La reacción de la Unión Europea (UE) ante la ruptura y reorganización del orden internacional está ocupando el debate público con multitud de análisis serios (aquí, por ejemplo) sobre qué margen de maniobra tiene la UE (y qué
puede hacer) para enfrentar las amenazas y acciones de la Administración Trump.
La tensión a la que Donald Trump ha sometido a la UE ha puesto al descubierto las limitaciones del funcionamiento democrático de la UE como actor global unificado cuando se trata de dar respuesta urgente a amenazas externas directas.
La arquitectura institucional de la Unión está más pensada para escenarios de estabilidad, racionalidad y cierta predictibilidad basada en normas y procedimientos aceptados que para entornos volátiles, agresivos, inciertos y no basados en la confianza y respeto a las normas compartidas. En estos entornos inciertos,
la percepción de la ciudadanía se hace más relevante: la ciudadanía europea (89%) reclama una mayor unidad de acción, una mayor protección en el incierto escenario actual (66%) y un papel más relevante del Parlamento Europeo (62%), según el
Eurobarómetro de marzo de 2025.
"El encaje de un diseño institucional en un entorno estable y más o menos predecible ha permitido ir construyendo cierta legitimidad de la UE a pesar de las numerosas críticas basadas en el déficit democrático"
El encaje de un diseño institucional en un entorno estable y más o menos predecible ha permitido ir construyendo cierta legitimidad de la UE a pesar de las numerosas críticas basadas en el déficit democrático, el coste de coordinación y una toma de decisiones lenta, además de la percepción de una cierta lejanía y exceso burocrático. Aun así, el Eurobarómetro de otoño de 2025 señalaba un 51% de satisfechos con el funcionamiento de la democracia en la UE. En una
encuesta encargada a 40dB. en julio de 2025, poco más de la mitad de la ciudadanía española (52%) estaba satisfecha con el funcionamiento de la democracia en la UE.
Por barrios partidistas, las personas más satisfechas eran las votantes declaradas del PSOE (67%) y PP (62%) seguidas de las del espacio Sumar/Podemos (49%). En Vox se acumulan los menos satisfechos con el funcionamiento de la democracia comunitaria (31%), pero no es de extrañar porque también son los menos satisfechos con
la democracia en España (18%).
La satisfacción con la democracia en la UE es mayor (72%) entre los representantes políticos según la cuarta encuesta a parlamentarios españoles realizada en el marco del
Comparative Candidates Survey. Pero hay diferencias entre partidos. En la tabla 1 se muestran solo los cuatro grandes.
Los parlamentarios socialistas muestran un grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en la UE superior a todos los demás (93%); son, además, los que más identificados están con la UE (media de 8,34 en una escala de 0-10) y los que consideran que la pertenencia al club comunitario es positiva con más frecuencia (99%) que los representantes de otros grupos.
Es probable que la satisfacción con el funcionamiento de la democracia en la Unión forme parte de un "paquete de positividad" respecto de Europa en el que se incorpora la identidad y la valoración de los efectos de la pertenencia.
"En los representantes de Vox nos encontramos con un grado nulo (0%) de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en la UE"
Los parlamentarios populares muestran también una satisfacción elevada (74%) con la democracia en la UE, incrustada probablemente en el paquete de positividad al mostrar una identificación media con el bloque comunitario de ocho y un 97% que indican que la pertenencia de España al club es positiva. La intensidad de satisfacción es menor entre los representantes del espacio Sumar/Podemos (46%), una mayoría de los cuales (54%) se muestra poco o nada satisfecho con el funcionamiento democrático europeo. Se identifican menos con la UE por término medio (5,6) aunque suelen reconocer que la pertenencia ha sido positiva (81%).
En los representantes de Vox nos encontramos con un grado nulo (0%) de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en la UE que puede estar incrustado en un "paquete de negatividad" respecto de los asuntos relacionados con Europa. Son los menos identificados con el club comunitario (media de 4,9 en la escala 0-10) y los que más creen que el impacto de la pertenencia de España a la UE ha sido negativo (21%) o ni negativo ni positivo (24%). También son, con sus votantes, los que menos satisfechos están con el funcionamiento de la democracia en España (97%).
Es decir, aunque en España hay una gran satisfacción con el funcionamiento de la democracia en términos de la Unión, esta percepción parece ir por barrios de partido. Está por ver si la errática política internacional de Trump ha impactado en la percepción positiva que tienen la ciudadanía española y sus representantes sobre la democracia en la UE. La crisis abierta en 2026 a raíz de la presión ejercida por la Administración Trump sobre Bruselas pone de manifiesto los límites de ese funcionamiento democrático cuando los Veintisiete se ven obligados a actuar como un actor global bajo condiciones de urgencia, presión y confrontación. Las amenazas unilaterales, el uso de instrumentos coercitivos y la necesidad de respuestas rápidas han expuesto la dificultad de articular una posición común a través de procedimientos democráticos deliberativos, reforzando el protagonismo de los ejecutivos nacionales y de mecanismos informales de coordinación. Y esta dificultad puede también erosionar la percepción ciudadana sobre la UE que es, a fin de cuentas, un pilar de la construcción de su legitimidad.
"Especialmente notable es la percepción de la necesidad de una política de defensa común que requerirá una mayor inversión probablemente en detrimento de otras partidas presupuestarias"
Especialmente notable es la percepción de la necesidad de una política de defensa común que requerirá una mayor inversión probablemente en detrimento de otras partidas presupuestarias. Aunque en 2025 un tercio (36%) de la ciudadanía europea entendía como prioridad la política de defensa y seguridad, para el caso de España tenemos una respuesta un poco más concreta. En las mismas encuestas citadas anteriormente,
se preguntó a ciudadanos y sus representantes qué grado de acuerdo manifestaban sobre esta frase: "Debería darse una alta prioridad
al gasto en defensa en España".
Los datos de la tabla 2 nos muestran que una mayoría de ciudadanos (40%) y sus representantes (53%) estarían de acuerdo en priorizar el gasto de defensa. Pero, también en esto, el acuerdo va por barrios ideológicos, mostrando una fractura entre derecha e izquierda. Los votantes declarados del PP y Vox muestran una mayor inclinación a aumentar este gasto que los del PSOE, Sumar y Podemos. Y la diferencia se repite entre sus representantes, pero con mayor intensidad: una amplia mayoría de los parlamentarios del PP (74%) y Vox (79%) se alinean con priorizar el gasto en defensa, mientras que en los del PSOE (31%) y el espacio Sumar/Podemos (3%) esta posición es minoritaria. Con este panorama, no va a resultar fácil llegar a acuerdos políticos sobre dicho asunto, especialmente si se tiene en cuenta que una buena parte de los parlamentarios españoles entiende que su misión es la de ser correa de transmisión: el 71% considera que deben "tratar de descubrir lo que piensan los electores y electoras y trasladarlo a la política" frente al 29% que piensa que "el político debe tener sus propias ideas, aunque no coincidan con las de los electores, y llevarlas a la política tratando de convencer a sus votantes".