Reformar la Constitución podría inaugurar una nueva etapa política en España

Estimados y estimadas miembros de las Cortes Generales:

La Constitución de 1978 fue un "new beginning", como ha expresado el profesor Muñoz Machado. Superamos una importante asignatura pendiente en nuestra historia al ser capaces de aprobar una Constitución de consenso que permitió establecer una "sociedad democrática avanzada", como predica su preámbulo. Ahora bien, si la Constitución da el diseño de la casa y, ciertamente, la del 78 ofreció una arquitectura institucional que permitió erigir una democracia a la altura de las mejores del mundo, el desafío luego está en cuidarla y saber vivir en ella. 

"Pasan los años y no hemos sido capaces de acometer una revisión de un cierto calado a nuestra Norma Fundamental y ni siquiera a leyes claves que definen el orden político-institucional"

Sin embargo, pasan los años y no hemos sido capaces de acometer una revisión de un cierto calado a nuestra Norma Fundamental y ni siquiera a leyes claves que definen el orden político-institucional. A nivel constitucional, tan solo se han producido tres reformas menores de nuestro Texto Constitucional (para permitir el sufragio pasivo a ciudadanos comunitarios en 1992; en 2011, nuevamente a instancia de Europa se introdujo el principio de estabilidad presupuestaria; y, finalmente, en 2024 se ha sustituido el término disminuido por el de personas con discapacidad). Nada más.

Es cierto que ninguno de los problemas que acusa nuestra sociedad tiene su causa en normas constitucionales o legales, pero quizá ciertas reformas sí que podrían ayudar a afrontarlos. Hay cuestiones en el diseño institucional que son mejorables o que convendría apuntalar a la luz de su desarrollo. Pienso, por ejemplo, en el Estado autonómico o en ciertas garantías para preservar mejor la separación de poderes. Pero, sobre todo, en relación con los derechos fundamentales ha habido cambios muy profundos de la realidad social y económica y derivados de la revolución digital que presentan nuevas demandas de tutela. Las cuales, aunque en muchos casos puedan solventarse a través de avances legislativos y de la propia interpretación realizada por el Tribunal Constitucional, siempre es mejor reconducir a través de la reforma constitucional. Razones que abundan en la conveniencia de asumir un proyecto reformista. Conveniencia, que no necesidad, porque, como se ha dicho, hoy por hoy los problemas que sufrimos no son normativos. 

El perímetro de esta reforma deseable está más que estudiado. Ya en los años noventa el Senado impulsó estudios sobre su reforma y, por reseñar un referente, en 2006 el Consejo de Estado aprobó a instancias del Gobierno Zapatero un importante informe sobre la reforma constitucional. A nivel académico, en los últimos años son incontables los trabajos y estudios que hemos venido publicando. Y, políticamente, sobre todo en aquellos años tras la crisis en los que apareció un efímero espíritu regeneracionista se encuentran rastros de propuestas de reformas institucionales, tanto a nivel legal como constitucional, en programas electorales y acuerdos de Gobierno, y se impulsaron comisiones y subcomisiones parlamentarias. Por lo que podemos decir que el temario está preparado, solo queda presentarse a la convocatoria.

"Si tuviera que señalar alguna prioridad, diría que, a la luz de las circunstancias, la más importante es reconducir vía pacto constitucional el desbarajuste en el que ha quedado sumido nuestro Estado autonómico"

Si tuviera que señalar alguna prioridad, diría que, a la luz de las circunstancias, la más importante es reconducir vía pacto constitucional el desbarajuste en el que ha quedado sumido nuestro Estado autonómico. El fallido intento de mutación fraudulenta de nuestra Constitución con el proceso de reformas estatutarias desarrollado en la primera década de este milenio, que ha tenido como colofón la insurgencia en Catalunya en 2017.

Todo ello, además, entre pulsiones confederales cada vez más fuertes que están condicionando de forma dramática la gobernabilidad del país y con la reacción centralista por el otro extremo del arco político. Pues bien, frente a estas tendencias, urge fraguar un pacto que sostenga los tres pilares capitales del art. 2 CE —unidad, autonomía y solidaridad—, cerrando y perfeccionando el modelo autonómico con técnicas e instrumentos federales. Porque, dígase claro, la evolución de nuestro Estado autonómico se ha dirigido hacia la configuración de un modelo federal, que, además, ha reducido sustancialmente la potencialidad de las asimetrías entre "nacionalidades y regiones" que quedaban abiertas en la Constitución. Una realidad que debemos celebrar por su marcado sentido democratizador, que se ha impuesto a pesar de las querencias confederales de algunas fuerzas políticas y sin negar que hay cuestiones como los derechos forales o propios o la cooficialidad lingüística que se han estirado notablemente, generando problemas de relevancia constitucional para los propios ciudadanos.

"En este contexto político-institucional, también me parece interesante adoptar reformas tendentes a preservar la independencia de ciertos órganos claves para la separación de poderes

Más allá, habría otros retoques posibles que introducir en nuestra Norma Fundamental o en la legislación inmediata de desarrollo: empezando por cuestiones relacionadas con el régimen electoral; o, con vistas en el futuro, hay que eliminar la discriminación en la sucesión a la Corona. Además, tal y como está el contexto político-institucional, también me parece interesante adoptar reformas tendentes a preservar la independencia de ciertos órganos claves para la separación de poderes, en particular reduciendo la discrecionalidad política en el nombramiento de sus integrantes. Y en relación con los derechos fundamentales, como se ha dicho, también se podrían incorporar ciertos avances y nuevas garantías.

Ahora bien, no soy amigo de los grandes proyectos de reforma constitucional. Y, por supuesto, nunca apostaría por revisiones que afecten a los pilares de nuestro pacto fundamental, ya que considero que las decisiones fundamentales adoptadas en 1978 siguen manteniendo su plena vigencia: Estado social y democrático de derecho, con una monarquía parlamentaria como forma política y, en cuanto a la ordenación territorial, un Estado autonómico que, como he dicho, tiene un claro signo federal. De manera que, lejos de aventuras constituyentes que, en tiempos como los actuales, abocan al fracaso más estrepitoso (en Chile encontramos el mejor ejemplo), apostaría siempre por operar con prudencia a través de reformas puntuales y sucesivas, que vayan además generando una cierta cultura del pacto.

"Lejos de aventuras constituyentes, apostaría siempre por operar con prudencia a través de reformas puntuales y sucesivas, que vayan además generando una cierta cultura del pacto"

Precisamente, creo que aquí está el gran desafío. El problema de la reforma de la Constitución (o de su falta, mejor dicho) no está en la rigidez o dificultad del procedimiento. Al contrario, el procedimiento agravado de reforma, con todas las garantías que tiene el nuestro (incluido el referéndum final), debe ser entendido como una oportunidad para acometer debates serenos y buscar encuentros. Siendo conscientes de que el consenso no es el punto de partida, sino el de destino. El punto de partida ha de ser, simplemente, ciertas actitudes políticas (las cuales presuponen, probablemente, algunas aptitudes o virtudes). El problema es que estas actitudes y aptitudes políticas quedan muy lejos de la realidad actual. Ese es el gran elefante que hay en la habitación. 

De ahí que, hoy por hoy, personalmente me encuentre preocupado porque nuestra democracia pueda terminar sucumbiendo si no somos capaces de superar la polarización que ha llevado a que nuestro sistema político mute hacia un biblioquismo enfrentado, que recrea aquellas dos Españas que se abrazaron con la Constitución de 1978, el cual mina ese ideal de consenso que conforma el ADN de nuestra Norma Fundamental. En un contexto en el que crece, para colmo, el populismo iliberal.

Por todo ello, aunque creo que afrontar la reforma de la Constitución de 1978 con ciertas aptitudes y actitudes podría ser una oportunidad para reconducir nuestra política actual, en el fondo me conformo con lo que ya señalara Adela Cortina cuando celebrábamos el cuarenta aniversario de nuestra Constitución: "Para resolver estos problemas prioritarios no es necesario reformar leyes fundamentales, sino algo obvio: intentar encarnar en la vida compartida los valores de la Constitución vigente, que incluyen la libertad, la solidaridad y la igualdad en un país configurado no solo como un Estado de derecho, sino también como un Estado social y democrático de derecho, es decir, como una democracia liberal-social". Hago votos porque nuestra vida política se encarne de ese espíritu constitucional.