Martes, 28 de julio de 2026
LA RECONSTRUCCIÓN
Ser alcalde un año después de la DANA: "Estamos atrapados entre el barro y los papeles"
"Todavía no podemos pasar página tras ver cómo más de doscientas familias perdieron a sus seres queridos". Así describe el alcalde de Cheste, José Morell, las emociones de los valencianos en el aniversario de la DANA. Hoy, que tendrá lugar el funeral de Estado en València, su análisis contribuye a entender el dolor de los ciudadanos y la dura labor de la reconstrucción: "está siendo una carrera de fondo".
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A la izquierda, una calle en València tras la DANA. A la derecha, la misma calle un año después.Rober Solsona / Europa Press / ContactoPhoto
Ya ha transcurrido un año de la DANA que asoló mi tierra y aún no acabamos de ser conscientes de que, parafraseando al poeta, tenemos que aprender a recordar a los fallecidos y la desaparecida. Todavía no podemos pasar página tras ver cómo más de doscientas familias perdieron a sus seres queridos, cómo el paisaje cambió por completo, miles de personas se quedaron sin casa o sin coche, aún hay infraestructuras pendientes de reparar y muchos negocios no volverán a abrir. Tras el miedo, la rabia y la incertidumbre del 29-O, honrar a los damnificados es una obligación cívica y también un paso necesario hacia la reconstrucción y la reparación emocional.
Este segundo caso ha sido el de las grandes infraestructuras de comunicación realizadas por las administraciones provincial, autonómica y estatal mediante "contratos de emergencia", y están cerca de su finalización, con las excepciones de la C3 de Cercanías —completamente destruida durante 40 km— y el nudo de la A7 con A3 aunque tiene un paso provisional. Se vislumbra, pues, la finalización de las reparaciones en el inicio de 2026.
El recurso a este tipo de contratación excepcional tuvo cobertura completa en los primeros meses tras la DANA para las urgencias más evidentes. Supone poder responder inmediatamente a las necesidades, pero tiene la contrapartida de costes más elevados, menor competencia efectiva y riesgo de abusos si fuera generalizado. Aunque la junta de contratación estatal y autonómica han aclarado su alcance, existe reticencias para usar esta fórmula por parte de los técnicos municipales y responsables políticos por los riesgos que podría entrañar. Aun así, esta herramienta ha servido para afrontar la reparación de infraestructuras que no podían esperar a los ciclos normales de contratación al comprometer seriamente el normal funcionamiento de la movilidad en la provincia de València.
En el caso de las subvenciones a los 78 ayuntamientos, el Gobierno de España, va a financiar más de 1.800 actuaciones por valor de 1.750 millones de euros, además de 437 millones del Ministerio para la Transición Ecológica, destinados a reparar redes de saneamiento y depuración. El calendario administrativo avanza más despacio que el anhelo ciudadano y de los ayuntamientos, pero la fecha límite marcada en rojo es febrero de 2026. Llegado ese plazo, los municipios deberán tener todas las memorias valoradas y aprobadas por el Ministerio, además de poner las obras en marcha como mucho nueve meses después. En caso contrario, se debe devolver el dinero con intereses. Esta cuantía, por cierto, fue transferida desde el Gobierno con antelación a las cuentas de los municipios desde inicios de 2025.
El Gobierno y la Generalitat, a estos fines, han desplegado instrumentos de apoyo. La empresa estatal Tragsa y la autonómica Vaersa han sido los brazos técnicos que han permitido aliviar la carga de los ayuntamientos. Tragsa ha activado un acuerdo marco y ya trabaja con al menos la mitad de los municipios. Vaersa, por su parte, prevé subcontratar ingenierías privadas para poder tramitar los cientos de expedientes que desbordan la capacidad municipal.
En cualquier caso, en 2026, si las previsiones se cumplen, ochenta ayuntamientos estarán sacando concursos por valor de casi 2.000 millones de euros al mismo tiempo. Un primer efecto en el que se puede pensar es el del aumento de los costes de construcción. Por otra parte, ya que las empresas constructoras (y albañiles, jefes de obra y maquinaria) son limitadas y las obras coincidirán en el tiempo, se teme que las empresas se centren en las licitaciones más dotadas y las de menor presupuesto se queden desiertas.
No fue antes de unas horas del primer aniversario de la DANA cuando aquí, en Cheste, recuperamos todos los accesos por carretera en el casco urbano. Aquella noche la riada se llevó ocho puentes y a fecha de hoy han sido reconstruidos la mitad. Aún quedan algunos años para tener una recuperación completa, pero hoy en Cheste el agua ya no nos separa.
El puente reabierto es una conexión física, pero también tiene una fuerte carga simbólica. En definitiva, hemos comprobado que la respuesta institucional existe, que la cooperación es posible y que la administración puede ser eficiente sin perder su esencia garantista.
"Promover debates públicos que analicen desde todos los puntos de vista lo sucedido es importante para la reconstrucción: es un proceso en el que aprender de los aciertos y errores"Lo que da sentido a la política son las personas, no el cemento, los balances o las partidas presupuestarias. No obstante, es cierto que en las sociedades democráticas avanzadas también es una muestra de respeto a los afectados el promover debates públicos que analicen desde todos los puntos de vista lo sucedido. La reconstrucción es un proceso en el que aprender de los aciertos y errores. En este artículo me centraré en esta reconstrucción desde la perspectiva de lo que me ha tocado de cerca, que es la labor de los ayuntamientos.
La gestión de una tragedia desde dentro
Tras la fase más crítica de la gestión de la emergencia, las diferentes administraciones establecieron sus planes de acción y paquetes de ayudas dirigidas a afectados de toda índole. A los ayuntamientos llegaron otras administraciones superiores para realizar valoraciones de daños que, tras los pertinentes análisis, sirvieron para cuantificar los fondos que recibiría la administración local mediante subvenciones o para ejecutar directamente la obra.Este segundo caso ha sido el de las grandes infraestructuras de comunicación realizadas por las administraciones provincial, autonómica y estatal mediante "contratos de emergencia", y están cerca de su finalización, con las excepciones de la C3 de Cercanías —completamente destruida durante 40 km— y el nudo de la A7 con A3 aunque tiene un paso provisional. Se vislumbra, pues, la finalización de las reparaciones en el inicio de 2026.
El recurso a este tipo de contratación excepcional tuvo cobertura completa en los primeros meses tras la DANA para las urgencias más evidentes. Supone poder responder inmediatamente a las necesidades, pero tiene la contrapartida de costes más elevados, menor competencia efectiva y riesgo de abusos si fuera generalizado. Aunque la junta de contratación estatal y autonómica han aclarado su alcance, existe reticencias para usar esta fórmula por parte de los técnicos municipales y responsables políticos por los riesgos que podría entrañar. Aun así, esta herramienta ha servido para afrontar la reparación de infraestructuras que no podían esperar a los ciclos normales de contratación al comprometer seriamente el normal funcionamiento de la movilidad en la provincia de València.
En el caso de las subvenciones a los 78 ayuntamientos, el Gobierno de España, va a financiar más de 1.800 actuaciones por valor de 1.750 millones de euros, además de 437 millones del Ministerio para la Transición Ecológica, destinados a reparar redes de saneamiento y depuración. El calendario administrativo avanza más despacio que el anhelo ciudadano y de los ayuntamientos, pero la fecha límite marcada en rojo es febrero de 2026. Llegado ese plazo, los municipios deberán tener todas las memorias valoradas y aprobadas por el Ministerio, además de poner las obras en marcha como mucho nueve meses después. En caso contrario, se debe devolver el dinero con intereses. Esta cuantía, por cierto, fue transferida desde el Gobierno con antelación a las cuentas de los municipios desde inicios de 2025.
Un gran dilema para pequeñas administraciones
El reto de gestión para los ayuntamientos es mayúsculo y tras la barrancada han quedado en evidencia las carencias del modelo de administración local en términos de coordinación, medios y marco de actuación. En esta ocasión, el problema de los municipios no es la dotación presupuestaria, sino la capacidad de absorber esos fondos que tensan las costuras."La gestión es compleja: en el caso de Cheste, el presupuesto anual habitual es de diez millones de euros y solo la subvención estatal por los daños asciende a catorce millones"Por tener un orden de magnitudes de la carga adicional de trabajo que se cierne sobre los ayuntamientos: en el caso de Cheste, el presupuesto anual habitual es de diez millones de euros y solo la subvención estatal por los daños asciende a catorce millones. Es decir, de repente debemos gestionar más del doble de fondos con la consabida carencia de medios humanos. Esta laguna se suple por parte de los consistorios mediante la contratación de servicios externos e interinos.
El Gobierno y la Generalitat, a estos fines, han desplegado instrumentos de apoyo. La empresa estatal Tragsa y la autonómica Vaersa han sido los brazos técnicos que han permitido aliviar la carga de los ayuntamientos. Tragsa ha activado un acuerdo marco y ya trabaja con al menos la mitad de los municipios. Vaersa, por su parte, prevé subcontratar ingenierías privadas para poder tramitar los cientos de expedientes que desbordan la capacidad municipal.
En cualquier caso, en 2026, si las previsiones se cumplen, ochenta ayuntamientos estarán sacando concursos por valor de casi 2.000 millones de euros al mismo tiempo. Un primer efecto en el que se puede pensar es el del aumento de los costes de construcción. Por otra parte, ya que las empresas constructoras (y albañiles, jefes de obra y maquinaria) son limitadas y las obras coincidirán en el tiempo, se teme que las empresas se centren en las licitaciones más dotadas y las de menor presupuesto se queden desiertas.
La vista puesta en el futuro
La riada nos golpeó dejando al descubierto la complejidad y limitaciones de la maquinaria administrativa. La reconstrucción, un año después, está siendo una carrera de fondo. La burocracia, necesaria como garantía, a veces recuerda a la película Brazil, donde los sellos y formularios se reproducen como un sistema vivo que nadie controla. Todos nos hemos sentido un poco así este año: atrapados entre el barro y los papeles."Sería injusto reducirlo todo a una queja porque la administración ha estado ahí, y se ensaya una nueva forma de reconstruir tras las catástrofes, con luces y sombras"Y, sin embargo, sería injusto reducirlo todo a una queja porque la administración ha estado ahí, y se ensaya una nueva forma de reconstruir tras las catástrofes, con luces y sombras, el esfuerzo de las administraciones ha sido ímprobo. La DANA nos dejó barro, sí, pero también una oportunidad de mejora. Es la primera ocasión que el Estado cubre el 100% de los desperfectos tras una catástrofe. En estos momentos hemos visto que la administración también puede ser rápida dando ayudas, por ejemplo las de vehículos de la Generalitat —o las de Amancio Ortega, gestionada por los ayuntamientos—. Somos testigos de que se puede reconstruir en meses lo que habitualmente dura lustros.
No fue antes de unas horas del primer aniversario de la DANA cuando aquí, en Cheste, recuperamos todos los accesos por carretera en el casco urbano. Aquella noche la riada se llevó ocho puentes y a fecha de hoy han sido reconstruidos la mitad. Aún quedan algunos años para tener una recuperación completa, pero hoy en Cheste el agua ya no nos separa.
El puente reabierto es una conexión física, pero también tiene una fuerte carga simbólica. En definitiva, hemos comprobado que la respuesta institucional existe, que la cooperación es posible y que la administración puede ser eficiente sin perder su esencia garantista.
José Morell Roser
Alcalde de Cheste (València)
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona, Máster en Gestión Pública (ESADE-UAB-UPF) y posgraduado en Comunicación Política por el ICPS de la UAB. Ha sido docente en seis ediciones del Máster en Marketing Político de la Universidad Católica de València. Actualmente, está en excedencia como responsable de Relaciones Institucionales de Orange Espagne y ejerce como alcalde de Cheste desde 2015.
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