Las políticas de competencia y consumo como nuevas políticas económicas

Tanto las leyes antimonopolio como las de consumo tienen un objetivo común: potenciar la autonomía del consumidor. Esta descansa en dos pilares fundamentales: la existencia de alternativas, gracias a la competencia, y la capacidad de los consumidores para elegir entre ellas. Por lo tanto, la regulación debe avanzar hacia un modelo que no solo limite las prácticas anticompetitivas, sino que también garantice que las elecciones de los consumidores no estén moldeadas para generar beneficios extraordinarios. Esto exige superar la doctrina tradicional centrada en la eficiencia económica, insuficiente para abordar la complejidad de mercados altamente concentrados, especialmente en la era digital.

Las autoridades de competencia europea y estadounidense, durante los mandatos de Margrethe Vestager y Lina Khan respectivamente, iniciaron un cambio de paradigma que ha supuesto una revolución en la manera de entender las políticas de competencia. Este nuevo enfoque exige que las autoridades reguladoras no solo reaccionen ante conductas abusivas, sino que también se anticipen a los riesgos estructurales derivados de la alta concentración en algunos mercados.

Sobre esta premisa, es decir, la necesidad de repensar las políticas de competencia y consumo, se plantea a continuación una reflexión en torno a dos conceptos fundamentales: precios y oferta. Ambos son determinantes para entender los efectos del poder de mercado y el impacto que la regulación puede tener en la protección del consumidor y en el funcionamiento de los mercados.

"En los modelos clásicos de microeconomía, las empresas competitivas son precio-aceptantes y producen hasta el punto en que el coste marginal se iguala al precio de mercado"

Sin embargo, este modelo parte de un supuesto cada vez menos frecuente: la existencia de costes marginales crecientes. En la mayoría de las industrias actuales, los costes marginales son planos o decrecientes, lo que impide que un precio igual al coste marginal cubra los costes fijos. Como han evidenciado algunos autores como Frederic Lee—, en estas industrias la supervivencia empresarial requiere, por tanto, de cierto grado de poder de mercado.

Aceptado esto, la cuestión es determinar cuánto poder de mercado resulta admisible. Si es excesivo, las empresas pueden obtener beneficios extraordinarios manteniendo los precios por encima del nivel necesario para cubrir sus costes. En las economías modernas, la producción está dominada por grandes empresas que no son precio-aceptantes, sino que fijan precios estratégicamente aprovechando su poder de mercado. En la mayoría de bienes y servicios, el precio es una variable de decisión para los productores, que implica disyuntivas sobre diversos márgenes. Por tanto, el verdadero debate es qué tipo de poder de mercado estamos dispuestos a tolerar.

En la respuesta a esta pregunta es donde surge la complementariedad de las políticas de competencia y las de defensa de los consumidores. Ambas buscan evitar las lógicas rentistas en la fijación de precios: la primera, combatiendo las prácticas oligopólicas; la segunda, limitando la extracción de rentas derivada de la asimetría de la información entre empresarios y consumidores, de la falta de transparencia y del abuso de posición de dominio de las empresas con poder de mercado.

Pero es fundamental entender su complementariedad, ya que ninguna de las dos, por sí sola, puede eliminar por completo el fenómeno de extracción de rentas. Dependiendo del sector, la práctica y el contexto específico, cada una estará en mejor posición para aproximarnos a un mayor bienestar social. Porque, aunque quieran resolver problemas comunes, no ofrecen las mismas soluciones. En cada industria, sector o modelo empresarial hay que preguntarse qué política es más eficaz para minimizar la extracción de rentas.

Esto nos lleva a hablar de la segunda cuestión: la oferta. Si la conclusión a la primera cuestión se resume en que ya hemos aprendido a convivir con un cierto poder de mercado, y eso es lo que ha configurado las políticas de competencia tradicionales, podemos afirmar que la era digital no ha creado dinámicas monopolísticas, sino que ha exacerbado patrones oligopólicos que venían de antes. La diferencia radica en que las plataformas digitales no solo acumulan poder de mercado, sino que configuran los ecosistemas en los que operan. Esto genera un doble desafío: influyen tanto en la visibilidad de sus competidores como en el comportamiento de los consumidores, de los que obtienen datos en tiempo real que les permite moldear sus decisiones sin que estos sean plenamente conscientes de ello. La sustitución de unos actores por otros, ahora más globales y digitales, lo que ha hecho es poner de manifiesto la necesidad de actualizar nuestras políticas para limitar los efectos exacerbados de las posiciones de dominio.

Así, las políticas tradicionales de competencia, planteadas para oligopolios offline, han resultado insuficientes para enfrentarse a estos desafíos. La Comisión Europea, con el liderazgo de Vestager, ha sido pionera en el abordaje regulatorio de esta nueva situación. Con su nuevo enfoque de las políticas de competencia, ha logrado imponer la apertura de los modelos de negocio de las plataformas, combatir el dumping fiscal y establecer un marco legal para regular los servicios y mercados digitales. La rapidez con la que la Comisión Europea abrió sus primeras investigaciones por incumplimiento del Reglamento de Mercados Digitales, tan solo dos semanas después de su entrada en vigor, demuestra un enfoque más proactivo para limitar el poder de los gigantes tecnológicos.

Como ha expuesto Lina Khan, expresidenta de la autoridad de competencia estadounidense, "la arquitectura del poder de mercado en la economía moderna no puede capturarse adecuadamente si se mide la competencia principalmente a través de precios y producción". Este enfoque sería limitado porque ignora dinámicas críticas como la integración vertical y el uso de datos por parte de estas plataformas, que han creado ecosistemas cerrados que dificultan la entrada de nuevos competidores.

"Las plataformas digitales no solo concentran poder de mercado, sino que además moldean las preferencias y conductas de los consumidores"

Según la socióloga Shoshana Zuboff, la industria digital está atrapada en la intensificación continua de los medios de modificación de la conducta. Es decir, estamos en un nuevo entorno en el que no solo debemos analizar la relación empresa-empresa, sino también repensar qué nuevas dinámicas están surgiendo en la relación empresa-consumidor. Por tanto, tenemos que replantear el enfoque de las políticas de competencia y complementarlas con una nueva perspectiva para la defensa de los consumidores y usuarios.

Esta mirada más holística debe ayudar a atajar el problema que tenemos de extracción de rentas que no generan ningún valor añadido. En muchos casos bastará con hacer cumplir la ley y actuar de manera decidida frente a modelos de negocio que incumplen la normativa. En otros, será necesario impulsar una competencia más efectiva que favorezca la mejora social a través de la innovación y la inversión productiva. En ciertos sectores, el avance social dependerá en mayor medida de poner límites al mercado. Y habrá otros en los que la solución pasará por empoderar a los usuarios, otorgándoles un mayor control sobre sus datos, su tiempo y sus fuentes de información, dándoles acceso a nuevas posibilidades de oferta a las que el mercado no llega.

La política de consumo se ha consolidado recientemente como instrumento de política económica en nuestro país. El Ministerio de Consumo adquirió competencias efectivas tras la reforma de 2022, que le dotó de capacidades sancionadoras para obligar a las grandes empresas a cumplir la regulación. Desde entonces, se han abordado algunos de los problemas estructurales de incumplimiento de la normativa de los consumidores, como la multa histórica de 179 millones de euros a las aerolíneas de bajo coste. Una sanción que solo tiene equivalente por su importe y alcance en las decisiones que adopta la autoridad de competencia, la CNMC, que es el otro actor clave para los retos del futuro. Este cambio refleja la relevancia creciente de la política de consumo como mecanismo regulador del mercado.

Siguiendo el ejemplo de la política de competencia, la política de consumo puede contribuir a abordar algunos de los principales desafíos de nuestra economía como la vivienda, la manipulación informativa o el encarecimiento de los bienes y servicios.

Las actuaciones de Consumo en materia de vivienda pueden tener una repercusión significativa en el funcionamiento del mercado. Este enfrenta, por un lado, la concentración de los servicios de intermediación en manos de unas pocas empresas que, aprovechando su poder de mercado, extraen las rentas de forma abusiva a los consumidores. Por el contrario, la proliferación de los pisos turísticos ilegales, que detrae irregularmente viviendas del mercado al amparo de plataformas digitales que ignoran el cumplimiento de la normativa.

En paralelo, también se está actuando para garantizar los derechos de consumidores y usuarios en el ámbito digital. La creciente utilización de patrones oscuros y de estrategias de publicidad segmentada en redes sociales está generando una distorsión en la percepción de la realidad, manipulando la información a la que acceden los usuarios y condicionando sus decisiones de consumo.

"Defender al consumidor significa también reequilibrar el poder de mercado y garantizar una oferta más diversa y significativa"

Por último, las actuaciones de Consumo incluyen medidas contra aquellas técnicas que encubren o inducen al encarecimiento del gasto de los hogares. En los últimos años, el problema de la fijación de precios se ha agravado con la elevada inflación, generando un impacto significativo en las economías familiares. En este contexto, el encarecimiento de precios también ha estado ligado al desarrollo de mecanismos de monetización que recurren a técnicas enmascaradas y abusos de posición de dominio para extraer mayor renta del consumidor.

El Ministerio de Consumo, junto con otros organismos y administraciones, ha comenzado a actuar sobre estos problemas, aunque su intervención por sí sola no será suficiente para resolverlos. No obstante, su consolidación como instrumento de política económica supone un precedente fundamental.

La política de consumo no solo debe contribuir a corregir dinámicas de mercado abusivas, sino que también tiene que ayudar a dibujar nuevos horizontes, apoyando herramientas más transparentes, colaborativas y abiertas a la innovación a las que las lógicas de mercado no siempre llegan. Es esencial reconocer que algunas estructuras de mercado influyen directamente en las preferencias de las personas, limitando sus elecciones y promoviendo prácticas que consolidan las posiciones dominantes. Defender al consumidor significa también reequilibrar el poder de mercado y garantizar una oferta más diversa y significativa. En definitiva, una política de consumo que haga a las personas y a las sociedades más libres.