Lo que ocurre en Estados Unidos con ICE no es una anomalía: es una advertencia

Alarmados y atónitos observamos las imágenes que nos llegan desde Mineápolis, donde el uso excesivo de la fuerza ha sobrepasado cualquier tipo de límite. Nos preguntamos cómo se ha podido llegar a este punto y quizá hasta podamos afirmar que este tipo de situaciones jamás podrían ocurrir aquí, en Europa.

Sin embargo, la situación no es una anomalía, es fruto de años de políticas migratorias deshumanizadoras y ha de servirnos como advertencia. No solo sobre el rumbo de la política migratoria estadounidense, sino sobre una tendencia más amplia en la gestión de la movilidad humana en las democracias occidentales. La intensificación del control migratorio, la expansión de la detención administrativa y la normalización de prácticas de excepción se presentan a menudo como respuestas técnicas a un supuesto problema de seguridad nacional. No obstante, desde una perspectiva de protección de los derechos humanos, estas políticas revelan un proceso más profundo: la progresiva erosión de garantías básicas cuando la migración se convierte en un ámbito donde el Estado opera con márgenes crecientes de discrecionalidad.

"Las actuaciones del ICE que observamos en Mineápolis reflejan un patrón de uso abusivo de la fuerza que viola los estándares internacionales de derechos humanos"

El rol del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense (Immigration and Customs Enforcement, ICE) se inscribe en este marco. Más allá de episodios concretos o coyunturas políticas específicas, su papel central en el sistema de control migratorio estadounidense ilustra cómo la frontera se desplaza hacia el interior del territorio, cómo el estatus administrativo se transforma en un factor de vulnerabilidad jurídica y cómo amplios sectores de la población migrante viven bajo la amenaza constante de la detención y la expulsión.

Las actuaciones del ICE que observamos en Mineápolis reflejan un patrón de uso abusivo de la fuerza que viola los estándares internacionales de derechos humanos. Según estas normas internacionales, la fuerza letal solo puede emplearse como último recurso, cuando es estrictamente inevitable para proteger la vida, y obliga a prestar atención médica inmediata a las personas heridas, así como a realizar investigaciones prontas, independientes, imparciales y transparentes ante cualquier muerte potencialmente ilícita. Estos principios no se están respetando en el actual contexto de operaciones migratorias, que han generado miedo, protestas y graves riesgos para la vida de migrantes y otras personas.

Paralelismos en Europa

Lejos de ser una excepción estadounidense, estas dinámicas encuentran paralelismos claros en Europa. En los últimos años, la Unión Europea y sus Estados miembros han reforzado los mecanismos de control migratorio y tolerado prácticas que tensionan abiertamente los estándares internacionales de derechos humanos. Los centros de internamiento, las devoluciones en caliente, la externalización del control fronterizo, entre otras muchas prácticas, responden a una lógica similar: gestionar la migración a través de la excepción, incluso cuando ello implica vulnerar garantías fundamentales que emanan del derecho internacional de los derechos humanos.

En el contexto europeo, en relación al uso letal de la fuerza por parte de las autoridades como último recurso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha recordado esta exigencia en sentencias recientes contra Grecia. En Alkhatib y otros c. Grecia (2024) y Almukhlas y Al-Maliki c. Grecia (2025), el TEDH concluyó que el uso de armas de fuego por la guardia costera durante interceptaciones de embarcaciones con migrantes no cumplió el criterio de "absoluta necesidad" ni de proporcionalidad exigido por el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El tribunal subrayó que las autoridades debían haber previsto la presencia de pasajeros —incluidos migrantes ocultos—, adoptar medidas para minimizar los riesgos para la vida y considerar alternativas al uso de fuerza letal, además de garantizar investigaciones efectivas; su incumplimiento dio lugar a la condena de Grecia por violaciones sustantivas del derecho a la vida. 

"La propuesta de nuevo Reglamento de Retorno (marzo de 2025) consolida el giro punitivo y externalizador en la política migratoria de la UE"

Por otro lado, en relación a los últimos proyectos de la Comisión Europea, resulta imprescindible mencionar la propuesta de nuevo Reglamento de Retorno (marzo de 2025) que consolida el giro punitivo y externalizador en la política migratoria de la UE. Quizá su elemento más controvertido sea la introducción de los llamados return hubs, centros de retorno en terceros países donde personas con solicitudes de asilo rechazadas podrían ser detenidas mientras esperan su deportación, incluso a países con los que no tienen ningún vínculo personal. Aunque la Comisión los presenta como una solución "innovadora", limitada formalmente a adultos y sujeta a supuestas salvaguardias, estos centros suponen un alto riesgo de detención arbitraria, separación familiar, falta de control judicial y graves violaciones de derechos humanos.

Esta propuesta está situada en continuidad con experiencias recientes de externalización, como el acuerdo Reino Unido–Ruanda y el pacto Italia–Albania. El plan británico de enviar solicitantes de asilo a Ruanda fue finalmente declarado ilegal por el Tribunal Supremo y abandonado en 2024, convirtiéndose en un ejemplo paradigmático de los riesgos jurídicos y humanos de deportar a terceros países considerados "seguros" de forma artificial. De manera similar, el acuerdo entre Italia y Albania para albergar fuera de la UE a personas migrantes ha sido bloqueado reiteradamente por los tribunales y cuestionado por su viabilidad y legalidad. El nuevo Reglamento de Retorno podría estar institucionalizando este tipo de modelos fallidos a escala europea, normalizando la externalización, la detención y la deportación como ejes centrales de la política migratoria, en detrimento de alternativas basadas en la protección de los derechos humanos.

Contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos

Finalmente cabe mencionar otra amenaza a la protección derechos humanos en el contexto europeo, esta vez por parte de algunos estados parte del Consejo de Europa: tras una reunión de estados del Consejo de Europa con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, veintisiete países reclamaron una "reforma migratoria" que cuestiona abiertamente el papel del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la protección de personas migrantes y solicitantes de asilo. Esta iniciativa, que busca restringir o recalibrar la interpretación de los derechos del convenio en el ámbito de la migración, entraña peligros significativos no solo para la protección de estas personas, sino también para la integridad del sistema del convenio en su conjunto. Al poner en cuestión principios estructurales como la prohibición absoluta de la devolución (refoulement), la independencia judicial y la autoridad interpretativa del tribunal, esta propuesta corre el riesgo de desplazar el foco desde la protección frente a los abusos de poder hacia una lógica de excepción permanente.

"Desde una perspectiva de derechos humanos, la regularización no elimina por sí sola las tensiones del control migratorio, pero sí cuestiona su lógica"

En este contexto, los debates recientes sobre regularización adquieren una relevancia particular. Lejos de ser una concesión excepcional o un "efecto llamada", la regularización puede leerse como una solución lógica que trata de paliar las anomalías del sistema y, por tanto, respetar el acceso a los derechos humanos de una gran parte de la población. Desde una perspectiva de derechos humanos, la regularización no elimina por sí sola las tensiones del control migratorio, pero sí cuestiona su lógica. Reconocer derechos, estabilizar situaciones administrativas y reducir la arbitrariedad no solo mejora las condiciones de vida de las personas migrantes, sino que refuerza el propio Estado de derecho. Frente a modelos basados en el miedo y la exclusión, la comparación entre Estados Unidos y Europa plantea una pregunta central: si la advertencia está ya sobre la mesa, ¿qué lecciones estamos dispuestos a extraer antes de normalizar, también aquí, políticas que vacían de contenido los principios que decimos defender?