Hemos celebrado (y reivindicado) el Día del Orgullo LGTBIQ+. Rememorando los altercados del Stonewall Inn de 1969,
millones de personas salen a la calle a visibilizar su forma de vida y a conmemorar los derechos adquiridos durante las últimas décadas. Es una realidad insoslayable que
España, y Madrid, con sus festividades a la cabeza, son vanguardia en aceptación y reconocimiento de derechos. Sin embargo, no podemos llamarnos a engaño. Aunque se ha avanzado en derechos,
actos homófobos como agresiones y discriminación siguen siendo habituales, incluso en países desarrollados como España.
España ha sido reconocida recientemente como
el país más garantista con los derechos de la comunidad LGTBIQ+ según el
Rainbow Map, que mide 76 criterios en torno a asuntos como la igualdad, la familia, la no discriminación o los discursos de odio. España, un país de raíz cultural católica pero abierto a la inclusión,
siempre se ha situado a la vanguardia de los derechos LGTBIQ+, siendo uno de los primeros en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo (2005) o, más recientemente,
la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans (2023). Sin embargo,
la aprobación de estas leyes estuvo acompañada de un intenso debate en el que se entremezclaban cuestiones humanitarias, religiosas e ideológicas.
"Aunque se ha avanzado en derechos, actos homófobos como agresiones y discriminación siguen siendo habituales, incluso en países desarrollados como España"
¿Hasta qué punto estas cuestiones siguen estando determinadas por la ideología? Recordemos que, el 26 de junio, el diputado del Partido Popular Jaime de los Santos
proclamaba en el Congreso:
"Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas". Se trata de una proclama poco habitual en el mundo conservador por lo explícita y confirmatoria. Pero hace unos años este reconocimiento era
un tema que levantaba ampollas entre los sectores más conservadores de la sociedad. ¿Se han diluido las diferencias ideológicas o partidistas? ¿Hay alguna diferencia entre ciudadanía y representantes cuando hablamos de
derechos de la comunidad LGTBIQ+?
Un grupo de académicos hemos llevado a cabo
dos encuestas que nos permiten comparar
las actitudes de las élites parlamentarias y de la ciudadanía ante un amplio abanico de cuestiones políticas. Ambas encuestas emplean prácticamente las mismas preguntas y están calibradas entre sí, por lo que
los resultados reflejan las opiniones de la España actual.
Ante la afirmación "son necesarias más leyes de derechos civiles para reducir la discriminación contra las personas LGTBIQ+",
los resultados globales muestran un patrón similar entre ciudadanía y representantes:
Como puede observarse,
las distribuciones de las opiniones de ciudadanos y representantes siguen un patrón similar: alrededor del 50% en ambos grupos están de acuerdo con aprobar más leyes que reduzcan la discriminación contra este colectivo; es decir,
están de acuerdo con una sociedad más inclusiva. Por el contrario, algo menos de un 25% estaría en contra. Entre un cuarto y un tercio no tendrían posición significada. Si hablamos a nivel agregado,
España se muestra como un país donde abundan más las personas favorables a ampliar los derechos de la comunidad LGTBIQ+. ¿Cómo se distribuyen las opiniones en función de la ideología?
En el gráfico se reproduce
una fractura ideológica en torno a los derechos LGTBIQ+. A medida que avanzamos en el espectro ideológico de derecha a izquierda,
el apoyo crece de forma consistente. Mientras que en la derecha solo un 30% de la ciudadanía y un escaso 13% de los políticos se muestran de acuerdo, en la izquierda esas cifras ascienden al 67% y al 86%, respectivamente.
El centro actúa como punto de templanza, con posiciones más repartidas y una mayoría relativa favorable.
Lo más llamativo, sin embargo, es
la brecha que se abre entre representantes y ciudadanía de un mismo bloque ideológico. En la derecha,
los políticos son bastante más reticentes que sus votantes (un 56% en desacuerdo frente al 40% ciudadano), mientras que en la izquierda ocurre lo contrario:
los parlamentarios muestran un apoyo aún más rotundo que la ciudadanía de su misma tendencia (86% para los parlamentarios frente a un 67% de los ciudadanos). Esto sugiere que
los representantes, como en otras cuestiones, suelen agruparse con más frecuencia en posiciones para las que sus electorados se muestran más tímidos. La opinión de la ciudadanía, al igual que ocurría en nuestro anterior artículo sobre la
cuestión migratoria, se encuentra mucho menos influenciada por la ideología que la de sus representantes.
"La opinión de la ciudadanía se encuentra mucho menos influenciada por la ideología que la de sus representantes"
En definitiva,
España se sitúa como un país proclive a los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Sin embargo,
la ideología, especialmente entre los parlamentarios, sigue marcando una frontera entre aquellos dispuestos a ampliar los derechos y aquellos que consideran que ya son suficientes. Es una frontera más que se fortalece, en lugar de ir diluyéndose con
la aceptación social de una realidad insoslayable. ¿Puede afectar esta brecha al futuro del colectivo? Es cierto que en la política española todo parece hiperbólico, simplista y presentado con
poco respeto. En contextos de polarización afectiva como el español,
esta estrategia puede derivar en discursos de odio y señalamientos a grupos históricamente discriminados y estigmatizados. Porque en un país que lleva décadas legislando a favor de la igualdad, el verdadero termómetro de la inclusión no solo viene dado por las leyes aprobadas, sino por el clima que genera la discusión de esas iniciativas legislativas.