Hoy el fuego, ayer el agua: España y su (no) ordenación territorial

La similitud entre el fuego y la fiebre es muy significativa para lo que les voy a contar. Ambas situaciones pueden entenderse como un mal en sí mismo o como un síntoma de algún proceso oculto a simple vista. En el primer caso, remediar la fiebre puede permitirnos ganar tiempo para que nuestro cuerpo reaccione combatiendo la circunstancia que la produjo. Pero un antitérmico jamás curará la infección. Del mismo modo, el fuego que estos días devora España puede entenderse como el enemigo a batir, pero habría que conceder también que es un indicio poderoso de procesos mucho más inquietantes.

España tiene dos graves problemas con su geografía: el fuego (los incendios) y el agua (las inundaciones), y ambos son síntomas de un conflicto mayor. Es inconcebible que España no cuente ni haya contado con un Ministerio de Ordenación Territorial, ni siquiera con una agencia con tal título. El nuestro es el segundo país más extenso de la Unión Europea tras Francia y el cuarto en Europa (si incluimos a Rusia y Ucrania). Sin embargo, esta particularidad geográfica, su extensión —que yo entiendo como un recurso propicio para su futuro—, nunca ha movido al Gobierno central a promover una agenda de ordenación territorial que permitiera estructurar, canalizar y ordenar los procesos económicos, demográficos y sociales sobre ese espacio.

"El fuego que estos días devora España puede entenderse como el enemigo a batir, pero habría que conceder también que es un indicio poderoso de procesos mucho más inquietantes"

El necesario y conveniente proceso histórico de desguace del centralismo franquista hizo que la Constitución de 1978 recogiera en su artículo 148, apartado 3.º, que la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda figuraran entre las competencias que podían asumir las comunidades autónomas. Y así se hizo. Nadie deberá pensar que estoy defendiendo una recentralización mediante la recuperación de competencias, pero es indudable que el Gobierno central podría haber asumido, con el paso del tiempo, competencias generales de coordinación de la ordenación territorial de España dentro de un plan indicativo global (federal, si quieren) que, posteriormente, cada comunidad autónoma desarrollara en su territorio. Curiosamente, el artículo 149 reservó al Gobierno central —aunque el texto habla del Estado, como si ambos fueran equivalentes— competencias que, sin ordenar el territorio, tienen, en cambio, una enorme capacidad estructurante del mismo, como los puertos de interés general, los ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por más de una comunidad autónoma, los aprovechamientos hidráulicos, la legislación básica sobre protección del medio ambiente o las obras públicas de interés general…

Con estos mimbres, la ordenación del territorio español desapareció como técnica mediante una doble fragmentación: por una parte, espacialmente, con el establecimiento de unos límites territoriales —los de las comunidades autónomas— que permitían ordenar ámbitos de competencia de acuerdo con criterios diferentes e incluso contrapuestos a los de la comunidad vecina; y, por otra, linealmente, con grandes obras públicas de interés general que permitieron al Gobierno central desarrollar redes de transporte y comunicación al margen de las particularidades del territorio ordenado e incluso, en algunos casos, en contra de lo pensado por los legisladores autonómicos.

"Es indudable que el Gobierno central podría haber asumido, con el paso del tiempo, competencias generales de coordinación de la ordenación territorial de España dentro de un plan indicativo global"

¿De aquellos polvos, estos lodos? Me apresuro a decir que una interpretación estrictamente normativa del problema de los incendios es insuficiente para entender su dramática magnitud: el cambio climático o los nuevos estilos de vida deben ocupar un puesto de primer orden en este caso. Y si no, véase el caso de Francia, cuya tradición de aménagement du territoire —practicada con conciencia al menos hasta hace no mucho— no ha impedido incendios devastadores. Pero no es menos cierto que, por no existir política de ordenación territorial en España digna de tal nombre, procesos de la geografía humana española que han alterado profundamente el territorio en estas últimas décadas están desbocados y no han sido atendidos con la suficiente presteza. No hay alarma que dar cuando nadie contempla el cuadro de mando desde la atalaya institucional. Mientras tanto, procesos como el abandono del campo, la despoblación, el crecimiento forestal desordenado, la urbanización difusa, que avanzaba como los tentáculos de un pulpo, la mercantilización extrema de la producción agraria con maquinaria de todo tipo, el modelo de segunda residencia que desbordaba el estricto ámbito metropolitano, el lucro en la dotación de vivienda o la dramática conversión de nuestras ciudades en espacios invivibles que obligan a escapar los fines de semana campaban por sus fueros.

Si los incendios de hoy son tan infernales, se debe, efectivamente, a un cambio climático jamás conocido hasta ahora y todavía negado (por cierto, es curiosa la gran preocupación de partidos negacionistas y extremistas por "el alma de la nación española", pero apenas nada por su "cuerpo"). Pero algo tendrá que ver también un territorio desordenado, abandonado, dejado al albur de cualquier proceso (laissez-faire) que se nos ha venido encima.

La furia del fuego y la devastación del agua en España no solo deben entenderse como fruto de causas climáticas, sino también como consecuencia de situaciones estructurales de base territorial que agravan hasta magnitudes desconocidas el cambio ambiental. Hay un dramático paralelismo entre las llamas de los incendios de Madrid, de Ávila o de Castelló y los miles de metros cúbicos de agua y fango que asolaron Paiporta, Torrent o Picanya con la DANA. Ambos demuestran que tenemos un territorio fuera de control. Y que este hecho es un peligro para las vidas de nuestros conciudadanos, como se vio con las 231 víctimas mortales de la DANA de València o las 13 del fuego de Los Gallardos, en Almería.

"Procesos de la geografía humana española que han alterado profundamente el territorio en estas últimas décadas están desbocados y no han sido atendidos con la suficiente presteza"

España necesita orden y concierto, es verdad. Pero me temo que no los que algunas fuerzas extremistas están deseando. En primer lugar, necesita orden (ordenación). El territorio peninsular español, de casi 500.000 km², no debe ser observado de manera fragmentaria, seccionado entre las competencias autonómicas y las del Gobierno central. Se necesita un esquema general de ordenación territorial "federal" integrado, a su vez, en una escala superior —la de la Unión Europea, cada vez más relevante—, y la misma lógica que aconseja tener criterios comunes de ordenación entre, pongamos, Madrid y Castilla y León aconsejaría dialogar entre España y Portugal. Y, en segundo lugar, se requiere también concierto (concertación). La estructura constitucional española obliga a ello, aunque cerremos los ojos a la evidencia. O modificamos la Constitución o hay que hablar más y mejor entre el Gobierno central y las autonomías para que el territorio no sea un escenario donde pasan cosas (ahora se inunda, ahora se quema), sino un actor y un productor de bienestar y futuro para toda la sociedad.