Los riesgos para el bien común de la OPA del BBVA al Sabadell

La OPA del BBVA al Banco de Sabadell está siendo objeto de intenso debate en nuestra sociedad. Esta operación tiene sus defensores y detractores y, a pesar de haber sido autorizada por la CNMV, es objeto en estos momentos de una curiosa consulta pública en la que cualquiera puede dar su opinión sobre ella. En este artículo analizo desde una mirada centrada en el bien común los argumentos que esgrime el BBVA para defender la conveniencia de la operación (y que se encuentran accesibles en su página web).

El BBVA informa en sus motivos para la fusión de las aparentes ventajas que va a suponer el intercambio que propone de las acciones del Sabadell por acciones del BBVA. El trueque no solo se presenta como positivo para los accionistas del Sabadell, sino que además va acompañado de pagos en efectivo para cada uno de ellos. La idea última que se quiere transmitir a los propietarios del Sabadell es que las dos entidades son complementarias y que, por tanto, su absorción va a suponer una ventaja monetaria para todos ellos. El principal argumento es que el elevado tamaño de la entidad resultante conlleva una mayor posibilidad de generar beneficios, que luego serán distribuidos a los accionistas por una política generosa de pago de dividendos que la dirección del BBVA se compromete a seguir realizando. 

"El interés del propietario se pone por encima de cualquier otro. Incrementar el tamaño de la entidad bancaria tiene esta finalidad primordial"

El interés del propietario se pone por encima de cualquier otro. Incrementar el tamaño de la entidad bancaria tiene esta finalidad primordial. Un tamaño mayor permitirá incrementar el número de clientes, fortalecer la entidad en España (cuya participación en el negocio del BBVA no es suficientemente grande), afrontar operaciones de financiación de elevada cuantía, realizar mayores inversiones en tecnología para afrontar el futuro y, en esencia, ser más competitivos gracias al tamaño adquirido. Una entidad más grande no solo va a beneficiar a sus propietarios, sino también al crecimiento económico del país, a la recaudación de impuestos por parte del Estado y a otras empresas grandes que podrán financiarse directamente en el BBVA.

Desde una mirada economicista esta operación parece, no solo adecuada, sino necesaria. Sus resultados previstos ajustan con el paradigma en el que nos movemos: puede mejorar el crecimiento económico, conlleva un aumento de los beneficios empresariales e incrementa la competitividad de una de nuestras empresas. De hecho, durante años este ha sido el camino marcado para el sector bancario. Las entidades han crecido en tamaño y se ha ido reduciendo su número y todo ello ha modificado enormemente la estructura del mercado bancario en nuestro país. Pero que una operación incremente los beneficios de una empresa y que esto pueda repercutir en un mayor crecimiento económico del país en el que está situada, ¿quiere decir que es mejor para la sociedad en su conjunto? Si realizamos una mirada desde el bien común, las dudas que generan esta clase de operaciones son numerosas. 

"Cuando disminuye la competencia, los principales perjudicados son quienes deberían ser los máximos beneficiados de su actividad: sus clientes"

Por un lado está la reducción de la competencia. A pesar de que nos llenamos la boca hablando de nuestra economía de mercado, muchos sectores económicos tienen, cada vez, menos mercado. El sistema bancario es uno de ellos. Desde hace tiempo su estructura presenta forma de oligopolio, con un reducido número de empresas que controlan gran parte del mercado (en estos momentos, en España, las cinco entidades más grandes controlan un 70% de los activos totales del sistema). Cuando disminuye la competencia, los principales perjudicados son quienes deberían ser los máximos beneficiados de su actividad: sus clientes. La bajada de número de oficinas y cajeros, la mayor lejanía con respecto al lugar de residencia o el servicio menos personalizado han sido algunas de las consecuencias de este proceso de reducción de competencia sobre los clientes.

Estas grandes instituciones bancarias incrementan, además, el riesgo sistémico. Un problema en una de estas entidades puede contagiarse fácilmente al resto del sistema, produciendo dificultades no solo para quienes tienen sus ahorros en la entidad, sino también para el conjunto de la economía. En un mercado con más competidores y de tamaños más reducidos, los problemas en uno de ellos se solucionan de manera más sencilla. A través del Fondo de Garantía de Depósitos el resto del sistema bancario puede absorber el problema o la quiebra de una entidad pequeña o mediana (sin perjuicio para los ahorradores). Sin embargo, dejar caer una entidad grande es imposible y no se puede hacer sin poner en riesgo todo el sistema financiero del país. En ese caso, el Estado tendría que ayudar e intervenir en el mercado bancario para evitar que un problema de una entidad acabase repercutiendo en la economía de todo el país (como ya sucedió en la anterior crisis financiera de principio de siglo).

"El beneficio es para el accionista, pero el posible problema de ese elevado riesgo es para toda la sociedad, porque el Estado no puede permitir que caiga una entidad bancaria tan grande"

Esto supone, a su vez, un peligro de riesgo moral. Lo que es una garantía para el accionista, "somos tan grandes que no vamos a poder caer, el Estado no lo permitiría", puede provocar comportamientos que apuran todas las opciones de riesgo para intentar que el rendimiento sea el más alto posible. El beneficio es para el accionista, pero el posible problema de ese elevado riesgo es para toda la sociedad, porque el Estado no puede permitir que caiga una entidad bancaria tan grande. El riesgo moral supone un apropiación privada de los beneficios y una socialización de las pérdidas. A pesar de que el BCE y el Banco de España han construido una estructura normativa para evitar que esto suceda, el riesgo está ahí. Las medidas de control lo reducen, pero la concentración bancaria lo incrementa. 

Por todo ello cabe preguntarse si realmente queremos un modelo oligopolista con una número reducido de grandes bancos, en el que cada vez hay menos mercado y que tiene todos los problemas que hemos nombrado, o si preferimos  apostar por un mercado con un número mayor de competidores, en el que se incremente la libertad de elegir por parte de los clientes, y en el que el tamaño de las instituciones no sea sistémico, de modo que las consecuencias de una mala gestión recaigan sobre quien la hace, y no sobre el conjunto de la sociedad.