El congreso del PSOE ha aprobado propuestas de incremento del IRPF y de otros tributos sobre la vivienda, herencias, etc. Nada nuevo, la izquierda cree que el Estado, cuando gobiernan ellos, sabe qué hacer con el dinero mejor que sus legítimos propietarios. Pero, ¿qué piensa la derecha española? ¿Considera, como decía Margaret Thatcher, que "el socialismo fracasa cuando se le acaba el dinero de los demás"?
"Los datos, vistos en perspectiva, afirman que las diferencias en materia fiscal cuando gobierna el PSOE o el PP no son tan grandes como sus declaraciones hacen entrever"
Los datos, vistos en perspectiva, afirman que las diferencias en materia fiscal cuando gobierna el PSOE o el PP no son tan grandes como sus declaraciones hacen entrever. La primera sorpresa nos la dio Rodríguez Zapatero, con él en el Gobierno la recaudación fiscal pasó del 34,7% del PIB en 2004 al 31,8% en 2011. La frase de "bajar impuestos es de izquierdas" que pronunció el expresidente cobra sentido. Con Rajoy, en cambio, la fiscalidad escaló hasta el 34,9% y Sánchez no ha corregido la tendencia a incrementar la presión fiscal hasta llegar a su techo histórico actual en el que la recaudación fiscal supone el 36,8% del PIB.
Nuestro país está en la parte alta de la tabla donde más impuestos se pagan en la Unión Europea, en la undécima posición de los veintisiete, pero también es cierto que está por debajo de la media, que es del 41,1%. Francia, Bélgica y Alemania, países sumidos en una profunda crisis y en un debate sobre la reestructuración del estado y los servicios públicos, encabezan esta clasificación.
En definitiva, la frase de Benjamín Franklin "solo hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos" es una afirmación válida en la España de hoy. Es más, los datos ponen de manifiesto que una sociedad cada vez más polarizada y en un ambiente político de gran crispación; en cambio, las diferencias en materia fiscal entre socialistas y populares existen, pero son solo de matiz.
"Es indiscutible que el Gobierno Sánchez ha apretado las clavijas tanto a empresas como a particulares tanto en tipos impositivos, al no deflactar el IRPF, con reformas como las que han sufrido los autónomos, y con nuevos impuestos como los que pagan la banca y las energéticas, que estas repercuten a sus clientes"
La agencia tributaria afirma que en los diez primeros meses del año en curso ha recaudado 20.000 millones más de lo previsto. La excusa puede estar en el incremento de la población, casi medio millón de personas entre junio de 2023 y el mismo mes de 2024, y el alza del PIB, medio punto por encima del previsto. Además, es indiscutible que el Gobierno Sánchez ha apretado las clavijas tanto a empresas como a particulares tanto en tipos impositivos, al no deflactar el IRPF, con reformas como las que han sufrido los autónomos, y con nuevos impuestos como los que pagan la banca y las energéticas, que estas repercuten a sus clientes.
La pregunta que debemos hacernos es si, como afirma el Gobierno de izquierdas, en sus campañas de publicidad, pagar más equivale a mejores servicios. La catástrofe de València y la frase
"solo el pueblo salva al pueblo" que tanto ha incomodado a la izquierda, ha abierto el debate.
Según parece, pagar más impuestos no implica tener mejores servicios. Catalunya cuenta con quince figuras tributarias específicas creadas al amparo de sus competencias y Madrid ninguna, pero, en cambio, en Madrid el tiempo medio de espera para una operación quirúrgica es de sesenta y cinco días y en Catalunya de 150. El debate ya no se centra solo sobre la fiscalidad, sino el uso del dinero y la eficacia de la administración.
Los españoles pagamos mucho, el día de liberación fiscal, según la Fundación Civismo es el 30 de julio. Hay pocas diferencias entre los ciudadanos de la autonomía que menos pagan, Madrid (PP), y los que más pagan, Catalunya (PSC), apenas nueve días. De nuevo, una cuestión de matiz entre la gobernanza de la izquierda y la derecha.
En cambio, desconfiamos de la calidad de los servicios públicos y a pesar de sufragarlos con nuestros impuestos y afirmar que tenemos la mejor sanidad del mundo hay 12,4 millones de españoles que contratan una mutua privada de salud y el 33,2% de los niños y adolescentes españoles acuden a centros educativos privados o concertados.
El debate se traslada cada vez más de la presión fiscal a la gestión. España es un país donde, de forma asombrosa, ante las largas colas y días de espera, han aparecido sistemas de reventa en el mercado negro de números para realizar gestiones antes de la Seguridad Social. Incluso las empresas frenan inversiones ante la imposibilidad de realizar trámites que se alargan durante meses y años, hasta el punto que el nuevo Gobierno de la Generalitat, socialista, tiene por objetivo racionalizar la administración y reducir en un 50% los plazos, por ejemplo, para construir vivienda.
La Generalitat de Catalunya, en los últimos años, ha creado impuestos como el que grava activos no productivos, que en el último año se ha desplomado un 30% en su recaudación. Los expertos creen que la gestión del mismo es más elevada que los ingresos que genera, mientras en la misma CC. AA. los ingresos por tributos cedidos o del estado se disparan. Esto pone de manifiesto que gravar por gravar no significa mayores ingresos.
"Sánchez cerró su congreso anunciando la creación de una empresa pública para gestionar la vivienda, como si la fundación de una nueva estructura pública garantizara la solución del problema de la falta de inmuebles en España"
El nuevo debate no es solo sobre cuánto se paga, sino cómo se administra lo que se paga y para qué se usa el dinero. Mientras la recaudación no para de subir, un 6,4% el último año, el gasto social sobre el PIB bajó un 0,06%, el dato desmiente que el esfuerzo fiscal de ciudadanos y empresas sirva, como se afirma desde el poder actual, para sanidad, educación o ayudar a los más desfavorecidos.
Sánchez cerró su congreso anunciando la creación de una empresa pública para gestionar la vivienda, como si la fundación de una nueva estructura pública garantizara la solución del problema de la falta de inmuebles en España. La realidad de Sánchez, la que no contó en su congreso, es que sobre 680.952 millones de euros de gasto público en España, solo 7.643 se dedican a políticas de vivienda.
Desde que Sánchez gobierna, la recaudación ha subido 100.000 millones, pero las partidas de vivienda solo 1.000. La creación de una empresa pública para solucionar el problema que, según el CIS hoy, más preocupa a los españoles, pone de manifiesto que el dinero de los impuestos se usa mal. Crear una nueva estructura pública no construye pisos, solo genera gasto que deberá financiarse con nuevos impuestos.