Regularización en España: derechos, convivencia y oportunidad política

Garantizar derechos a las personas es un indicador clave de la calidad democrática de una sociedad. Una regularización extraordinaria no es solo una medida administrativa, sino que supone el reconocimiento de derechos a personas extranjeras que viven en este país y que, precisamente por no "existir" jurídicamente, se ven sometidas a situaciones de explotación y vulnerabilidad. Una regularización supone una corrección a un sistema migratorio disfuncional, pero en tanto que reconoce derechos y establece obligaciones, tiene un valor intrínseco indiscutible, como bien apunta el profesor Javier de Lucas en esta opinión.

"La persistencia de relaciones laborales irregulares empobrece el mercado de trabajo y genera profundas injusticias en el ámbito laboral"

En España, la regularización extraordinaria busca romper dinámicas que exponen a las personas a situaciones de explotación y vulnerabilidad. Al mismo tiempo, normalizar la situación administrativa de muchas de ellas contribuye a mejorar la calidad de un mercado de trabajo todavía profundamente atravesado por prácticas informales y relaciones laborales opacas. Es esta, por cierto, la realidad que debería suscitar mayor preocupación y respuesta pública, porque la persistencia de relaciones laborales irregulares empobrece el mercado de trabajo y genera profundas injusticias en el ámbito laboral: una responsabilidad que recae principalmente en quienes las promueven, las toleran y se benefician de ellas.

Por todo ello, la propuesta de regularización debe ser bienvenida, aunque para muchos llegue tarde. La necesidad de llevarla a cabo ya se había planteado durante la pandemia de COVID-19, como hicieron Italia y Portugal, y se perdió una oportunidad al desaprovechar el impulso de las 700.000 firmas recogidas en la iniciativa legislativa popular (ILP) de Regularización Ya, que también habría servido para reconocer el trabajo de numerosas entidades e iniciativas comunitarias. El argumento presentado para justificar que se avance al margen de la ILP no resulta especialmente sólido, aunque, como no puede ser de otra manera, la propuesta ha sido bien recibida por la mayoría de actores sociales. También sorprende que la propuesta aparezca pocos meses después de la entrada en vigor de la última reforma del reglamento de extranjería. Esto solo confirma que, también en España, la gestión migratoria se ha convertido en parte de la negociación partidista: todo parece indicar que la medida responde, en tiempos, a la voluntad de conseguir apoyos para otras medidas de calado. En el caso de Podemos, incluso se plantea la posibilidad de que apoye la delegación de competencias sobre inmigración a la Generalitat de Catalunya, a pesar de que en su momento calificó de racista la propuesta planteada por PSOE y Junts. Además, cabe recordar que esta sigue siendo una demanda que no ha formulado la Generalitat, sino el primer partido de la oposición en el Parlament.

"El efecto llamada más reconocido es un Estado de bienestar fuerte y una economía en alza, y luchar contra estas dos cuestiones no parece especialmente sensato"

Así, la medida comienza a caminar tras su aprobación en el último Consejo de Ministros de enero y se abre ahora a audiencia pública. Deberá incorporar las contribuciones de otros ministerios y del Consejo de Estado como paso previo a su aprobación definitiva, previsiblemente antes del verano. El Gobierno estima que la regularización podría afectar a unas 500.000 personas, un volumen similar al de la última regularización de 2005, aunque estas estimaciones son complejas, ya que las fórmulas simples que ofrecen resultados después de restar permisos de residencia del padrón han demostrado ser inexactas e incorrectas. Algunas cuestiones, como la definición de vulnerabilidad, podrán estar sujetas a debate, pero no puede negarse la intención de facilitar la normalización de las personas por motivos laborales o familiares —elementos esenciales de las políticas migratorias—, así como de corregir las deficiencias del sistema de asilo, que en los últimos tiempos ha dejado a muchas personas en el limbo.

El debate del "efecto llamada" tras la regularización y otras críticas

Evidentemente, no han tardado en surgir las voces críticas. A quienes hablan del "efecto llamada", conviene recordarles que una regularización establece criterios claros, basados en tiempos previos de residencia y, en ocasiones, en vínculos laborales, precisamente para evitar ese tipo de situaciones. Además, y aunque no suelen recordarlo, esto no ocurrió en las regularizaciones anteriores. El efecto llamada más reconocido es un Estado de bienestar fuerte y una economía en alza, y luchar contra estas dos cuestiones no parece especialmente sensato. Tampoco se trata de un abuso del sistema de bienestar, como sostienen otras voces alarmistas; al contrario, la regularización permite que las personas contribuyan directamente a las arcas del Estado, como cualquier otra persona residente. Así lo muestra, por ejemplo, este estudio sobre la regularización de 2005, que merece ser leído con atención. 

Otra crítica, esta nueva en comparación con otros procesos de regularización, es la que se opone a que la propia regularización se haga para conseguir nuevos votos. Es importante señalar la falacia de esta afirmación, a la vez que invitar a abrir un debate serio sobre los derechos políticos de las personas extranjeras residentes, como mínimo en las municipales. En su mayoría, las personas extranjeras residentes en España no pueden participar con normalidad en procesos electorales en los que, con frecuencia, se convierten en chivos expiatorios de todos los males. Para quienes tanto admiran el modelo estadounidense, no deja de ser irónico recordar la máxima que inspiró la guerra de independencia de ese país: no taxation without representation. Frente a los discursos que problematizan (o criminalizan) a las personas migrantes, suele faltar una mirada crítica hacia quienes se benefician, de forma estructural, de la ausencia de derechos y de la desprotección que genera la irregularidad administrativa. 

"En un contexto europeo con un historial reciente de vulneración de derechos en materia migratoria en varios Estados miembros, este debate parece ya perdido"

En cualquier caso, el Gobierno parece haber calculado la aceptación de la medida, y el resultado ha debido salirle positivo. En clave interna, satisface amplias demandas sociales y asegura apoyos dentro del bloque de investidura. El coste de las voces críticas ya se daba por descontado, así como los mantras que utilizará la derecha radical, copiando hasta conceptos (como el de deportación) de la ultraderecha estadounidense. Además, coloca en un aprieto a quienes buscan distanciarse de la norma, ya que corren el riesgo de quedar atrapados en la criminalización de la inmigración, un espacio de confrontación partidista del que solo sale beneficiada la derecha radical.

Inmigración integrada o modelo securitario

En clave externa, la propuesta también parece una buena jugada del Gobierno español. Ha sido bien recibida por la sociedad civil europea, mientras que la Comisión no se pronunciará, por no ser de su competencia, y las críticas de algunos líderes europeos son predecibles y también se dan por descontadas. En un contexto europeo con un historial reciente de vulneración de derechos en materia migratoria en varios Estados miembros, este debate parece ya perdido. Frente al modelo securitario y securitizado de algunos países —el "modelo ICE"—, España apuesta por un modelo de integración regulada, que ofrece una pausa optimista y refleja el compromiso de numerosas personas que trabajan por una sociedad más inclusiva, cohesionada y justa.

Una última reflexión para concluir. La irregularidad debe resolverse porque, además del coste personal evidente, también supone un coste social profundo: pocas cosas empobrecen tanto a los sistemas democráticos avanzados como relegar a parte de la población a las orillas del derecho. En este sentido, la regularización es positiva. Pero conviene recordarlo: debe ir acompañada de una reforma estructural de un sistema fallido. La obsesión por el control fronterizo limita las posibilidades de una gobernanza migratoria adecuada a la movilidad de los tiempos actuales. En este ámbito, sería deseable que España pudiera liderar propuestas más ambiciosas e innovadoras, tanto en materia de inmigración como de asilo. Los debates sobre vías de entrada regulares son necesarios, así como los relativos a avances sociales y políticos al hablar de inclusión. Sería especialmente relevante hacerlo ahora, cuando fortalecer la democracia y ampliar derechos constituye una respuesta firme y coherente a lo que ocurre al otro lado del Atlántico.