Miércoles, 29 de julio de 2026
CONVERSACIONES
Félix Bolaños: "En las próximas semanas, el Consejo de Ministros aprobará la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no afectará a ningún caso en curso"
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes conversa en profundidad con Marc López Plana, editor y director de 'Agenda Pública', y desarrolla la "doctrina Bolaños": defendiendo los principios y reformas que cree que deben marcar la legislatura y abordando las tensiones con el poder judicial. "Hay gente a la que no le gusta nada del Congreso, pero eso es lo que han votado los españoles", señala.
Félix Bolaños conversó con Marc López Plana en el Palacio de la Moncloa.Agenda Pública / Tania Sieira.
La conversación de Félix Bolaños con Marc López Plana, editor y director de Agenda Pública, es mucho más que una entrevista en profundidad: supone lo que podríamos llamar la "doctrina Bolaños". El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes no solo defiende la gestión del Gobierno, sino que sienta principios políticos e institucionales que pretenden marcar la legislatura.
Consciente de la erosión de la confianza ciudadana en la política y en la justicia, Bolaños insiste en que, "aunque haya quien critique el Congreso con dureza, eso es lo que han votado los españoles", reivindicando la legitimidad parlamentaria frente a quienes cuestionan la fragmentación actual. A las acusaciones de abuso del decreto ley responde con un giro estratégico: "siempre han existido gobiernos que lo han utilizado, lo importante es el contenido", relativizando las críticas mientras subraya la necesidad de eficacia.
El encuentro muestra también la tensión con el poder judicial. En paralelo, anuncia que en las próximas semanas se presentará la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, un cambio histórico que trasladará la instrucción a los fiscales, aunque subraya que "no afectará a los casos en curso".
Más que un balance de gestión, lo que emerge de esta conversación es una estrategia política de largo alcance. La "doctrina Bolaños" combina pragmatismo y confrontación controlada: defiende la estabilidad institucional, pero no duda en señalar a los actores que considera responsables del bloqueo. Y lo hace con un discurso calculado, que mezcla apelaciones al consenso con la afirmación de un poder ejecutivo fuerte en un escenario parlamentario frágil. Algunos de los temas más destacados se han recogido en este vídeo.
Usted es el primer ministro en la historia democrática de España que compatibiliza las carteras de Presidencia y Justicia. ¿Qué significado político tiene?
Sin duda todo tiene significado político y cuando el presidente del Gobierno decidió estructurar su Gobierno con una cartera que fuera Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, estaba enviando el mensaje político de que la justicia es una prioridad para este Gobierno.
Durante los dos años de legislatura que llevamos lo hemos demostrado. Estamos llevando a cabo la mayor transformación de la justicia en décadas. Hemos aprobado, y ya es una realidad, la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia que, ni más ni menos, cambia la planta judicial del siglo XIX, de 1835.
La ley va a conseguir que, en lugar de juzgados unipersonales, dispersados por todo nuestro país, haya tribunales de instancia con secciones especializadas. Más especialización y más agilidad para resolver los asuntos y más capacidad, a menor coste, para poder tener jueces y fiscales trabajando para que el servicio público de la justicia sea más cercano y ágil. Ahora un juzgado unipersonal —que incluye toda la oficina judicial— cuesta en torno a medio millón de euros. Con los tribunales de instancia, aumentar una plaza de un juez o magistrado en una sección especializada costará en torno a ochenta o noventa mil euros. Con el mismo coste podremos asignar cinco o seis jueces o magistrados porque compartirán, por decirlo de forma sencilla, la oficina, los medios personales y materiales necesarios para que las causas sean tramitadas. Jueces y magistrados podrán centrarse más en el trabajo estrictamente jurisdiccional y menos en cuestiones administrativas o de seguimiento. Esto es una gran reivindicación de la carrera.
También hemos aprobado la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa. España es el primer país de Europa que desarrolla un derecho fundamental como es el de la tutela judicial efectiva. Hemos llevado a cabo la primera reforma social de la Constitución, también en asuntos que tienen que ver con la justicia y, en concreto, con las personas con discapacidad. Y no quiero olvidar que, también durante el primer año de legislatura, hemos renovado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que podría parecer una cosa sencilla, dado que es una obligación constitucional, pero tuvo cinco años y medio de bloqueo.
Toda esa reforma que estamos llevando a cabo, también la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal —que data de 1882—, es, sin duda, la mayor transformación de la justicia en décadas. Para este Gobierno, la justicia y la reforma de la justicia es una prioridad y seguro que eso fue lo que estaba en la cabeza del presidente del Gobierno cuando decidió unir Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Facilitar que los tres ministerios estuvieran bien coordinados para poder realizar todas las reformas que la justicia necesita.
¿También entran dentro de esta prioridad las declaraciones del presidente del Gobierno en RTVE diciendo que "hay jueces que hacen política y que hay políticos que hacen justicia"?
El presidente empezó diciendo que la inmensa mayoría, la práctica totalidad de la carrera judicial, hace su trabajo con rigor, con profesionalidad e imparcialidad.
Y, sin embargo, puso el foco en una minoría. Creo que tenemos que diferenciar bien la labor cotidiana de jueces y magistrados en nuestro país, lo que es el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano político, es un órgano del gobierno del Poder Judicial, y lo que son las asociaciones judiciales, por ejemplo. Pues, obviamente, un juez o un magistrado, con independencia de su sensibilidad, porque hay que jueces de sensibilidad progresista y jueces de sensibilidad conservadora, no debería afectar a su labor jurisdiccional ordinaria. Como dice la Constitución, únicamente están sometidos al imperio de la ley, es decir, a hacer cumplir, a aplicar las leyes que el Parlamento democráticamente aprueba. Sin embargo, el rol del Consejo General del Poder Judicial es diferente, es un órgano de Gobierno, de un poder del Estado, por tanto, evidentemente, claro que se hace política.
Por otro lado, están las asociaciones judiciales que tienen una doble vertiente. Creo que antes tenían una vertiente más de defensa de los intereses corporativos, de la carrera fiscal y judicial, y últimamente se están deslizando con claridad para también tomar posición política sobre los asuntos públicos. Por ejemplo, que las asociaciones judiciales, o algunas de ellas —las conservadoras— pidan que se retire un proyecto de ley del Gobierno y que el Parlamento está tramitando es sin duda adoptar un posicionamiento político.
¿Por qué la ciudadanía no tiene derecho a conocer las quejas que un ciudadano o un ministro plantea ante el Consejo General del Poder Judicial sobre los jueces? ¿No tendríamos que cambiar la normativa?
Un procedimiento disciplinario contra un juez o un magistrado porque se ha presentado una queja ante el Consejo tiene dos fases. La primera, que es, digamos, una fase reservada, confidencial, y luego una segunda que ya es propiamente el expediente disciplinario. Quiero recordar que en España las instrucciones en procesos judiciales, con carácter general, son reservadas y no son públicas.
Creo que sería más importante alguna otra reforma que llevara a cabo, no tanto una reforma legal, sino una reforma casi de mentalidad, de darnos cuenta de que el Consejo General del Poder Judicial tiene una competencia que es esencial en todas las que ejerce, que es preservar el buen nombre, el prestigio y la reputación de la carrera judicial. Y para eso hay que corregir y sancionar aquellos comportamientos que son inadecuados o inaceptables. Y en este caso, un corporativismo mal entendido de tapar todo no va en beneficio del prestigio y de la reputación de la carrera judicial. Aquellos comportamientos que son inaceptables, y todos hemos tenido noticia en los últimos meses de algunos de ellos, deben ser corregidos por el Consejo General del Poder Judicial para favorecer el buen nombre y la confianza en la carrera judicial. Y han de hacerlo, y es aquí donde yo creo que tenemos que hacer la reflexión, con agilidad. No pueden ser procedimientos sancionadores que se prolonguen meses cuando no hay nada que investigar, cuando en ocasiones son declaraciones públicas, que en una tarde ya sabes cuál ha sido la declaración pública, si ha sido desconsiderada, si ha sido un ataque al Poder Ejecutivo, al Gobierno, un ministro, al presidente del Gobierno. Tienen que ser actuaciones del Consejo General de Poder Judicial que corrijan aquellos comportamientos inadecuados, que lo hagan con agilidad y que lo hagan con eficacia. Y todo ello irá en beneficio del buen nombre de la carrera judicial, que es quizá la competencia más importante que tiene el Consejo General del Poder Judicial, incluso por encima de los nombramientos que tiene que hacer de magistrados del Supremo, de presidentes de TSJ y de otros nombramientos de primer nivel en la carrera judicial.
A finales del curso pasado usted se encontró con una huelga de los jueces.
El Consejo General del Poder Judicial dijo que no existía ninguna base legal para un eventual derecho a la huelga. Pese a ello, hubo algunas asociaciones de jueces y de fiscales que decidieron convocar esta huelga a la que creo que no podemos llamar de esta manera. Tendremos que buscar otra terminología. Porque la huelga conlleva tu derecho a no trabajar en protesta por algo y tu deber de soportar que te quiten el día de sueldo.
Ha habido veintiocho fiscales que han comunicado que han hecho huelga. Y no lo han hecho respecto de los tres días —1, 2 y 3 de julio— que se convoca la huelga, sino que algunos un día, otros dos, otros tres. Veintiocho fiscales y un juez que ha comunicado que ha hecho huelga. Un juez de más de 5.500 personas de la carrera judicial.
Me llama mucho la atención que alguna de las asociaciones, que ya se manifestó contraria a la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985 y de manera muy beligerante porque decía que afectaba al principio de independencia judicial. Hoy, cuarenta años más tarde, pide que se mantenga aquella ley porque dicen que la actual reforma, que está en el Congreso, afecta también al principio de independencia judicial. Pues bien, ni la ley del 85 ni la del 2025 afectan al principio de independencia judicial. Y termino con una última reflexión. Aquella huelga, digo huelga entre comillas, ni el comité de huelga la hizo. Las mismas personas que animaron a sus compañeros a hacer huelga, no hicieron huelga. Por tanto, respetemos una palabra que significa tanto para el movimiento obrero, para la ciudadanía, que es un derecho fundamental. Respetemos esa palabra no utilizándola, en este caso, y denunciemos la hipocresía absoluta de unas asociaciones judiciales que, con motivos infundados, lo que han hecho ha sido llamar a la huelga a sus compañeros para no hacerla ni el propio comité de huelga.
¿Hay un problema de eficiencia de la justicia? A pesar de que cada juez ha recibido un 25% menos de casos, se ha resuelto un 27,40% menos, lo que supone una reducción de 2.434.617 asuntos resueltos.
Creo que hay medidas que se pueden adoptar y la Ley de Eficiencia va en esa línea. También creo que los casos cada vez son más complejos. Es decir, los asuntos que nuestra judicatura tenía que resolver hace 20 o 30 años eran más sencillos que los actuales, en ocasiones. Yo he sido abogado muchos años de mi vida y hay casos casi inabarcables que un juez tiene que resolver. No solo ese caso, sino otras muchas docenas de casos que ha tenido que ver en una sala de vistas y que además tiene que estudiarse la documentación en profundidad.
¿Qué hemos hecho en la Ley de Eficiencia? Pues hemos apostado, en primer lugar, por lo que llamamos los MASC, que son los medios alternativos de solución de conflictos, es decir, evitar los litigios donde se puedan evitar. Hay litigios que son inevitables y que van a acabar en manos de un juez, pero allí donde pueda abordarse un acuerdo entre las partes, hagámoslo. Y hemos hecho una apuesta muy decidida por los MASC, muy decidida. Se trata de implementar en todos los órdenes jurisdiccionales lo que en el orden social es una realidad. En el orden social, del que yo provengo, es muy habitual que los abogados de las partes de la empresa del trabajador se pongan de acuerdo, negocien al menos; hay una conciliación administrativa previa y antes del juicio hay otro intento de conciliación.
En segundo lugar, ¿qué hemos hecho? Apostar por los tribunales de instancia. ¿Por qué? Porque vamos a especializar en secciones. El Tribunal de Instancia de Madrid, de Barcelona, tendrá secciones especializadas. De tal manera que todos los casos que tengan que ver con una determinada materia llegarán a los mismos jueces, que tendrán más experiencia, más conocimiento de la jurisprudencia aplicable, tendrán, digamos, más facilidad para resolver con rapidez. Y, en tercer lugar, llevamos a cabo también una reforma durante el Gobierno de Pedro Sánchez, que es facilitar las admisiones y discriminar cuáles han de ser admitidas y cuáles no en los recursos de casación que se presentan ante el Supremo. Esto ya está dando resultados. Ya tenemos salas del Supremo que están prácticamente al día o que lo van a estar pronto, como la Sala III, y tenemos otras salas, como la Sala I, donde hay más volumen de trabajo y más volumen de temas pendientes, que también hemos trabajado con ellos a través de los refuerzos y de un plan de trabajo para ponerla al día.
Creo que todos estos elementos van en paralelo para que tengamos una justicia cercana y una justicia ágil, que dicte resoluciones y dicte sentencias en un tiempo razonable, porque la justicia es un poder del Estado, por supuesto, pero es un servicio público y como servicio público ha de funcionar. Toda la justicia tiene que funcionar.
Más jueces y juezas con pluralidad de orígenes. Entiendo que la idea de blindar por ley las becas para opositar a juez o fiscal va en esa dirección.
Ya hubo becas con el Gobierno Zapatero y con el Gobierno Rajoy se suprimieron. Es verdad que las becas del Gobierno Zapatero eran menos ambiciosas que las actuales, más tímidas, en torno a 3.000 euros al año y nosotros estamos en 10.000 euros al año durante cuatro años. Es decir, las becas actuales son mejores, son más ambiciosas, pero la experiencia nos dice que los gobiernos de derechas las han suprimido. Por eso queremos blindarlas.
Dos datos objetivos. El primero: la media de tiempo que necesita un opositor para sacarse la oposición de la carrera fiscal y judicial oscila entre cuatro y cinco años. Por supuesto, a tiempo completo. No va de trabajar, llegar a las ocho de la tarde a tu casa y ponerte a estudiar un ratito. No. Es a tiempo completo, cuatro o cinco años. Es una oposición muy complicada, más de 320 temas y, por tanto, necesitas ese tiempo para prepararla bien con posibilidades de éxito.
Por un lado, blindarlas por ley para que las becas existan o no en función de si el ministro es progresista o conservador. Y dos, igualdad de oportunidades. Es decir, que la renta de tu familia, que pertenezcas a una familia humilde, una familia de clase trabajadora, de clase media, de una renta baja, de una renta media, eso no te condicione para poder opositar. Si tú te vas a esforzar y tienes el talento para estar cuatro años o cinco años estudiando y vas a dedicar tu vida a eso, el Estado se encarga de que la situación económica de tu familia no sea un impedimento. Y eso va a conseguir que haya mayor igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera fiscal y judicial. La convocatoria de este año ha sido un éxito.
1.300 becas tenemos ya, a razón de 10.000 euros al año. El año que viene vamos a seguir mejorando tanto la cuantía como el número de becas que concedamos desde el ministerio. Pero insisto, para mí es fundamental blindarlas por ley, para que no haya un gobierno de derechas que tenga la tentación de suprimirlas. Y esto no es una hipótesis, esto fue una realidad. Pasó con el Gobierno Rajoy.
Hay opiniones diversas y hay algún recelo. Hay una reivindicación histórica en la carrera y es que se necesitan más jueces y fiscales. Se dan datos sobre la ratio de cuántos jueces hay por cada 10.000 habitantes. Es verdad que en esa ratio no se tienen en cuenta los jueces sustitutos que están dictando sentencias, como cualquier otro juez de carrera.
¿Esta es la clave, los jueces sustitutos?
Claro. La regularización es de jueces sustitutos. A mí me gusta llamarlo de juezas sustitutas porque casi el 80% son mujeres.
¿Sí?
Sí. Es una profesión, la de jueza sustituta, muy feminizada. Y tiene sentido que sean personas que no han tenido, digamos, el tiempo necesario para poder acceder a la carrera, bien por el turno libre, por la oposición, bien por el concurso oposición, por el cuarto turno.
¿Qué nos dice Europa? Pues Europa nos dijo hace tiempo que teníamos que regularizar el empleo público interino que había en España. El Ministerio de Justicia, yo ni siquiera era ministro del ramo, preguntó si también se aplicaba a la función jurisdiccional, porque claro, esto es un poder del Estado, que tiene características propias respecto a funcionarios interinos de cualquier otro ámbito. La Comisión Europea dijo que por supuesto que sí, con advertencia de sanción si no se regularizaba. Tenemos en torno a mil jueces y fiscales sustitutos y magistrados suplentes, en concreto 1.004. Son casi 700 jueces y en torno a 300 fiscales.
Lo que vamos a hacer es un proceso que ya está regulado en la ley, que es un cuarto turno. Extraordinario, en este caso —evidentemente—, para regularizar. Estas personas podrán presentarse a ese cuarto turno donde se tenga en cuenta el tiempo que han prestado servicios como jueces sustitutos, de tal manera que se les evalúe. Y habrá un tribunal que decida si hay nivel. Por eso, es lógico que se respeta el principio de mérito y capacidad. Va a haber un tribunal (que, por cierto, va a estar presidido por un magistrado del Tribunal Supremo o por un fiscal de sala, en el caso de los fiscales) para decidir si hay o no hay nivel para incorporarse a la carrera judicial y, por supuesto, solo se incorporará a quien tenga nivel.
El Ministerio de Justicia ha tenido exactamente cero intervención en la selección en el nombramiento de los jueces sustitutos. Por tanto, el Gobierno no mete a nadie. Y dos, van a entrar por la puerta atrás. Uno, no van a entrar, ya están dictando sentencias y dictando autos. Y dos, puerta de atrás nada: concurso, oposición, mérito y capacidad.
Los jueces sustitutos que se presenten al proceso y que no lo superen recibirán una indemnización porque Europa nos lo exige. Por tanto, yo creo que es un modelo absolutamente razonable, que respeta el principio de mérito y de capacidad, que soluciona un problema que teníamos en toda la administración. La carta de la Comisión Europea dice más. Dice que han de ser considerados jueces a todos los efectos.
¿Los fiscales se tienen que hacer cargo de la instrucción? Algunos podríamos entender que tiene que ver con una parte de eficiencia de la justicia. Otros dicen que el Gobierno quiere hacerse cargo de las instrucciones judiciales.
En toda Europa, en todo nuestro entorno, en todo el mundo occidental y desarrollado, instruyen los fiscales. Y España es una excepción.
¿Qué pretendemos hacer con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que aprobaremos pronto y que irá a tramitación parlamentaria? Que la instrucción recaiga en los fiscales. ¿Por qué? Porque creemos que los fiscales tienen una especialización absoluta en la instrucción, que va a hacer que las instrucciones sean más garantistas todavía.
¿O es que alguien duda de la independencia de la Fiscalía en casos muy notorios que estamos conociendo? Están solicitando a los jueces de instrucción diferentes diligencias, diferentes medidas cautelares, y lo están haciendo de manera técnica, con razones técnicas y con razones de derecho, basadas en derecho.
¿Cuál es el argumento contrario que se utiliza?
Es que el Gobierno va a instruir, dicen. Bueno, pues de nuevo tengo que decir que no se corresponde con la realidad. Públicamente ya he dicho, y lo vuelvo a reiterar hoy aquí, que nuestra idea es que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal entre en vigor el 1 de enero de 2028. Esto significa una vacatio legis amplia para que todos los operadores jurídicos puedan estudiar y profundizar en la nueva ley. También para que hagamos pasarelas, que vamos a hacer, para jueces de instrucción que quieran ser fiscales de instrucción. Hay que reforzar por supuesto también la carrera fiscal y el número de fiscales que se incorporan, por eso es tan importante la reforma de la justicia, porque vamos a incorporar 2.500 nuevos jueces y fiscales en tres años. Lo nunca visto, la mayor convocatoria de la historia nunca, nada parecido, se ha producido en la democracia.
Y si hay un gobierno conservador, que yo espero que no pase, que no tengamos un gobierno reaccionario en nuestro país, nombrarán a otro fiscal general. Es decir, los argumentos que se utilizan de contrario no tienen tampoco ninguna solidez porque en el momento en el que decimos que entrará en vigor el 1 de enero del veintiocho, ya decae toda la parte que tiene que ver con la actualidad. Que esto no tiene nada que ver con el fiscal general actual ni con el ministro actual. Es que esta es la justicia del siglo XXI y del siglo XXII.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal que queremos sustituir es de 1882. Yo creo que 140 años después es el momento de abordar una reforma y de modernizar nuestra ley procesal penal.
Hay algunos que dicen que esto tiene que ver con las investigaciones de la UCO en manos de jueces de instrucción. Y en este contexto es donde se dice, claro, que lo que quieren es que la policía judicial esté debajo del fiscal.
Bueno, pues dos elementos sobre esta pregunta. El primero es que esta reforma procesal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que presentaremos en las próximas semanas, no afectará a ningún procedimiento en curso hoy, a ninguno. Primero, porque en el 2028 estarán resueltos, en un sentido o en otro, y, además, porque habrá un régimen transitorio que obviamente no afectará a los asuntos que vengan de atrás.
En segundo lugar, claro que la policía judicial dependerá de la Fiscalía porque van a ser los nuevos instructores. Evidentemente, el instructor necesita una policía judicial que le haga las indagaciones que hoy hacen, digamos, a requerimiento de los jueces de instrucción. Pero habrá más garantías. Porque el juez de garantías será el que decida si la decisión del fiscal es correcta o no lo es, si ajusta derecho o no se ajusta, tendremos un elemento más de garantía sobre una instrucción penal. Creo que reforzar las garantías de la instrucción es positivo y desde luego nos homologa a toda Europa. Y por cierto, hoy en España ya instruyen los fiscales: Fiscalía Europea y Fiscalía de Menores.
¿Debería introducirse una segunda instancia para las personas aforadas que son juzgadas ante el Tribunal Supremo?
Es un debate jurídico muy interesante. Y nosotros estamos abiertos a hablar de este asunto, pero es verdad que hay normas internacionales que llegan a soluciones diversas. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) habla de que no tiene por qué haber una segunda instancia, sin ninguna duda, y eso plantea el debate de cuál tiene que ser la segunda instancia del Tribunal Supremo, por ejemplo.
El Tribunal Supremo es la cúspide del Poder Judicial y, por tanto, ¿dónde estaría esa segunda instancia? Este es un debate complejo. Pero es que hay otros pactos internacionales, que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, que te obliga efectivamente a que exista una doble instancia y ahí no cabe debate y por eso hay resoluciones contradictorias entre el TEDH y el Pacto Internacional que depende de Naciones Unidas. Es complejo saber cuál sería la segunda instancia del Supremo y, por tanto, nosotros estamos dispuestos a escuchar a la academia, a escuchar a todos los actores, a escuchar al propio Tribunal Supremo cómo cree que podríamos resolver esto o si debemos dejar la situación como está. Yo aquí le confieso que tengo dudas, que no sé muy bien cuál puede ser la solución a esta segunda instancia. Y, por tanto, creo que lo que tenemos que hacer es escuchar a los que saben y, a partir de ahí, tomar una decisión.
Como ministro de la Presidencia usted coordina el Gobierno y además tiene la cartera de Relaciones con las Cortes y, en esta legislatura, es una función muy importante. ¿Cómo valora la aplicación de lo que sería la acción legislativa y el progreso de la acción legislativa del Gobierno?
En esta legislatura hay un debate sobre qué capacidad tiene el Gobierno de impulsar sus leyes. Hemos aprobado en esta legislatura, en la que va de 2023 a la fecha, 43 leyes. ¿Son muchas? ¿Son pocas? Le doy un dato. Son más que ninguna comunidad autónoma. Los parlamentos autonómicos incluso con mayoría absoluta, con una única excepción, la Comunitat Valenciana, que ha aprobado catorce reales decretos leyes que tienen que ver con la DANA, que obviamente son normas de urgencia que están más que justificadas. Pero salvo esta excepción completamente justificada, somos el Parlamento que más actividad legislativa tiene y más, digamos, éxito tiene en aprobar diferentes leyes. Y no son leyes al peso, no son 42, sino, mire, hemos aprobado en esta legislatura tan compleja la primera reforma social de la Constitución, modificando el artículo 49, una reforma social para las personas con discapacidad, para reforzar sus derechos y sobre todo hacer hincapié los más vulnerables dentro de las personas con discapacidad, que son las mujeres y las niñas. Y hemos hecho una reforma social.
Por tanto, esta legislatura merece la pena para seguir reforzando el Estado del bienestar. ¿La aritmética parlamentaria es compleja? Muy compleja. Pero eso es España. ¿A usted le gusta España? Pues ese es su Parlamento. Y hay gente que no le gusta nada del Parlamento, pero es que eso es lo que han votado los españoles. Y bueno, pues al ministro de Relaciones con las Cortes y al Gobierno en su conjunto, nos toca trabajar mucho, negociar mucho para sacar adelante las iniciativas legislativas.
¿Hay un exceso de utilización del Real Decreto Ley?
No. Es una acusación bastante frecuente que nos hacen a este Gobierno. Pero es que este Gobierno se ha enfrentado a un volcán, a una pandemia, a una DANA, a una guerra en Ucrania.
Pero me refiero más a la utilización de este instrumento para cuestiones que no son tanto de urgencia.
Entiendo la pregunta. La Constitución dice que los decretos leyes han de tener una urgente y necesaria y extraordinaria necesidad y, por tanto, la urgencia un requisito de viabilidad de un decreto ley.
Yo iba un poco a esto, es decir, la rapidez y la cantidad de cosas que en nuestra sociedad pasan, a las que muchas veces el Gobierno tiene que responder. Está reñido, y es una pregunta un poco más de fondo, con los tiempos del parlamentarismo.
Es así. Por eso la Constitución ya reguló los decretos leyes, ya en el año 78, sin saber que habría mayorías parlamentarias muy complejas y parlamentos muy fraccionados. Hemos tenido en esta legislatura el Parlamento más fraccionado de la democracia. El que tenía más fuerzas políticas fue el último Parlamento, no el actual. Y el actual tiene alguna menos, pero también es muy fraccionado y muy complejo.
Por eso existe el decreto ley, porque el Gobierno necesita una herramienta constitucional para poder abordar con urgencia necesidades legislativas. Y por eso creo que nosotros hemos hecho uso del decreto ley cuando ha sido necesario, porque obviamente todas estas urgencias hay que atajarlas en tiempo real. Uno no puede esperar a unas tramitaciones parlamentarias que son mínimo meses y de resultado incierto. No se puede usted poner a regular las ayudas a los afectados por la DANA o por el volcán o medidas antiinflacionarias con el conflicto entre Ucrania y Rusia, llevarlo a una tramitación parlamentaria que veremos a ver si dentro de cinco meses se aprueba o no se aprueba y por eso el decreto ley es imprescindible. Decretos leyes que, como obliga la Constitución, han de ser convalidados por el Congreso. Es decir, que también el poder legislativo tiene su papel.
Y de los 154 que hemos aprobado durante el Gobierno de Pedro Sánchez, se han convalidado más del 95%. Es decir, que las Cortes, en este caso el Congreso, han visto razonable el decreto ley que había aprobado el Gobierno.
Usted ha hecho una pregunta antes, en voz alta, sobre si a usted le gusta España. En España hay un tema mollar, desde mi punto de vista, que es el papel de los partidos independentistas. Me interesa mucho su reflexión, sé que la tiene, sobre Bildu.
Yo creo que es una gran victoria de la democracia española que hoy todos los proyectos políticos se expresen dentro de la Constitución, dentro del sistema parlamentario y dentro del Estado de derecho. Y esto, que parece una obviedad, no ha sido así en la historia de España. Ha habido muchos años, muchas décadas, en nuestra democracia, que no todos los proyectos políticos se expresaban democráticamente. Y durante aquellos años de plomo del terrorismo, pues era muy habitual requerir a todo ese entorno político de la banda terrorista ETA que o estaban con las armas o estaban en la democracia. Y creo que fue un gran éxito de la democracia que acabara la banda terrorista ETA, que se hiciera sin ningún precio político y que hoy ese proyecto político, digamos, de la izquierda abertzale esté expresándose dentro del Parlamento.
Y eso ha sido gracias al diálogo, gracias al esfuerzo y gracias a la valentía de sentarte con el que no piensa como tú para intentar llegar a encuentros y a entendimientos y conseguirlo.
Me obliga a hacer una pregunta, sobre la reunión entre Illa y Puigdemont, y el hecho de que aún Puigdemont no disfruta de la aplicación de la Ley de Amnistía. Existe un conflicto que no podemos negar entre el Tribunal Supremo, ahora ya con el Tribunal Constitucional y con el propio Congreso.
Sí, a mí me parece que esa foto entre el president Illa y el expresident Puigdemont es un paso más en la normalización política de Catalunya. Un paso más. No se ha llegado a la normalización política en Catalunya. Se llegará el día que se implemente en su integridad la Ley de Amnistía a todas las personas la voluntad del legislador, la voluntad de las cortes, incluyendo por supuesto a los líderes del proceso soberanista, claro. Y ese día yo creo que se logrará la plena normalización política de Catalunya.
Todo el mundo que habla de la Ley de Amnistía normalmente la denomina por el nombre, pero no por los apellidos, y no me gusta, porque tiene unos cuantos. Y es que dicen mucho de la ley, la ponen muy en contexto, es muy importante el título completo de la Ley de Amnistía, que es la Ley de Amnistía para la normalización política, institucional y social de Catalunya.
Creo que es la primera vez que el presidente Sánchez dice que se tienen que presentar los presupuestos, pero que no aprobarlos no implica que tenga que dimitir. Admite que tiene la obligación de presentarlos, y no siempre se ha hecho, pero ya decidirán los ciudadanos en su momento y en las elecciones si el haberlos tenido o no ha sido positivo o negativo.
Puede ser nueva la declaración, pero esto deriva de la Constitución.
Pero no siempre lo que se dice en la Constitución es lo que en el debate público...
Sí, sin duda, pero la Constitución establece cuál es la investidura de un presidente, cuál es el modelo y cómo cae un presidente del Gobierno, digamos, durante la legislatura, no después de unas elecciones, que es o con una moción de modo de censura o con una moción de confianza, si la pierde el presidente que la propone. Y, por tanto, digamos que la duración de la legislatura, la Constitución la desvincula por completo de los presupuestos. ¿Por qué? Porque la Constitución hace algo inteligente, es decir, no puede haber un país sin presupuestos. Si usted no lo consigue, en un año concreto se prorrogan los anteriores.
Siempre tendría que haber sido así.
Hay un debate en la academia muy interesante sobre si es una obligación legal o una obligación política. Y ha habido incluso unas jornadas en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que en su día pasaron inadvertidas, precisamente sobre cuál es el alcance de esa obligación constitucional.
Somos el país que tiene mayor número de proyectos greenfield, de proyectos renovables verdes del mundo. Somos un país de 49 millones de habitantes. Ser los primeros del mundo creo que pone muy de manifiesto la gran política económica que está llevando a cabo este Gobierno. Y además son los presupuestos, los prorrogados, que permiten absorber fondos europeos, algo esencial en este momento donde seguimos recibiendo estos fondos. También quiero decir que somos el primer país de Europa que recibe fondos europeos y el que más fondos europeos recibe de los fondos Next Generation. De modo que, tenemos unos grandes presupuestos del Estado que están funcionando, que están prorrogados. Ahora vamos a presentar el proyecto y es un proyecto que está desvinculado de la duración de la legislatura, pero no obstante, vamos a trabajar duro con los grupos. Lo vamos a hacer ya.
¿Los aprobarán?
Bueno, pues no tengo respuesta para esa pregunta. Tenemos que trabajar con los grupos, lo hacemos siempre. Son absolutamente esenciales los grupos, no solo en la aprobación, sino también, que es algo que se pone poco de manifiesto, en la elaboración y en la mejora de los presupuestos.
Es decir, cuando hemos aprobado unos presupuestos que hemos aprobado en la legislatura anterior todos los años, siempre se han mejorado y mucho con las aportaciones de los grupos parlamentarios. Es decir, no es que consigas cuatro votos de un grupo o siete votos de otro, no, es que te mejoran los presupuestos, es que consiguen proyectos que tú en el texto inicial no has contemplado y que ellos los mejoran. Vamos a trabajar mucho porque queremos que haya presupuestos, porque queremos que se mejoren los actuales, aunque ya son muy buenos, pero también es una marca de la casa. El diálogo y la negociación, pero también la otra cara de la moneda, que es no anticipar nunca la decisión de los grupos. Tienen que ser los propios grupos los que decidan cuál es su posición política de apoyo o no a los presupuestos y también que ellos lo comuniquen cuando corresponda. Es una negociación que está en una fase muy embrionaria, muy inicial, y desde luego trabajaremos duro para sacarlos.
Muchas gracias, ministro.
Consciente de la erosión de la confianza ciudadana en la política y en la justicia, Bolaños insiste en que, "aunque haya quien critique el Congreso con dureza, eso es lo que han votado los españoles", reivindicando la legitimidad parlamentaria frente a quienes cuestionan la fragmentación actual. A las acusaciones de abuso del decreto ley responde con un giro estratégico: "siempre han existido gobiernos que lo han utilizado, lo importante es el contenido", relativizando las críticas mientras subraya la necesidad de eficacia.
El encuentro muestra también la tensión con el poder judicial. En paralelo, anuncia que en las próximas semanas se presentará la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, un cambio histórico que trasladará la instrucción a los fiscales, aunque subraya que "no afectará a los casos en curso".
Más que un balance de gestión, lo que emerge de esta conversación es una estrategia política de largo alcance. La "doctrina Bolaños" combina pragmatismo y confrontación controlada: defiende la estabilidad institucional, pero no duda en señalar a los actores que considera responsables del bloqueo. Y lo hace con un discurso calculado, que mezcla apelaciones al consenso con la afirmación de un poder ejecutivo fuerte en un escenario parlamentario frágil. Algunos de los temas más destacados se han recogido en este vídeo.
Usted es el primer ministro en la historia democrática de España que compatibiliza las carteras de Presidencia y Justicia. ¿Qué significado político tiene?
Sin duda todo tiene significado político y cuando el presidente del Gobierno decidió estructurar su Gobierno con una cartera que fuera Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, estaba enviando el mensaje político de que la justicia es una prioridad para este Gobierno.
Durante los dos años de legislatura que llevamos lo hemos demostrado. Estamos llevando a cabo la mayor transformación de la justicia en décadas. Hemos aprobado, y ya es una realidad, la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia que, ni más ni menos, cambia la planta judicial del siglo XIX, de 1835.
La ley va a conseguir que, en lugar de juzgados unipersonales, dispersados por todo nuestro país, haya tribunales de instancia con secciones especializadas. Más especialización y más agilidad para resolver los asuntos y más capacidad, a menor coste, para poder tener jueces y fiscales trabajando para que el servicio público de la justicia sea más cercano y ágil. Ahora un juzgado unipersonal —que incluye toda la oficina judicial— cuesta en torno a medio millón de euros. Con los tribunales de instancia, aumentar una plaza de un juez o magistrado en una sección especializada costará en torno a ochenta o noventa mil euros. Con el mismo coste podremos asignar cinco o seis jueces o magistrados porque compartirán, por decirlo de forma sencilla, la oficina, los medios personales y materiales necesarios para que las causas sean tramitadas. Jueces y magistrados podrán centrarse más en el trabajo estrictamente jurisdiccional y menos en cuestiones administrativas o de seguimiento. Esto es una gran reivindicación de la carrera.
También hemos aprobado la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa. España es el primer país de Europa que desarrolla un derecho fundamental como es el de la tutela judicial efectiva. Hemos llevado a cabo la primera reforma social de la Constitución, también en asuntos que tienen que ver con la justicia y, en concreto, con las personas con discapacidad. Y no quiero olvidar que, también durante el primer año de legislatura, hemos renovado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que podría parecer una cosa sencilla, dado que es una obligación constitucional, pero tuvo cinco años y medio de bloqueo.
"La Ley de Eficiencia va a conseguir que, en lugar de juzgados unipersonales, dispersados por todo nuestro país, haya tribunales de instancia con secciones especializadas"Hoy tenemos un Poder Judicial funcionando con normalidad, con oportunidades de desarrollo profesional, de ascenso, para todos los jueces y magistrados en nuestro país que durante cinco años y medio estuvieron en una situación de angustia y enorme preocupación porque el Poder Judicial estaba colapsado. Lo que hemos hecho, y lo que vamos a hacer en los dos años que restan, como es la Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la Carrera Fiscal y Judicial que también va a modernizar nuestra justicia, va a blindar por ley las becas para permitir que todo el que quiera pueda estudiar las oposiciones de acceso a la carrera judicial o fiscal [Becas SERÉ]. También va a conseguir que tengamos 2.500 nuevos jueces en tres años: 1.500 por los procesos ordinarios y 1.000 en una regularización extraordinaria que nos pide Europa de los jueces, en realidad, juezas sustitutas.
Toda esa reforma que estamos llevando a cabo, también la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal —que data de 1882—, es, sin duda, la mayor transformación de la justicia en décadas. Para este Gobierno, la justicia y la reforma de la justicia es una prioridad y seguro que eso fue lo que estaba en la cabeza del presidente del Gobierno cuando decidió unir Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Facilitar que los tres ministerios estuvieran bien coordinados para poder realizar todas las reformas que la justicia necesita.
¿También entran dentro de esta prioridad las declaraciones del presidente del Gobierno en RTVE diciendo que "hay jueces que hacen política y que hay políticos que hacen justicia"?
El presidente empezó diciendo que la inmensa mayoría, la práctica totalidad de la carrera judicial, hace su trabajo con rigor, con profesionalidad e imparcialidad.
Y, sin embargo, puso el foco en una minoría. Creo que tenemos que diferenciar bien la labor cotidiana de jueces y magistrados en nuestro país, lo que es el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano político, es un órgano del gobierno del Poder Judicial, y lo que son las asociaciones judiciales, por ejemplo. Pues, obviamente, un juez o un magistrado, con independencia de su sensibilidad, porque hay que jueces de sensibilidad progresista y jueces de sensibilidad conservadora, no debería afectar a su labor jurisdiccional ordinaria. Como dice la Constitución, únicamente están sometidos al imperio de la ley, es decir, a hacer cumplir, a aplicar las leyes que el Parlamento democráticamente aprueba. Sin embargo, el rol del Consejo General del Poder Judicial es diferente, es un órgano de Gobierno, de un poder del Estado, por tanto, evidentemente, claro que se hace política.
Por otro lado, están las asociaciones judiciales que tienen una doble vertiente. Creo que antes tenían una vertiente más de defensa de los intereses corporativos, de la carrera fiscal y judicial, y últimamente se están deslizando con claridad para también tomar posición política sobre los asuntos públicos. Por ejemplo, que las asociaciones judiciales, o algunas de ellas —las conservadoras— pidan que se retire un proyecto de ley del Gobierno y que el Parlamento está tramitando es sin duda adoptar un posicionamiento político.
El mandato ministerial de Félix Bolaños se está caracterizando por reformas judiciales de gran calado. Foto: Agenda Pública / Tania Sieira.
¿Por qué la ciudadanía no tiene derecho a conocer las quejas que un ciudadano o un ministro plantea ante el Consejo General del Poder Judicial sobre los jueces? ¿No tendríamos que cambiar la normativa?
Un procedimiento disciplinario contra un juez o un magistrado porque se ha presentado una queja ante el Consejo tiene dos fases. La primera, que es, digamos, una fase reservada, confidencial, y luego una segunda que ya es propiamente el expediente disciplinario. Quiero recordar que en España las instrucciones en procesos judiciales, con carácter general, son reservadas y no son públicas.
"El Consejo General del Poder Judicial tiene una competencia que es esencial en todas las que ejerce, que es preservar el buen nombre, el prestigio y la reputación de la carrera judicial"Sin embargo, igual que hay órganos judiciales, por ejemplo, el Supremo, donde no hay filtraciones con carácter general sobre las instrucciones que se llevan a cabo, hay otros juzgados —son conocidos, no es necesario mencionarlos—, en los que se filtra sistemáticamente todo y, por cierto, siempre a los mismos medios de comunicación. Por tanto, a mí ese primer elemento en el que haya cierta confidencialidad, cierta reserva para que puedan trabajar los órganos competentes, tanto un órgano de instrucción, un juzgado que está llevando a cabo una instrucción penal, como el CGPJ en una primera fase para poder sancionar finalmente a un juez, no me parece mal que haya esa fase para dar tranquilidad a ese órgano y que pueda trabajar sin ninguna injerencia.
Creo que sería más importante alguna otra reforma que llevara a cabo, no tanto una reforma legal, sino una reforma casi de mentalidad, de darnos cuenta de que el Consejo General del Poder Judicial tiene una competencia que es esencial en todas las que ejerce, que es preservar el buen nombre, el prestigio y la reputación de la carrera judicial. Y para eso hay que corregir y sancionar aquellos comportamientos que son inadecuados o inaceptables. Y en este caso, un corporativismo mal entendido de tapar todo no va en beneficio del prestigio y de la reputación de la carrera judicial. Aquellos comportamientos que son inaceptables, y todos hemos tenido noticia en los últimos meses de algunos de ellos, deben ser corregidos por el Consejo General del Poder Judicial para favorecer el buen nombre y la confianza en la carrera judicial. Y han de hacerlo, y es aquí donde yo creo que tenemos que hacer la reflexión, con agilidad. No pueden ser procedimientos sancionadores que se prolonguen meses cuando no hay nada que investigar, cuando en ocasiones son declaraciones públicas, que en una tarde ya sabes cuál ha sido la declaración pública, si ha sido desconsiderada, si ha sido un ataque al Poder Ejecutivo, al Gobierno, un ministro, al presidente del Gobierno. Tienen que ser actuaciones del Consejo General de Poder Judicial que corrijan aquellos comportamientos inadecuados, que lo hagan con agilidad y que lo hagan con eficacia. Y todo ello irá en beneficio del buen nombre de la carrera judicial, que es quizá la competencia más importante que tiene el Consejo General del Poder Judicial, incluso por encima de los nombramientos que tiene que hacer de magistrados del Supremo, de presidentes de TSJ y de otros nombramientos de primer nivel en la carrera judicial.
A finales del curso pasado usted se encontró con una huelga de los jueces.
El Consejo General del Poder Judicial dijo que no existía ninguna base legal para un eventual derecho a la huelga. Pese a ello, hubo algunas asociaciones de jueces y de fiscales que decidieron convocar esta huelga a la que creo que no podemos llamar de esta manera. Tendremos que buscar otra terminología. Porque la huelga conlleva tu derecho a no trabajar en protesta por algo y tu deber de soportar que te quiten el día de sueldo.
Ha habido veintiocho fiscales que han comunicado que han hecho huelga. Y no lo han hecho respecto de los tres días —1, 2 y 3 de julio— que se convoca la huelga, sino que algunos un día, otros dos, otros tres. Veintiocho fiscales y un juez que ha comunicado que ha hecho huelga. Un juez de más de 5.500 personas de la carrera judicial.
"La huelga, que secundaron dos jueces de más de 5.500 personas, tenía motivos absolutamente infundados porque ni una sola línea en la reforma afecta al Estado de derecho"Para ser exactos, dos. Uno dijo que había hecho huelga, pero que estaba en servicios mínimos y que, por tanto, no se le podía deducir la nómina. Y solo un juez –hablo en genérico porque no quiero ni siquiera desvelar si es hombre o mujer–, dijo que efectivamente había hecho huelga y que se le deduzca el salario. Por tanto, ha sido un seguimiento tan irrisorio que tampoco podemos considerarlo desde ese punto de vista como una huelga. Yo creo que los motivos eran absolutamente infundados, no hay ni una sola línea en la reforma de la justicia que tenga que ver, por supuesto, con afectación al Estado de derecho, ni al principio de independencia judicial, ni una sola. Yo entiendo que puede haber resistencia, siempre la ha sabido en las reformas de calado de la justicia, siempre.
Me llama mucho la atención que alguna de las asociaciones, que ya se manifestó contraria a la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985 y de manera muy beligerante porque decía que afectaba al principio de independencia judicial. Hoy, cuarenta años más tarde, pide que se mantenga aquella ley porque dicen que la actual reforma, que está en el Congreso, afecta también al principio de independencia judicial. Pues bien, ni la ley del 85 ni la del 2025 afectan al principio de independencia judicial. Y termino con una última reflexión. Aquella huelga, digo huelga entre comillas, ni el comité de huelga la hizo. Las mismas personas que animaron a sus compañeros a hacer huelga, no hicieron huelga. Por tanto, respetemos una palabra que significa tanto para el movimiento obrero, para la ciudadanía, que es un derecho fundamental. Respetemos esa palabra no utilizándola, en este caso, y denunciemos la hipocresía absoluta de unas asociaciones judiciales que, con motivos infundados, lo que han hecho ha sido llamar a la huelga a sus compañeros para no hacerla ni el propio comité de huelga.
El ministro aseguró que los motivos de la huelga judicial en España fueron infundados. Foto: Agenda Pública / Tania Sieira.
¿Hay un problema de eficiencia de la justicia? A pesar de que cada juez ha recibido un 25% menos de casos, se ha resuelto un 27,40% menos, lo que supone una reducción de 2.434.617 asuntos resueltos.
Creo que hay medidas que se pueden adoptar y la Ley de Eficiencia va en esa línea. También creo que los casos cada vez son más complejos. Es decir, los asuntos que nuestra judicatura tenía que resolver hace 20 o 30 años eran más sencillos que los actuales, en ocasiones. Yo he sido abogado muchos años de mi vida y hay casos casi inabarcables que un juez tiene que resolver. No solo ese caso, sino otras muchas docenas de casos que ha tenido que ver en una sala de vistas y que además tiene que estudiarse la documentación en profundidad.
¿Qué hemos hecho en la Ley de Eficiencia? Pues hemos apostado, en primer lugar, por lo que llamamos los MASC, que son los medios alternativos de solución de conflictos, es decir, evitar los litigios donde se puedan evitar. Hay litigios que son inevitables y que van a acabar en manos de un juez, pero allí donde pueda abordarse un acuerdo entre las partes, hagámoslo. Y hemos hecho una apuesta muy decidida por los MASC, muy decidida. Se trata de implementar en todos los órdenes jurisdiccionales lo que en el orden social es una realidad. En el orden social, del que yo provengo, es muy habitual que los abogados de las partes de la empresa del trabajador se pongan de acuerdo, negocien al menos; hay una conciliación administrativa previa y antes del juicio hay otro intento de conciliación.
En segundo lugar, ¿qué hemos hecho? Apostar por los tribunales de instancia. ¿Por qué? Porque vamos a especializar en secciones. El Tribunal de Instancia de Madrid, de Barcelona, tendrá secciones especializadas. De tal manera que todos los casos que tengan que ver con una determinada materia llegarán a los mismos jueces, que tendrán más experiencia, más conocimiento de la jurisprudencia aplicable, tendrán, digamos, más facilidad para resolver con rapidez. Y, en tercer lugar, llevamos a cabo también una reforma durante el Gobierno de Pedro Sánchez, que es facilitar las admisiones y discriminar cuáles han de ser admitidas y cuáles no en los recursos de casación que se presentan ante el Supremo. Esto ya está dando resultados. Ya tenemos salas del Supremo que están prácticamente al día o que lo van a estar pronto, como la Sala III, y tenemos otras salas, como la Sala I, donde hay más volumen de trabajo y más volumen de temas pendientes, que también hemos trabajado con ellos a través de los refuerzos y de un plan de trabajo para ponerla al día.
Creo que todos estos elementos van en paralelo para que tengamos una justicia cercana y una justicia ágil, que dicte resoluciones y dicte sentencias en un tiempo razonable, porque la justicia es un poder del Estado, por supuesto, pero es un servicio público y como servicio público ha de funcionar. Toda la justicia tiene que funcionar.
Más jueces y juezas con pluralidad de orígenes. Entiendo que la idea de blindar por ley las becas para opositar a juez o fiscal va en esa dirección.
Ya hubo becas con el Gobierno Zapatero y con el Gobierno Rajoy se suprimieron. Es verdad que las becas del Gobierno Zapatero eran menos ambiciosas que las actuales, más tímidas, en torno a 3.000 euros al año y nosotros estamos en 10.000 euros al año durante cuatro años. Es decir, las becas actuales son mejores, son más ambiciosas, pero la experiencia nos dice que los gobiernos de derechas las han suprimido. Por eso queremos blindarlas.
Dos datos objetivos. El primero: la media de tiempo que necesita un opositor para sacarse la oposición de la carrera fiscal y judicial oscila entre cuatro y cinco años. Por supuesto, a tiempo completo. No va de trabajar, llegar a las ocho de la tarde a tu casa y ponerte a estudiar un ratito. No. Es a tiempo completo, cuatro o cinco años. Es una oposición muy complicada, más de 320 temas y, por tanto, necesitas ese tiempo para prepararla bien con posibilidades de éxito.
"El 95% de los opositores (a carrera judicial o fiscal) que aprueban, necesitan el apoyo de sus familias: podemos hacer un esfuerzo como Gobierno para generar igualdad de oportunidades"Segundo dato, también objetivo. El 95% de las personas que sacan la oposición necesitan apoyo de sus familias. Con estos dos datos objetivos, ¿cuál es la conclusión que sacamos? Que si no tienes apoyo económico de tu familia, no puedes ni pensar en prepararse unas oposiciones. Hay un 5% de personas que no tienen apoyo económico de sus familias y que pueden sacar la oposición con un sobreesfuerzo, evidentemente, pero yo creo que nosotros podemos hacer, como Gobierno, un esfuerzo en una política pública para generar igualdad de oportunidades.
Por un lado, blindarlas por ley para que las becas existan o no en función de si el ministro es progresista o conservador. Y dos, igualdad de oportunidades. Es decir, que la renta de tu familia, que pertenezcas a una familia humilde, una familia de clase trabajadora, de clase media, de una renta baja, de una renta media, eso no te condicione para poder opositar. Si tú te vas a esforzar y tienes el talento para estar cuatro años o cinco años estudiando y vas a dedicar tu vida a eso, el Estado se encarga de que la situación económica de tu familia no sea un impedimento. Y eso va a conseguir que haya mayor igualdad de oportunidades en el acceso a la carrera fiscal y judicial. La convocatoria de este año ha sido un éxito.
1.300 becas tenemos ya, a razón de 10.000 euros al año. El año que viene vamos a seguir mejorando tanto la cuantía como el número de becas que concedamos desde el ministerio. Pero insisto, para mí es fundamental blindarlas por ley, para que no haya un gobierno de derechas que tenga la tentación de suprimirlas. Y esto no es una hipótesis, esto fue una realidad. Pasó con el Gobierno Rajoy.
Necesitamos más jueces. Ha hablado antes de una regularización. Explíqueme un poco por qué los jueces están en contra.
Hay opiniones diversas y hay algún recelo. Hay una reivindicación histórica en la carrera y es que se necesitan más jueces y fiscales. Se dan datos sobre la ratio de cuántos jueces hay por cada 10.000 habitantes. Es verdad que en esa ratio no se tienen en cuenta los jueces sustitutos que están dictando sentencias, como cualquier otro juez de carrera.
¿Esta es la clave, los jueces sustitutos?
Claro. La regularización es de jueces sustitutos. A mí me gusta llamarlo de juezas sustitutas porque casi el 80% son mujeres.
Marc López quiso profundizar en la situación de los jueces y juezas en la actualidad Foto: Agenda Pública / Tania Sieira.
¿Sí?
Sí. Es una profesión, la de jueza sustituta, muy feminizada. Y tiene sentido que sean personas que no han tenido, digamos, el tiempo necesario para poder acceder a la carrera, bien por el turno libre, por la oposición, bien por el concurso oposición, por el cuarto turno.
¿Qué nos dice Europa? Pues Europa nos dijo hace tiempo que teníamos que regularizar el empleo público interino que había en España. El Ministerio de Justicia, yo ni siquiera era ministro del ramo, preguntó si también se aplicaba a la función jurisdiccional, porque claro, esto es un poder del Estado, que tiene características propias respecto a funcionarios interinos de cualquier otro ámbito. La Comisión Europea dijo que por supuesto que sí, con advertencia de sanción si no se regularizaba. Tenemos en torno a mil jueces y fiscales sustitutos y magistrados suplentes, en concreto 1.004. Son casi 700 jueces y en torno a 300 fiscales.
Lo que vamos a hacer es un proceso que ya está regulado en la ley, que es un cuarto turno. Extraordinario, en este caso —evidentemente—, para regularizar. Estas personas podrán presentarse a ese cuarto turno donde se tenga en cuenta el tiempo que han prestado servicios como jueces sustitutos, de tal manera que se les evalúe. Y habrá un tribunal que decida si hay nivel. Por eso, es lógico que se respeta el principio de mérito y capacidad. Va a haber un tribunal (que, por cierto, va a estar presidido por un magistrado del Tribunal Supremo o por un fiscal de sala, en el caso de los fiscales) para decidir si hay o no hay nivel para incorporarse a la carrera judicial y, por supuesto, solo se incorporará a quien tenga nivel.
"Hay jueces sustitutos que llevan más de dos décadas dictando sentencias: ya están haciendo el trabajo y se nos exige esto desde Bruselas"Pero es que hay jueces sustitutos que llevan veinte años dictando sentencias. Son personas que ya están haciendo ese trabajo. La Comisión Europea nos lo exige. Los críticos dicen que el Gobierno va a meter a gente por la puerta de atrás. Bueno, pues es falso. El Gobierno no va a meter a nadie. Los jueces sustitutos los han elegido y los han seleccionado los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y los ha nombrado el Consejo General del Poder Judicial.
El Ministerio de Justicia ha tenido exactamente cero intervención en la selección en el nombramiento de los jueces sustitutos. Por tanto, el Gobierno no mete a nadie. Y dos, van a entrar por la puerta atrás. Uno, no van a entrar, ya están dictando sentencias y dictando autos. Y dos, puerta de atrás nada: concurso, oposición, mérito y capacidad.
Los jueces sustitutos que se presenten al proceso y que no lo superen recibirán una indemnización porque Europa nos lo exige. Por tanto, yo creo que es un modelo absolutamente razonable, que respeta el principio de mérito y de capacidad, que soluciona un problema que teníamos en toda la administración. La carta de la Comisión Europea dice más. Dice que han de ser considerados jueces a todos los efectos.
¿Los fiscales se tienen que hacer cargo de la instrucción? Algunos podríamos entender que tiene que ver con una parte de eficiencia de la justicia. Otros dicen que el Gobierno quiere hacerse cargo de las instrucciones judiciales.
En toda Europa, en todo nuestro entorno, en todo el mundo occidental y desarrollado, instruyen los fiscales. Y España es una excepción.
¿Qué pretendemos hacer con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que aprobaremos pronto y que irá a tramitación parlamentaria? Que la instrucción recaiga en los fiscales. ¿Por qué? Porque creemos que los fiscales tienen una especialización absoluta en la instrucción, que va a hacer que las instrucciones sean más garantistas todavía.
"¿Alguien duda de la independencia de la Fiscalía en casos muy notorios que estamos conociendo?"¿Por qué? Porque va a haber un fiscal instruyendo o investigando y un juez de garantías que va a ratificar o revocar las decisiones que adopte el fiscal. Y creemos también que vamos a separar más lo que es la fase de instrucción de la fase de enjuiciamiento, es decir, vamos a reforzar el principio de presunción de inocencia aún más, todavía más. Todo esto, por supuesto, con un requisito previo que también hacemos en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es reforzar la autonomía y la independencia del Ministerio Fiscal. Por primera vez, no va a tener en cuenta las legislaturas de los gobiernos, sino que va a estar desvinculada la duración de los nombramientos del fiscal general del Estado. No va a poder dar ninguna instrucción al Gobierno o a la Fiscalía: todas las comunicaciones entre Fiscalía y Gobierno han de ser por escrito y, por tanto, eso garantizará la independencia de la Fiscalía, que, por cierto, ya lo es.
¿O es que alguien duda de la independencia de la Fiscalía en casos muy notorios que estamos conociendo? Están solicitando a los jueces de instrucción diferentes diligencias, diferentes medidas cautelares, y lo están haciendo de manera técnica, con razones técnicas y con razones de derecho, basadas en derecho.
Félix Bolaños insiste en el papel neutral que toma la Fiscalía. Foto: Agenda Pública / Tania Sieira.
¿Cuál es el argumento contrario que se utiliza?
Es que el Gobierno va a instruir, dicen. Bueno, pues de nuevo tengo que decir que no se corresponde con la realidad. Públicamente ya he dicho, y lo vuelvo a reiterar hoy aquí, que nuestra idea es que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal entre en vigor el 1 de enero de 2028. Esto significa una vacatio legis amplia para que todos los operadores jurídicos puedan estudiar y profundizar en la nueva ley. También para que hagamos pasarelas, que vamos a hacer, para jueces de instrucción que quieran ser fiscales de instrucción. Hay que reforzar por supuesto también la carrera fiscal y el número de fiscales que se incorporan, por eso es tan importante la reforma de la justicia, porque vamos a incorporar 2.500 nuevos jueces y fiscales en tres años. Lo nunca visto, la mayor convocatoria de la historia nunca, nada parecido, se ha producido en la democracia.
"Si hay un gobierno progresista, como yo espero que lo haya después de las elecciones de 2027, no podremos nombrar a Álvaro García Ortiz porque ya ha cumplido dos mandatos como fiscal general"¿Y qué pasará el 1 de enero del 2028? Pues que el fiscal general en ese momento será el que nombre el Gobierno que sale de las urnas de 2027. Y ahí llega la segunda crítica. Bueno, pero el fiscal actual no lo podría ser en ningún caso. Porque si hay un gobierno progresista, como yo espero que lo haya después de las elecciones del veintisiete, no podremos nombrar a Álvaro García Ortiz porque ya ha ejercido su cargo de fiscal general del Estado durante dos mandatos. No se le puede renovar.
Y si hay un gobierno conservador, que yo espero que no pase, que no tengamos un gobierno reaccionario en nuestro país, nombrarán a otro fiscal general. Es decir, los argumentos que se utilizan de contrario no tienen tampoco ninguna solidez porque en el momento en el que decimos que entrará en vigor el 1 de enero del veintiocho, ya decae toda la parte que tiene que ver con la actualidad. Que esto no tiene nada que ver con el fiscal general actual ni con el ministro actual. Es que esta es la justicia del siglo XXI y del siglo XXII.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal que queremos sustituir es de 1882. Yo creo que 140 años después es el momento de abordar una reforma y de modernizar nuestra ley procesal penal.
Hay algunos que dicen que esto tiene que ver con las investigaciones de la UCO en manos de jueces de instrucción. Y en este contexto es donde se dice, claro, que lo que quieren es que la policía judicial esté debajo del fiscal.
Bueno, pues dos elementos sobre esta pregunta. El primero es que esta reforma procesal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que presentaremos en las próximas semanas, no afectará a ningún procedimiento en curso hoy, a ninguno. Primero, porque en el 2028 estarán resueltos, en un sentido o en otro, y, además, porque habrá un régimen transitorio que obviamente no afectará a los asuntos que vengan de atrás.
En segundo lugar, claro que la policía judicial dependerá de la Fiscalía porque van a ser los nuevos instructores. Evidentemente, el instructor necesita una policía judicial que le haga las indagaciones que hoy hacen, digamos, a requerimiento de los jueces de instrucción. Pero habrá más garantías. Porque el juez de garantías será el que decida si la decisión del fiscal es correcta o no lo es, si ajusta derecho o no se ajusta, tendremos un elemento más de garantía sobre una instrucción penal. Creo que reforzar las garantías de la instrucción es positivo y desde luego nos homologa a toda Europa. Y por cierto, hoy en España ya instruyen los fiscales: Fiscalía Europea y Fiscalía de Menores.
¿Debería introducirse una segunda instancia para las personas aforadas que son juzgadas ante el Tribunal Supremo?
Es un debate jurídico muy interesante. Y nosotros estamos abiertos a hablar de este asunto, pero es verdad que hay normas internacionales que llegan a soluciones diversas. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) habla de que no tiene por qué haber una segunda instancia, sin ninguna duda, y eso plantea el debate de cuál tiene que ser la segunda instancia del Tribunal Supremo, por ejemplo.
El Tribunal Supremo es la cúspide del Poder Judicial y, por tanto, ¿dónde estaría esa segunda instancia? Este es un debate complejo. Pero es que hay otros pactos internacionales, que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, que te obliga efectivamente a que exista una doble instancia y ahí no cabe debate y por eso hay resoluciones contradictorias entre el TEDH y el Pacto Internacional que depende de Naciones Unidas. Es complejo saber cuál sería la segunda instancia del Supremo y, por tanto, nosotros estamos dispuestos a escuchar a la academia, a escuchar a todos los actores, a escuchar al propio Tribunal Supremo cómo cree que podríamos resolver esto o si debemos dejar la situación como está. Yo aquí le confieso que tengo dudas, que no sé muy bien cuál puede ser la solución a esta segunda instancia. Y, por tanto, creo que lo que tenemos que hacer es escuchar a los que saben y, a partir de ahí, tomar una decisión.
Como ministro de la Presidencia usted coordina el Gobierno y además tiene la cartera de Relaciones con las Cortes y, en esta legislatura, es una función muy importante. ¿Cómo valora la aplicación de lo que sería la acción legislativa y el progreso de la acción legislativa del Gobierno?
En esta legislatura hay un debate sobre qué capacidad tiene el Gobierno de impulsar sus leyes. Hemos aprobado en esta legislatura, en la que va de 2023 a la fecha, 43 leyes. ¿Son muchas? ¿Son pocas? Le doy un dato. Son más que ninguna comunidad autónoma. Los parlamentos autonómicos incluso con mayoría absoluta, con una única excepción, la Comunitat Valenciana, que ha aprobado catorce reales decretos leyes que tienen que ver con la DANA, que obviamente son normas de urgencia que están más que justificadas. Pero salvo esta excepción completamente justificada, somos el Parlamento que más actividad legislativa tiene y más, digamos, éxito tiene en aprobar diferentes leyes. Y no son leyes al peso, no son 42, sino, mire, hemos aprobado en esta legislatura tan compleja la primera reforma social de la Constitución, modificando el artículo 49, una reforma social para las personas con discapacidad, para reforzar sus derechos y sobre todo hacer hincapié los más vulnerables dentro de las personas con discapacidad, que son las mujeres y las niñas. Y hemos hecho una reforma social.
"En lo que va de legislatura, el Gobierno ha impulsado más leyes que cualquier parlamento autonómico a excepción del de la Comunitat Valenciana"Ya estamos en tramitación con las leyes que van a desarrollar esa reforma de la Constitución. Hemos aprobado la Ley de Paridad para reforzar la igualdad entre hombres y mujeres. La ley de la Agencia de Salud Pública para reforzar nuestro sistema nacional de salud. Hemos aprobado una mejora de la prestación por desempleo. Hemos aprobado una ley, por cierto, de mucha actualidad, como es la Ley de Agentes y Bomberos Forestales. ¿Alguien cree que estas leyes se hubieran aprobado con un gobierno de derecha y de ultraderecha? Pues no.
Por tanto, esta legislatura merece la pena para seguir reforzando el Estado del bienestar. ¿La aritmética parlamentaria es compleja? Muy compleja. Pero eso es España. ¿A usted le gusta España? Pues ese es su Parlamento. Y hay gente que no le gusta nada del Parlamento, pero es que eso es lo que han votado los españoles. Y bueno, pues al ministro de Relaciones con las Cortes y al Gobierno en su conjunto, nos toca trabajar mucho, negociar mucho para sacar adelante las iniciativas legislativas.
¿Hay un exceso de utilización del Real Decreto Ley?
No. Es una acusación bastante frecuente que nos hacen a este Gobierno. Pero es que este Gobierno se ha enfrentado a un volcán, a una pandemia, a una DANA, a una guerra en Ucrania.
Félix Bolaños reconoce la complicada situación en el Congreso para configurar mayorías y aprobar legislación.. Foto: Agenda Pública / Tania Sieira.
Pero me refiero más a la utilización de este instrumento para cuestiones que no son tanto de urgencia.
Entiendo la pregunta. La Constitución dice que los decretos leyes han de tener una urgente y necesaria y extraordinaria necesidad y, por tanto, la urgencia un requisito de viabilidad de un decreto ley.
"De los 154 decretos leyes aprobados, ninguno de ellos ha sido anulado por el TC debido a una falta de requisito de la urgencia"Lo cierto es que hemos aprobado —hablo de memoria—, 154 decretos leyes y no se ha anulado ninguno por el Tribunal Constitucional porque faltara el requisito de la urgencia. Ha habido algunos aspectos, pero no por ese motivo, que han tenido sentencias de Constitucional, pero ningún decreto ley en su totalidad se ha anulado. Y creo que es bastante evidente que hemos tenido que sufrir fenómenos que no se habían sufrido por otros gobiernos y que eso ha hecho que tengamos que dictar muchos decretos leyes, porque es una herramienta fundamental para un Gobierno. Criticar el decreto ley es no conocer que el Gobierno necesita, en ocasiones, poner en marcha iniciativas legislativas de manera inmediata, porque una tramitación parlamentaria tarda meses.
Yo iba un poco a esto, es decir, la rapidez y la cantidad de cosas que en nuestra sociedad pasan, a las que muchas veces el Gobierno tiene que responder. Está reñido, y es una pregunta un poco más de fondo, con los tiempos del parlamentarismo.
Es así. Por eso la Constitución ya reguló los decretos leyes, ya en el año 78, sin saber que habría mayorías parlamentarias muy complejas y parlamentos muy fraccionados. Hemos tenido en esta legislatura el Parlamento más fraccionado de la democracia. El que tenía más fuerzas políticas fue el último Parlamento, no el actual. Y el actual tiene alguna menos, pero también es muy fraccionado y muy complejo.
Por eso existe el decreto ley, porque el Gobierno necesita una herramienta constitucional para poder abordar con urgencia necesidades legislativas. Y por eso creo que nosotros hemos hecho uso del decreto ley cuando ha sido necesario, porque obviamente todas estas urgencias hay que atajarlas en tiempo real. Uno no puede esperar a unas tramitaciones parlamentarias que son mínimo meses y de resultado incierto. No se puede usted poner a regular las ayudas a los afectados por la DANA o por el volcán o medidas antiinflacionarias con el conflicto entre Ucrania y Rusia, llevarlo a una tramitación parlamentaria que veremos a ver si dentro de cinco meses se aprueba o no se aprueba y por eso el decreto ley es imprescindible. Decretos leyes que, como obliga la Constitución, han de ser convalidados por el Congreso. Es decir, que también el poder legislativo tiene su papel.
Y de los 154 que hemos aprobado durante el Gobierno de Pedro Sánchez, se han convalidado más del 95%. Es decir, que las Cortes, en este caso el Congreso, han visto razonable el decreto ley que había aprobado el Gobierno.
Usted ha hecho una pregunta antes, en voz alta, sobre si a usted le gusta España. En España hay un tema mollar, desde mi punto de vista, que es el papel de los partidos independentistas. Me interesa mucho su reflexión, sé que la tiene, sobre Bildu.
Yo creo que es una gran victoria de la democracia española que hoy todos los proyectos políticos se expresen dentro de la Constitución, dentro del sistema parlamentario y dentro del Estado de derecho. Y esto, que parece una obviedad, no ha sido así en la historia de España. Ha habido muchos años, muchas décadas, en nuestra democracia, que no todos los proyectos políticos se expresaban democráticamente. Y durante aquellos años de plomo del terrorismo, pues era muy habitual requerir a todo ese entorno político de la banda terrorista ETA que o estaban con las armas o estaban en la democracia. Y creo que fue un gran éxito de la democracia que acabara la banda terrorista ETA, que se hiciera sin ningún precio político y que hoy ese proyecto político, digamos, de la izquierda abertzale esté expresándose dentro del Parlamento.
"Es un éxito de la democracia que se acabara con ETA sin ningún precio político y que hoy la izquierda abertzale se exprese en el Congreso"Y además, también enlazando con la situación que se vivió en Catalunya hace unos años, pues es evidente que había fuerzas políticas catalanas que estaban fuera de la Constitución, abiertamente fuera de la Constitución, y hoy también se expresan en la Constitución. Esto también es una gran victoria de la democracia. Y cuando se trabaja con personas que piensa muy diferente a ti, te das cuenta de la complejidad que tiene nuestro país. Pero creo que es un éxito que gracias al diálogo, gracias al esfuerzo, gracias a hacer algo revolucionario en esta España en la que todo el mundo se cree con sus razones y con el derecho de no escuchar al de enfrente, yo creo que es revolucionario sentarte con el que piensa distinto. Y, al hilo de esto, creo que la situación en Catalunya que ha conseguido este Gobierno, respecto a la situación en 2017 con esa tensión insoportable, lo que hoy se vive en Catalunya, pues es un avance en términos democráticos indiscutible, absolutamente indiscutible.
Y eso ha sido gracias al diálogo, gracias al esfuerzo y gracias a la valentía de sentarte con el que no piensa como tú para intentar llegar a encuentros y a entendimientos y conseguirlo.
Bolaños y López Plana reflexionaron acerca de los partidos de corte independentista. Foto: Agenda Pública / Tania Sieira.
Me obliga a hacer una pregunta, sobre la reunión entre Illa y Puigdemont, y el hecho de que aún Puigdemont no disfruta de la aplicación de la Ley de Amnistía. Existe un conflicto que no podemos negar entre el Tribunal Supremo, ahora ya con el Tribunal Constitucional y con el propio Congreso.
Sí, a mí me parece que esa foto entre el president Illa y el expresident Puigdemont es un paso más en la normalización política de Catalunya. Un paso más. No se ha llegado a la normalización política en Catalunya. Se llegará el día que se implemente en su integridad la Ley de Amnistía a todas las personas la voluntad del legislador, la voluntad de las cortes, incluyendo por supuesto a los líderes del proceso soberanista, claro. Y ese día yo creo que se logrará la plena normalización política de Catalunya.
Todo el mundo que habla de la Ley de Amnistía normalmente la denomina por el nombre, pero no por los apellidos, y no me gusta, porque tiene unos cuantos. Y es que dicen mucho de la ley, la ponen muy en contexto, es muy importante el título completo de la Ley de Amnistía, que es la Ley de Amnistía para la normalización política, institucional y social de Catalunya.
"La normalización política en Catalunya será completa el día que la amnistía se aplique a todos los líderes soberanistas"Es decir, no es una amnistía sin un objetivo, es una amnistía que en su propio título establece cuál es el objetivo, que es normalizar Catalunya en términos políticos, institucionales y sociales. Esta reunión [Illa y Puigdemont] es un paso más y yo creo que la normalización será completa el día que la amnistía se aplique a todos los líderes soberanistas. Como somos un Estado de derecho, todas las garantías del Estado de derecho se aplican también a esta norma y a su implementación. Y por eso, por las decisiones que adopta el Tribunal Supremo, ahora están recurridas ante el Constitucional y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea algunas cuestiones perjudiciales que se han planteado. Bueno, dejemos que trabaje el Constitucional, el TJUE en este momento, y yo espero que lo antes posible se resuelva la aplicación completa en los términos que el legislador quiso de la ley administrativa.
Creo que es la primera vez que el presidente Sánchez dice que se tienen que presentar los presupuestos, pero que no aprobarlos no implica que tenga que dimitir. Admite que tiene la obligación de presentarlos, y no siempre se ha hecho, pero ya decidirán los ciudadanos en su momento y en las elecciones si el haberlos tenido o no ha sido positivo o negativo.
Puede ser nueva la declaración, pero esto deriva de la Constitución.
Sí, sin duda, pero la Constitución establece cuál es la investidura de un presidente, cuál es el modelo y cómo cae un presidente del Gobierno, digamos, durante la legislatura, no después de unas elecciones, que es o con una moción de modo de censura o con una moción de confianza, si la pierde el presidente que la propone. Y, por tanto, digamos que la duración de la legislatura, la Constitución la desvincula por completo de los presupuestos. ¿Por qué? Porque la Constitución hace algo inteligente, es decir, no puede haber un país sin presupuestos. Si usted no lo consigue, en un año concreto se prorrogan los anteriores.
"La Constitución desvincula la duración de la legislatura de los presupuestos"Es decir, los constituyentes ya pensaron que no todos los años habrá presupuestos, puede que haya complejidades políticas, parlamentarias, etc. y, por tanto, se prorroga. ¿Qué presupuestos tenemos? Pues, a todas luces, muy buenos, porque los resultados están ahí. Estamos multiplicando por siete el crecimiento económico de la media de la Unión Europea en el último trimestre. Se dice pronto, lo voy a decir una vez más, por siete. Hubo un tiempo en el que España crecía si crecía Alemania, si crecía Francia, si crecían los grandes países de Europa y nosotros íbamos, pues, ahí en el pelotón, a rebufo. Bueno, ahora lideramos, lideramos Europa en crecimiento económico, en creación de empleo. El 25% del empleo que se crea en Europa de alta cualificación es en España. Y la mitad del empleo que se crea en Europa es en España. Lo voy a volver a decir. La mitad del empleo que se crea en Europa, en España. Y el 25% de las profesiones de alta cualificación, en España. Es decir, que están funcionando los presupuestos, es evidente. Que la política económica del Gobierno funciona, es evidente. Que el reforzamiento del Estado del bienestar está consiguiendo más derechos, pero además está garantizando también un crecimiento sostenido en la ocupación y en el número de empleos en nuestro país, también es evidente. No obstante, presentaremos Presupuestos Generales del Estado para el año veintiseis.
Félix Bolaños y Marc López finalizaron la entrevista hablando de la cuestión presupuestaria. Foto: Agenda Pública / Tania Sieira.
Siempre tendría que haber sido así.
Hay un debate en la academia muy interesante sobre si es una obligación legal o una obligación política. Y ha habido incluso unas jornadas en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que en su día pasaron inadvertidas, precisamente sobre cuál es el alcance de esa obligación constitucional.
"Vamos a presentar los presupuestos, vamos a cumplir con esa obligación. Pero, insisto, tenemos unos presupuestos con un desempeño económico indiscutiblemente bueno"Y yo me remito a esas jornadas porque ya le digo también que hubo opiniones diversas entre los catedráticos y la gente de la academia que participó. Entonces, ese debate es bien interesante, pero es verdad que la Constitución dice que se presenten. En ocasiones no se han presentado. Y ahora lo vamos a presentar, vamos a cumplir con esa obligación. Pero, insisto, tenemos unos presupuestos con un desempeño económico indiscutiblemente bueno. The Economist dijo que España era la economía desarrollada con mejor desempeño en el año 2024. Del mundo.
Somos el país que tiene mayor número de proyectos greenfield, de proyectos renovables verdes del mundo. Somos un país de 49 millones de habitantes. Ser los primeros del mundo creo que pone muy de manifiesto la gran política económica que está llevando a cabo este Gobierno. Y además son los presupuestos, los prorrogados, que permiten absorber fondos europeos, algo esencial en este momento donde seguimos recibiendo estos fondos. También quiero decir que somos el primer país de Europa que recibe fondos europeos y el que más fondos europeos recibe de los fondos Next Generation. De modo que, tenemos unos grandes presupuestos del Estado que están funcionando, que están prorrogados. Ahora vamos a presentar el proyecto y es un proyecto que está desvinculado de la duración de la legislatura, pero no obstante, vamos a trabajar duro con los grupos. Lo vamos a hacer ya.
¿Los aprobarán?
Bueno, pues no tengo respuesta para esa pregunta. Tenemos que trabajar con los grupos, lo hacemos siempre. Son absolutamente esenciales los grupos, no solo en la aprobación, sino también, que es algo que se pone poco de manifiesto, en la elaboración y en la mejora de los presupuestos.
Es decir, cuando hemos aprobado unos presupuestos que hemos aprobado en la legislatura anterior todos los años, siempre se han mejorado y mucho con las aportaciones de los grupos parlamentarios. Es decir, no es que consigas cuatro votos de un grupo o siete votos de otro, no, es que te mejoran los presupuestos, es que consiguen proyectos que tú en el texto inicial no has contemplado y que ellos los mejoran. Vamos a trabajar mucho porque queremos que haya presupuestos, porque queremos que se mejoren los actuales, aunque ya son muy buenos, pero también es una marca de la casa. El diálogo y la negociación, pero también la otra cara de la moneda, que es no anticipar nunca la decisión de los grupos. Tienen que ser los propios grupos los que decidan cuál es su posición política de apoyo o no a los presupuestos y también que ellos lo comuniquen cuando corresponda. Es una negociación que está en una fase muy embrionaria, muy inicial, y desde luego trabajaremos duro para sacarlos.
Muchas gracias, ministro.
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28 de julio de 2026
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