El 79% de los votantes de ERC prioriza aprobar los presupuestos frente al programa electoral

En una época en la que la política europea está marcada por la fragmentación, la pregunta que planteaba el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) en abril es muy sencilla: cuando no existe una mayoría parlamentaria para aprobar los presupuestos, ¿deben los partidos priorizar que salgan adelante las cuentas que permiten gobernar o, por el contrario, mantenerse fieles a su programa electoral? Las respuestas, desagregadas por simpatía de partido, iluminan no solo la psicología política catalana, sino también una tensión de las democracias representativas contemporáneas.

En este escenario, aparecen elementos que llaman especialmente la atención. Entre la mayoría de los electorados existe una clara preferencia por el pragmatismo: aprobar los presupuestos prevalece sobre la pureza programática. Especialmente entre los simpatizantes de Catalunya en Comú, donde un abrumador 85% opta por priorizar la aprobación de las cuentas. Los votantes de Esquerra Republicana de Catalunya y del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) les siguen de cerca, ambos con un 79%. Incluso entre los apoyos del Partido Popular (PP), dos tercios (67%) prefieren la funcionalidad fiscal antes que el maximalismo ideológico.

"Al menos entre los electorados mayoritarios, persiste una comprensión intuitiva de que la competencia democrática debe desembocar, en última instancia, en una administración operativa"

No es un matiz menor. Los presupuestos, lejos de ser un mero ejercicio contable, constituyen el oxígeno del Gobierno. "Son muy necesarios. ¿Imprescindibles? No lo sé, pero sí muy recomendables para cualquier país. Hablamos de unos presupuestos hechos prácticamente de cero: desde 2023 el contexto ha cambiado mucho y, con un nuevo Govern, hace falta un presupuesto nuevo. Desde la perspectiva empresarial, apostamos por disponer de unas cuentas que permitan reorientar prioridades: infraestructuras básicas que queremos abordar, apoyo a la inversión productiva en la industria y, en general, ajustar objetivos que han variado y que requieren un nuevo esquema presupuestario", afirmaba el secretario general de Empresa del Govern de la Generalitat de Catalunya, Pol Gibert, en Agenda Pública.

La pregunta de la encuesta del CEO sugiere que, al menos entre los electorados mayoritarios, persiste una comprensión intuitiva de que la competencia democrática debe desembocar, en última instancia, en una administración operativa.



Sin embargo, el panorama se vuelve más complejo en los márgenes del sistema. Entre los simpatizantes de Candidatura d’Unitat Popular (CUP) y de Junts per Catalunya, el porcentaje que prioriza el programa electoral asciende al 30% y al 29%, respectivamente. En el caso de Vox, la cifra alcanza el 28%. El dato más llamativo, pero no por ello menos esperable, corresponde a Aliança Catalana: entre sus votantes, una mayoría (51%) prefiere anteponer el cumplimiento del programa a facilitar acuerdos presupuestarios.

¿Qué explica estas diferencias? En parte, la intensidad ideológica. Los partidos que se conciben a sí mismos como fuerzas de ruptura o como custodios de una causa determinada tienden a cultivar una política de líneas rojas. En tales relatos, el compromiso no es prudencia, sino renuncia. Para los sectores independentistas más duros, el presupuesto abandona el espacio clásico de ser un simple instrumento financiero para instaurarse como pieza del engranaje institucional que cuestionan. Para los votantes de Vox, la fidelidad programática puede simbolizar resistencia frente a un consenso percibido como complaciente. Y para los simpatizantes de Aliança Catalana —históricamente movilizados contra el nacionalismo catalán—, la negativa a apuntalar presupuestos en parlamentos fragmentados puede responder a una lógica de diferenciación estratégica.

Con todo, incluso en estos electorados, la preferencia por la funcionalidad es mayoritaria. El 59% de los votantes de la CUP prioriza aprobar los presupuestos; en Vox, el 58%; en Junts, el 64%. La pulsión de confrontación convive, por tanto, con un reconocimiento práctico de la necesidad de gobernar.

"La expectativa ciudadana de que los partidos faciliten la aprobación de los presupuestos actúa como convención estabilizadora: una regla no escrita que impide que la diversidad derive en parálisis permanente"

La implicación más amplia es que el electorado catalán, pese a años de polarización tras la crisis independentista de 2017, parece menos doctrinario que algunas de sus élites. Los dirigentes, condicionados por equilibrios internos y por la presión simbólica de sus bases más movilizadas, pueden exhibir rigidez estratégica. Los votantes, en cambio, enfrentados a las consecuencias tangibles del bloqueo —inversiones aplazadas, políticas congeladas, incertidumbre económica— muestran una inclinación más pragmática.

Esto adquiere relevancia en un sistema claramente fragmentado. El pluralismo catalán hace improbable la existencia de mayorías absolutas estables. Por tanto, la expectativa ciudadana de que los partidos faciliten la aprobación de los presupuestos actúa como convención estabilizadora: una regla no escrita que impide que la diversidad derive en parálisis permanente.

Sin embargo, también aflora una advertencia. La distancia entre el electorado más pragmático (Comuns, 85%) y el más programático (Aliança Catalana, el 51% prioriza el programa) es considerable. Esa asimetría complica la aritmética de los acuerdos. Cuando una base exige flexibilidad y otra firmeza, las negociaciones se desarrollan bajo presiones desiguales. Los líderes pueden temer castigos electorales si son percibidos como excesivamente transigentes.

Llama la atención, además, el sesgo centroizquierdista del pragmatismo. PSC, ERC y Comuns —que abarcan buena parte del espacio progresista catalán— encabezan el bloque favorable a priorizar los presupuestos. Por el contrario, las mayores pulsiones programáticas se concentran en los extremos liberal-unionista y ultraderechista. Ello sugiere que, en la Catalunya actual, el centroizquierda podría constituir el principal reservorio de gobernabilidad.

En perspectiva comparada, el dilema trasciende Catalunya. En buena parte de Europa, los gobiernos minoritarios o de coalición se han convertido en la norma. El equilibrio entre coherencia ideológica y capacidad de gestión es un problema estructural de las democracias fragmentadas. La pregunta no es si comprometerse, sino cuánto y a qué coste.

"En un parlamento fragmentado, el absolutismo puede movilizar a los fieles, pero arriesga desconectarse de una mayoría que espera eficacia"

También aparece un mensaje implícito dentro de la encuesta: la ideología importa, pero también importa que las instituciones funcionen. La disposición mayoritaria a priorizar los presupuestos revela un electorado que valora tanto los resultados de gobierno como la retórica política.

Para los dirigentes, la lección es muy importante. En un parlamento fragmentado, el absolutismo puede movilizar a los fieles, pero arriesga desconectarse de una mayoría que espera eficacia. Los datos indican que existe espacio político para el compromiso, incluso entre electorados más intensos. La cuestión es si las élites estarán dispuestas a ocuparlo.

En última instancia, la democracia no consiste solo en ganar debates, sino en mantener en funcionamiento la maquinaria del Estado. En la Catalunya de mayorías esquivas, los votantes parecen comprender que el arte de la política no radica únicamente en defender un programa, sino en garantizar que el gobierno pueda, sencillamente, gobernar.