Hacia un PSOE postsanchista: un cambio de presidente para mantener el Gobierno

El ingreso en prisión de Santos Cerdán empeora la situación que comenzó con la publicación del informe de la UCO hace unas semanas. Como parecen reconocer propios y extraños, constituye un punto de inflexión en la era Sánchez. A la parálisis en la actividad gubernamental vigente desde el inicio de la legislatura, debido a las contradicciones irresueltas en el seno de la mayoría de investidura, se suma un durísimo golpe a la credibilidad del presidente. Su imagen viene años soportando un fuerte desgaste, gracias a una eficaz acción combinada de incesante hostilidad institucional —a cargo del PP— y activismo judicial y mediático.

"La imagen de Sánchez viene años soportando un fuerte desgaste, gracias a una eficaz acción combinada de incesante hostilidad institucional —a cargo del PP— y activismo judicial y mediático"

Los indicios de la corrupción presuntamente protagonizada por José Luis Ábalos y Santos Cerdán, dos de sus colaboradores más cercanos desde que recuperó la secretaría general del partido, estrechan irremediablemente el horizonte de Sánchez. El impulso de cambios drásticos en la cúpula del PSOE, más que una respuesta proporcionada, se antoja como el remedio necesario para paliar los efectos del traumático hallazgo. En este sentido, Sánchez debería hacer algo más —mucho más— si quiere maximizar las opciones de supervivencia del proyecto encarnado por el Gobierno de coalición progresista.

Ese camino por recorrer no tiene por qué comprender el adelanto electoral. En las democracias liberales se presume que todos los contendientes buscan legítimamente el acceso al poder, o su conservación si ya se ejerce. No hay escándalo, pues, en el hecho de que Sánchez ambicione terminar la legislatura según lo previsto constitucionalmente.

No obstante, su situación política particular desaconseja que sea él quien lleve las riendas del Ejecutivo hasta 2027. Podría ser sustituido por una figura de consenso entre los socialistas, como Patxi López; o alguien con un perfil más técnico, como la vicepresidenta Sara Aagesen, o el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Fuera quien fuese, debería ser alguien que accediese a la jefatura del Gobierno con el compromiso de no competir por el liderazgo del PSOE en el Congreso Extraordinario que dicho partido habría de celebrar lo antes posible.

Al nuevo gabinete se podrían incorporar, además, personalidades del agrado de los socios parlamentarios. Con esta fórmula se persiguen varios objetivos a la vez. En primer lugar, la mayoría de la investidura tendría una última oportunidad para presentarse ante la ciudadanía como una alternativa viable al tándem representado por PP y Vox. Por otro lado, se resguardaría la acción gubernamental de los efectos corrosivos que infligirían, sobre la autoridad de Sánchez, nuevas revelaciones acerca del "triángulo tóxico" (Pilar Alegría dixit). Finalmente, el PSOE podría estar en condiciones de transitar ordenadamente hacia el postsanchismo, desde la posición ventajosa que confiere gestionar enérgicamente los resortes del poder estatal, pero sin soportar el coste de tener a un mandatario severa y ampliamente cuestionado.

"El nuevo presidente debería ser alguien que accediese a la jefatura del Gobierno con el compromiso de no competir por el liderazgo del PSOE en el Congreso Extraordinario que dicho partido habría de celebrar lo antes posible"

Opinión pública y opinión publicada parecen coincidir, mayoritariamente, en que la salida obvia a una acusada devaluación de popularidad presidencial es el adelanto electoral. Sin embargo, nuestra Constitución —como todas las de su género— prevén mecanismos para dotar de estabilidad institucional al sistema político, con independencia del cariz del humor social, a menudo volátil y en los últimos tiempos sometido a una presión constante y polarizadora. Así, una misma correlación de fuerzas parlamentarias puede convivir con dos o más primeros ministros. De hecho, nuestro régimen democrático inaugurado en 1977 cuenta con el precedente de Leopoldo Calvo-Sotelo, investido en sustitución de su compañero de partido Adolfo Suárez en febrero de 1981.

Más recientemente, en varios países de nuestro entorno —ya se trate de repúblicas o de monarquías, de índole semipresidencial o parlamentario— se ha convertido en rutina el recambio en la jefatura de Gobierno dentro de un mismo mandato parlamentario. Entre 2015 y 2024, por cada legislatura de gobierno, los tories tuvieron al menos dos inquilinos en Downing Street. Macron lleva ya siete primeros ministros desde 2017. En Italia, en 2021, Mario Draghi sucedió a Giuseppe Conte sin mediar elecciones. Y también sin llamar a las urnas, no mucho antes, Letta fue reemplazado por Renzi, quien a su vez fue sustituido por Gentiloni. No se trata solamente, en definitiva, de impugnar la máxima ignaciana que prescribe la ausencia de mudanza en tiempo de desolación, sino de elegir cuándo y cómo se produce la misma.