Jiménez plantea una revisión más profunda del modelo: "Las políticas migratorias deben ser una foto de la sociedad que queremos". Para ella, cualquier reforma debe comenzar por reconocer que "nuestro mercado laboral está funcionando con personas que no reciben las condiciones que deben recibir", denunciando la hipocresía de sistemas que criminalizan la entrada irregular mientras se benefician de la explotación laboral de quienes permanecen en situación de irregularidad.

El debate trasciende las fronteras españolas y se inserta en una cuestión más amplia sobre el futuro de las democracias liberales europeas. Mientras las cifras de 2024 —con Mali encabezando las nacionalidades de origen con incrementos del 543% según el informe oficial— confirman que la presión migratoria desde el Sahel es una realidad duradera, la respuesta europea sigue oscilando entre la gestión pragmática y la transformación estructural.

Como reconoce Pinyol-Jiménez, "nos han robado el debate público sobre políticas de inmigración y acabamos hablando de fronteras y muros cada vez más altos". La recuperación de ese debate, con toda su complejidad técnica y moral, se antoja fundamental para afrontar un fenómeno que, lejos de ser coyuntural, refleja transformaciones geopolíticas de largo plazo que desafían los marcos tradicionales de soberanía, ciudadanía y solidaridad en la Europa del siglo XXI.