El director del 'think tank' de Pimec: "Más del 70% de las fusiones bancarias no crean valor para los accionistas"

La OPA hostil lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell ha trascendido el ámbito puramente financiero para convertirse en un debate sobre el modelo económico y social de España. La operación, valorada en más de 12.000 millones de euros, representaría la mayor fusión bancaria de los últimos años en nuestro país y plantea interrogantes fundamentales sobre la concentración del sector financiero, el futuro del empleo cualificado y el acceso a servicios bancarios en todo el territorio. Mientras el BBVA defiende la creación de un gigante bancario más competitivo a nivel internacional, voces de la sociedad civil, las instituciones y el propio Gobierno alertan sobre los riesgos de una operación que podría transformar profundamente el mapa financiero español.

Coincidiendo con la decisión del Ministerio de Economía de elevar al Consejo de Ministros el expediente, Agenda Pública conversa con el director del Obsevatori de la Pime de la patronal Pimec, Oriol Amat. El anteriormente rector de la Universitat Pompeu Fabra, que también es catedrático de Economía Financiera en la UPF-BSM, aborda las múltiples dimensiones de una fusión que va mucho más allá de las cifras y que podría determinar cómo se financian las empresas, especialmente las pymes, y cómo acceden los ciudadanos a los servicios bancarios en los próximos años.

¿Cómo se explica que una operación financiera privada haya llegado hasta el Consejo de Ministros?

Es comprensible que una operación de estas características —que va mucho más allá de lo estrictamente financiero— llegue hasta el Consejo de Ministros. El Gobierno tiene la responsabilidad de velar por el interés general, especialmente cuando hay riesgos relevantes sobre el empleo, la cohesión territorial y la competencia.

"Según el informe de Pimec, esta operación podría implicar entre 7.600 y 10.500 despidos, afectando a personas que trabajan en una entidad rentable y con fuerte arraigo social"

Según el informe de Pimec, esta operación podría implicar entre 7.600 y 10.500 despidos, afectando a personas que trabajan en una entidad rentable y con fuerte arraigo social. Además, podrían cerrarse entre 589 y 883 oficinas, muchas en zonas con escasa oferta bancaria, como Catalunya, Baleares o Alicante. Todo ello justifica una evaluación pública rigurosa, con la voluntad de preservar el valor económico, pero también el social.

En un contexto de incertidumbre geopolítica, ¿esta operación mejoraría o empeoraría la posición internacional de España?

En un contexto global tan incierto, es fundamental preservar la estabilidad, la diversidad y la resiliencia del sistema financiero. La desaparición de una entidad como el Sabadell —con fuerte proximidad territorial— podría debilitar la pluralidad del sistema y reducir su capacidad de adaptación.

Este tipo de decisiones no pueden analizarse únicamente desde una óptica económica clásica. Hoy se requiere una visión que tenga en cuenta a todas las partes interesadas: trabajadores, pymes, clientes, territorios... y no solo a los accionistas.

¿Por qué una operación como esta genera tanta atención pública y política?

Porque el Sabadell no es solo un banco. Es una entidad con más de cien años de historia y una relación estrecha con el tejido empresarial, especialmente con las pymes. La posible pérdida de empleo cualificado, oficinas y centros de decisión territorial genera una preocupación legítima. Por eso, aunque se trate de una operación privada, su impacto es público y merece atención institucional y social.

El BBVA defiende la fusión alegando que el nuevo banco será más fuerte, más rentable y más competitivo. ¿Por qué estos argumentos no convencen a todos?

Es un planteamiento razonable y legítimo. El BBVA es un gran banco, una entidad solvente y de referencia. Pero muchos —colegios profesionales, patronales, sindicatos— consideran que, además de la dimensión financiera, es necesario tener en cuenta el valor social que genera una entidad como el Sabadell: el empleo estable, la atención personal, el apoyo a las pymes y al desarrollo local. Si todo esto se pierde, el coste para la sociedad podría ser elevado.

Desde una lógica económica clásica, la operación parece tener sentido. ¿Qué riesgos implica esa visión?

Desde un enfoque exclusivamente económico, puede parecer una buena decisión. Pero llevado al extremo, ese razonamiento nos llevaría a un único banco global en el mundo, y eso no sería positivo para los clientes, las empresas y la sociedad.

En regiones como Catalunya, ya antes de la OPA, existe una situación de concentración elevada. La fusión agravaría esa concentración, con efectos potencialmente negativos para consumidores y empresas.

¿Qué impacto podría tener esta concentración en los clientes, especialmente en pymes y personas que viven en zonas rurales?

El informe de Pimec estima que podrían dejar de concederse hasta 54.393 millones de euros en crédito, afectando sobre todo a las pymes, que dependen mucho de relaciones de confianza con entidades próximas.

"El informe de Pimec estima que podrían dejar de concederse hasta 54.393 millones de euros en crédito"

El cierre de oficinas en zonas rurales podría dificultar aún más el acceso a servicios financieros para muchas personas. Preservar la capilaridad territorial debería ser un objetivo compartido.

¿Nos dirigimos hacia un oligopolio financiero?

Esa tendencia ya es una realidad en algunas comunidades. En Catalunya, por ejemplo, la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) lleva tiempo advirtiendo de una estructura casi oligopólica. Si esta fusión se materializa, dos entidades podrían concentrar más del 70% del mercado financiero en la región, lo cual limitaría la competencia y reduciría las opciones de los usuarios.

¿Puede esta operación considerarse legítima desde el punto de vista del bien común?

Desde el punto de vista empresarial, es una operación legítima. Pero el bien común requiere una mirada más amplia. Estudios como el del profesor Baruch Lev, de la Universidad de Nueva York, demuestran que más del 70% de las fusiones no crean valor para los accionistas, debido a problemas de integración cultural, previsiones excesivamente optimistas o escasa atención a los impactos sociales.

Más allá de la lógica económica, conviene evaluar esta operación con criterios de sostenibilidad a largo plazo, valorando no solo los beneficios financieros sino también los efectos sociales y territoriales.