La hipérbole constante: ¿qué hay detrás del acuerdo del Gobierno y Junts sobre inmigración?

En el escenario electoral catalán, en el que la sombra del procés es alargada, el principal partido de la oposición catalana ha negociado con el partido mayoritario en el Gobierno central un acuerdo sobre gobernanza migratoria. Dado el silencio que ha rodeado el contenido de las negociaciones y la importancia que Junts le ha dado al discurso sobre la cuestión migratoria en los últimos tiempos, el acuerdo, en forma de proposición de ley, se esperaba con expectación.

Como sucede en muchas ocasiones, no será de extrañar que todo el mundo diga que está satisfecho con el acuerdo, aun cuando se interpreten algunas cuestiones de forma diametralmente opuesta. El tiempo y los detalles confirmarán si efectivamente estamos ante un cambio estructural (y constitucional) de la gobernanza migratoria en España, o en una inteligente operación de maquillaje. 

"Si la intención de Junts era plantear una reforma integral de la gestión migratoria en Catalunya a fin de favorecer la integración y la inclusión cabría preguntarse por qué centra todas sus demandas en la cuestión fronteriza"

Antes de entrar en los contenidos concretos, hay tres cuestiones clave a las que aludir para dar contexto a esta iniciativa. Por un lado, cabe señalar que se trata de una propuesta que negocia el PSOE con Junts —en la oposición en Catalunya—. Cabría esperar que, ante la posibilidad de otorgar nuevas competencias al Gobierno catalán, se hubiera escuchado alguna referencia a su actual Administración, para saber si considera, como parece que hace Junts, que Catalunya necesita más efectivos de los Mossos para compartir, con la Policía Nacional y la Guardia Civil, la seguridad de puertos, aeropuertos y otras zonas críticas. Además, no es necesario reiterar que las negociaciones entre partidos no tienen los mismos tiempos que las negociaciones entre gobiernos, por lo que la norma presentada se queda corta para saber los plazos de todo el articulado. 

La segunda cuestión es más de fondo, puesto que la propuesta es una petición para "asumir de manera integral la delegación de competencias" en tanto que "Catalunya apuesta por un modelo de gestión basado en el establecimiento de una serie de derechos inclusivos, pero también de unos deberes claros, tanto por parte de las personas que llegan a nuestra tierra como por parte de la sociedad catalana que los acoge". Si la intención de Junts era plantear una reforma integral de la gestión migratoria en Catalunya a fin de favorecer la integración y la inclusión, como parecen afirmar aquí y cómo apuntó su líder recientemente, cabría preguntarse por qué centra todas sus demandas en la cuestión fronteriza.

"La mirada 'securitizada' de la gestión migratoria, que ya tiene mucho recorrido (fallido) en Europa, supone asumir el marco narrativo del que sacan rédito electoral los partidos de la extrema derecha"

Esta mirada securitizada de la gestión migratoria, que ya tiene mucho recorrido (fallido) en Europa, supone asumir el marco narrativo en el que se sienten cómodos y sacan rédito electoral los partidos de la extrema derecha. Hasta la fecha, las propuestas antiinmigración que los partidos conservadores (y algunos socialdemócratas) han asumido con cierta celeridad, basadas básicamente en promover mayores controles policiales y en repetir que haya más repatriaciones (que luego no se llevan a cabo) no han solucionado ningún problema social, pero han alimentado y beneficiado, sin lugar a duda, a los partidos de extrema derecha, que ostentan la autoría original de estas narrativas. 

En tercer lugar, una cuestión de formalidad. Por una parte, al tratarse de una proposición de ley orgánica, requiere mayoría cualificada para su aprobación. Por otra parte, se trata de una delegación de competencias —no de una transferencia de competencias—, por lo que en cualquier momento puede ser avocada por la Administración General del Estado. Finalmente, un detalle no menor: a lo largo del articulado propuesto en ningún momento se cita la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, más conocida como la Ley de Extranjería; solamente se cita de manera tangencial en el preámbulo.

En cuanto a contenidos, las propuestas reflejadas en el texto presentado en el Congreso de los Diputados se centran en determinadas cuestiones que podríamos denominar de gestión, pero que en algunos casos tienen derivadas con una trascendencia importante tanto sobre las personas como sobre la propia gestión pública.

Se delega la ejecución de la normativa del Estado en materia de estancias de larga duración para la persona extranjera que vaya a realizar una "actividad académica" en Catalunya. Hay que preguntarse qué se entiende por una actividad académica, ya que esta puede abarcar desde la situación de la persona que estudia hasta la persona que ejerza como profesor contratado por universidades, órganos o centros de educación superior e investigación o escuelas de negocios establecidos en España. En esta segunda situación sería de aplicación la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y no la Ley de Extranjería y su Reglamento.

"Se trata de una delegación de competencias —no de una transferencia de competencias—, por lo que en cualquier momento puede ser avocada por la Administración General del Estado"

También se delega la residencia temporal y la autorización para trabajar de la persona extranjera que vaya a residir o a trabajar en Catalunya y que se presente ante el órgano competente. Como en el caso anterior, no se indica cuál es el órgano competente, por lo que surge la duda de, si detrás de esta redacción, se prevé la posibilidad de que la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos, con competencia sobre toda España, pueda ser parcelada en beneficio de la Comunidad Autónoma catalana.

Mayor interés presenta la delegación en materia de residencia de larga duración. La residencia de larga duración es la situación que autoriza a residir y trabajar en España indefinidamente, en las mismas condiciones que a los españoles, establece la Ley de Extranjería. De manera cuando menos llamativa, se delega en la Comunidad Autónoma la ejecución de la normativa del Estado en materia de iniciación, instrucción, resolución, y notificación de la resolución de las autorizaciones de residencia de larga duración presentadas por las personas extranjeras que residan o vayan a residir en su territorio. Esta ejecución se extiende a sus renovaciones. No se alcanza a comprender que una autorización que permite residir y trabajar en toda España se pueda vincular al territorio de una Comunidad Autónoma, máxime cuando la propia movilidad geográfica que es característica de la persona migrante hará que pueda desplazarse a vivir o a trabajar en otras partes de España.

Aunque hay otras muchas cuestiones a las que referirse, pero no es posible por falta de espacio, como la gestión de la contratación en origen, la emisión de las Tarjetas de Identidad de Extranjeros, el acceso a los ficheros de inmigración, etc., hay dos cuestiones que pensamos que merecen la pena reflexionar sobre ellas.

Por un lado, la delegación en materia de procedimientos sancionadores, que alcanza incluso la propuesta de resolución en materia de expulsiones o la ejecución de la normativa del Estado en materia de devoluciones. No cabe duda de que en el ámbito de las expulsiones, la competencia final seguirá correspondiendo a la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente, pero que una medida que conllevará la repatriación y la consiguiente prohibición de entrada en España y en el territorio Schengen sea propuesta por una Comunidad Autónoma no deja, cuando menos, de ser peculiar.

"Dado que la dureza y el carácter punitivo de los CIE son incuestionables, que la Generalitat asuma su gestión no parece, 'a priori', una buena decisión"

Por otro lado, asimismo se delega en Catalunya la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Llama la atención la utilización del plural en la proposición de ley: "Centros". Hasta fecha, la Comunidad Autónoma catalana solamente cuenta con uno en su territorio, el ubicado en la Zona Franca de Barcelona. Pero algo anida en la mente de los coproponentes, que no se desvela, aunque se intuye, cuando, además del plural, en uno de los apartados se establece expresamente: que se delega la realización de los traslados de internos en el interior de su territorio. De este párrafo se desprende que, como consecuencia de esta proposición, se construirán más CIE en Catalunya. Dado que la dureza y el carácter punitivo de estos centros son incuestionables, que la Generalitat asuma su gestión no parece, a priori, una buena decisión, aunque ello le permita designar a los empleados públicos encargados de dirigir y garantizar la seguridad en estos centros.

Mientras se esclarecen todas estas cuestiones, habrá que ver si la estrategia de Junts para frenar a la extrema derecha catalana le resulta efectiva en términos electorales, a diferencia de lo ocurrido en otros países de nuestro entorno. Además, quedará pendiente por comprobar si la propuesta presentada es factible tanto en recursos y tiempos como en términos de constitucionalidad.