TENSIÓN DEMOCRÁTICA

¿Tiene coste no alinearse con el PP y Vox?

Para Javier Luque, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Jaén, la presencia del agitador Vito Quiles en el cierre de campaña del PP en Aragón supone la "formalización" de una ofensiva sistemática contra la disidencia. Este evento evidenciaría, según el autor, cómo el PP estaría asumiendo como propia una red de hostigamiento que busca que criticar a la derecha tenga un coste personal y profesional.

Francisco Javier Luque Castillo 8 de febrero de 2026

El agitador Vito Quiles interviene en el acto 'España combativa'. | Álex Cámara / Europa Press / ContactoPhoto

Uno de los últimos en denunciarlo ha sido el comunicador Jordi Évole. A mediados de noviembre contó en La Vanguardia, donde colabora semanalmente, que un hombre se le acercó en el aeropuerto de Barajas y le espetó un "¡Arriba España!" para luego despedirse haciendo el saludo romano. Dos semanas antes, en una entrevista en El País, la comentarista política Sarah Santaolalla confesó que tenía en su chat de WhatsApp dos mil mensajes sin contestar, pues la mayoría de ellos son insultos o amenazas de individuos anónimos, que consiguieron su número gracias a la filtración de su número —junto al de otras quince personalidades de la política y los medios— en un foro de derecha radical. Entre una y otra revelación supimos que el coreógrafo y bailarín Nacho Duato vio cancelado su espectáculo de danza en los Teatros del Canal (dependiente de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP), después de denunciar duramente a la ultraderecha en su cuenta de Instagram y rechazar la retractación pública exigida por el consejero de Cultura.

De los episodios vividos por Évole, Santaolalla y Duato hemos tenido noticia no hace mucho, pero es bien conocido el hostigamiento sistemático que padecen desde hace años otras personas de cierta notoriedad. Así les ocurre, entre otros, a los periodistas Fonsi Loaiza, Antonio Maestre y Miquel Ramos, amenazados desde hace años por grupos neonazis y fascistas.

2023-2026: los años que vivimos peligrosamente

En la España actual no es necesario exponerse mediáticamente como simpatizante de ideas progresistas o criticar a la ultraderecha ante grandes audiencias para padecer las consecuencias. También arriesgan su integridad quienes participan en actos políticos locales, como comprobaron los asistentes a un evento sobre Memoria Democrática en la sede del PSOE de Cantabria, en abril de 2025. Entonces, la sede sufrió un atentado con explosivos caseros —llevado a cabo por dos jóvenes encapuchados, entre los que se contaba el hijo de una alcaldesa del PP—. Este suceso se enmarca en el contexto de los 274 ataques perpetrados contra sedes de partidos de la mayoría de investidura, desde el inicio de la legislatura y hasta el septiembre pasado, correspondiendo a las Casas del Pueblo socialistas casi el 90% (238). En cambio, durante ese mismo periodo, han corrido suerte similar diez sedes de Vox y siete del PP. La sociedad civil organizada que se sitúa en una posición antagónica respecto a Vox y PP no está libre de experimentar situaciones indeseables por razón de su actividad. Así le ha sucedido recientemente, por ejemplo, a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), cuyo local fue vandalizado en las horas previas a la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, sellando con pegamento las cerraduras de sus puertas. Este hecho vino precedido por una campaña de descrédito, destinada a sembrar la sombra de la sospecha sobre las intenciones de Amama, que estaría supuestamente alineada con el PSOE.

"De estas dinámicas de señalamiento y escarnio, aderezadas invariablemente con no pocas dosis de desinformación, tampoco escapan jueces y fiscales"

A principios de noviembre, el gerente provincial del PP en Valencia, Sergio Alonso, afirmaba en X (antes Twitter) que quedaba poco para ver a Rosa Álvarez (presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29O) a sueldo de los socialistas. De estas dinámicas de señalamiento y escarnio, aderezadas invariablemente con no pocas dosis de desinformación, tampoco escapan jueces y fiscales. Precisamente la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que instruye desde enero de 2025 la macrocausa penal por la gestión de la DANA, ya ha sido blanco del tsunami de insidias en tabloides digitales que suele preceder a la denuncia judicial del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias. En este caso, por prevaricación. Aunque no haya tenido recorrido procesal en esta ocasión, esta fue la estrategia que ha conseguido la inhabilitación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ruiz Tobarra y García Ortiz, más allá de su común adscripción a la Administración de Justicia, se han visto en tesituras similares solo por una cosa: en el ejercicio de sus funciones, pero nunca de manera buscada, han dejado en evidencia la inconsistencia fáctica de relatos exculpatorios de dirigentes del PP (sobre el papel desempeñado en la gestión de la crisis provocada por la DANA de València en el primer caso, sobre la disciplina fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el segundo).

Una métrica infalible para detectar derivas autoritarias

El 8 de mayo de 2026, los politólogos norteamericanos Steven Levitsky, Lucan Way y Daniel Ziblatt, estudiosos de los llamados regímenes de autoritarismo competitivo, se preguntaban en un artículo publicado por The New York Times cómo sabrán los estadounidenses que han perdido su democracia. Levitsky, Way y Ziblatt inician su reflexión admitiendo que cada vez es más difícil reconocer el autoritarismo, pues en general sus impulsores ya no reprimen violentamente a la oposición, como los dictadores de antaño. Muchos autócratas de hoy, además de sustentarse en mayorías electorales, prefieren inclinar el terreno de juego contra el adversario, utilizando para ello todos los medios a su alcance y de manera singular las instituciones públicas. En este sentido, dichos profesores sugieren una métrica simple para determinar si un país como EE. UU. ha terminado por deslizarse definitivamente hacia un escenario de autoritarismo: oponerse al Gobierno tiene un coste.

Así, tras realizar un somero inventario de las personas y entidades sometidas a persecución por Trump y sus redes de apoyo, concluyen que aquel país empieza a parecerse cada vez más a otros —como Venezuela, India, Turquía o Serbia— en los que criticar al titular del poder es una actividad costosa en términos personales, aunque persistan elementos formales —incluso sustanciales— de las democracias liberales.

La particularidad española

En la España de 2026, criticar al Gobierno es prácticamente un deporte nacional. Lo hacen diariamente miles de personas, desde hace años, en todo tipo de espacios, foros y plataformas. Corear insultos al presidente Pedro Sánchez se ha convertido en un lugar común en cierto tipo de eventos públicos, hasta el punto de que el principal partido de la oposición ha llegado a distribuir camisetas con una leyenda eufemística ("Me gusta la fruta") inequívocamente vejatoria.

"La participación del activista ultra Vito Quiles en el cierre de campaña del PP aragonés revelaría, a este respecto, una creciente formalización de la coalición difusa de sujeto"

Sin embargo, situarse frente al PP y a Vox, dentro o fuera de las instituciones, retóricamente o en el marco de procesos reglados, a título individual o como grupo, tiene un coste creciente en la España de hoy. Amedrentamiento virtual o presencial, filtración de datos personales, bulos denigrantes, represalias en el ámbito profesional... el repertorio de medidas coercitivas aplicadas contra la disidencia del bloque derechista es amplio y variado. Ciertamente, a diferencia de EE. UU., no es un Gobierno el que lidera esta ofensiva. De hecho, el Gobierno central es una de las escasas piezas ausentes en la galaxia de actores (administraciones públicas regionales, medios de comunicación, operadores jurídicos, asociaciones dedicadas al agitprop, "lobos solitarios"...) que, sincronizados explícitamente o simplemente retroalimentados entre sí, llevan años contribuyendo de manera incremental a la generación de una atmósfera asfixiante para cualquiera no alineado con los partidos de Feijóo y Abascal.

La participación del activista ultra Vito Quiles en el cierre de campaña del PP aragonés revelaría, a este respecto, una creciente formalización de la coalición difusa de sujetos —individuales y colectivos, de hecho y de derecho— que hasta ahora venía funcionando de un modo aparentemente desordenado.

No son casos aislados, ni todos son iguales

Alguien podría decir que todo lo expuesto más arriba es un ejercicio de cherry-picking (selección sesgada). Anécdotas cuidadosamente seleccionadas, y luego integradas en una narrativa aparentemente coherente, con el fin de proyectar una imagen sesgada de la realidad política española. En este punto es importante subrayar que todos los ejemplos citados se refieren a un periodo breve de nuestra historia reciente, concretamente a la legislatura presente iniciada en julio de 2023 (con un especial énfasis en episodios ocurridos desde el final del verano).

"La hostilidad dispensada a individuos y grupos del universo derechista no solo no registra la magnitud e intensidad descrita anteriormente, sino que tampoco está participada en ningún caso por poderes públicos"

Por otro lado, hay quien pudiera pensar que no se trata de un fenómeno privativo de cierto segmento del espectro político, de tal suerte que nos encontraríamos ante un caótico y equilibrado escenario de "todos contra todos". Sobre esto resulta importante recordar una regla esencial de las Ciencias Sociales en general (y del sentido común, en particular): solo se puede comparar lo que es comparable. La hostilidad dispensada a individuos y grupos del universo derechista no solo no registra la magnitud e intensidad descrita anteriormente, sino que tampoco está participada en ningún caso por poderes públicos.

Finalmente, podría igualmente objetarse que se hayan situado en un mismo plano abusos de poder, linchamientos digitales, maniobras jurisdiccionales y actos delictivos cometidos por particulares. Sin embargo, el carácter descentralizado y fragmentario de esta permanente "guerra de guerrillas" contra personas y organizaciones desafectas de PP y Vox no cambia el hecho —elocuentemente revelador— de que los damnificados comparten sin excepción un denominador común: su identificación, real o presunta, con posiciones progresistas. No está claro, ciertamente, que esto beneficie por igual a la pluralidad de perpetradores involucrados. Pero el panorama ofrece pocas dudas sobre la involución democrática en curso, y su segura aceleración con la eventual incorporación de un Gobierno central a la panoplia de agentes dedicados a disciplinar y castigar a cualquiera que ponga en riesgo sus intereses. De Vox no cabe esperar nada, pues su razón de ser es la defensa de una agenda autoritaria, pero el PP debe revisar radicalmente su papel en dicha entente.

Francisco Javier Luque Castillo

Profesor de Ciencia Política en la Universidad de Jaen

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Etiquetas

Democracia, España, PP, PSOE, Vox, medios de comunicación, Partidos políticos, polarización

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