La regularización migrante en el limbo parlamentario

La Constitución Española, en su artículo 87.3, contempla un mecanismo de democracia directa que permite a la ciudadanía presentar propuestas legislativas ante las Cortes Generales. No se trata de una rareza democrática: instrumentos similares existen en muchos países europeos. Sin embargo, España impone un listón particularmente alto, al exigir la recogida de al menos 500.000 firmas válidas de ciudadanía española, según lo estipulado por la Ley Orgánica 3/1984.

A esta exigencia formal, que ya representa una importante barrera de entrada, se suma una dificultad más profunda y estructural: la inercia institucional. Desde la entrada en vigor de esta ley, se han presentado más de 90 iniciativas legislativas populares (ILP), pero muy pocas han logrado culminar su tramitación parlamentaria en forma de ley. La mayoría muere antes de llegar al debate o se archiva tras largos periodos de inacción. La ILP por una renta básica universal, en 2015, es un buen ejemplo: fue admitida a trámite, pero no superó el primer debate de toma en consideración.

"La ILP fue presentada ante el Congreso el 12 de marzo de 2024, con más de 700.000 firmas recogidas. Superó ampliamente el umbral legal y fue admitida a trámite un mes después, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto VOX"

Frente a este panorama, la ILP por la regularización de personas migrantes representa una anomalía política tanto por su éxito en movilización ciudadana como por la resistencia institucional a la que se enfrenta. Impulsada por la plataforma Regularización Ya, fue presentada ante el Congreso el 12 de marzo de 2024, con más de 700.000 firmas recogidas. Superó ampliamente el umbral legal y fue admitida a trámite un mes después, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto VOX.

Hasta ahí, una victoria política. Pero la dinámica parlamentaria pronto comenzó a dilatar los tiempos. En junio, la Mesa del Congreso amplió el plazo de enmiendas hasta septiembre. Desde ese momento, la tramitación quedó suspendida de facto. Se abrió así un periodo de bloqueo soterrado, alimentado por la sospecha de que el Ejecutivo prefería no avanzar en la regularización para evitar confrontaciones políticas internas y externas. Algunos partidos acusaron al Gobierno de dilatar el procedimiento de forma premeditada y partidista.

En febrero de 2025, la situación pareció reactivarse gracias a una proposición no de ley presentada por Podemos, y apoyada por Sumar, BNG, EH Bildu y ERC, que instaba al Gobierno a aprobar un proceso de regularización antes de seis meses. La iniciativa fue rechazada en el Pleno del Congreso, confirmando así la falta de voluntad política para afrontar este debate.

Cinco regularizaciones extraordinarias

Hablar de regularización de personas migrantes nunca ha sido sencillo en España. No obstante, ha habido antecedentes: cinco regularizaciones extraordinarias en democracia (1985, 1991, 1996, 2001 y 2005). La última, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, regularizó a más de 570.000 personas a través de un procedimiento extraordinario que combinaba voluntad política, legitimidad social y condiciones administrativas claras. 

"El actual clima político está marcado por una narrativa antimigratoria creciente, alimentado por la ultraderecha y amplificado en muchos parlamentos europeos"

El actual clima político está marcado por una narrativa antimigratoria creciente, alimentado por la ultraderecha y amplificado en muchos parlamentos europeos. En este contexto, la migración se ha convertido en una línea roja para muchos partidos, incluidos los que se consideran progresistas. El propio Gobierno ha dejado entrever que abordar la regularización de cientos de miles de personas podría tener costes electorales. La migración, lejos de ser una cuestión de derechos, es vista por algunos sectores del Ejecutivo como un activo tóxico que debe ser gestionado con prudencia comunicativa y ambigüedad legislativa.

Pero la ciudadanía española parece estar en otro lugar. Según un estudio reciente de la organización More in Common, una mayoría significativa —el 55 % de la población— cree que la migración es una contribución positiva para la economía del país. Esta percepción ciudadana no es casual: los datos lo respaldan. El Banco Central Europeo ha señalado que el 80 % del crecimiento del PIB español en los últimos cinco años se debe, directa o indirectamente, a la migración. Estas cifras están transformando la forma en que España es percibida desde otros países europeos, como Francia o Alemania, donde ya se empieza a hablar del caso español como "la excepción económica", vinculando éxito económico y migración.

Sin embargo, esta perspectiva corre el riesgo de encerrar la migración en una lógica exclusivamente utilitarista. Reducir a las personas migrantes a su valor económico niega su dimensión de sujetos de derechos. Regularizar no debe ser una estrategia de rentabilidad, sino un ejercicio de justicia y democracia.

Un mecanismo temporal de inclusión

En los últimos meses, la ILP ha vuelto al debate público por una vía inesperada. El 20 de mayo de 2025 entró en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería, una reforma que deja fuera de cobertura jurídica a numerosos colectivos vulnerables: solicitantes de asilo, menores de edad y personas en situación de arraigo. Esta reforma ha dejado un vacío legal que el Gobierno ha intentado corregir reactivando parcialmente la ILP de regularización, aunque con modificaciones sustanciales respecto al planteamiento original.

La nueva propuesta del Ejecutivo, impulsada en las semanas previas al verano, plantea un procedimiento de regularización limitado y condicionado. El objetivo declarado es aprobar un real decreto antes del parón parlamentario estival. Pero esta propuesta no constituye una regularización extraordinaria generalizada. Está diseñada como un mecanismo temporal de inclusión, más próximo a una regularización encubierta, limitada a colectivos considerados de especial vulnerabilidad: familias con menores escolarizados, solicitantes de asilo que renuncien al procedimiento, personas en situación de especial vulnerabilidad —incluye a menores no acompañados—, y personas migrantes con al menos un año de residencia y un contrato o precontrato laboral. Todo ello, con la condición de no contar con antecedentes penales, órdenes de expulsión ni alertas en materia de seguridad.

Este procedimiento recuerda a la estrategia aplicada por el propio Gobierno entre 2020 y 2022, cuando se aprobaron reformas administrativas que facilitaron regularizaciones silenciosas: flexibilización de renovaciones, autorizaciones por razones humanitarias y la introducción del arraigo por formación (RD 629/2022). Aquellas medidas permitieron la regularización de entre 10.000 y 20.000 personas, muy lejos de las más de 500.000 que viven hoy en situación administrativa irregular en España, según la Fundación porCausa.

Y aquí emerge la pregunta fundamental: ¿por qué un Gobierno progresista, con el respaldo explícito de una iniciativa ciudadana legítima, sigue optando por regularizaciones parciales, administrativas y silenciosas, en lugar de asumir con claridad el debate político que implica reconocer derechos de forma estructural?

Cabría preguntarse los motivos que llevan al Gobierno a optar por regularizaciones parciales y encubiertas en lugar de afrontar el debate político y sacar adelante la ILP como así lo propuso la ciudadanía española mediante su mecanismo de democracia directa.