Cuando el 23 de junio de 2016 una mayoría de británicos votó a favor de abandonar la Unión Europea, pocos podían imaginar que diez años después
el Reino Unido seguiría inmerso en una crisis de adaptación política e institucional de semejante profundidad. El Brexit fue presentado como
una oportunidad histórica para recuperar el control, restaurar la soberanía nacional y abrir una nueva etapa de prosperidad económica. Sin embargo, una década más tarde,
el balance parece apuntar en una dirección diferente. El Reino Unido no solo no se ha convertido en el "Singapur europeo", sino que es
hoy un país más polarizado, más inestable políticamente y con mayores dificultades para definir su papel en un entorno internacional cada vez más competitivo e incierto.
La reciente dimisión de Keir Starmer, apenas dos años después de haber alcanzado el poder con una amplia mayoría parlamentaria, constituye
el último episodio de una década marcada por la volatilidad política. Desde el referéndum, el país ha encadenado
una sucesión de primeros ministros incapaces de estabilizar el sistema político o de ofrecer una respuesta convincente a los problemas estructurales acumulados desde la salida de la Unión Europea.
Quién gobierna en Westminster es importante, pero cabe preguntarse por qué ningún liderazgo, por distinto que sea, parece capaz de consolidarse.
"El Reino Unido es hoy un país más polarizado, más inestable políticamente y con mayores dificultades para definir su papel en un entorno internacional cada vez más competitivo e incierto"
El Reino Unido ha sido considerado por muchos como
un ejemplo de estabilidad institucional. La fortaleza de sus partidos, la disciplina parlamentaria y la previsibilidad de sus procesos políticos constituían algunas de las señas de identidad del denominado modelo Westminster. Sin embargo,
el Brexit alteró profundamente esos equilibrios. Todo comenzó como
una disputa interna del Partido Conservador, pero terminó escalando hasta convertirse en un factor de desestructuración de todo el sistema político británico. Arend Lijphart difícilmente reconocería lo que está pasando.
La salida de la Unión Europea obligó a gestionar
complejas negociaciones comerciales, regulatorias y territoriales para las que ni el Gobierno ni las instituciones parecían plenamente preparados. Desde entonces, la política británica ha vivido instalada en
una dinámica de excepcionalidad constante. Theresa May no logró sacar adelante un acuerdo de retirada que satisficiera a su propio partido; Boris Johnson culminó el proceso, pero terminó devorado por los escándalos; Liz Truss protagonizó uno de los episodios de mayor inestabilidad financiera de la historia reciente del país; Rishi Sunak trató de restaurar la confianza de los mercados, y, finalmente, Keir Starmer llegó al poder con la promesa de devolver la competencia y la estabilidad a la gestión pública.
Ninguno ha conseguido cerrar la etapa abierta en 2016.
Esta
incapacidad para reconstruir consensos políticos duraderos refleja
un problema más profundo. El Brexit no pudo resolver las fracturas existentes en la sociedad británica, pero además
las hizo más visibles.
Las divisiones territoriales, generacionales, educativas y socioeconómicas que atravesaron el referéndum continúan condicionando la vida política del país.
Las dificultades económicas han contribuido a alimentar
esta sensación de incertidumbre. Aunque las previsiones más catastrofistas no llegaron a materializarse, tampoco lo hicieron
las promesas de prosperidad asociadas al Brexit. La economía británica ha mostrado durante estos años
un crecimiento sistemáticamente inferior al esperado, con problemas persistentes de productividad, inversión y
competitividad. Asimismo,
la salida del mercado único y de la unión aduanera ha incrementado los costes para numerosas empresas exportadoras, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, mientras que sectores como la agricultura, la logística o los cuidados han sufrido las consecuencias de una reducción de la mano de obra europea disponible.
A ello se suman problemas que
no son exclusivamente atribuibles al Brexit, pero que este ha contribuido a agravar:
el aumento de las desigualdades territoriales, el deterioro de los servicios públicos tras años de austeridad y la dificultad para encontrar un nuevo modelo de crecimiento en un contexto internacional marcado por
la competencia geoeconómica y las tensiones comerciales.
Particularmente significativo ha sido
el debilitamiento de uno de los grandes argumentos de los defensores de la salida: la idea de una
Global Britain capaz de compensar su alejamiento de Europa mediante una mayor proyección global. Diez años después,
esa estrategia no ha producido los resultados esperados. Los acuerdos comerciales firmados con terceros países
han tenido un impacto limitado, mientras que
la proximidad económica con la Unión Europea continúa siendo un factor difícilmente sustituible. La geografía sigue imponiendo sus propias reglas.
"La idea de una 'Global Britain' capaz de compensar su alejamiento de Europa mediante una mayor proyección global no ha producido los resultados esperados"
Las consecuencias territoriales tampoco han desaparecido. Escocia sigue representando
uno de los principales desafíos para la cohesión del Estado británico. El hecho de que una clara mayoría de escoceses votara por permanecer en la Unión Europea mantiene viva
la reivindicación independentista, que continúa encontrando en Europa
un importante recurso político y simbólico. Mientras, en Irlanda del Norte, los complejos acuerdos alcanzados para evitar una frontera física en la isla han permitido preservar la estabilidad, pero no han eliminado
las tensiones derivadas de una situación institucional extraordinariamente delicada.
La crisis británica es, por tanto,
simultáneamente económica, política y territorial. Pero también es
una crisis de representación. Una parte creciente de la ciudadanía percibe que las élites políticas han sido incapaces de ofrecer soluciones eficaces a problemas que afectan directamente a sus condiciones de vida.
La desconfianza hacia las instituciones y el auge de fuerzas populistas como Reform UK reflejan precisamente este malestar acumulado.
Entre todas estas cuestiones aparece Andy Burnham,
uno de los nombres que con mayor fuerza han comenzado a sonar para liderar la nueva etapa del Partido Laborista. Su posible ascenso no responde únicamente a una cuestión de renovación generacional o de liderazgo. Representa también
la búsqueda de una alternativa política capaz de
reconectar con sectores sociales que han ido alejándose progresivamente de los grandes partidos tradicionales.
A diferencia de Starmer, cuya imagen estuvo asociada a la competencia técnica y al perfil institucional, Burnham ha construido
su trayectoria política desde el ámbito local. Como alcalde del Gran Mánchester ha desarrollado un discurso centrado en
la cohesión territorial, la inversión pública y la descentralización, cuestiones que conectan directamente con
algunas de las fracturas que el Brexit puso de manifiesto.
En este sentido, quizás su principal activo reside precisamente en
su capacidad para interpretar el malestar existente fuera de Londres. En tiempos recientes, buena parte del debate político británico se ha articulado desde una perspectiva excesivamente centrada en la capital y en las dinámicas de las grandes áreas metropolitanas. Sin embargo, Burnham representa
una visión distinta,
más atenta a las demandas de las ciudades industriales del norte de Inglaterra y de aquellos territorios que han experimentado con mayor intensidad los efectos de la desindustrialización y las desigualdades regionales.
En todo caso, sería un error pensar que un cambio de liderazgo puede resolver por sí solo los problemas acumulados durante la última década. De esta manera,
el desafío para el próximo Gobierno británico no consistirá únicamente en recuperar la estabilidad política, sino en
redefinir el lugar del Reino Unido en relación con la UE y con el mundo en su conjunto. Aunque la posibilidad de regresar a la Unión Europea no forma parte del debate político inmediato,
cada vez resulta más evidente que la relación con Bruselas tiende a una redefinición.
"Sería un error pensar que un cambio de liderazgo puede resolver por sí solo los problemas acumulados durante la última década"
Así, una década después del referéndum,
el Brexit sigue siendo el gran hecho político que estructura la vida pública británica. No porque continúe ocupando diariamente los titulares, sino porque
muchas de las cuestiones que desencadenó permanecen abiertas. La dimisión de Starmer es un recordatorio de ello. Más que el fracaso de un dirigente concreto, simboliza
la dificultad de encontrar un nuevo equilibrio político tras una decisión que transformó profundamente el país. La gran paradoja es que
el Reino Unido abandonó la Unión Europea para recuperar el control de su destino. Hoy todavía busca la manera de ejercerlo.