Puigdemont y Junts, ¿un paso más hacia la irrelevancia?

Junts ha decidido votar en contra de los decretos de vivienda. La decisión coloca al partido ante una dificultad que va más allá de su complicada relación con Pedro Sánchez. En una legislatura en la que prácticamente cada votación se ha convertido en una negociación sobre la supervivencia de la mayoría, el rechazo también obliga a mirar hacia sus propios votantes. Una parte importante de los simpatizantes de Junts respalda varias de las políticas de intervención sobre el mercado de la vivienda que están presentes en los decretos.

Los datos del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) permiten observarlo con bastante claridad. Cuando se pregunta a los simpatizantes de Junts por las propuestas de vivienda de los diferentes partidos, prefieren claramente las de Junts. Las puntúan con un 6,2 sobre diez, frente al 4,6 que conceden a las del PSC, el 4,5 a las de ERC y apenas el 2,5 a las del PP. La preferencia por la oferta propia del partido es clara. Sin las siglas delante, sin embargo, las respuestas cambian.

El 85,5% de los simpatizantes de Junts está de acuerdo con impulsar vivienda pública asequible. El 80,1% respalda limitar los pisos turísticos. El 74,4% acepta obligar a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social. El 71,2% apoya ayudas al alquiler para jóvenes y rentas bajas. El 68,8% está de acuerdo con gravar a quienes acumulan múltiples viviendas vacías. Y dos de cada tres —el 66,6%— apoyan la regulación del precio del alquiler.

"El 74,4% de los simpatizantes de Junts acepta obligar a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social"

Estos porcentajes podrían llevar a pensar que los votantes de Junts son sencillamente más intervencionistas que su partido. La realidad es menos uniforme. Sus simpatizantes discriminan entre instrumentos: junto a esas mayorías amplias, solo el 44,2% apoya liberalizar suelo urbanizable y el 36,8% respalda la expropiación o compra pública de viviendas. En esta última medida, además, un 32% se declara directamente en desacuerdo. La dificultad para Junts está precisamente en esa combinación de preferencias.

Un análisis de la dispersión de las respuestas refuerza esta idea. Si se calcula la probabilidad de que dos simpatizantes de un mismo partido elegidos al azar se sitúen en categorías diferentes de respuesta —acuerdo, neutralidad o desacuerdo—, el resultado es del 46,9% entre los votantes de Junts, frente al 37,8% entre los del PSC y el 36,5% entre los de ERC. El cálculo no permite afirmar que su electorado esté "polarizado", porque una parte de la heterogeneidad procede de posiciones neutrales. Sí indica que, en vivienda, Junts representa un espacio menos homogéneo que sus principales competidores catalanes.

La edad aporta menos claridad. Si se mantienen cinco grupos, Junts presenta una diferencia media entre sus extremos de 26 puntos porcentuales, por encima de ERC y PSC. Pero cuando las edades se agrupan en tres grandes tramos —16 a 34, 35 a 64 y mayores de 65—, esa excepcionalidad desaparece. La evidencia generacional aconseja, por tanto, prudencia.

"En vivienda, Junts representa un espacio menos homogéneo que sus principales competidores catalanes"

La división por sexo ofrece algunas pistas, aunque tampoco explica por sí sola el fenómeno. Las mujeres simpatizantes de Junts respaldan más que los hombres la regulación del alquiler —73% frente al 60,7%—, la limitación de pisos turísticos —85,4% frente al 75,2%— y las ayudas al alquiler —76,4% frente al 66,6%—. Pero también apoyan más la liberalización del suelo. Tampoco aquí aparece una división sencilla entre unas mujeres intervencionistas y unos hombres liberales.

Las preferencias de este electorado encajan mal en el eje tradicional entre mercado y Estado. Un mismo votante puede querer regulación del alquiler y más suelo urbanizable. O proteger al pequeño propietario y exigir obligaciones a los grandes fondos. Es decir, que puede ser liberal ante unos instrumentos e intervencionista ante otros.

Para el partido posconvergente, esa mezcla complica ahora la decisión de votar en contra. Los de Puigdemont justifican el rechazo por su discrepancia con el diseño de los decretos y por considerar que determinadas medidas pueden reducir la oferta y terminar elevando los precios. Es una posición compatible con los datos. Sin embargo, afirmar que el rechazo responde sencillamente a un electorado contrario a la intervención pública en vivienda no se sostiene.

"Los de Puigdemont justifican el rechazo por su discrepancia con el diseño de los decretos y por considerar que determinadas medidas pueden reducir la oferta y terminar elevando los precios"

El CEO no dice eso. El 74,4% de apoyo a imponer obligaciones de alquiler social se refiere expresamente a grandes tenedores identificados como empresas o fondos de inversión. La encuesta no permite saber si ese mismo electorado aceptaría medidas similares sobre los pequeños propietarios. Pero apoyar la regulación de precios no supone necesariamente respaldar una determinada prórroga contractual, y querer más vivienda pública no implica compartir todos los mecanismos elegidos para financiarla.

Junts dispone, por tanto, de argumentos para discutir el contenido de los decretos. Sin embargo, las cartas del partido se reducen cuando pretende hacer ver que su propio electorado está en contra de la intervención sobre el mercado de la vivienda.

La vivienda funciona, además, de manera distinta a otros grandes enfrentamientos de la legislatura. En cuestiones institucionales, territoriales o presupuestarias, las posiciones partidistas pueden mantenerse un tanto alejadas de la experiencia cotidiana. Sin embargo, una de las características del problema habitacional es que permea de manera constante el ideario de los ciudadanos. El propietario de sesenta años puede estar preocupado porque su hijo de treinta no encuentra piso. Mientras, una familia que rechaza determinadas regulaciones puede comprobar al mismo tiempo que sus hijos dedican la mitad del sueldo al alquiler. En síntesis, aunque no cabe duda de que existe un conflicto de posiciones entre propietario e inquilino, no siempre coincide con la frontera entre familias y mucho menos con la frontera entre partidos.

"Una de las características del problema habitacional es que permea de manera constante el ideario de los ciudadanos"

Esta exploración es una posible respuesta a la heterogeneidad entre los simpatizantes de Junts. El partido representa históricamente un espacio social amplio, con propietarios, profesionales, empresarios y clases medias, pero también familias cuyos hijos se enfrentan a un mercado de vivienda radicalmente diferente del que conocieron sus padres. La crisis habitacional atraviesa esos grupos y obliga a combinar intereses que no siempre coinciden.

Por otro lado, los simpatizantes de Junts mantienen una identificación considerable con su partido: valoran sus propuestas de vivienda con un 6,2. Junto a ello, existen mayorías superiores al 70% y al 80% que respaldan instrumentos con una intervención pública considerable. La identificación partidista y las preferencias sobre políticas concretas no siempre avanzan juntas. Cuanto más específica es la pregunta, peor funcionan algunas etiquetas ideológicas.

La aritmética parlamentaria suma una presión importantísima a esta ecuación. Los siete diputados de Junts en el Congreso permiten al partido presentarse como una fuerza capaz de condicionar al Gobierno español. Como contrapeso, dicha capacidad hace que cada votación importante tenga consecuencias y obliga a explicar públicamente las decisiones que adopta.

"La identificación partidista y las preferencias sobre políticas concretas no siempre avanzan juntas. Cuanto más específica es la pregunta, peor funcionan algunas etiquetas ideológicas"

En vivienda, varias orientaciones de las medidas debatidas coinciden con preferencias ampliamente mayoritarias entre los propios simpatizantes de Junts. De ahí no puede deducirse que el partido debería votar a favor. El CEO pregunta por políticas generales, no por los decretos concretos, y estamos analizando simpatizantes encuestados en 2025 —es decir, no se trata necesariamente del electorado de octubre de 2026—. Tampoco sabemos cuántos son propietarios, arrendadores o inquilinos, ni qué importancia concederían a la vivienda cuando entra en conflicto con cuestiones competenciales o con la estrategia general del partido.

Lo que sí abre el no de Junts es una explicación pendiente: por qué considera que esos instrumentos concretos no sirven para alcanzar objetivos que una mayoría considerable de sus propios simpatizantes comparte. Esa discusión es distinta de una mera confrontación con Pedro Sánchez.

Los datos del CEO apuntan, en último término, a una distancia entre identificación partidista y preferencias sobre problemas materiales. Un elector puede sentirse inequívocamente de Junts y respaldar al mismo tiempo regular alquileres, limitar pisos turísticos, construir vivienda pública y exigir obligaciones a grandes tenedores. Puede desconfiar del Gobierno español y compartir algunos de sus objetivos. Incluso puede rechazar un decreto y considerar urgente resolver el problema al que ese decreto pretende responder.

Junts tiene que representar a ese electorado. Y, cuando se pregunta por la vivienda medida por medida, sus posiciones resultan bastante más difíciles de ordenar de lo que sugieren las etiquetas políticas habituales.