El Public Affairs Summit reivindica los asuntos públicos como pieza clave de la gobernanza

En un contexto político marcado por la fragmentación parlamentaria, la complejidad regulatoria y una creciente demanda de interlocución entre instituciones y sociedad civil, el primer Public Affairs Summit celebrado en Madrid reunió ayer a profesionales de los asuntos públicos, representantes institucionales, empresas, asociaciones y consultoras para debatir sobre la evolución del sector en España. La elección de Madrid como nueva sede del encuentro europeo no fue casual; aunque la profesión cuenta con una larga tradición en Bruselas o en otras capitales europeas, en España el ecosistema de asuntos públicos sigue consolidándose y ganando reconocimiento institucional.

A lo largo de la jornada, el diagnóstico fue compartido: los asuntos públicos han dejado de ser una actividad periférica o exclusivamente corporativa para convertirse en un elemento estructural de la gobernanza contemporánea. La multiplicación de actores políticos, la presión regulatoria, el peso creciente de Bruselas y la necesidad de generar consensos en entornos cada vez más polarizados han ampliado el espacio de actuación de la profesión, pero también sus responsabilidades.

"El éxito de los asuntos públicos significa el éxito de nuestro sistema político, nuestra democracia y el interés general"

La intervención inaugural del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas marcó buena parte del tono del encuentro. Simancas defendió que "el éxito de los asuntos públicos significa el éxito de nuestro sistema político, nuestra democracia y el interés general", vinculando directamente la actividad de influencia y representación de intereses con la calidad democrática. Aunque reivindicó a España como una democracia plena, advirtió también sobre la fragilidad de los consensos y apeló a la responsabilidad compartida entre instituciones y profesionales del sector para fortalecer la transparencia, la participación y la calidad de las políticas públicas."La democracia española es valiosa, pero también frágil y reversible", señaló, en una intervención donde insistió en la importancia de la colaboración público-privada y de incorporar conocimiento técnico y evaluación de políticas en la toma de decisiones públicas.

Fragmentación política: más complejidad junto a más espacios de influencia

Uno de los grandes ejes del foro fue el impacto de la fragmentación política en la práctica de los asuntos públicos. La mesa sobre gobiernos en minoría y mayorías cambiantes reflejó un consenso amplio: el actual escenario parlamentario no es una anomalía coyuntural, estamos ante una transformación estructural de la política española.

Joan Navarro, presidente de AP institute, señaló que los gobiernos monocolor han sido una anomalía en el contexto europeo y planteó que el actual escenario político, aunque más complejo, también ha introducido mayores niveles de pluralidad y transparencia en los procesos de negociación. A su juicio, la creciente diversidad social y política ha multiplicado los intereses y sensibilidades presentes en el debate público, dificultando la gestión política y la construcción de consensos, pero sin que ello deba derivar en bloqueo institucional. 

La idea de que la pluralidad política obliga a repensar las estrategias de interlocución fue compartida por Elio Estevez, director de Asuntos Públicos de Procter & Gamble y Carmen Sánchez Muñoz, directora de Regulación y Asuntos Públicos de DigitalES, quienes describieron un entorno mucho más volátil, multinivel y menos lineal. Para las empresas, explicaron, esto implica dedicar más recursos, aumentar la planificación estratégica y mantener una interlocución constante con actores diversos, tanto en Madrid como en Bruselas.

"La fragmentación complica la toma de decisiones, ralentiza los procesos legislativos y genera incertidumbre regulatoria, pero también multiplica los espacios de negociación"

El coloquio dejó una idea recurrente a lo largo del día: la fragmentación complica la toma de decisiones, ralentiza los procesos legislativos y genera incertidumbre regulatoria, pero al mismo tiempo multiplica los espacios de negociación y obliga a construir consensos más amplios. En palabras de Diego Sanjuanbenito, managing Partner en Rud Pedersen España, "los profesionales de los asuntos públicos nos dedicamos a la complejidad".
 

Transparencia y regulación: el consenso pendiente

Otro de los debates centrales giró en torno a la regulación de la actividad de lobby en España. La sensación general fue clara: existe un consenso creciente sobre la necesidad de avanzar hacia una regulación integral, pero el proceso sigue bloqueado políticamente.

Los participantes coincidieron en que España llega tarde respecto a otros países europeos y a las instituciones comunitarias. Dolores González Pastor, directora de RRII y Asuntos Públicos en Octopus Energy, resumió esta percepción al afirmar que "la pregunta ya no es si hace falta una regulación, sino por qué se está tardando tanto".

Durante el día se abordaron cuestiones como la trazabilidad de la influencia, la necesidad de registros interoperables entre administraciones, el control de conflictos de interés y el papel de los partidos políticos en los procesos de rendición de cuentas. Participantes como David Martínez García, director ejecutivo de Transparency International España e Irene Matías Campano, vicepresidenta de APRI, insistieron en la necesidad de que exista en España una autoridad independiente con capacidad supervisora y sancionadora, así como en la importancia de que la regulación alcance tanto al sector público como a los propios grupos de interés. Más allá del contenido técnico, el debate reflejó también una cierta madurez del sector, que empieza a reivindicar la regulación como una herramienta de legitimación profesional y fortalecimiento institucional.

La influencia ya no se juega solo en Madrid

La dimensión europea atravesó gran parte de las conversaciones del Summit. La mesa dedicada a la relación entre Madrid y Bruselas evidenció hasta qué punto la agenda regulatoria europea condiciona ya las decisiones nacionales y empresariales.
Uno de los mensajes más repetidos fue la necesidad de abandonar una visión defensiva de Bruselas. Omar Anguita, socio y director de Relaciones Institucionales y Estrategia de Rud Pedersen España, señaló que muchas empresas siguen percibiendo la regulación europea como una limitación, cuando en realidad las instituciones comunitarias se limitan a poner las reglas del juego en un contexto global cada vez más competitivo.

"En asuntos públicos no gana quien llega el último y grita más alto, sino quien lleva tiempo construyendo credibilidad y aportando datos"

En esa misma línea, Alicia Martín Rodríguez, directora general de Plastics Europe Región Ibérica, defendió la importancia del rigor técnico y del trabajo continuado frente a estrategias basadas únicamente en la presión política o mediática. "En asuntos públicos no gana quien llega el último y grita más alto", afirmó, "sino quien lleva tiempo construyendo credibilidad y aportando datos". La conversación sobre Europa dejó además una tensión de fondo que apareció en distintos momentos del día: cómo compatibilizar la defensa de intereses nacionales o sectoriales con la necesidad de construir una posición europea más coherente y estratégica.

Carolina Gregorio, directora de Asuntos Públicos de Sostenibilidad en Dow EMEA, defendió la necesidad de pensar en Europa y no en los veintisiete Estados miembros por separado, apostando por alianzas sectoriales e industriales más amplias frente a competidores globales como China o Estados Unidos. Sin embargo, otros participantes e invitados recordaron que la creciente fragmentación política interna de los Estados miembros dificulta precisamente esa construcción de una única voz europea.

IA, sostenibilidad y especialización sectorial

Aunque la fragmentación política y la regulación dominaron buena parte del debate, el encuentro también reflejó cómo los asuntos públicos se están especializando y tecnificando cada vez más.

Las distintas sesiones paralelas y talleres abordaron ámbitos muy específicos —sanidad, sostenibilidad, comunicación corporativa, relaciones con asociaciones empresariales, ONG o incorporación de jóvenes al sector— mostrando hasta qué punto la interlocución institucional se ha integrado en prácticamente todos los ámbitos de actividad económica y social.

La inteligencia artificial (IA)ocupó también un lugar destacado. En la mesa dedicada a su impacto en el sector, en la que participaron Enrique Marcos Collado, senior manager de Spaak; Tomás Burgaleta Alonso, cofundador de Reversa AI; Cecilia Álvarez Rigaudias, director of Data and Privacy Policy Europe de Meta; y Ana Salazar Sánchez, presidenta de ACOP, varios ponentes coincidieron en que la IA ya está transformando procesos internos, capacidades de análisis y seguimiento regulatorio, aunque todavía no ha sustituido el componente estratégico y relacional de la profesión.

La capacidad para identificar patrones, anticipar debates públicos o agilizar tareas técnicas convivió en el coloquio con advertencias sobre confidencialidad, dependencia tecnológica o pérdida de criterio. La conclusión dominante fue que la IA puede optimizar procesos, pero no reemplazar el juicio político, la comprensión del contexto o la construcción de confianza. Saber formular las preguntas adecuadas, interpretar los tiempos políticos y entender las dinámicas de negociación sigue siendo, según los participantes, el principal valor añadido del sector.

"Las nuevas generaciones llegan con una relación mucho más natural con la tecnología y la IA, combinando capacidades digitales con una comprensión más transversal de la comunicación"

En paralelo, varias intervenciones apuntaron también a un relevo generacional que puede transformar la profesión desde dentro. En el taller sobre la incorporación de jóvenes al mercado de los asuntos públicos, los participantes defendieron que las nuevas generaciones llegan con una relación mucho más natural con la tecnología y la IA, combinando capacidades digitales con una comprensión más transversal de la comunicación, el análisis político y la gestión de información. La automatización de determinadas tareas técnicas o burocráticas, señalaron, permitirá dedicar más tiempo a funciones de valor estratégico y relacional.

Ese proceso de transformación está yendo acompañado además de una creciente profesionalización del sector. A lo largo del foro se puso de manifiesto cómo los asuntos públicos han comenzado a consolidarse también en el ámbito académico y formativo, con más programas especializados, instituciones dedicadas específicamente a esta actividad y una mayor estructuración profesional de un sector relativamente reciente en España. El propio encuentro reflejó esa evolución, con la participación de organizaciones como AP institute, ACOP o APRI, vinculadas al desarrollo, formación y representación de la profesión.

Una profesión más visible y más estructural

Más allá de los debates concretos, el Public Affairs Summit dejó una sensación compartida: los asuntos públicos están ganando peso, sofisticación y legitimidad en España. El hecho de que Madrid acogiera por primera vez este encuentro europeo es señal de madurez de un sector que durante años ha operado con menor visibilidad que en otros países del entorno.

A lo largo de la jornada apareció repetidamente una paradoja: la actividad de influencia suele desarrollarse lejos del foco público, pero su impacto sobre las decisiones políticas, regulatorias y económicas es cada vez mayor. Precisamente por ello, muchas de las conversaciones giraron en torno a la necesidad de profesionalizar, hacer más transparente y explicar mejor una actividad que, según defendieron varios participantes, resulta imprescindible en sociedades cada día más complejas, fragmentadas y reguladas.

En un escenario político donde los consensos son más difíciles, las instituciones más multinivel y la regulación más técnica, el foro proyectó una idea clara: los asuntos públicos ya no son únicamente una herramienta de representación de intereses empresariales, se han convertido en un mecanismo de articulación entre sectores, administraciones y sociedad civil en un contexto político y regulatorio cada vez más sofisticado.