Domingo, 9 de agosto de 2026
TRANSICIÓN ECOLÓGICA
España vuelve a la mina: materias primas críticas y deberes a medio hacer
España concentra siete de los 47 proyectos estratégicos de materias primas de la UE y acaba de activar un plan de 414 millones hasta 2030. Cristian Quílez, responsable de transporte y movilidad de ECODES, sostiene que la oportunidad industrial del litio, el cobre y las baterías solo será viable si la minería incorpora desde el inicio garantías ambientales, participación local y un reparto territorial del valor.
La mina de Aguablanca es uno de los proyectos estratégicos en España identificados por la Comisión Europea.
España ha entrado, casi sin darse cuenta, en el mapa europeo de la minería crítica. Siete de los 47 proyectos estratégicos de materias primas seleccionados por la Comisión Europea están en territorio español, entre extracción y procesado de cobre, litio y otros minerales esenciales para la descarbonización. El I Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030 y el nuevo Reglamento europeo de Materias Primas Fundamentales (CRMA) han dado cobertura política a un sector que vive casi de espaldas al debate público. Y lo hace, además, bajo la Ley de Minas de 1973, preconstitucional, pensada para otro país y otro momento, sin apenas condicionantes ambientales, sociales o territoriales.
El razonamiento de fondo es conocido: no hay descarbonización sin baterías, ni baterías sin litio, cobalto o níquel. Europa importa hoy el 87% del litio que consume, y el CRMA establece que, desde 2030, no más del 65% del consumo anual de la Unión Europea de cada materia prima estratégica, en cualquier fase pertinente de transformación, podrá proceder de un único tercer país. Pero conviene no olvidar que los minerales no están donde conviene, sino donde la geología los depositó. Esto es, casi siempre, en zonas rurales con menor capacidad de negociación frente al capital que llega de fuera y menos peso político. El debate no es "sí o no a la minería", sino cómo y en qué condiciones se hace donde el recurso existe, teniendo en cuenta el momento actual.
Esta transición minera solo será viable si se construye desde el principio de la transición ecológica justa, no como añadido de última hora. Los convenios firmados tras el cierre de la minería del carbón —ayudas a la reconversión, gobernanza con sindicatos, restauración ambiental— demuestran que es posible, y obligatorio, sentar en la misma mesa a empresas, trabajadores y territorio antes de que el conflicto estalle. Y esa mesa, ese diálogo, debe establecerse en la fase previa al proyecto, con un diagnóstico compartido sobre expectativas, riesgos y retornos, no después. Debe ser parte del diseño y de la implementación.
Mientras tanto, la reforma de la Ley de Minas sigue pendiente: el Plan de Acción aprobado en marzo de 2026 incluye su modificación para integrar disposiciones del CRMA, pero la actualización todavía no se ha aprobado. En términos concretos, esto exige: legitimidad social entendida como proceso, no como trámite; participación real de comunidades en el diseño de los proyectos, no solo en su evaluación ambiental; reparto social y territorial del valor generado, con restauración vinculante al cierre; y diligencia debida en derechos humanos que se exija con el mismo rigor a las empresas y cadenas de suministro de los materiales importados, para no aplicar aquí un estándar que no reclamamos a terceros países.
En ECODES apostamos por que España aproveche esta ventana industrial sin sacrificar biodiversidad, agua o confianza social y territorial. Pero solo si se abandona la idea de que existe una minería "sostenible" o "responsable" por definición, ya que ese es un concepto vaciado de contenido a fuerza de repetirse sin condiciones verificables detrás. La legitimidad social no se decreta desde Madrid ni desde Bruselas: se construye, proyecto a proyecto, con quienes van a convivir con la mina, la planta o la fábrica durante décadas. La transición hacia una economía descarbonizada solo merecerá llamarse transición si es, también, ecológica, justa e inclusiva.
El razonamiento de fondo es conocido: no hay descarbonización sin baterías, ni baterías sin litio, cobalto o níquel. Europa importa hoy el 87% del litio que consume, y el CRMA establece que, desde 2030, no más del 65% del consumo anual de la Unión Europea de cada materia prima estratégica, en cualquier fase pertinente de transformación, podrá proceder de un único tercer país. Pero conviene no olvidar que los minerales no están donde conviene, sino donde la geología los depositó. Esto es, casi siempre, en zonas rurales con menor capacidad de negociación frente al capital que llega de fuera y menos peso político. El debate no es "sí o no a la minería", sino cómo y en qué condiciones se hace donde el recurso existe, teniendo en cuenta el momento actual.
"El debate no es «sí o no a la minería», sino cómo y en qué condiciones se hace donde el recurso existe, teniendo en cuenta el momento actual"España entra, además, en toda la cadena de valor: lo que se extraiga puede terminar procesado, convertido en celda de batería y montado en un vehículo sin salir del país, con el reciclaje y la reutilización —el nuevo Reglamento de Baterías exige recuperar hasta el 90% del cobalto y del níquel— como último eslabón. Esa cadena completa es una oportunidad industrial real, pero también multiplica los puntos donde puede fallar la legitimidad social. Y aquí el problema es tanto el rechazo como el desconocimiento: un estudio de 2025 mostraba que el 63% de los españoles cree que la minería debería impulsarse, pero ocho de cada diez desconocen que genera más de 320.000 empleos, y casi la mitad no sabe cómo reaccionaría si un proyecto se abriera cerca de su localidad.
Esta transición minera solo será viable si se construye desde el principio de la transición ecológica justa, no como añadido de última hora. Los convenios firmados tras el cierre de la minería del carbón —ayudas a la reconversión, gobernanza con sindicatos, restauración ambiental— demuestran que es posible, y obligatorio, sentar en la misma mesa a empresas, trabajadores y territorio antes de que el conflicto estalle. Y esa mesa, ese diálogo, debe establecerse en la fase previa al proyecto, con un diagnóstico compartido sobre expectativas, riesgos y retornos, no después. Debe ser parte del diseño y de la implementación.
Mientras tanto, la reforma de la Ley de Minas sigue pendiente: el Plan de Acción aprobado en marzo de 2026 incluye su modificación para integrar disposiciones del CRMA, pero la actualización todavía no se ha aprobado. En términos concretos, esto exige: legitimidad social entendida como proceso, no como trámite; participación real de comunidades en el diseño de los proyectos, no solo en su evaluación ambiental; reparto social y territorial del valor generado, con restauración vinculante al cierre; y diligencia debida en derechos humanos que se exija con el mismo rigor a las empresas y cadenas de suministro de los materiales importados, para no aplicar aquí un estándar que no reclamamos a terceros países.
"Desde España está claro que nuestro país debería condicionar sus propios apoyos públicos al cumplimiento estricto de estos criterios ambientales, sociales y territoriales"Ese doble rasero es evitable, y la UE parece que da algunos pasos para apuntar al cómo: el Paquete de Automoción de diciembre de 2025 y la propuesta de Reglamento de Aceleración Industrial, presentada por la Comisión Europea en marzo de 2026, plantean condiciones de contenido europeo a la inversión en la cadena de la batería, en el debate entre un Made in Europe estricto y un Made with Europe flexible. Sea cual sea el resultado, desde España está claro que nuestro país debería condicionar sus propios apoyos públicos al cumplimiento estricto de estos criterios ambientales, sociales y territoriales desde el primer momento del proyecto, no como revisión posterior.
En ECODES apostamos por que España aproveche esta ventana industrial sin sacrificar biodiversidad, agua o confianza social y territorial. Pero solo si se abandona la idea de que existe una minería "sostenible" o "responsable" por definición, ya que ese es un concepto vaciado de contenido a fuerza de repetirse sin condiciones verificables detrás. La legitimidad social no se decreta desde Madrid ni desde Bruselas: se construye, proyecto a proyecto, con quienes van a convivir con la mina, la planta o la fábrica durante décadas. La transición hacia una economía descarbonizada solo merecerá llamarse transición si es, también, ecológica, justa e inclusiva.
Cristian Quílez
Responsable de Proyectos del Área de Políticas Públicas y Gobernanza Climática de Ecodes
Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned, España) y Máster Universitario en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales por la Universidad de Zaragoza. En 2018, se incorpora a Ecodes como técnico de energía y personas para ejecución de proyectos dentro de la iniciativa 'Ni Un Hogar Sin Energía'. Actualmente, lleva a cabo el seguimiento e incidencia en políticas y medidas de ámbito nacional y europeo sobre transporte y movilidad, así como campañas y estrategias de comunicación, para una regeneración y transformación económica y social sostenible.
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