Estados Unidos y la nueva guerra de secesión (electoral)

Imaginemos por un momento que en España se redibujaran las circunscripciones catalanas y vascas para integrarlas en vastos territorios de Castilla o Aragón, diluyendo su expresión electoral. O que en Galicia se troceara el eje atlántico urbano para insertarlo quirúrgicamente en grandes circunscripciones rurales de peso conservador, de modo que Vigo o A Coruña quedaran electoralmente neutralizadas. El resultado mantendría el aspecto formal —todos seguirían votando—, pero sería un fraude democrático porque la geometría de las circunscripciones habría maquillado la voluntad popular. Con el agravante de que, en el caso estadounidense, a la fractura ideológica y sociológica se superpone de manera explícita la fractura racial.

Pues eso es lo que está aconteciendo en EE. UU. al calor de las reformas que mayorías republicanas están proponiendo y llevando adelante con urgencia en las últimas semanas. Su objetivo no es otro que alterar el cuerpo electoral para tratar de garantizarse mayorías a pesar del clima anti-Trump.

"Para una parte del 'establishment' republicano sureño, estos números representan una amenaza electoral que hay que neutralizar antes de que se traduzca en representación política efectiva"

Hay, obviamente, una realidad demográfica (y un gesto de resistencia supremacista) que subyace a todo lo que está ocurriendo en EE. UU. y que explica, en buena medida, el pánico político que lo impulsa. La población latina ha alcanzado el 20% del total del país, casi el doble que hace tres décadas, y los hispanos han representado el 56% del crecimiento demográfico total de EE. UU. desde el año 2000. La población negra suma 48,3 millones de personas, el 14,4% del total, con una mediana de edad de 32,6 años, seis años por debajo de la media nacional, lo que la convierte en una comunidad joven, creciente y con un peso electoral en alza. El 56% de la población afroamericana vive en el sur, con Texas, Florida y Georgia como los estados con mayor presencia negra. En los estados que históricamente conformaron la Confederación —los mismos que hoy lideran la ofensiva de reformas legislativas de las circunscripciones electorales—, esta demografía es el resultado directo de los vestigios del esclavismo. Pero para una parte del establishment republicano sureño, estos números no representan una comunidad de ciudadanos: representan una amenaza electoral que hay que neutralizar antes de que se traduzca en representación política efectiva.

El 29 de abril de 2026, el Tribunal Supremo les dio la herramienta jurídica que necesitaban. En el caso Luisiana contra Callais, el Tribunal derogó un mapa electoral del estado de Luisiana que incluía dos distritos de mayoría negra e impuso un nuevo estándar que hace prácticamente imposible que la comunidad afroamericana logre elegir legisladores y acceda a una representación justa. El fallo, redactado por el juez Samuel Alito con una mayoría de seis votos contra tres, reformula profundamente el marco jurídico establecido hace cuarenta años en EE. UU. al calor de las luchas por los derechos civiles, introduciendo cambios que dificultan de manera sustancial cualquier impugnación de mapas electorales discriminatorios.

Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que recordar qué protegía esa ley. La Voting Rights Act de 1965 fue el instrumento jurídico mediante el cual el movimiento por los derechos civiles —liderado por Martin Luther King Jr. y respaldado por la presidencia de Lyndon B. Johnson— logró traducir en norma exigible el derecho al voto que, en teoría, la 15.ª Enmienda de 1870 ya reconocía para la ciudadanía afroamericana. Durante casi un siglo, ese derecho había sido neutralizado en los estados del sur a través de impuestos electorales, exámenes de alfabetización o leyes de Jim Crow. La Voting Rights Act puso fin al segregacionismo electoral. Pero con la decisión del Tribunal Supremo del pasado abril, ese escudo protector de los derechos de las minorías raciales ha quedado reducido a anécdota legislativa.

"La dilución de voto consiste en fragmentar una comunidad minoritaria distribuyéndola entre varios distritos de mayoría blanca conservadora"

El mecanismo empleado por las normas segregacionistas —y que ahora vuelve a estar operativo— se llama vote dilution o dilución del voto. Consiste en fragmentar una comunidad minoritaria —que en un distrito compacto tendría suficiente peso demográfico para elegir candidatos de su preferencia— distribuyéndola entre varios distritos de mayoría blanca conservadora, de modo que su voto quede estadísticamente neutralizado. La discriminación racial será tolerada siempre que se ejecute bajo la cobertura de argumentos técnicos de diferente orden.

El mapa aprobado en Tennessee es el primero adoptado como resultado directo de la sentencia. Para aprobarlo, los republicanos derogaron previamente una ley estatal que durante casi cinco décadas había prohibido redistribuir los distritos entre censos, y modificaron el reglamento legislativo para limitar la participación pública y acelerar su aprobación.

El nuevo mapa fragmenta el distrito de Memphis —hasta ahora el único de mayoría negra en el estado— en tres circunscripciones distintas, dispersando a los votantes demócratas hacia distritos rurales republicanos que se extienden cientos de kilómetros hacia el este.

"Lo ocurrido en Tennessee no es un episodio aislado, sino la consecuencia más visible de una estrategia política deliberada"

Lo ocurrido en Tennessee no es un episodio aislado, sino la consecuencia más visible de una estrategia política deliberada por parte del trumpismo y de la matriz confederada de los republicanos que todavía se mantiene en el sur. Desde el inicio de su segundo mandato, Trump buscó proteger la estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes ante las elecciones de medio mandato (midterm) de noviembre de 2026, con el fin de impedir que una recuperación demócrata obstaculizara los planes de su administración. Y esta redistribución artificial del mapa electoral busca subvertir los resultados de los próximos momentos electorales.

Esta táctica de alterar circunscripciones y redistribuir interesadamente censos se desencadenó después de que Trump instara a los republicanos de Texas a redistribuir los distritos para dar ventaja al partido. Tennessee se ha convertido en el noveno estado en adoptar nuevos distritos, y varios más lo están considerando.

Desgraciadamente, la historia rima y se repite. Y lo que está ocurriendo en los estados del sur trasciende la disputa técnica sobre la cartografía del poder electoral. Se trata, por tanto, de la manifestación más reciente de una tensión que, para muchos conservadores de los estados del sur, no se resolvió en 1865, que el movimiento por los derechos civiles contuvo pero no liquidó en 1965, y que el trumpismo ha reactivado proporcionando cobertura institucional y legitimidad política a un supremacismo racial que nunca desapareció del subsuelo político estadounidense.

Incorporando a este viaje al supremacismo sureño, el nuevo republicanismo ultra está decidido a no perder escaños en las elecciones de mitad de legislatura (el índice de aprobación de Trump ronda el 40%, el mismo que tenía en 2018, cuando los republicanos perdieron 41 escaños y el control de la Cámara). Y redibujar las circunscripciones electorales puede ser, en este contexto, un seguro frente a las urnas.

"No recuerdo precedentes, en democracias liberales consolidadas de una alteración tan premeditada de circunscripciones electorales"

He participado en misiones de observación electoral dentro de equipos de la OSCE, de ODIHR y del Consejo de Europa en países de toda Europa, en Asia, en África y en América Latina. No recuerdo precedentes, en democracias liberales consolidadas de una alteración tan premeditada de circunscripciones electorales, una dilución tan deliberada de la expresión de las minorías y una subversión tan sistemática de la representación democrática. Ni en la Bosnia posterior a los Acuerdos de Dayton, ni en el Kurdistán bajo tutela turca, ni en el Cáucaso —en Armenia o en Georgia, a pesar de la permanente presión rusa—, se han diseñado modificaciones del cuerpo electoral de semejante calado. Lo que está ocurriendo silenciosamente en los EE. UU. de la era Trump no tiene parangón en el mundo democrático contemporáneo.

La pregunta que queda abierta es si las instituciones democráticas de EE. UU. tienen aún la resistencia suficiente para absorber este ciclo de erosión sin transformarse en algo cualitativamente distinto a lo que fueron. Y hasta qué punto la ciudadanía estadounidense va a permitir que su país se deslice definitiva, peligrosa y tristemente hacia un régimen de matriz racista y gobierno iliberal.