Tras publicarse la sentencia al exfiscal general del Estado, Jordi Ferrer, director del Máster en Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona, examina en detalle la motivación del fallo. En su análisis sostiene que la resolución "no explica de forma suficiente cómo se acredita la hipótesis acusatoria" y revisa paso por paso qué claves hacen dudar del razonamiento probatorio.

El caso del fiscal general del Estado lleva a Mª Jesús Díaz Veiga, abogada, a recordar la importancia de cómo se analizan las pruebas en un juicio. Señala que este es un proceso que requiere "ir al detalle con precisión" y "diferenciar los datos relevantes de los que no lo son". A la vista los testimonios que los periodistas aportaron en el juicio, y que la abogada considera "fiables", subraya que será esencial que el TS explique con claridad por qué descarta esas pruebas para condenar al FGE.

"El juicio contra el fiscal general del Estado nunca debió celebrarse", sostiene Jordi Ferrer, director del Máster en Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona. Tras la primera semana, Ferrer concluye que "no hay prueba de cargo suficiente" y que la instrucción fue "un ejemplo de sesgo de confirmación". En su análisis, todo apunta a "la necesaria absolución del acusado en un proceso sin base probatoria".

El proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal introduce un cambio estructural en el sistema judicial español: el Ministerio Fiscal asumirá la dirección de las investigaciones penales en sustitución de los jueces de instrucción. Como declaró el ministro Bolaños en Agenda Pública, la reforma "alinea a España con los estándares europeos" y refuerza la independencia del fiscal general del Estado.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes conversa en profundidad con Marc López Plana, editor y director de 'Agenda Pública', y desarrolla la "doctrina Bolaños": defendiendo los principios y reformas que cree que deben marcar la legislatura y abordando las tensiones con el poder judicial. "Hay gente a la que no le gusta nada del Congreso, pero eso es lo que han votado los españoles", señala.

El curso político va tomando forma de "grandes épocas de la pintura europea" tras la reunión entre Illa y Puigdemont y la inauguración del año judicial. Para el periodista Víctor Guillot, estos dos eventos "guardan un mismo origen y una misma solución" y señala que marcan la frontera entre "la España plurinacional que se configura desde la llegada de Pedro Sánchez y el centralismo de José María Aznar".

En opinión del director del Máster en Razonamiento Probatorio de la Universitat de Girona, Jordi Ferrer, el caso del fiscal general del Estado ejemplifica los peligros de ignorar los estándares de prueba. Como advierte, "toda la motivación debe estar dirigida a justificar que la prueba es suficiente o insuficiente", pues, sin criterios claros, la presunción de inocencia se vacía de contenido y el proceso penal se convierte en una herramienta arbitraria.

La lucha contra el terrorismo ha ocupado buena parte de su carrera como fiscal. Pero Dolores Delgado ha sido también ministra de Justicia, fiscal general del Estado y, ahora, fiscal de Sala Coordinadora especializada en Memoria Democrática. Agenda Pública conversa con ella sobre su trayectoria, el funcionamiento de las instituciones y propone reformas en el ámbito de la justicia.

'Agenda Pública' analizará los próximos días la crisis política abierta en España tras las informaciones reveladas por los informes policiales que reflejan el funcionamiento de una posible trama criminal en la Secretaría de Organización del PSOE. Análisis con perspectiva de Carlos Aragonés (exdirector de gabinete del presidente Aznar), Dolores Delgado (exfiscal general del Estado), la jurista Elisa de la Nuez o el escritor Andrés Ortega Klein. Este domingo, primera entrega, con Lucía Méndez, periodista política del diario 'El Mundo'.

El auto del Supremo impulsa el caso contra el fiscal general hacia juicio. Juan José Yáñez Pena, letrado de la Administración de Justicia, afirma que solo en el juicio oral "se puede acreditar la culpabilidad del fiscal general" y que del auto se desprende "que no hay elementos de prueba directos de la filtración". Aun así, el impacto institucional es profundo: la Fiscalía queda expuesta mientras se decide si hay base suficiente para abrir juicio oral.

El magistrado Miguel Pasquau Liaño cambia el foco del proceso abierto al fiscal general del Estado: la novedad es la actuación del Tribunal Supremo. Para él, el problema no ha sido la actuación específica de García Ortiz, sino las posibles consecuencias de que continúe en el cargo una vez comience el proceso: "[su dimisión] fortalecería a la institución que ahora mismo representa, y muchos ciudadanos, incluso aquellos que aprecian un exceso en la imputación, que habría sido perfectamente evitable, se lo agradecerían".

El Tribunal Supremo ha iniciado una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por la presunta filtración de correos confidenciales. La investigación, que cuenta con importantes implicaciones legales y procesales, buscará esclarecer los hechos con las debidas garantías. Juan José Yáñez Pena, letrado de la Administración de Justicia, explica que supone el procedimiento y recuerda que "la condición de investigado no afecta a la presunción de inocencia, ni debe de presuponer la culpabilidad de nadie".