¿Qué habría que actualizar en la Constitución de 1978?

Como en los relatos de la Grecia clásica, hay momentos en los que el tiempo deja de ser una simple sucesión de días para convertirse en kairós: ese instante cargado de sentido en el que la decisión —o la inacción— inclina el rumbo de la historia. Frente a Cronos, que todo lo devora, el kairós exige conciencia, responsabilidad y coraje. Ese mismo coraje permitió a Ulises abandonar la falsa seguridad de la quietud para emprender un viaje incierto, guiado no por la nostalgia del pasado, sino por la necesidad de encontrar un futuro posible. 2026 pertenece, sin duda, a esa categoría. No porque convoque nostalgia, sino porque concentra una pregunta que se impone sobre el presente y, sobre todo, sobre el futuro.

Este 17 de febrero, la Constitución española de 1978 se convierte en la ley fundamental más longeva de nuestro constitucionalismo histórico, al superar, en tiempo de vigencia, a la de 1876, de inspiración canovista en el periodo de la Restauración. Con ello se cerró simbólicamente un ciclo histórico caracterizado durante más de dos siglos por textos de duración desigual e interrupciones abruptas. Hasta ahora, el récord lo ostentaba aquella Constitución de 1876, que permaneció en vigor durante 47 años y 73 días. Ese umbral se superó al cumplirse ese plazo desde el referéndum del 6 de diciembre de 1978, si bien la Constitución no entró formalmente en vigor hasta el 29 de ese mismo mes.

¿Qué implica que la Constitución de 1978 sea la más longeva?

Este dato histórico no debería interpretarse como una invitación a la autocomplacencia, sino como un punto de partida para la reflexión. La continuidad constitucional es un hecho relevante en la trayectoria política española, pero no constituye por sí misma una garantía automática de adecuación a las demandas del presente. La duración de un texto no sustituye a su capacidad para responder a las transformaciones sociales, económicas y culturales que inevitablemente se producen con el paso del tiempo.

"La mejor manera de conmemorar su vigencia es asumir su lógica fundacional: la de un pacto abierto a la actualización"

La Constitución española de 1978 fue fruto de un impulso reformista que permitió cerrar una etapa marcada por el miedo, la exclusión y la ausencia de pluralismo. Fue un texto eficaz para estabilizar el sistema institucional y articular un equilibrio complejo entre sensibilidades políticas, territoriales y sociales muy diversas. Su mayor virtud no residió en la clausura del conflicto. Consistió en haber demostrado que era posible transformar esa disputa en un acuerdo a través de la política, el diálogo y la renuncia recíproca.

Precisamente por ello, la mejor manera de conmemorar su vigencia es asumir su lógica fundacional: la de un pacto abierto a la actualización, capaz de incorporar cambios mediante procedimientos democráticos y a través del entendimiento entre sensibilidades diferentes. Ninguna constitución democrática está pensada para ser eterna en su literalidad. Su vocación es durar en los principios, no en cada una de las respuestas que ofrece a problemas que, inevitablemente, mutan con el tiempo.

Conviene recordarlo con claridad: las constituciones suelen nacer de momentos de ruptura —son children of revolution, hijas de la revolución—; las reformas constitucionales, de la continuidad democrática. Lo primero responde a crisis de legitimidad; lo segundo, a crisis de adecuación. España no atraviesa hoy una crisis de legitimidad democrática. Vive algo más sutil y, por ello, más delicado: una creciente distancia entre el diseño institucional heredado y las condiciones sociales, económicas y culturales del presente.

"El contrato social aparece descompensado: exige adhesión institucional y esfuerzo individual, pero devuelve incertidumbre, precariedad y una persistente sensación de bloqueo"

Esa distancia se manifiesta con especial nitidez en la brecha generacional. Las generaciones más jóvenes no rechazan la democracia ni su valor como forma de gobierno. Lo que ponen en cuestión es su capacidad para cumplir las promesas que formula. El acceso a la vivienda se ha convertido en una barrera estructural; las trayectorias laborales son inestables y fragmentadas; la expectativa de progreso vital se aplaza indefinidamente. El contrato social aparece descompensado: exige adhesión institucional y esfuerzo individual, pero devuelve incertidumbre, precariedad y una persistente sensación de bloqueo.

En este contexto, numerosos estudios muestran desde hace años un respaldo amplio y sostenido a la idea de reformar la Constitución, especialmente intenso entre quienes no participaron en su aprobación. No se trata de una pulsión antisistema ni de una impugnación de los marcos vigentes. Es, más bien, una exigencia de coherencia: si las reglas del juego condicionan toda una vida, resulta razonable que quienes la viven aspiren a revisarlas cuando han perdido funcionalidad.

También el mapa territorial envía señales que conviene leer sin apriorismos ni alarmismo. En distintas comunidades existe una percepción mayoritaria de que el modelo territorial necesita ajustes para ganar en claridad, eficacia y cooperación institucional. No se trata de debilitar el Estado, sino de reforzarlo desde el reconocimiento de su diversidad real. La cohesión no se construye negando los problemas, sino ofreciendo cauces democráticos para abordarlos.

Todo ello se produce, además, en un contexto especialmente exigente: una sociedad atravesada por una alta polarización política que erosiona la confianza institucional, empobrece el debate público y tensiona los fundamentos mismos del modelo de convivencia. La lógica de bloques, la deslegitimación del adversario y la conversión de cualquier reforma en un juego de suma cero dificultan la construcción de consensos amplios. En este escenario, el inmovilismo no actúa como un factor de estabilidad, sino como un multiplicador del desgaste democrático.

"Se invoca la estabilidad como si fuera incompatible con el cambio, cuando la experiencia histórica demuestra exactamente lo contrario"

Y, sin embargo, el debate público sobre la reforma constitucional sigue atrapado en una lógica defensiva. Se habla de riesgos, de incertidumbres y de escenarios indeseados, pero rara vez de oportunidades. Se invoca la estabilidad como si fuera incompatible con el cambio, cuando la experiencia histórica demuestra exactamente lo contrario: los sistemas que no se adaptan acaban siendo inestables por acumulación de tensiones no resueltas.

Referéndum consultivo (artículo 92): una vía para abrir la reforma constitucional

La propia Constitución ofrece mecanismos para afrontar este tipo de encrucijadas. El artículo 92 prevé el referéndum consultivo como instrumento para conocer la opinión de la ciudadanía sobre cuestiones de especial trascendencia. Es una herramienta de legitimación democrática que permite ordenar el debate, medir el consenso social y devolver centralidad a la voluntad popular en momentos de bloqueo institucional.

En un contexto de polarización y desgaste de las mediaciones tradicionales, preguntar puede ser el gesto más institucional. No para imponer una respuesta, sino para saber si existe una mayoría social dispuesta a abrir un proceso de actualización del pacto constitucional. Un referéndum consultivo sobre la conveniencia de reformar la Constitución tendría un efecto inmediato: desplazaría el eje del debate del bloqueo partidista a la voluntad ciudadana y obligaría a los responsables públicos a pensar en términos de mayorías sociales amplias, no de trincheras ideológicas.

¿Actualizar qué? No hablamos de una agenda abstracta, sino de problemas materiales muy concretos: la vivienda como derecho efectivo y no solo programático; el contrato social, para devolver expectativas de futuro a quienes han visto cómo el ascensor social se detenía; el modelo territorial, para reforzar la lealtad institucional desde la cooperación y el reconocimiento; y la integración supranacional, incorporando de forma explícita la pertenencia a la Unión Europea como marco institucional de derechos, deberes y soberanía compartida.

"Los derechos digitales, la protección frente al poder algorítmico y las garantías democráticas en un espacio público cada vez más condicionado por intereses privados y dinámicas opaca"

A ello se suman los grandes desafíos del siglo XXI: los derechos digitales, la protección frente al poder algorítmico y las garantías democráticas en un espacio público cada vez más condicionado por intereses privados y dinámicas opacas, además de los procesos asociados a la transición ecológica —quizá el mayor desafío de nuestro tiempo—. Además de reformas, todo ello exige una interpretación dinámica y evolutiva de la Constitución: un constitucionalismo que conciba el texto como una arquitectura viva y no como un objeto sacralizado.

El reputado constitucionalista de Yale Bruce Ackerman ha descrito estos procesos como "momentos constitucionales": etapas en las que, sin mediar reformas clásicas, la sociedad se moviliza lo suficiente como para redefinir el sentido del pacto democrático. Medio siglo después del final de la dictadura y cuatro décadas después de su integración europea, España se encuentra ante uno de esos momentos.

No se trata de idealizar el pasado ni de someterlo a revisión retrospectiva. El objetivo sería comprender la lógica que hizo posible el pacto constitucional: la convicción de que la democracia se fortalece cuando se atreve a cambiar; de que la continuidad no se preserva blindando textos, sino renovando consensos; de que el poder constituido no puede vivir indefinidamente de espaldas al poder constituyente latente en la sociedad.

"Entre la veneración inmóvil y la reforma democrática existe una elección política de fondo, especialmente en un tiempo de polarización que amenaza con convertir la convivencia en un equilibrio frágil"

En 2026, tras haberse superado el récord temporal de vigencia que durante décadas correspondió a la Constitución de 1876, la pregunta que se impone es tan sencilla como necesaria: ¿seremos capaces de utilizar la democracia para actualizar nuestro propio Derecho? ¿O preferiremos refugiarnos en una estabilidad aparente mientras el contrato social y nuestros marcos de convivencia continúan desgastándose?

Las constituciones no se debilitan cuando se reforman. Se erosionan cuando dejan de ser creídas. Y ninguna democracia puede permitirse que su norma fundamental sea respetada pero no sentida. Entre la veneración inmóvil y la reforma democrática existe una elección política de fondo, especialmente en un tiempo de polarización que amenaza con convertir la convivencia en un equilibrio frágil.

Quizá el gesto más transformador —y también el más responsable— del momento no sea resistirse al cambio, sino atreverse a preguntar. Hacerlo como paso previo que refuerce el mandato, la legitimidad y la conexión con las mayorías sociales de la persona que reúna la audacia transformadora necesaria para liderar ese proceso.

La cuestión no es ya si la Constitución, como pacto colectivo y marco de convivencia, debe actualizarse. En el presente se habla de cuál sería el coste democrático, social y generacional de no hacerlo. Como sabían los griegos, incluso los dioses advertían no solo contra la hybris del exceso, sino también contra la parálisis ante el kairós. Ulises comprendió que demorarse indefinidamente en el viaje equivalía a renunciar a Ítaca. Reconocer el momento decisivo y actuar con responsabilidad no pone en riesgo el orden democrático: lo renueva, lo refuerza y le permite seguir siendo un espacio compartido de futuro.