Encuesta: España entra en la política de la protección

Por primera vez, el Foro La Toja se ha acompañado de una encuesta para conocer el sentir de la ciudadanía en asuntos de fondo a nivel nacional e internacional. El estudio, elaborado por Sigma Dos, aborda asuntos muy distintos: economía, inteligencia artificial, industria, energía, OTAN, delincuencia o fronteras, que apuntan hacia ideas comunes. Se dibuja una tendencia por la que una parte considerable de los españoles parece estar entrando en una política de la protección.

La encuesta, que se realizó entre el 1 y el 8 de septiembre sobre 1.516 personas residentes en España, plantea preguntas sobre algunos de los grandes dilemas que están reorganizando la política europea: quién debe proteger la industria, cómo garantizar las fronteras, qué papel debe desempeñar el Estado, cómo afrontar la revolución tecnológica y dónde situar a España en un mundo cada vez más competitivo.

A nivel económico, un 63,6% considera mala o muy mala la situación económica de España, pero un 54,9% define como buena o muy buena su propia situación económica. Es una paradoja algo frecuente a través de la cual se muestra una diferencia entre experiencia personal y percepción colectiva. En este sentido, España puede presentar cifras macroeconómicas positivas y, al mismo tiempo, convivir con una sensación extendida de fragilidad. La distancia aumenta cuando se introduce la renta: entre los ciudadanos de nivel socioeconómico bajo o medio-bajo, un 59,5% considera mala o muy mala su situación económica personal; entre los de nivel medio-alto o alto, el 73,2% la considera buena o muy buena.

"España puede presentar cifras macroeconómicas positivas y, al mismo tiempo, convivir con una sensación extendida de fragilidad"

La política económica se enfrenta así a un problema que no se resuelve únicamente con crecimiento agregado. Hay una parte de la población para la que la incertidumbre no es una percepción abstracta. Y el contexto internacional ha penetrado además en esa experiencia cotidiana: el 81,2% asegura haber notado económicamente el impacto de las guerras. Los combustibles aparecen como primer efecto, seguidos de la inflación y el coste de la vida y de la cesta de la compra. La geopolítica ha dejado de ser algo que sucede lejos de casa.

La demanda de protección devuelve protagonismo al Estado

El hecho de que se perciba una cierta sensación de vulnerabilidad puede que esté relacionado con otro resultado significativo de la encuesta: el regreso del Estado. El 63,3% considera que debe intervenir en la industria, frente al 25,9% que rechaza esa intervención. Pero, simultáneamente, un 62,2% cree que España no protege suficientemente su industria.

No es tanto una demanda de más Estado, sino, más bien, un requerimiento de aumentar la capacidad estatal. El 36% reúne precisamente ambas posiciones: quiere intervención pública y considera insuficiente la protección industrial existente.

"No es tanto una demanda de más Estado, sino, más bien, un requerimiento de aumentar la capacidad estatal"

Esto conecta directamente con el debate europeo sobre autonomía estratégica, reindustrialización y seguridad económica. Después de décadas en las que buena parte de la política industrial europea consistió en instaurar un mercado interior y mejorar la apertura comercial, la opinión pública parece aceptar con bastante naturalidad que los poderes públicos intervengan para preservar capacidades productivas. El viejo debate entre Estado y mercado está siendo sustituido parcialmente por la discusión sobre las capacidades a las que un país no puede o no debe renunciar.

En cuanto a la energía, este es un tema en el que los consensos de los encuestados se disipan. Preguntados por su fuente de energía preferida, las renovables continúan siendo claramente la primera opción, con un 61,5%, frente al 27,7% que señala la nuclear. Pero cuando la pregunta deja de ser genérica y se plantea si España debe construir nuevos reactores, la sociedad prácticamente se parte por la mitad: 43,6% a favor y 42,8% en contra. Es una fotografía interesante de una transición energética en la que la descarbonización empieza a convivir con otras prioridades: seguridad de suministro, competitividad industrial y autonomía.

"Es una fotografía interesante de una transición energética en la que la descarbonización empieza a convivir con otras prioridades: seguridad de suministro, competitividad industrial y autonomía"

Donde la demanda de protección resulta todavía más evidente es en la inteligencia artificial. El optimismo tecnológico está lejos de dominar la opinión pública. Un 67% considera negativo su impacto sobre la intimidad, un 56,6% sobre la protección de los menores y un 43,2% sobre los medios de comunicación. La salud constituye la excepción más clara: un 43,7% percibe allí un impacto positivo.

Pero probablemente el dato políticamente más importante sea otro: el 82% cree que la legislación actual no protege suficientemente frente a posibles usos lesivos de la IA. La cifra es extraordinariamente transversal y alcanza incluso el 86,1% entre los jóvenes de 18 a 29 años. Tampoco el principal miedo es, como podría suponerse, la destrucción de empleo. El 59,1% menciona la desinformación y manipulación de la opinión pública; después aparecen la falta de control o regulación (38%), el fraude y la delincuencia (36,4%), la privacidad (31%) y, ya con un 30%, la sustitución de trabajadores y la dependencia tecnológica.

Hay aquí una señal importante para Europa. La regulación tecnológica no parece responder únicamente a una preocupación de las élites de Bruselas. Existe una demanda social considerable de reglas. Ante esta tesitura, resulta importante evitar que esa voluntad de protección derive simplemente en restricción y conseguir que Europa pueda regular a la vez que sigue innovando y desarrollando capacidades propias.

"El 82% cree que la legislación actual no protege suficientemente frente a posibles usos lesivos de la IA"

La misma lógica reaparece con mayor intensidad cuando la encuesta entra en seguridad. El 61,3% considera que España tiene un problema serio con el crimen organizado y el 72,8% percibe que la inseguridad ha aumentado durante los últimos cinco años. Pero merece la pena observar con cuidado cómo explican los ciudadanos ese fenómeno. El 71,5% menciona las penas, la reincidencia o la lentitud judicial, mientras que un 40,5% señala la inmigración. La atribución del fenómeno a la inmigración crece hasta el 66,3% entre los votantes de Vox, frente al 33,9% entre los del PSOE y el 22,8% entre los de Sumar. Es decir, existe una preocupación transversal por la seguridad, pero no un diagnóstico común sobre sus causas.

Ceuta lleva esa preocupación al terreno de la seguridad nacional. El 74,8% considera que lo sucedido en la frontera el 30 de julio supone un factor de riesgo para el conjunto del país. El resultado presenta una clara gradación ideológica: comparte esa percepción el 45,1% de quienes se sitúan en la izquierda, el 57,9% en el centroizquierda, el 82,6% en el centro, el 93,9% en el centroderecha y el 91,9% en la derecha. Más relevante todavía resulta la evaluación institucional: el 79,2% considera que el Estado fracasó en garantizar las fronteras exteriores, una opinión compartida incluso por el 62,7% de los votantes socialistas y el 54,1% de los de Sumar.

El resultado más disruptivo quizá sea que un 58,2% considera que las fronteras terrestres con países no europeos deberían estar militarizadas y bajo responsabilidad del Ejército, frente al 36,4% que prefiere fuerzas de seguridad como Policía Nacional o Guardia Civil. La división partidista aquí sí es considerable: la militarización recibe el respaldo del 75% de los votantes del PP y del 76,5% de los de Vox, mientras que entre los del PSOE cae al 46,6% y entre los de Sumar al 33,9%. Conviene no confundir, por tanto, una preocupación ampliamente compartida por el control fronterizo con un consenso equivalente sobre los instrumentos para ejercerlo.

"Conviene no confundir, por tanto, una preocupación ampliamente compartida por el control fronterizo con un consenso equivalente sobre los instrumentos para ejercerlo"

Y aquí aparece una última paradoja. España demanda más seguridad, pero eso no se traduce en un rechazo general de las alianzas internacionales. Aunque más de la mitad de los encuestados no está familiarizada con el concepto de "atlantismo", una vez explicado, el 40,6% considera que España debería priorizarlo, frente al 37% que prefiere otra orientación. Más claramente, el 56,3% considera que la soberanía y seguridad españolas están mejor protegidas bajo el paraguas de la OTAN, frente al 36,5% que discrepa.

En su conjunto, dentro de los ámbitos del Foro La Toja, la sociedad española pide que, sin renunciar a la apertura, las instituciones sean capaces de protegerla frente a las vulnerabilidades que esa misma apertura produce.