El sector biomédico: una apuesta estratégica para España

Con el envejecimiento de la población, el sistema sanitario español se enfrenta al reto de conjugar la mejora de la atención a los pacientes y la contención de los costes, a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema sin aumentos significativos de impuestos. Por otro lado, la explosión de nuevos tratamientos y dispositivos médicos ofrece una importante oportunidad para reforzar la industria biomédica en España, que acelere la innovación en nuestro sistema sanitario a la vez que genera empleos de alta cualificación y prosperidad.
 

"El sector biomédico no es solo fuente de riqueza, sino que es un sector estratégico para la soberanía tecnológica y seguridad europeas"

En los últimos años, el sector biomédico español está en plena eclosión, especialmente en Barcelona y su entorno, pero es preciso recordar que esta industria no es solo fuente de riqueza, sino que es un sector estratégico para la soberanía tecnológica y seguridad europeas. Como se vio en los peores días de la pandemia de Covid-19, tener producción doméstica de productos críticos como respiradores, vacunas o antibióticos es crucial en el evento de una emergencia. Así lo reconoce la Estrategia de la Industria Farmacéutica aprobada por el gobierno con el apoyo de la industria, con el objetivo de impulsar tanto la innovación y producción como la seguridad de suministro.

Por estos motivos, es necesario definir una estrategia clara para el sector sanitario y biomédico que englobe todos los aspectos mencionados, encontrando las mayores sinergias posibles entre las soluciones a unos y otros problemas. El objetivo, por tanto, será mejorar los resultados médicos a la par que se genera una industria nacional de alto valor añadido y clave para la soberanía tecnológica europea.
 

Un sistema sanitario más eficiente e igualitario

Como han argumentado los expertos en salud pública durante décadas, el logro de una mejora de los servicios sanitarios sin aumentos significativos de gasto por paciente debe pasar en buena parte por un cambio de estrategia que ponga la prevención de las enfermedades y problemas de salud en el centro, disminuyendo el foco existente en el tratamiento de los pacientes a posteriori.

"Es más barato evitar la propagación de una dolencia en lugar de tratarla una vez presente"

Esta estrategia lograría ambos objetivos simultáneamente: mejoraría los resultados de salud de la ciudadanía al eliminar las causas de las enfermedades de raíz, y ahorraría costes porque en casi todas las situaciones es más barato evitar la propagación de una dolencia en lugar de tratarla una vez presente. 

Por la parte exclusivamente médica, es imperativo reducir las listas de espera al mínimo, porque han aumentado enormemente en España en los últimos años. Retrasos en el acceso de los pacientes a las consultas, los diagnósticos y las operaciones aumentan los perjuicios médicos que sufren los pacientes, y al empeorar el problema médico durante el tiempo de espera, su tratamiento posterior es más caro. 

También es necesario reforzar la atención primaria, actualmente al borde del colapso, al ser más cercana y accesible a la ciudadanía, poder atender más rápidamente a los pacientes y derivarlos antes a los hospitales si es necesario, y ser mucho más barato atender urgencias menores en atención primaria que en un hospital. 

"La resolución de estos problemas pasa forzosamente por el aumento de las plantillas médicas y la mejora de las condiciones de estos profesionales"

Sin embargo, la resolución de estos problemas pasa forzosamente por el aumento de las plantillas médicas y la mejora de las condiciones de estos profesionales: más y mejores equipos, y disminuir la ratio de pacientes por médico, a fin de poder atender a todos con la calidad necesaria. 

Esto, por supuesto, requiere un cambio de enfoque por parte de las administraciones, frecuentemente más preocupadas por la reducción de costes a corto plazo que por los costes a largo plazo y la mejora de los resultados de salud pública. El mismo problema se le puede achacar, por supuesto, a los conciertos privados del sistema público y a los hospitales públicos de gestión privada en la mayoría de las comunidades autónomas: el foco está en la generación de beneficios económicos a través de la canibalización del sistema público, y no en los resultados médicos. 

Pero para lograr este cambio global de estrategia hacia la salud preventiva, las administraciones públicas deben tomar un enfoque general y de largo alcance. Entender cuáles son las causas sociales de distintos problemas médicos aporta palancas indirectas a través de las cuales reducir significativamente la incidencia de estos. 

En este sentido, es de agradecer la aprobación de medidas para la promoción de la alimentación saludable en los colegios —que prevendrá casos de obesidad en el medio plazo—, el refuerzo de la ley del tabaco, o la promoción de la movilidad saludable en la recién aprobada ley de movilidad. También desde las instituciones europeas se están aprobando nuevas regulaciones para, por ejemplo, disminuir los contaminantes "emergentes" en el suministro de agua, por motivos tanto medioambientales como de salud. Proseguir en esta senda de regulación y promoción de una vida saludable es crucial para el futuro de la salud pública.

"Hay que promover una revisión para evitar los tratamientos que añaden costes sin ningún beneficio para la salud de los pacientes"

Otro punto de atención debería ser la constante revisión de las prácticas médicas para evitar los tratamientos y procedimientos innecesarios, que añaden costes sin ningún beneficio para la salud de los pacientes, mientras que sufren los efectos secundarios. Uno de los mejores ejemplos es el reciente estudio que muestra que los betabloqueantes —un fármaco tomado a diario por un millón de personas en España— no deberían prescribirse en la mayoría de casos de infarto. 

Por ello, iniciativas como la de algunos hospitales públicos que se han aliado para compartir buenas prácticas de eficiencia en la práctica médica deberían impulsarse a nivel nacional —y europeo— por las administraciones públicas, con apoyo monetario y administrativo. Esto permitiría que la eliminación de tratamientos innecesarios y otras mejoras de eficiencia penetraran lo más rápido posible en el sistema sanitario nacional y europeo. 

También en esta línea, es positiva la reciente aprobación en Consejo de Ministros de la nueva Ley del Medicamento, que busca aumentar el consumo de genéricos para lograr un descenso de los costes farmacéuticos. Aunque los detalles del nuevo sistema de fijación de precios de medicamentos tendrán que afinarse durante la tramitación parlamentaria, desde el Ministerio de Sanidad estiman que se podrían ahorrar unos 1.300 millones de euros anuales. Además, la ley flexibilizará el recetado y entrega de fármacos, para facilitar el proceso tanto a médicos como pacientes. 
 

El estímulo a la industria biomédica española

Simultáneamente, es necesario desarrollar lo máximo posible la industria sanitaria y biomédica española. Los motivos son múltiples: crecimiento del empleo de alta calidad, aumento de la recaudación de impuestos, ganancia de conocimiento a lo largo de todo el ecosistema sanitario y biomédico español, aceleración de la adopción de nuevos tratamientos, menores costes, etc. 

Es por ello que las administraciones deben aumentar su apoyo a las startups y empresas españolas del sector, pero sin perder de vista los objetivos de desarrollo de la industria doméstica, aceleración de la adopción de nuevas tecnologías, y reducción de costes para la sanidad pública. Para esto, se deberían desplegar distintas estrategias. 

La primera debe girar en torno a los ensayos clínicos, donde España tiene una gran experiencia, al ser el tercer país a nivel global en número de ensayos clínicos realizados, aunque frecuentemente no es capaz de trasladar esta experiencia al sector privado. Los ensayos clínicos son caros, largos, inciertos, complejos y requieren conocimiento regulatorio especializado. Estas circunstancias hacen de los ensayos clínicos la principal causa de defunción de nuevas empresas emergentes biomédicas.

"Las instituciones públicas deberían intervenir, ofreciendo financiación no dilutiva para la realización de ensayos clínicos"

Es frecuente para estas empresas verse atrapadas en el círculo vicioso de necesitar desarrollar su tratamiento y pasar las primeras fases de ensayos para atraer inversores, pero necesitar inversión para poder hacer esos desarrollos y pruebas. Aquí, las instituciones públicas deberían intervenir, ofreciendo financiación no dilutiva —es decir, a fondo perdido sin entrar en el accionariado— para la realización de ensayos clínicos. 

Además, se deberían establecer programas de apoyo y consejo regulatorio y administrativo a los ensayos clínicos de las startups biomédicas afincadas en España. Estos programas actuarían como un catalizador para la inversión privada y complementaría la actividad de inversión que ya llevan a cabo instituciones públicas como el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI). 

A cambio de esas ayudas, aparte de a desarrollar una parte sustancial de su actividad en España, la startup se comprometería a reducir el precio de su medicamento para la sanidad pública española. De esta forma, se impulsaría la industria local a la vez que se apoya la sostenibilidad económica de la sanidad pública, en un contexto en el que los nuevos tratamientos son cada vez más caros. 

A fin de acelerar la adopción de nuevas tecnologías y contribuir a apoyar la industria local, se deberían reforzar los programas existentes de compra pública innovadora para el sector sanitario, y crear nuevos programas de pruebas de concepto para dispositivos médicos entre los hospitales y la industria. Esto daría una primera tracción comercial a las nuevas empresas emergentes locales, y garantizaría que el sistema sanitario participara del desarrollo de nuevas tecnologías y tuviera una adopción rápida de estas. 

Finalmente, se debería continuar la senda fijada por Terafront Farmatech, la farmacéutica público-privada —con capital del Gobierno y de las farmacéuticas Insud y Rovi— que quiere comercializar dos terapias avanzadas desarrolladas en España para 2027, con estos futuros tratamientos teniendo un descuento para la sanidad pública. Esto desarrollará la industria de las terapias genéticas en España, a la vez que se garantiza que resultados de nuestro sistema científico llegan a la sociedad, y el sistema sanitario reduce los costes de las nuevas terapias. 

"Se evitaría que el mayor número posible de tratamientos y tecnologías desarrollados por la ciencia española caigan en el olvido"

Así, se debería replicar esta iniciativa con otras empresas semipúblicas para la comercialización de más terapias avanzadas, fármacos tradicionales o dispositivos médicos. A la vez que se refuerza la industria nacional, se evitaría que el mayor número posible de tratamientos y tecnologías desarrollados por la ciencia española caigan en el olvido y la sanidad pública podría acceder a estos productos en mejores condiciones económicas.
 
Sería de particular interés la creación de un consorcio para el desarrollo y fabricación de dispositivos médicos, algo en lo que la industria española tiene poca experiencia. Además, el desarrollo de dispositivos médicos frecuentemente se enfrenta a tamaños de mercado pequeños y precios más bajos en comparación con los medicamentos avanzados, lo cual dificulta su comercialización por inversores puramente privados.
 
Esto priva a los pacientes del acceso a aparatos que podrían mejorar sus resultados médicos, y a la industria española de oportunidades de comercialización —por pequeñas que sean—. Una empresa pública o semipública, que no tenga el mero beneficio económico como principal objetivo, sería el vehículo ideal para solventar este problema. 

En este sentido, también habría que recuperar la iniciativa sobre la creación de una farmacéutica puramente pública dedicada a la fabricación de medicamentos genéricos, principios activos, y dispositivos médicos cruciales (mascarillas o respiradores). Si bien existe alguna iniciativa privada en ese sentido y España se autoabastece mayoritariamente de genéricos, esto no sucede con todos los medicamentos —algunos tienen precios demasiado bajos para su producción local—, y sobre todo con los principios activos. El exceso de dependencia en la importación de estos productos de países como China o India es un riesgo potencial para el sistema sanitaria y la salud pública en situaciones de crisis.
  

"Crear una empresa pública de genéricos desatendidos y principios activos permitiría mantener una base de producción de estos productos"

Crear una empresa pública de genéricos desatendidos y principios activos permitiría mantener una base de producción de estos productos que podría ser rápidamente expandida en caso de necesidad, como un conflicto comercial o una pandemia futura. De paso, se podría ubicar esta empresa y sus fábricas en una provincia de la España vaciada o periférica, generando un nuevo clúster biomédico más allá de los existentes en Madrid y, sobre todo, Barcelona.

En resumen, unas políticas públicas adecuadas permitirían mejorar la atención a los pacientes a la vez que se recorta el coste por paciente. Además, la promoción de la industria biomédica doméstica aumentaría el empleo de calidad en el sector, así como la velocidad de incorporación de nuevos tratamientos y tecnologías al sistema sanitario, con menores costes mediante los acuerdos establecidos con las empresas. Finalmente, la potenciación de iniciativas empresariales semipúblicas lograría cubrir nichos —de transferencia tecnológica y seguridad en el suministro médico— que la lógica de mercado no alcanza, creando nuevas industrias avanzadas en España.